Al principio de mi estancia americana estuve estudiando las formas de promoción de la democracia en el extranjero, especialmente la que alguna vez se ha llamado «Doctrina Bush» y las respuestas académicas a la misma.
Interesiante Etzioni «Security First», Don Eberly «Rise of Global Civil Society»… y algún otro del que ya hablaré. Una de las formas de promover la democracia es fortalecer la sociedad civil, financiando organizaciones que compartan los ideales democráticos y se esfuerzen por promoverlos en su país de origen. Esto lo viene haciendo el gobierno americano desde tiempos de Reagan con dos organizaciones vinculadas a los partidos mayoritarios, el IRI (Presidido por Mccain) y el NDI. En Europa también lo hacen fundaciones como la Konrad Adenauer.
Quizás para evitar esto algunos gobiernos (Rusia, Venezuela y ahora Nicaragua) han decidido prohibir la financiación extranjera de ONGs, o controlarla muy estrechamente.
Hace unos días nos lo contaba ABC:
El gobierno de Nicaragua anunció que impedirá que organizaciones no gubernamentales (ONGs) «desvirtúen» o reciban fondos del exterior para actividades políticas, tras las masivas manifestaciones de este año contra el presidente Daniel Ortega.
«Estamos hablando de un núcleo de organizaciones -una o dos- que están claramente utilizando los recursos para hacer política. Y lo que queremos es que todo el mundo entienda que eso no va a suceder en este país», advirtió el viceministro y secretario de Cooperación Externa, Valdrack Jaentschke, en el canal 4 de televisión local.
El gobierno inició en septiembre un proceso de revisión del funcionamiento de 4.500 ONGs registradas en el país, de las cuales 700 son investigadas por incumplir requisitos legales.
El funcionario dijo que en las pesquisas encontraron que algunas ONGs están «desvirtuando los recursos» que reciben de la comunidad cooperante, en proyectos ajenos al convenio, para financiar proyectos políticos o dar dinero a grupos sin personería jurídica.
El gobierno inició en septiembre un proceso de revisión del funcionamiento de 4.500 ONGs registradas en el país
Por ello orientó al Ministerio de Gobernación a vigilar si el desempeño de las ONGs se ajusta a los proyectos convenidos y establecer una cláusula específica en sus contratos de «no intervención en asuntos políticos» internos de Nicaragua, indicó Jaentschke.
«Así como el Ejército tiene que garantizar que no sea una fuerza militar la que intervenga (en el país), nosotros tenemos que garantizar que ninguna fuerza política, ni de interés político viole la soberanía» a través de las ONGs, alegó.
La regulación abarcará a entre 70 y 100 ONGs internacionales que están en el país, precisó. Jaentschke enfatizó que las ONGs tendrán que limitarse a ejecutar los proyectos que buscan «mejorar las condiciones de desarrollo» en el país y tendrán prohibido emitir opiniones, participar o apoyar actividades políticas.
La mayoría de las organizaciones señaladas han criticado la gestión del presidente Ortega, entre las que figura la Coordinadora Civil, que este año movilizó a miles de personas para protestar contra la pobreza y en defensa de la democracia.
Chamorro perseguido por OrtegaTambién está el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, hijo de la ex presidenta Violeta Barrios (1990-97). Chamorro difundió el año pasado un reportaje, en la prensa escrita y televisada, sobre un millonario soborno que un funcionario, vinculado a la cúpula del mandatario Ortega, pidió supuestamente a un grupo empresarial.
La Fiscalía ha citado a Chamorro -que difundió un reportaje comprometedor para la cúpula de Ortega- a comparecer por supuestos ilícitos «contra el Estado»
La Fiscalía citó a Chamorro a comparecer el jueves por supuestos ilícitos «contra el Estado», en el marco de las investigaciones contra las ONGs por actuar supuestamente al margen de la ley. «No sabemos si la Fiscalía tiene ya lista una acusación en contra de nosotros», informó Chamorro en rueda de prensa, tras pedir el acompañamiento del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, ante pretensiones de acusarlo por supuestas actividades de lavado de dinero que considera falsas.