Un camino insospechado hacia la democracia iliberal

Un camino insospechado hacia la democracia iliberal

No hay democracia sin constitución, sin una norma fundamental nacida de un pacto amplio en la que se marcan las bases del sistema y protegen la actuación de los actores políticos

Hace unas semanas, un día antes de la celebración de las elecciones generales, José Antonio Zarzalejos lanzaba desde estas páginas una advertencia: “En el caso de que tuvieran que celebrarse unas terceras elecciones serían de tipo constituyente, y significaría que el régimen y la Constitución de 1978 han fracasado“. Desde entonces la idea sobrevuela las negociaciones de gobierno, en las que participan partidos que cuestionan elementos esenciales de nuestra Constitución.

De la constatación de problemas políticos actuales como la falta de respuesta adecuada ante graves desafíos sociales e institucionales o la incapacidad de acuerdo de los principales líderes políticos, se pasa, sin solución de continuidad, a denunciar el supuesto fracaso del régimen del 78, ya sea por sus pecados de origen o por su rigidez, que le habría impedido adaptarse a los profundos cambios sociales de los últimos 40 años.

La idea sobrevuela las negociaciones de gobierno, en las que participan partidos que cuestionan elementos esenciales de nuestra Constitución

De ahí que a la advertencia inicial de Zarzalejos, ante la que se ofrecen distintas soluciones, se hayan comenzado a sumar voces que la asumen, no con miedo sino con esperanza, y reclaman el inicio de un periodo constituyente.

Una crisis global

El debate sobre las causas y las posibles soluciones se plantea en clave estrictamente local, como un problema español, pero es difícil contemplarlo como un escenario exclusivo de España. Por el contrario, la situación de nuestro país coincide en el tiempo con crisis profundas en otros países como Francia, Chile, Colombia, Ecuador, o Puerto Rico y amenazan con seguir extendiéndose por el mundo.

En los últimos tiempos todos ellos, aunque de maneras distintas, han sufrido crisis políticas de importancia y en todos los casos estas crisis han provocado movilizaciones ciudadanas eficaces, capaces de hacer que los gobiernos cedieran de algún modo a las demandas de la sociedad movilizada. La diferencia de esta situación con otras anteriores, además del alto porcentaje de éxito, es que en prácticamente todas ellas las reivindicaciones concretas han derivado hacia un cuestionamiento más amplio del funcionamiento del sistema político en general.

De las causas, medios y mechas…

En el apartado de las causas de estas crisis en todas podemos encontrar una común: la falta de funcionalidad del Estado para dar respuesta a las necesidades de la sociedad, con el consiguiente alejamiento entre élites y ciudadanos. Se trataría de una suerte de percepción generalizada de ruptura del pacto social, que se sufre en silencio hasta que, en lugares y momentos determinados, explota la contestación de una sociedad que es cada día más compleja y plural, más exigente, y en la que tienen mayor visibilidad tanto los errores como las alternativas, lo que vuelve aún más patente esta distancia entre gobernantes y gobernados.

Este cuestionamiento de fondo implicaría la existencia de una élite refractaria de la realidad e ignorante de las necesidades de los ciudadanos, centrada en maximizar su propio interés con el mantenimiento incólume de este sistema. Ante esta “ceguera”, a la ruptura del pacto social seguiría la del pacto político. La sociedad movilizada prescindiría de las instituciones y de sus procedimientos, de cuya eficacia y equidad desconfían, para lograr por otros medios el objetivo buscado. Lo informal se impone a lo formal y se disputa en la calle lo que no se puede defender en las instituciones.

Entre las causas de estas crisis en todas podemos encontrar una común: la falta del Estado para dar respuesta a las necesidades de la sociedad

Por su parte, los medios también han cambiado. La tecnología ofrece posibilidades de organización inimaginables, reduce barreras, costes y tiempos, y permite no solo organizar en tiempo récord redes de protestas espontaneas sino, además consolidarlas y mantenerlas en el tiempo, aumentando su visibilidad (especialmente la internacional), y favoreciendo su crecimiento e impacto social.

En contextos así, en los que se produce una ruptura entre la política y la sociedad y en los que las tecnologías ofrecen un vehículo que materializa esa ruptura, la mecha que provoca la explosión social es casi lo de menos. Y aunque siempre hay grados, porque no son equiparables una subida de la tarifa del metro, con una reforma tributaria o un fraude electoral, que todas ellas hayan desembocado en movimientos similares nos da idea de lo accesorias que son estas mechas, siempre que se prendan en el lugar y el momento justo.

… a las consecuencias

Estas movilizaciones sociales reivindican no solo su tradicional capacidad de control políticosino su capacidad de decisión directa sobre asuntos específicos o tan generales como la reconfiguración del sistema. Se trata de un trayecto con tres paradas: la falta de funcionalidad del Estado, la ruptura del pacto social, recala en el cuestionamiento de la constitución nacional vigente, como un pacto político erróneo o inadecuado en un lugar y en un momento determinado, y acaba cuestionando las reglas básicas de convivencia democrática, el constitucionalismo sobre el que se ha venido construyendo la democracia moderna. Es la propia idea de Constitución la que se cuestiona, como si fuera contra la propia naturaleza de la moderna ciudadanía, la que se ejerce en la sociedad de la información y, en definitiva, contra el signo de los tiempos.

En nombre del principio mayoritario se plantea un nuevo modelo de democracia, “iliberal”, en el que se ponen en cuestión principios básicos como que el principio democrático y el principio liberal deben ir siempre de la mano; que no puede existir democracia sin que exista una norma superior al resto de normas que haga real la separación de poderes; que la democracia no es posible cuando la sociedad puede decidirlo todo y sobre todo en cualquier momento; que no existe la democracia si el procedimiento para la toma de decisiones no reviste tanta o más importancia que la decisión misma; y que determinados cambios en las reglas de juego suponen un cambio del propio juego que requieren un consenso amplísimo. Estos principios básicos del constitucionalismo son los que se debilitan ante la tiranía de la mayoría que no entiende de límites, ni temas, ni procedimientos.

El problema es que cuando se cuestionan estos principios básicos lo que en ocasiones se plantea no es tanto una reforma constitucional, ni siquiera el inicio de un proceso constituyente, sino que a veces se pretende ir más allá con el establecimiento de un sistema permanentemente en situación constituyente, un “Estado en construcción” en el que el propio concepto de Constitución, básicamente, perdería su sentido a manos del poder ciudadano, con el consiguiente debilitamiento progresivo de la democracia. Países como Cuba, Venezuela o Nicaragua ya han transitado este camino pero la democracia iliberal no es patrimonio de la izquierda bolivariana y hay otros gobiernos con ideologías contrapuestas que ya han comenzado su andadura por esta senda.

No hay democracia sin constitución, sin una norma fundamental nacida de un pacto amplio en la que se marcan las bases del sistema y los límites que hacen posible y protegen a todos los actores políticos en su actuación. Porque la democracia iliberal no es otra forma de democracia sino su final.

Publicado en El Confidencial

Siente a Vox en su mesa

Siente a Vox en su mesa

La mejor fórmula para combatir el populismo sigue inédita y es necesario seguir trabajando los hechos sin miedo a los resultados

Tras el debate planteado por los resultados de Vox del pasado 10 de noviembre y por las causas y consecuencias del sorprendente resultado, esta semana nos enfrentamos a un nuevo hito que ha despertado el debate sobre la necesidad o no de tratar al partido de Abascal como una excepción en el funcionamiento ordinario de las instituciones democráticas.

Como todo tema importante, no existe un único elemento de discusión, sino que muchos se entremezclan. En este caso, podemos identificar dos: lo normativo, que tiene que ver con la representación legítima de una fuerza política y lo pragmático sobre la contención del crecimiento del adversario. Sus resultados, en uno y otro caso, determinarán el mapa político español durante los próximos años.

Para dotar al debate de un poco más de complejidad, ha de caerse en la cuenta de que, en el corto plazo, en la decisión de si debe o no estar Vox en la mesa del Congreso va inscrito el futuro político de la legislatura. Porque si se asume que sus escaños son inoperantes, no solo se desplazará el tablero político hacia la izquierda, sino que de facto habrán cambiado las mayorías porque se habrá reducido el Congreso a 298 escaños. Por otro lado, y con la vista puesta en el medio plazo, de la decisión que se tome con respecto a Vox dependerá el futuro de lo que ya se empieza a conocer como el ‘bibloquismo’.

En el debate, yendo más allá de calificativos gruesos, que no facilitan la seguridad jurídica, como la necesidad de excluir a partidos fascistas, encontramos a los que plantean la necesidad de este tratamiento excepcional argumentando que Vox es un partido inconstitucional, que defiende una serie de modificaciones constitucionales como la de las Comunidades Autónomas, que iría en contra del diseño original de nuestro sistema democrático de la Transición. Ya lo hemos comentado en estas páginas, pero es difícil justificar así está excepcionalidad, cuando no se exige para partidos que propugnan abiertamente cambios que afectan a elementos, al menos tan esenciales como la Monarquía, o la pertenencia de Cataluña al Estado español.

Otros van más allá y denuncian en sus comportamientos determinadas actitudes contrarias a los derechos humanos como el racismo, la xenofobia o el odio que justificarían su exclusión del sistema democrático. Se trata de acusaciones que se centran en el discurso de este partido, o de algunos de sus miembros, pero que no se corresponden con la existencia de condenas por delitos en este ámbito. Ante la inexistencia de delito se buscan fórmulas políticas para lograr unos resultados similares. De ahí que se plantee el debate fuera del ámbito jurídico, exigiendo a los partidos que aíslen y traten de minimizar la acción de este partido en las instituciones democráticas.

El corto plazo

Así pues, se avecinan dos “batallas”: la jurídica y la política, de corto y medio plazo. Esta semana se disputará el primer enfrentamiento con la decisión sobre la Mesa del Congreso, un organismo encargado de regir la Cámara cuyos miembros son elegidos por votación de entre los diputados de los distintos partidos.

No hay duda de que tejer un “cordón” en torno a Vox para que no entre en ella, es legal, al respetar el sistema de votación establecido en el Reglamento, pero caben ciertas dudas sobre si esta decisión rompe con la lógica que está detrás de la composición del órgano de dirección de la Cámara, que es una lógica en la que convive el principio mayoritario y el de representación de las fuerzas políticas parlamentarias.

En el fondo se trata de afrontar la cuestión de si la Mesa es o no un órgano configurado buscando la proporcionalidad o responde simplemente al principio mayoritario. A la vista de su sistema de elección, que es la votación, parece que prima el principio mayoritario, tal y como ha confirmado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 199/2016. El propio sistema de elección promueve impulsar compromisos o pactos entre los partidos. Sucede, sin embargo, que esta lógica convive con la tendencia a tratar de garantizar representación en la Mesa a todos los grupos parlamentarios (así lo establece por ejemplo el art. 36 del Reglamento del Parlamento de Andalucía) e incluso a garantizar su presencia con voz pero sin voto cuando no existen asientos suficientes. Esta tendencia había ido dando paso a un empleo de la Mesa como herramienta de integración, otorgando a fuerzas minoritarias en el Congreso puestos en ella pero nunca, hasta la fecha, como instrumento de exclusión.

Aunque es cierto que siempre han existido maniobras sobre la composición de la Mesa, no existen antecedentes de partidos con más de 50 escaños que se hayan quedado fuera de la mesa. Proporcionalmente el caso reciente más parecido sería el pacto que dejó a MasPais fuera de la Mesa de la Asamblea de Madrid, con 20 diputados, para dar precisamente un puesto a Vox, a pesar de contar solo con 12 diputados. Aunque cabe alegar que en este caso la decisión busca reflejar el acuerdo de gobierno, no se puede negar que rompe también con este principio de representación. Mucho más sencillo resulta encontrar ejemplos de partidos, como Junts per Catalunya o el PNV, que merced a este tipo de acuerdos no hace mucho obtuvieron representación en la misma sin tener un número mínimo de votos.

El medio plazo

El debate político, sobre como hacer frente a este tipo de partidos políticos, es aún más complicado. Hace ya un par de años distintas publicaciones nos alertaban de que uno de los principales peligros del populismo es la declaración del Estado de excepción democrática. Este tipo de situaciones de excepcionalidad pueden provocar resultados contrarios a los objetivos perseguidos, y se cuentan por decenas las malas experiencias de aquellos que han pretendido retorcer la democracia, aunque fuera para “salvarla”.

No está claro que existan recetas prácticas de manera general sin tener en cuenta todas las vertientes de contextos heterogéneos. Pero es difícil demostrar con contundencia que las políticas de aislamiento con el populismo hayan conseguido pararlo y aunque es cierto que las políticas de aislamiento han evitado la llegada al poder de algunos partidos antisistema son frecuentes los ejemplos en los que a mayor aislamiento mayor crecimiento. Habitualmente el aislamiento crea mártires, aumenta su visibilidad y hace crecer su apoyo popular. Y no son comparables los pactos de gobierno que dejan fuera del mismo a los partidos populistas, la libre elección de socios de gobierno, con el aislamiento en el órgano de representación por antonomasia.

No está claro que existan recetas prácticas de manera general sin tener en cuenta todas las vertientes de contextos heterogéneos

Por el contrario, es más fácil encontrar ejemplos en los que, según la tradición democrática, es en el foro institucional, en el desempeño de sus responsabilidades institucionales, políticas, donde se debilitan estas opciones antipolíticas. Hacer política obliga a salir de la retórica incendiaria y tomar decisiones complejas, obliga a someterse al escrutinio público.

De momento Vox no parece estar muy a disgusto quedándose fuera de la Mesa.

La mejor fórmula para combatir el populismo sigue inédita y es necesario seguir trabajando los hechos sin miedo a los resultados. Forzar los argumentos, y los datos, para descalificar a los que defienden una posición contraria no ayuda del todo a encontrar una solución.

Mientras, como señalaba recientemente Esteban Hernández en estas mismas páginas, la crítica despiadada a Vox, con una retórica que no oculta cierta satisfacción moral, evita plantearse en serio el problema de sus causas y ofrecer una reacción política a la altura. Cuando en el análisis del problema todos los males se concentran en el ataque al enemigo, se olvidan no solo la causa sino los problemas mismos y “dejar sin arreglar las cosas que no funcionan tiene consecuencias”.

Publicado en El Confidencial

Libertad educativa: una enmienda al consenso constitucional

Libertad educativa: una enmienda al consenso constitucional

Hay que medir las palabras, o decir claramente que lo que se pretende es construir un nuevo consenso constitucional en materia de educación

“Los socialistas solo nos levantamos una vez de la mesa durante la discusión constitucional, y fue en el artículo 27”. Con estas palabras, pronunciadas meses antes de su muerte, Alfredo Pérez Rubalcaba, exministro de educación, recordaba los debates que dieron lugar a la configuración constitucional del derecho a la educación en España. Por eso, remachaba, “el 27 es de todos. Este es el consenso educativo”.

El consenso al que hacía referencia el político socialista se ha mantenido más o menos a salvo durante todos estos años. Sin embargo ahora que se ha puesto de moda cuestionar a las distintas opciones políticas por sus afinidades constitucionales unas declaraciones de la ministra de Educación lo ha puesto en riesgo al desvincular la libertad de enseñanza reconocida por la Constitución del derecho de los padres a elegir centro educativo y la educación religiosa que consideren oportuna para sus hijos. De un plumazo la ministra pone en cuestión el consenso constitucional que con tanto esfuerzo se mantenía desde 1978.

Como se puede comprobar en los diarios de sesiones este debate, que responde a una pregunta de fondo sobre ¿a quién le corresponde las decisiones principales en la labor compartida de educar: al Estado o a los padres?, pone de manifiesto hasta que punto la redacción final del artículo 27, el más largo y el más complejo de entre los que se refieren a derechos fundamentales en nuestra Carta Magna, fue el fruto del consenso, de las renuncias y cesiones de todos.

Un no-debate jurídico

De esta manera el derecho a la educación queda configurado, en palabras de Carlos Vidal, como “un derecho y una libertad fundamentales: el derecho a ser educado y la libertad de educar y de elegir la educación que se desea”. Un derecho de libertad con contenido prestacional, en el que, en opinión del que fuera vicepresidente del Tribunal Constitucional y Presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente “el derecho a la educación aparece más como un derecho de libertad que de prestación”.

De un plumazo la ministra pone en cuestión el consenso constitucional que con tanto esfuerzo se mantenía desde 1978

Así queda reflejado en la Constitución, en la que como es bien sabido, el art 27 además de proclamar el derecho de todos a la educación y reconocer la libertad de enseñanza, detalla sus manifestaciones concretas, que en lo que nos ocupa serían: el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (27.3), la libertad de creación de centros con ideario propio (27.6), la libertad de cátedra de los docentes (20.1.c) y el mandato a los poderes públicos para ayudar a los centros docentes que reúnan los requisitos establecidos por la ley (27.9).

Así lo viene recordando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 74/2018, STC 10/2014 o STC 133/2010) que coinciden en señalar como «la libertad de enseñanza (art. 27.1 CE) comprende a su vez la doble facultad de los padres de elegir el centro docente de sus hijos, que podrá ser de titularidad pública o privada, y de elegir la formación religiosa o moral que se ajuste a sus propias convicciones». De hecho el mismo Tribunal establece una conexicón directa entre la libertad de creación de centros educativos con ideario o carácter propio (sinónimos para el TC) y el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos y de ese derecho con el de las familias a la elección de escuela.

Responde a una pregunta de fondo. ¿A quién le corresponde las decisiones principales en la labor compartida de educar: al Estado o a los padres?

Así lo establecen también distintos mecanismos internacionales como el artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación para sus hijos. O el artículo 2 del protocolo adicional número 1 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950 que señala como “El Estado, (…), respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas”. O el artículo el art. 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el que los Estados parte, como España, “se comprometen a respetar la libertad de los padres (…) de escoger para sus hijos o pupilos de escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas”.

Pero es que incluso lo reconocen así las propias leyes socialistas de educación aprobadas desde 1978 que, o bien reconocen esta elección como un derecho de los padres (art. 4.b. LODE), o establecen la obligación de las administraciones públicas de garantizar la libertad de elección de centro por padres o tutores (art. 84.1 LOE) que la misma ley considera «como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la libertad de enseñanza». Todas las leyes educativas han garantizado y respetado, con más o menos fuerza, la posibilidad de que los centros docentes no estatales tuviesen ideario (art. 15 LOECE) o carácter propio (art. 22 LODE, art. 73 LOCE, art. 115 LOE), dentro del “proyecto educativo” de cada centro.

Un debate político

Si el debate constitucional ofrece pocas dudas, más dudas plantea el debate político en torno al modelo educativo. Un modelo que debe considerar aspectos como el coste que para las arcas públicas supone un centro público y uno de iniciativa social y los efectos directos e indirectos de la convivencia de ambos modelos en la calidad educativa. El gran debate gira en torno a la desigualdad que para algunos provocaría un modelo en el que coexistan con la educación pública, la educación privada y la concertada.

En este sentido se cuestiona la financiación pública de la enseñanza de iniciativa social, considerando este como un modelo subsidiario que se debería limitar a los casos en los que resulta imposible ofrecer educación pública. Para hacerlo se vincula la ayuda a la educación de iniciativa social a una oferta insuficiente de educación pública, convirtiendo la red pública en prioritaria, algo que por la vía de los hechos y dado el declive demográfico, pondría en peligro la existencia de la educación concertada en un breve periodo de años.

Si el debate constitucional ofrece pocas dudas, más dudas plantea el debate político en torno al modelo educativo

Por el contrario los defensores de un modelo de convivencia entre las tres modalidades de enseñanza propugnan, como hace la LOMCE, que a la valoración de la oferta existente se le añada la demanda social. Curiosamente este punto controvertido de hacer depender la financiación de la escuela concertada de la demanda social no fue objeto del recurso de inconstitucional que presentó el PSOE tras la aprobación de la ley -que fue desestimado en su totalidad por el Tribunal Constitucional.

Este debate de políticas públicas es clave para el futuro del país pero debe desarrollarse siempre dentro de los límites establecidos por la Constitución. Cuando el debate gira exclusivamente en torno a la igualdad, se obvia una parte importante del sentido constitucional que tiene la libertad de enseñanza. Como en el caso de la libertad de información, el derecho a la educación exige pluralidad de centros y el respaldo público a esta pluralidad. Así lo ha señalado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al destacar que el objeto de la libertad de elección es «proteger la posibilidad de un pluralismo educativo, esencial en la preservación de la “sociedad democrática”, tal como la concibe el Convenio».

Cuando el debate gira exclusivamente en torno a la igualdad, se obvia una parte importante del sentido constitucional que tiene la libertad de enseñanza

O por decirlo de manera más sencilla: la igualdad no puede esgrimirse como un límite a las libertades educativas, sino que es la libertad la que garantiza el pluralismo como principio constitucional imprescindible en cualquier sociedad democrática. De hecho, la propia sentencia del Tribunal Constitucional que la ministra ha mencionado esta semana (STC 5/1981, fundamento jurídico 7), recuerda que la libertad de creación de centros está limitada por el respeto debido a principios constitucionales como la igualdad, pero que estos, por sí solos, “no consagran derechos fundamentales”, igual que tampoco “cumplen una función meramente limitativa, sino de inspiración positiva”.

Y es que, cuando se habla de derechos fundamentales, hay que medir las palabras, o decir claramente que lo que se pretende es construir un nuevo consenso constitucional en materia de educación, una aspiración sin duda legítima, pero que quizás no llega en su mejor momento.

Publicado en El Confidencial