Un fantasma recorre la campaña electoral española: el fantasma del voto útil.
El tablero electoral español se divide en dos bloques bastante uniformes, pendientes de su capacidad de movilización, pero con una gran volatilidad interna. Esta indecisión especialmente en el bloque formado por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox ha provocado desde muy pronto, en plena precampaña, un intercambio recurrente de declaraciones y vídeos que tratan de reivindicar que el voto solo es útil si recae sobre las propias siglas.
Para hacerlo, los partidos seleccionan cuidadosamente las cifras elegidas para que, oh casualidad, los «datos» corroboren la tesis establecida previamente. En los tiempos de la verdad a la carta no hay nada más mentiroso que un dato cuidadosamente elegido. Al hacerlo confunden, quién sabe con qué intención, entre el todo y la parte y, con esa necesidad posmoderna de simplificar asuntos complejos, culpan de todo a Víctor d’Hondt, un jurista belga que hace 141 años ideó un sistema proporcional de reparto de escaños empleado hoy en más de 40 países.
Las críticas se centran en que esta fórmula de reparto de escaños no resulta proporcional, favoreciendo a los partidos mayoritarios y perjudicando a los que tienen un respaldo electoral menor, lo que no es del todo cierto.
Lo primero que habría que decir es que el sistema electoral puramente proporcional no existe. Solo podría existir si se distribuyeran el mismo número de escaños que de votos, pero como no es así, todo sistema tiene que pensar en una fórmula matemática de reparto de los «restos». Esto es precisamente lo que intentan resolver tanto la citada ley d’Hondt, como otras fórmulas como Sainte-Laguë o la del mayor resto. Y en cierta medida, lo ha logrado. Así lo muestra la historia reciente de nuestro país en la que a pesar de las críticas coincidentes en que favorece el bipartidismo, nos encontramos actualmente con cuatro partidos por encima de 10% de los votos y escaños, algo que, según las encuestas, puede hacerse extensible a un quinto partido.
Dicho lo cual, es cierto que el sistema electoral en España favorece a los partidos mayoritarios, pero lo que afecta a la proporcionalidad no es tanto el desequilibrio que genera una opción u otra del reparto de los restos, sino el número de escaños que el sistema reparte entre las distintas circunscripciones. La LOREG, que regula el sistema electoral, reparte los escaños por provincias en función de su población, tras conceder a todas ellas una representación mínima de dos escaños, independientemente de su tamaño o población.
En Soria, que desde 2008 es la única provincia que reparte solamente dos escaños, nunca se ha obtenido uno con menos del 23% de los votos
Este reparto inicial es el que realmente afecta a la proporcionalidad y hace que 35 circunscripciones, que representan el 67% del total, repartan un total de 145 escaños. El 41% de los escaños en juego, para el 30% de la población (14.488.041 de un total 46.723.000) según los datos del INE.
De esta manera, en estas provincias resulta más difícil conseguir escaño para aquellos partidos que resultan terceros o cuartos en el recuento. Los datos históricos de estos 42 años nos señalan el porcentaje mínimo para obtener un escaño en las provincias de estas características. Por ejemplo, en Soria, que desde 2008 es la única provincia que reparte solamente dos escaños, nunca se ha obtenido uno con menos del 23% de los votos, en las ocho provincias de tres escaños nunca se ha obtenido un diputado con menos del 17,6% de los votos, en las diez de cuatro, el escaño obtenido con un porcentaje menor de votos se consiguió con el 12,2%, en las siete provincias de cinco con un 9,7% y, paradójicamente, en las siete de seis escaños el mínimo de votos necesario para lograrlo fue un 10,8%.
En estos mismos datos de las ocho elecciones generales celebradas en España vemos que cuando hablamos de promedio de votos, el porcentaje de voto para obtener dos escaños es de 30,89%, en las de tres escaños se sitúa en el 23,5%, si la circunscripción reparte cuatro escaños la media es del 17,8%, 14,8% para las de cinco escaños, y 12,6% para las de seis. Si proyectamos sobre este promedio el resultado medio de las encuestas publicadas hasta esta semana, que otorga un 27,4% de los votos al PSOE, un 20,5% al PP, un 16,8% a Ciudadanos, un 13,8% a Podemos y un 10,9% a Vox vemos cómo tres de los cinco principales partidos políticos rondan estos porcentajes y corren serio riesgo de quedarse fuera del reparto en casi todas estas circunscripciones, sin poder aprovechar los votos recibidos en esa provincia.
Caso aparte es el Senado. Con el objetivo de favorecer la representación de los territorios, se dispara la falta de proporcionalidad al repartirse el mismo número de escaños por cada provincia. Una asimetría que aumenta, aún más si cabe, si le añadimos que el sistema de reparto concede el escaño a los candidatos con mayor número de votos, escogidos en listas cerradas, pero no bloqueadas, que permiten al votante escoger tres nombres de diferentes partidos, algo, por cierto, poco habitual. De esta forma podemos decir que aquel partido que en cada provincia consiga el mayor número de votos,obtendrá tres de los cuatro escaños en juego, lo que, una vez más, a la luz de la mayoría de las encuestas publicadas, proporcionaría al PSOE un número de representantes suficientes (146 sobre los 206 asientos que se eligen), para tener mayoría absoluta sobre los 266 senadores que forman la Cámara, una vez incorporados los senadores de designación autonómica.
No es casual, por tanto, que hayan surgido ofertas del Partido Popular para unir fuerzas en estas provincias ni que, tras no ser aceptadas estas por Vox y Ciudadanos, comience la apelación a la utilidad que pretende maximizar el voto dentro de cada uno de los bloques. Estas apelaciones, si no se concretan en una serie de provincias donde el escaño está en competencia con PSOE o Podemos, corren el peligro de terminar produciendo el efecto contrario al que pretenden, perjudicando a la suma dentro del mismo bloque y, consiguientemente, a la posibilidad de formar Gobierno. Un objetivo que, más allá de los juegos aritméticos, pasa por un juego de alianzas que, a día de hoy y a todas luces, debería unir a PP-Ciudadanos-Vox o PSOE-Podemos-Nacionalistas, (aunque, según las encuestas, muchos españoles aún contemplan y aceptan la posibilidad de que Ciudadanos cambie la posición adoptada por su ejecutiva, y pase a apoyar al PSOE o al menos permita su investidura con la abstención).
Un objetivo que pasa por un juego de alianzas que, a día de hoy y a todas luces, debería unir a PP-Ciudadanos-Vox o PSOE-Podemos-Nacionalistas
Está por ver el efecto de los ataques cruzados que se dediquen los partidos a cuenta de si el voto útil es de uno o de otro. En primer lugar, está el efecto que pueda tener en el resultado final del bloque, que puede sufrir esta guerra de desgaste y que aumentaría la dificultad de formar un Gobierno alternativo al del PSOE con Podemos y los nacionalistas. En segundo lugar, está la cuestionada eficacia de este tipo de campañas, basadas en las encuestas, salvo que se realicen en los últimos días o, como ocurrió en 2016, tengan lugar muy cerca de unas elecciones anteriores. Los ciudadanos al votar no piensan tanto en la utilidad de su voto como en sus consecuencias. Y es, precisamente, en las consecuencias donde se encuentra el riesgo principal, a medio y largo plazo. Si nos atenemos a las encuestas publicadas es probable que su voto sea un voto que la misma noche electoral dejará de ser útil o inútil, quedará libre de consideraciones y cálculos para ser, sencillamente, un voto que permita gobernar a Pedro Sánchez. Esta es la gran paradoja a la que se tendrán que enfrentar muchos votantes: queriendo echar a Sánchez, habrán colaborado a mantenerlo.
Ahora que los vientos del populismo soplan más fuertes que nunca, esperemos no tener que arrepentirnos nunca de haber rodeado la ley.
En 1966 una película inesperada se alzó con 6 Oscars derrotando a ‘Quién teme a Virginia Woolf’. Se trataba de ‘Un hombre para la Eternidad’ en la que el director austriaco Fred Zinnemann traza un perfil de los últimos días del canciller de Inglaterra, y santo católico, Tomás Moro. En un pasaje memorable de la película, Moro conversa con su futuro cuñado y asistente, que le pregunta: «¿Le darías al diablo el beneficio de la ley?». A lo que responde «tú qué harías ¿dar un rodeo alrededor de la ley para dar caza al diablo?… Y cuando te hubieses saltado la última ley y el diablo se volviera contra ti, ¿dónde te esconderías si las leyes son planas? Si te las saltaras ¿crees que podrías resistir los vientos que se levantarían?». Para concluir: «Sí, yo concedería al diablo el beneficio de la ley por mi propia seguridad».
Las leyes son, en esencia, mecanismos de seguridad para la sociedad. Por eso, alterarlas, o interpretarlas en contra de su sentido original, es siempre arriesgar demasiado. Para comprobarlo no hace falta irse muy lejos. Algo así ha ocurrido durante la legislatura que concluye en España, con el extraño juego de poder que se ha despertado entre el Congreso de los Diputados y el Gobierno, y viceversa. Ambas coinciden en utilizar las instituciones con un sentido diferente a aquel con el que fueron concebidas.
Los retrasos de la Mesa
Por un lado, está el Congreso y las dificultades que la Mesa ha puesto a la tramitación de proposiciones y proyectos de Ley, con la ampliación casi automática de los plazos de enmiendas y la congelación de la fase de informe de la ponencia que han hecho imposible, en la práctica, su tramitación. Aunque pueda parecer sorprendente esta no afecta tanto al Gobierno, ya que al término de esta segunda parte de la legislatura (según los datos del propio Congreso de los Diputados) han sido seis los Proyectos de Ley presentados, de los que cuatro fueron registrados demasiado tarde para que fuera posible su tramitación, uno rechazado tras su votación en el Pleno y solo uno sometido a dos ampliaciones del plazo de enmienda. Sin embargo, han sido cuatro los Proyectos de Ley que tienen su origen en un Real Decreto Ley, los que han visto ampliados estos plazos de manera excesiva. Algo similar ocurre con las proposiciones de Ley: 14 de ellas presentadas en el Congreso, 2 en el Senado, y otras 2 procedentes de Comunidades Autónomas, que la mesa, en la que el PP y Ciudadanos cuentan con la mayoría, ha ido retrasando siguiendo los mecanismos señalados.
El abuso del Decreto Ley
Por otro, el Gobierno y el abuso del Decreto Ley. Si el 70% de las leyes aprobadas por el Gobierno de Rajoy en la primera parte de la legislatura lo fueron siguiendo este mecanismo, con el de Sánchez el número alcanza el 98%, el porcentaje más alto de toda la democracia, un porcentaje aún más llamativo si se contrasta con las palabras del propio presidente que prometía convertir: «El Congreso en el centro de la actividad política».
Si atendemos a las razones que se aducen, estas no resultan muy tranquilizantes. La primera es siempre el uso habitual que otros gobiernos han hecho de esta figura normativa. De esta manera, y a pesar del lema «ellos también lo harían» vemos cómo, aunque se ha utilizado con frecuencia este recurso, no siempre de manera correcta, el porcentaje hasta esta legislatura nunca había superado el 40% del total de normas aprobadas.
Se esgrime como excusa el bloqueo que la Mesa ha establecido sobre los proyectos de ley enviados por el Gobierno socialista durante la legislatura
Además, se esgrime como excusa el bloqueo que la Mesa del Congreso ha establecido sobre los proyectos de ley enviados por el Gobierno socialista durante la legislatura. Pero, igual que el anterior argumento, este resulta difícil de justificar porque solo 9 de los 32 reales decretos que se pretenden justificar coinciden en su objeto con los proyectos de ley presentados por el Gobierno y las proposiciones de ley presentadas por el grupo socialista. Es decir: el bloqueo de la Mesa, de haber existido como dice el Gobierno, solo habría afectado a 9 de los casos. Los 21 Reales Decretos restantes serían proyectos legislativos nuevos, iniciados por el Gobierno de Pedro Sánchez, sin relación con propuesta normativa alguna del socialismo.
Quedaría un tercer argumento, el de la «extraordinaria y urgente necesidad», que el artículo 86 de la Constitución establece como requisito indispensablepara utilizar esta figura. Esta facultad, que el Tribunal Constitucional atribuye de manera clara al Ejecutivo (STC 29/1987), no es una facultad ilimitada, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por definir lo urgente y necesario como aquello que el Consejo de Ministros considere como tal. El propio Tribunal Constitucional es mucho más restrictivo en esta interpretación cuando señala que se limitaría a aquellas medidas que buscan: «Alcanzar los objetivos marcados para la gobernación del país, que, por circunstancias difíciles o imposibles de prever, requieren una acción normativa inmediata o en que las coyunturas económicas exigen una rápida respuesta» (STC 6/1983). Basta un rápido análisis de los temas de los 32 Reales Decretos aprobados para poner de manifiesto que, en realidad, la urgencia no es más que una excusa para sacar adelante leyes en una legislatura corta y sin apoyos suficientes. Una urgencia y necesidad que, además, es difícil de justificar en casos en los que han transcurrido 40 años desde el sorpresivo cambio de circunstancias.
El uso del Decreto Ley tras la disolución de las Cámaras
Mención aparte merece su aprobación una vez disueltas las cámaras. El debate no es si el Gobierno puede gobernar en ese momento, sino si puede meter por la puerta de atrás todas estas medidas, que más allá de su dudoso carácter de urgencia y necesidad, pueden tener un contenido orientado a la campaña electoral en ciernes. Aunque aquí también se repiten los argumentos señalados anteriormente, una vez más difícilmente soportan el contraste con la realidad. Sobre su abuso por parte de los «otros» sorprende ver como de los 41 decretos leyes que han sido aprobados una vez disueltas las Cortes Generales, 17 fueron aprobados por gobiernos de UCD, 22 por gobiernos del PSOE y solo 2 por gobiernos del PP. Sobre su urgencia y necesidad, vemos que es difícil de justificar en casos en que la norma ha sido publicada hasta cinco días después de su aprobación y fija la entrada en vigor de algunos de sus preceptos tres años después.
El problema es que, en ambos casos, este «rodeo alrededor de la ley» para lograr unos objetivos que el Gobierno considera sin duda, justos y necesarios, provoca, como señala el Tribunal Constitucional: «La relegación del poder legislativo a un papel pasivo, secundario y disminuido, en detrimento del principio representativo, de la calidad democrática y, en las propias palabras del preámbulo de la Constitución, del Estado de derecho que asegura el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular»(STC 199/2015). El Gobierno asume una función legislativa que no le corresponde, dejando en el camino las garantías de procedimiento imprescindibles en una democracia parlamentaria. Se soslayan así los principios de publicidad y deliberación en público conduciendo, como ha señalado con acierto Jorge San Miguel, a una democracia plebiscitaria.
Un riesgo para la democracia
Ante esta situación de abuso sería necesario buscar vías para evitarlo.
En el caso de «bloqueos», el problema de fondo sería la necesidad de racionalizar el calendario legislativo del Parlamento para evitar así prácticas como prorrogar plazos de enmiendas semiautomáticamente o congelar la fase de informe de ponencia. Esto se podría resolver estableciendo en el reglamento del Congreso un sistema limitado de prorrogas (con un máximo razonable de 3 o 4), y obligando a que las siguientes prórrogas o bien necesiten una mayoría reforzada o una mayor motivación del acuerdo. A esto se podría añadir el establecimiento, por parte del Gobierno, de un calendario legislativo a largo plazo, que permita que las Cámaras pueden planificar el trabajo legislativo.
En lo que se refiere al abuso de reales decretos, habrá que asumir que su coste es casi nulo, ya que, en el peor de los casos, será declarado inconstitucional años después una vez que ha producido todos sus efectos, en los que difícilmente cabe dar marcha atrás. De ahí el interés de propuestas como la de Antonio Torres del Moral que plantea modificar la ley del Tribunal Constitucional, para establecer un mecanismo para su control, y poder así dar una respuesta pronta que evite este abuso.
En cualquier caso, el problema se ha puesto ya de manifiesto y parece más que necesario atender a lo evidente: ni la Mesa puede bloquear la actividad parlamentaria ni el Gobierno evitar el trámite parlamentario para lograr sus objetivos. Lo primero desvirtúa el parlamentarismo; lo segundo, erosiona las instituciones. Ambos suponen un riesgo para la democracia en un momento en el que se repiten las advertencias sobre los peligros que en tiempos de populismo afronta la democracia. Una de ellas, las más alarmante, es la que advierte de que los enemigos de la democracia vienen de dentro, de aquellos que para protegerse no dudan en traspasar las barreras de la ley sin pensar que, lejos de ser un obstáculo, son su principal protección y la última garantía de la democracia.
Ahora que los vientos del populismo soplan más fuertes que nunca, esperemos no tener que arrepentirnos nunca de haber rodeado la ley.
*Todos los datos mencionados han sido obtenidos de la página web del Congreso de los Diputados. www.congreso.es
¿Cuál es la pregunta que decidirá quién gobierna España? ¿Los líderes de los cuatro partidos salen fortalecidos o debilitados por esta legislatura fallida? ¿Cómo hacer la próxima campaña lo más austera posible? El Debate de La1 entrevistará a responsables de las campañas del PP, el PSOE, Podemos y Ciudadanos, y contará con la presencia de cuatro expertos en campañas electorales, comunicación política, sociología y demoscopia: Rafa Rubio, profesor de Derecho Constitucional de la UCM; Luis Arroyo, sociólogo; Fran Carrillo, consultor político; y Manuel Mostaza, director de Operaciones de Sigma Dos. Junto a ellos, los periodistas Pilar Gómez, directora adjunta de La Razón, y Chema Crespo, director de Público.
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