El pasado domingo Puerto Rico celebró elecciones primarias de los partidos PNP y PPD. El voto se realiza a través de máquinas con lector de papeletas.

Además de los problemas derivados del Covid, que en estos momentos se encuentra muy extendido en la zona, y que provocó extender el voto telefónico a los que habían dado positivo y experimentar con un sistema que permitía votar desde el coche, las elecciones se han encontrado con un nuevo problema, que recuerda algo a los problemas de las elecciones de República Dominicana de hace unos meses, la ausencia de papeletas.

En este  caso el Código electoral había sido modificada recientemente, el 20 de junio de 2020, sin un consenso amplio, y, entre otras cosas, reducía considerablemente la administración electoral.

El sistema de votación era inicialmente uno de los puntos fuertes de la reforma. La reforma establecía un nuevo sistema de voto por internet para las próximas elecciones, que iría aumentando hasta 2028 cuando  sólo sería posible el voto por internet y el voto por correo, y así fue aprobada por ambas cámaras pero la iniciativa fue rechazada por la Gobernadora alegando ausencia de garantías y fue modificada, manteniendo exclusivamente la extensión del voto por correo (excepcional hasta ahora). Así se mantenía el sistema de votación electrónico, basado en una única papeleta (por elección) en la que es necesario marcar al candidato elegido.  La ventaja de este sistema, muy extendido en todo el mundo, es que finalizada la votación es la máquina la que realiza el recuento, permitiendo ofrecer resultados rápidos una vez cerradas las urnas y ofreciendo la seguridad de poder comprobar a posteriori si se corresponde con las papeletas. Este tipo de sistemas de votación se han venido probando en España, al menos desde el año 2000 (el primer simulacro al que asistí fue el de la elección del Presidente del Athletic de Bilbao).

El domingo por un error logístico muchos de estos  no habían recibido las papeletas  a la hora de abrir los centros de votación. El resto de centros electorales decidió abrir el proceso, y la Comisión Electoral amplió los horarios de votación confiando en la llegada de las papeletas a todos los puntos. Pero según avanzaba la jornada las papeletas seguían sin llegar, al menos a 60 centros de votación, y finalmente se decidió suspender el proceso (con idea de reanudarlo).

Esto plantea una serie de dudas jurídicas y de gestión electoral:

La primera cuándo reanudar la votación, si hacerlo lo antes posible (con los problemas de conflicto con las obligaciones laborales de los votantes) o retrasarlas hasta el siguiente domingo (asegurada la recepción de las papeletas en los centros de votación).

La segunda qué hacer con los votos ya emitidos. El sistema permite obtener los resultados sin alterar la integridad de la votación, por lo que las autoridades se planteaban la posibilidad de apagar las máquinas hasta que se reanudara el proceso (lo que podía generar dudas sobre los votos ya emitidos) o emitir los resultados de la votación (hasta ese momento) y volver a comprobarlos al reiniciar la votación, intentando acabar así con las dudas que podría generar este proceso.

Al final se impuso la sospecha y el temor y se empezaron a imprimir los recibos de votación, que se han comenzado a difundir por las redes sociales, poniendo de manifiestos ciertas tendencias que podrían influir en la decisión de aquellos que faltan por votar.

La tercera duda es sobre a quién le corresponde adoptar la decisión. En principio la decisión corresponde a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), órgano que también sufrió una remodelación en la reforma electoral,  y a los comisionados electorales del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD). El problema es que los Presidentes de los partidos que están celebrando las primarias  son parte interesada (al ser también candidatos) y sus intereses no coinciden con  el del resto de los candidatos que participan en las mismas. De hecho el acuerdo de la CEE de reanudar las votaciones el próximo domingo ha sido rechazado por candidatos de ambos partidos, que han denunciado el acuerdo ante el Tribunal Supremo, que ha admitido el recurso y tendrá que resolver.

A día de hoy las opciones son reanudar  las elecciones suspendidas, mañana mismo o el próximo domingo, y publicando o no los resultados de las votaciones ya realizadas,  o cancelar el proceso y volver a celebrar toda la votación.