Resiliencia

Resiliencia

Es el momento de la libertad en Venezuela, en el que se está jugando la libertad; y la libertad exige claridad en su defensa. No admite medias tintas ni amagos.

Hace un año Juan Guaidó era proclamado presidente interino de Venezuela y reconocido por más de 50 países y organismos internacionales. Estuve dudando si escribir en este mismo espacio que la cosa no sería inmediata, que Maduro tenía mucho que perder, que iba para largo, pero no quise confrontar con el optimismo generalizado que entendía que el régimen caería como fruta madura. Ignoraban quizás el ejemplo de Cuba, y el protagonismo que la dictadura castrista ha tenido en el país. No se trataba solo de financiación a bajo precio, ni de intercambio de mano de obra barata por petróleo, en un esquema muy parecido al de la esclavitud, sino de una cuestión de “principios”. Hacía ya años que Fidel Castro había bendecido a Hugo Chávez como el heredero legítimo de su Revolución, y en la supervivencia del régimen se jugaba el prestigio de La Habana.

Venezuela tiene un sitio reservado en el libro negro de la democracia del siglo XXI. Ha sido pionera en demostrar que, incluso tras el “fin de la historia”, es posible acabar con la democracia. Su constitucionalismo bolivariano, promovido activamente por asesores españoles, ha marcado el camino: desestabilizar la política, llegar al gobierno, y comenzar paso a paso a desmontar la división de poderes y acumular todos en el gobierno, normalmente a través de un proceso constituyente.

Desde la aprobación de la Constitución bolivariana de 1999, el chavismo ha ido reduciendo los espacios de libertad. De la promesa inicial de liberar a un pueblo de sus fantasmas, pasó a encadenarlo a la revolución bolivariana. Nada nuevo bajo el sol, una reedición del guion de las dictaduras comunistas que en Latinoamérica empezó Cuba hace 60 años y que aun hoy lucha por perpetuarse. Poco a poco fue llegando la ruptura progresiva de la institucionalidad, las persecuciones políticas y las torturas y asesinatos, el exilio… mientras una sociedad civil cada día más perseguida, mantenía viva la llama de la democracia a base de trabajo y esperanza

Desde la llegada del chavismo al poder, Venezuela no ha dejado de deteriorarse. De manera progresiva y constante se han ido disolviendo los distintos poderes, empezando por el militar, el judicial, el electoral…, sólo el Parlamento resiste, a pesar de los intentos de las últimas semanas. Menos libertad, menos instituciones, menos democracia, y a cambio, más corrupción de una cúpula dirigente que consolidaba sus privilegios mientras arruinaba el país, y la extensión del Estado a todos los campos de la sociedad desde una concepción totalitaria del ejercicio hegemónico del poder. Como consecuencia directa de todo lo anterior, hoy Venezuela es una maquina de producción de miseria. Un paraíso natural como Venezuela ha sido convertido en el paraíso de la corrupción, de la violencia y de la inseguridad, en un país sin ley. En el paraíso de las mafias, que arruinaron la que no hace tanto era una de las naciones más ricas de la tierra, en el que más del 20% de los niños sufren desnutrición y donde cada día es más difícil encontrar medicinas y alimentos básicos. Un país del que huyen sus ciudadanos, dejándolo todo atrás. Más de 5 millones de exiliados, una quinta parte de su población total, que, esparcidos por toda Latinoamérica y España, tratan de recomenzar sus vidas.

Quizás lo más admirable de este proceso, para los conocedores de otras dictaduras latinoamericanas, sea cómo de momento se mantienen tanto el respaldo internacional como el trabajo incansable de la oposición al que, a pesar de la represión sistemática del régimen contra los demócratas, no han logrado nunca doblegar. La oposición democrática venezolana no ha dejado ni un minuto de trabajar dentro y fuera para devolver la libertad a su país. Y lo han hecho a pesar de los agoreros, de las amenazas, de las persecuciones, de las torturas y agresiones, de las detenciones (más de 15.000) e incluso de la prisión (388 presos políticos que están aún en la cárcel) y el asesinato de muchos compañeros, auténticos mártires de la democracia.

A pesar de todo, la oposición nunca ha renunciado a la vía democrática, nunca asumió la vía totalitaria, y ha considerado siempre la democracia como la única vara de medir. Demócratas pacíficos, luchadores de la libertad, convencidos que a la falta de democracia sólo se le derrota con más democracia y que nunca han cedido a tentaciones simplistas, convencidos de que su perseverancia tendría frutos. Una sociedad que, a pesar de divisiones y diferencias estratégicas esenciales, nunca dejó de fortalecerse y trabajar, nunca perdió la esperanza. Resistiendo en las instituciones, sin abandonar nunca la calle, sin acostumbrarse y, sobre todo, sin rendirse nunca.

Una sociedad que, a pesar de divisiones y diferencias estratégicas esenciales, nunca dejó de fortalecerse y trabajar, nunca perdió la esperanza

En España sabemos bien la importancia del apoyo internacional que en su momento nos prestaron países como Venezuela para acabar con la dictadura. Pero ser agradecidos no está al alcance de cualquiera y mientras unos colaboraban con esta labor de destrucción de la democracia, ejerciendo de asesores mientras se lo llevaban crudo y no dudaban en blanquear al régimen opresor y colaboraban a internacionalizar el “modelo” derramando lágrimas a la muerte del tirano, otros ejercían de palmeros entre silencios cómplices y sonrisas culpables. Ambos presumen hoy de mala memoria y miran hacia otro lado, sin retirar el doble póster del Chávez y el Che de sus armarios. Durante mucho tiempo se ha acusado a la derecha de introducir a Venezuela en la agenda política de manera artificial pero ésta vez ha sido el Gobierno el que le ha otorgado carta de naturaleza. El Gobierno español, sin duda condicionado por su acuerdo con Unidas Podemos, ha pasado de reconocer al presidente Guaidó y “avanzar con decisión junto al pueblo venezolano en el camino de la democracia” a ningunearlo como, en boca del Vicepresidente Iglesias, un líder más de la oposición venezolana, un trato similar al que le dispensa el gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno ha ido un paso más allá y uno de sus ministros con más peso político, el señor Ábalos, se ha encontrado con la vicepresidenta del país, ignorando las sanciones de la Unión Europea que el gobierno socialista de España una vez apoyó.

Hoy, es más importante que nunca mantener la presión internacional y las sanciones impuestas a los dirigentes. Hoy, más que nunca, es importante proteger a los demócratas otorgándoles apoyo y visibilidad. Es necesario mantener viva la llama de la democracia para que nadie pueda acostumbrarse, considerar su causa una causa perdida y ver cómo normal en Caracas lo que nunca admitirían como normal en Madrid. No es hora de compadreos y confusión, que sólo sirven para blanquear un régimen de terror.

Es el momento de la libertad en Venezuela, en el que se está jugando la libertad; y la libertad exige claridad en su defensa. No admite medias tintas ni amagos, sino una disposición comprometida. O libertad o tiranía. No hay más. Porque Venezuela vive un momento crucial, y España no puede mirar hacia otro lado, no puede emboscarse tras la confusión que sistemáticamente está destilando el Gobierno. No, España no puede mirar para otro lado. No sólo por gratitud y justicia, sino que con las actitudes desconcertantes que está poniendo en juego el Gobierno, nos jugamos perder la confianza de nuestros socios europeos y dejar de liderar las políticas europeas con Latinoamérica. Venezuela grita libertad. España no puede responder con el silencio, no puede colocarse en el lado oscuro de la historia.

 

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El gobierno de la crisis

El gobierno de la crisis

No es cuestión de alarmarse, ni entrar en una espiral de ocurrencias, ni caer en la parálisis, sino de entender que, como decía Churchill, nunca se debe desperdiciar una buena crisis

Tras la investidura del presidente Sánchez, hoy se dará a conocer al Rey la composición definitiva de su nuevo gobierno. Con los nombramientos se pondrá fin al paréntesis de provisionalidad que empezó tras las elecciones de abril, pero no a la percepción de estar viviendo una crisis nacional que va más allá de quién se siente en el Consejo de Ministros.

Se trata de una sensación que viene arrastrándose desde hace unos años, pero que va cobrando cada vez más fuerza. Frente a los que consideran la alarma exagerada o los que suelen recetar “paso del tiempo” como solución a todos los problemas, independientemente de su gravedad, este momento de relativa calma que nos regala la formación de gobierno puede ser un buen momento para revisar un poco más a fondo esta crisis.

Para hacerlo podemos encontrar algunas en un libro de reciente publicación: ‘Crisis’, (Debate, 2019) lo último de Jared Diamond (autor de ‘Armas, gérmenes y acero’, ganador del Premio Pulitzer en 1998). El autor analiza, a la luz de los mecanismos de estudio de las crisis personales, una serie de crisis nacionales vividas por países tan distintos como Japón, Finlandia, Chile, Indonesia, Australia y Alemania, en diferentes momentos de la historia contemporánea. Los países en los que se centra el estudio, además de haber vivido crisis históricas claramente identificables, coinciden en la peculiaridad de ser países en los que el autor tiene una serie de experiencias personales, ya que ha vivido en todos ellos durante temporadas largas, llegando a conocer a fondo su lengua y su cultura, lo que otorga al estudio un extra de frescura y profundidad.

Aunque el libro no se asoma a España, puede ser interesante tratar de aplicar su mismo procedimiento de análisis, el de la metodología de las terapias de crisis personales a las crisis de los países, que nos permite contar con nuevos instrumentos para analizar esta época global de turbulencias y, sobre todo, nos permite arriesgar con una aplicación de este particular método al punto de inflexión que podría estar viviendo nuestro país.

Reconocer la crisis

Podemos decir que hoy existe un consenso nacional bastante amplio en que hay algo en nuestro sistema que no funciona y que es necesario hacer cosas diferentes para solucionarlo. Ese consenso sobre la existencia de una crisis es el primer paso. Si entendemos la crisis como culminación de una serie de presiones que se han ido acumulando durante años, o una actuación súbita sobre ellos, identificar el qué y el por qué será lo primero que haya que hacer.

Puede ser interesante tratar de aplicar el procedimiento de la metodología de las terapias de crisis personales a las crisis de los países

Identificar la crisis es también diferenciar el tipo de crisis al que nos estamos enfrentando. El autor diferencia las que son consecuencia de una intervención externa y en cierta manera inesperada, que causa una profunda sacudida (Finlandia y Japón); las crisis de estallido repentino consecuencia de turbulencias internas (Chile e Indonesia) y las que, sin necesidad de un estallido repentino, se fueron desarrollando gradualmente (Australia y Alemania). De momento, en este punto, España se encontraría entre la segunda y la tercera categoría, sin tener claro cuánto tiempo faltaría para la explosión o si estamos ya metidos de lleno en su desarrollo gradual.

Tan peligroso sería no reconocer la crisis, como asumir que todo está en crisis. De ahí la necesidad de acotarla. En términos de Diamond “la construcción de un cercado” que permita formular y aislar las instituciones y políticas que requieren cambios de las que no y evitar la melancólica impotencia que provoca la sensación de que todo va mal. En este punto, en nuestro país no es lo mismo señalar la crisis como exclusivamente económica, con la necesidad de acabar de absorber las heridas sufridas desde 2008 y prepararse ante nuevas arremetidas; de políticas, con un agenda que pivota en sus ejes “clásicos”, sin acertar a dar respuesta a los verdaderos problemas de las sociedades del siglo XXI; de liderazgo, con partidos políticos que han dejado de ser intermediarios útiles para convertirse o en aislantes o en colonizadores, con resultados parecidos; o una crisis sistémica o constitucional, que afectaría de lleno a las instituciones. Reconocer la experiencia española en crisis históricas anteriores, como la Transición, así como la capacidad de afrontar el fracaso y explorar soluciones alternativas al problema, también pueden ayudar a afrontar esta crisis con más garantías de éxito.

Asumir la responsabilidad

Lo siguiente sería aceptar la responsabilidad. Abandonar los cruces de acusaciones, tan genéricas como infecundas, entre la “casta”, el “sistema”, la clase política y sus líderes, el mundo empresarial, la sociedad civil… y asumir la propia responsabilidad. En esta asunción de responsabilidades, cada actor con trascendencia pública tendría que realizar una autoevaluación honesta, antes de lanzarse a señalar la responsabilidad del resto. Empezar por uno mismo siempre es un buen punto de inicio.

El componente exterior también puede condicionar la respuesta a la crisis. La situación actual de inestabilidad global, con una Unión Europea que se enfrenta a su propia crisis, hace que más que el apoyo, tengamos que buscar casos parecidos en otros países que se encuentran en proceso, o ya han afrontado experiencias similares, tan habituales en estos tiempos.

La autoestima también es imprescindible para afrontar una crisis con éxito. Esta apelaría al sentido de identidad nacional, el sentido de pertenencia compartida y el optimismo de sus ciudadanos sobre las posibilidades de su país para afrontar el futuro. De ahí las dificultades añadidas para un país donde el desprecio a lo propio se asume con cierto aire de distinción, como el único espacio donde ejercitar el sentido crítico, y donde los intentos de afrontarlo, dentro de estrategias de diplomacia pública y marca país, han quedado abandonados entre la propaganda y las buenas intenciones.

Condicionantes como la situación económica, que no acaba de recuperarse con energía, el abandono de los territorios rurales de interior, o la crisis demográfica, van a marcar también la capacidad de respuesta.

A estos elementos habría que añadir otros factores distintos, más difíciles de encontrar en las crisis personales, que resultan imprescindibles para afrontar las crisis de los países: un liderazgo consciente y determinado, dispuesto a poner la resolución de la crisis por encima de sus intereses personales o partidarios; la existencia de instituciones consolidadas, capaces de aguantar los temblores les afecten, por el impacto directo o el desgaste al que las someten aquellos que las ven como obstáculos para encontrar una solución y buscan atajos; y la necesidad de un consenso básico, en el diagnóstico y las medidas necesarias para su solución…

No desperdiciar la crisis

Todo lo anterior no puede prolongarse eternamente, existe un momento, limitado en el tiempo, donde hay una apertura a afrontar la crisis y realizar los cambios necesarios, si no puede enquistarse o incluso empeorar. Un periodo, que en el caso de las personas suele ser de seis semanas, en el que hay mayor sensibilidad para detectar el problema y la posibilidad de probar nuevas formas de gestión, y que cuando no logra resultados provoca que volvamos a nuestros antiguos hábitos, y que en el caso de los países debería medirse en años. El tiempo necesario para reconocer el fracaso de los métodos anteriores, probar nuevas fórmulas e identificar si las medidas implementadas han dado resultado.

No es cuestión de alarmarse innecesariamente, ni entrar en una espiral de ocurrencias, ni caer en la parálisis, sino de entender que, como decía Churchill, nunca se debe desperdiciar una buena crisis.

 

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Un año en blanco

Un año en blanco

Acabamos el año sin gobierno y lo que es peor, acabamos un año que se nos ha ido entre campañas electorales, negociaciones de gobierno, y alguna que otra sorpresa

En estos tiempos donde la política se retransmite en streaming y se ventila en whatsapp y las redes sociales, las horas parecen meses y lo sucedido hace un mes lo buscamos como si hubiera pasado hace un siglo, en los libros de Historia. De ahí que no esté de más aprovechar los avisos que nos da el calendario para echar la vista atrás y ver lo que ha sucedido este último año.

Hace 12 meses el Gobierno de España parecía encaminado a agotar la legislatura. Tras la sorpresiva moción de censura, daba la sensación de que el apoyo a Pedro Sánchez era algo más que un voto de rechazo a Rajoy. Tras un comienzo fulgurante y, a pesar de que los primeros meses de un gobierno galáctico habían sido más accidentados de lo que se esperaba, el conflicto catalán había entrado en una nueva fase de “diálogo” con el encuentro de Pedro Sánchez y Quim Torra en Pedralbes y los presupuestos parecían encaminados, sobre la base del acuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. Mientras, en la oposición, el Partido Popular, parecía enterrar el conflicto habitual de las elecciones internas y, con la celebración de una “Convención Ideológica”, se disponía a empezar un periodo de renovación.

Como si todo lo anterior no hubiera existido, en febrero cambió el guion drásticamente: al anuncio de la creación de una mesa bilateral de diálogo entre los gobiernos de España y Cataluña, fuera de los cauces parlamentarios, con la presencia de un “relator”, le siguió la celebración en Colón de una manifestación que unió los destinos de PP, Ciudadanos y Vox (que habían empezado a encontrarse en las negociaciones para gobernar Andalucía). El rechazo tres días después, de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados provocaría la convocatoria de elecciones generales, dando al traste con la estabilidad de un gobierno que solo dos meses antes parecía sólido.

El rechazo tres días después, de los Presupuestos, dando al traste con la estabilidad de un gobierno que solo dos meses antes parecía sólido

El adelanto electoral, tan cuestionado, resultó un claro acierto estratégico y, si hacemos caso al poselectoral del CIS, la foto de Colón consiguió resolver cualquier duda que pudiera albergar el votante socialista, que acudió en masa a las urnas (76%), otorgando una victoria cómoda al Partido Socialista (28,68%) y una sonora derrota al Partido Popular (16,7%), que además veía cómo su rival más directo Ciudadanos (15,86%), se situaba a menos de un 1% de votos, con la aparición de Vox en el arco parlamentario (24 escaños), cuestionando seriamente su liderazgo en la oposición.

De amortizar al PP a refundar Cs

Durante las semanas siguientes, muchos amortizaron a Casado, dando por hecho el sorpasso de Rivera, pero solo un mes después, la aritmética municipal pondría de manifiesto que las conclusiones eran apresuradas. El PSOE (29,26%) repitió su triunfo electoral, pero vio cómo el PP (22,23%) superaba las expectativas y, además de conservar el gobierno en Comunidades Autónomas como Madrid, Castilla-León y Murcia, recuperaba el gobierno de ciudades como Madrid y Zaragoza, y quedaba muy cerca de lograrlo en Valencia. Mientras, Ciudadanos (8,25%), aunque era previsible por el número de candidaturas presentadas, se alejaba casi un 15%, disipando en menos de un mes las expectativas generadas.

Empezarían entonces las distintas negociaciones para la formación de gobierno donde la eficacia del PP, Ciudadanos y Vox para entenderse, contrastó con la incapacidad del PSOE para construir una mayoría suficiente de gobierno nacional (lastrado por la negativa de Rivera para siquiera sentarse en la mesa de negociación). La incapacidad inicial para ponerse de acuerdo se volvió rechazo y riñas, que de puertas afuera parecían más propias de un patio de colegio, y que nos abocaron a la convocatoria de unas segundas elecciones que dejaban en manos de los españoles señalar a los culpables.Si acertar con el momento fue parte del acierto del gobierno socialista en abril, no se puede decir lo mismo de las segundas elecciones. A expensas del poselectoral del CIS, nos atrevemos a señalar como la sentencia del Tribunal Supremo, por los hechos del 1-0 de 2017, la exhumación de Franco (convertida en un acontecimiento histórico de urgencia por la propaganda socialista), y el empujón de última hora de una macroencuesta del CIS, si bien parece que disminuyeron el crecimiento del PP e impulsaron a Vox, no lograron la mejora del PSOE (28%) que vio cómo en el plazo de seis meses disminuían sus votos y sus escaños, mientras el PP (20,82%) lograba recuperarse del batacazo de abril, Ciudadanos (6,79%) veía como su apoyo se diluía y Vox (15,09%) lograba un millón de votos más, duplicando sus escaños.

Esta vez bastaron dos días para escenificar un principio de acuerdo. Sánchez e Iglesias se olvidaban de todo lo que se habían dicho durante los meses anteriores y sellaban un abrazo que parecía destinado a convertirse en la semilla del primer gobierno de coalición de la historia reciente de nuestro país. De poco servía recordar las contradicciones, o esbozar otras alternativas; el presidente había decidido ya su opción favorita de gobierno y de nada hubieran servido otros ofrecimientos. Desde entonces, los ecos de las negociaciones se han ido haciendo cada vez más discretos y hoy, a expensas del acuerdo final que debe contar con la aceptación de ERC, es difícil conocer su contenido.

Esta vez bastaron dos días para escenificar un principio de acuerdo. Sánchez e Iglesias se olvidaban de todo lo que se habían dicho

Acabamos el año sin gobierno y lo que es peor, acabamos un año que se nos ha ido entre campañas electorales, negociaciones de gobierno, y alguna que otra sorpresa. Un año vacío del que será difícil rescatar algún acontecimiento que haya impactado en la vida de los españoles y en el que incluso la Cumbre Mundial del Clima, organizada con tanta eficacia como premura por el Gobierno de España, acabó con una declaración descafeinada que, aunque pudiera haber sido peor, deja cierta sensación de fracaso.

La política española ha perdido un año; pero no todo son malas noticias. Las selecciones nacionales, masculina y femenina, han obtenido resultados extraordinarios en campeonatos internacionales en deportes tan variados como el baloncesto, el waterpolo, el hockey o el balonmano (a la espera de campeonato de Europa masculino que empieza en los próximos días) y, como viene siendo habitual, nuestros deportistas como Ona Carbonell o Rafa Nadal han vuelto a tocar la gloria. En España es fácil encontrar consuelos.

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Un camino insospechado hacia la democracia iliberal

Un camino insospechado hacia la democracia iliberal

No hay democracia sin constitución, sin una norma fundamental nacida de un pacto amplio en la que se marcan las bases del sistema y protegen la actuación de los actores políticos

Hace unas semanas, un día antes de la celebración de las elecciones generales, José Antonio Zarzalejos lanzaba desde estas páginas una advertencia: “En el caso de que tuvieran que celebrarse unas terceras elecciones serían de tipo constituyente, y significaría que el régimen y la Constitución de 1978 han fracasado“. Desde entonces la idea sobrevuela las negociaciones de gobierno, en las que participan partidos que cuestionan elementos esenciales de nuestra Constitución.

De la constatación de problemas políticos actuales como la falta de respuesta adecuada ante graves desafíos sociales e institucionales o la incapacidad de acuerdo de los principales líderes políticos, se pasa, sin solución de continuidad, a denunciar el supuesto fracaso del régimen del 78, ya sea por sus pecados de origen o por su rigidez, que le habría impedido adaptarse a los profundos cambios sociales de los últimos 40 años.

La idea sobrevuela las negociaciones de gobierno, en las que participan partidos que cuestionan elementos esenciales de nuestra Constitución

De ahí que a la advertencia inicial de Zarzalejos, ante la que se ofrecen distintas soluciones, se hayan comenzado a sumar voces que la asumen, no con miedo sino con esperanza, y reclaman el inicio de un periodo constituyente.

Una crisis global

El debate sobre las causas y las posibles soluciones se plantea en clave estrictamente local, como un problema español, pero es difícil contemplarlo como un escenario exclusivo de España. Por el contrario, la situación de nuestro país coincide en el tiempo con crisis profundas en otros países como Francia, Chile, Colombia, Ecuador, o Puerto Rico y amenazan con seguir extendiéndose por el mundo.

En los últimos tiempos todos ellos, aunque de maneras distintas, han sufrido crisis políticas de importancia y en todos los casos estas crisis han provocado movilizaciones ciudadanas eficaces, capaces de hacer que los gobiernos cedieran de algún modo a las demandas de la sociedad movilizada. La diferencia de esta situación con otras anteriores, además del alto porcentaje de éxito, es que en prácticamente todas ellas las reivindicaciones concretas han derivado hacia un cuestionamiento más amplio del funcionamiento del sistema político en general.

De las causas, medios y mechas…

En el apartado de las causas de estas crisis en todas podemos encontrar una común: la falta de funcionalidad del Estado para dar respuesta a las necesidades de la sociedad, con el consiguiente alejamiento entre élites y ciudadanos. Se trataría de una suerte de percepción generalizada de ruptura del pacto social, que se sufre en silencio hasta que, en lugares y momentos determinados, explota la contestación de una sociedad que es cada día más compleja y plural, más exigente, y en la que tienen mayor visibilidad tanto los errores como las alternativas, lo que vuelve aún más patente esta distancia entre gobernantes y gobernados.

Este cuestionamiento de fondo implicaría la existencia de una élite refractaria de la realidad e ignorante de las necesidades de los ciudadanos, centrada en maximizar su propio interés con el mantenimiento incólume de este sistema. Ante esta “ceguera”, a la ruptura del pacto social seguiría la del pacto político. La sociedad movilizada prescindiría de las instituciones y de sus procedimientos, de cuya eficacia y equidad desconfían, para lograr por otros medios el objetivo buscado. Lo informal se impone a lo formal y se disputa en la calle lo que no se puede defender en las instituciones.

Entre las causas de estas crisis en todas podemos encontrar una común: la falta del Estado para dar respuesta a las necesidades de la sociedad

Por su parte, los medios también han cambiado. La tecnología ofrece posibilidades de organización inimaginables, reduce barreras, costes y tiempos, y permite no solo organizar en tiempo récord redes de protestas espontaneas sino, además consolidarlas y mantenerlas en el tiempo, aumentando su visibilidad (especialmente la internacional), y favoreciendo su crecimiento e impacto social.

En contextos así, en los que se produce una ruptura entre la política y la sociedad y en los que las tecnologías ofrecen un vehículo que materializa esa ruptura, la mecha que provoca la explosión social es casi lo de menos. Y aunque siempre hay grados, porque no son equiparables una subida de la tarifa del metro, con una reforma tributaria o un fraude electoral, que todas ellas hayan desembocado en movimientos similares nos da idea de lo accesorias que son estas mechas, siempre que se prendan en el lugar y el momento justo.

… a las consecuencias

Estas movilizaciones sociales reivindican no solo su tradicional capacidad de control políticosino su capacidad de decisión directa sobre asuntos específicos o tan generales como la reconfiguración del sistema. Se trata de un trayecto con tres paradas: la falta de funcionalidad del Estado, la ruptura del pacto social, recala en el cuestionamiento de la constitución nacional vigente, como un pacto político erróneo o inadecuado en un lugar y en un momento determinado, y acaba cuestionando las reglas básicas de convivencia democrática, el constitucionalismo sobre el que se ha venido construyendo la democracia moderna. Es la propia idea de Constitución la que se cuestiona, como si fuera contra la propia naturaleza de la moderna ciudadanía, la que se ejerce en la sociedad de la información y, en definitiva, contra el signo de los tiempos.

En nombre del principio mayoritario se plantea un nuevo modelo de democracia, “iliberal”, en el que se ponen en cuestión principios básicos como que el principio democrático y el principio liberal deben ir siempre de la mano; que no puede existir democracia sin que exista una norma superior al resto de normas que haga real la separación de poderes; que la democracia no es posible cuando la sociedad puede decidirlo todo y sobre todo en cualquier momento; que no existe la democracia si el procedimiento para la toma de decisiones no reviste tanta o más importancia que la decisión misma; y que determinados cambios en las reglas de juego suponen un cambio del propio juego que requieren un consenso amplísimo. Estos principios básicos del constitucionalismo son los que se debilitan ante la tiranía de la mayoría que no entiende de límites, ni temas, ni procedimientos.

El problema es que cuando se cuestionan estos principios básicos lo que en ocasiones se plantea no es tanto una reforma constitucional, ni siquiera el inicio de un proceso constituyente, sino que a veces se pretende ir más allá con el establecimiento de un sistema permanentemente en situación constituyente, un “Estado en construcción” en el que el propio concepto de Constitución, básicamente, perdería su sentido a manos del poder ciudadano, con el consiguiente debilitamiento progresivo de la democracia. Países como Cuba, Venezuela o Nicaragua ya han transitado este camino pero la democracia iliberal no es patrimonio de la izquierda bolivariana y hay otros gobiernos con ideologías contrapuestas que ya han comenzado su andadura por esta senda.

No hay democracia sin constitución, sin una norma fundamental nacida de un pacto amplio en la que se marcan las bases del sistema y los límites que hacen posible y protegen a todos los actores políticos en su actuación. Porque la democracia iliberal no es otra forma de democracia sino su final.

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Libertad educativa: una enmienda al consenso constitucional

Libertad educativa: una enmienda al consenso constitucional

Hay que medir las palabras, o decir claramente que lo que se pretende es construir un nuevo consenso constitucional en materia de educación

“Los socialistas solo nos levantamos una vez de la mesa durante la discusión constitucional, y fue en el artículo 27”. Con estas palabras, pronunciadas meses antes de su muerte, Alfredo Pérez Rubalcaba, exministro de educación, recordaba los debates que dieron lugar a la configuración constitucional del derecho a la educación en España. Por eso, remachaba, “el 27 es de todos. Este es el consenso educativo”.

El consenso al que hacía referencia el político socialista se ha mantenido más o menos a salvo durante todos estos años. Sin embargo ahora que se ha puesto de moda cuestionar a las distintas opciones políticas por sus afinidades constitucionales unas declaraciones de la ministra de Educación lo ha puesto en riesgo al desvincular la libertad de enseñanza reconocida por la Constitución del derecho de los padres a elegir centro educativo y la educación religiosa que consideren oportuna para sus hijos. De un plumazo la ministra pone en cuestión el consenso constitucional que con tanto esfuerzo se mantenía desde 1978.

Como se puede comprobar en los diarios de sesiones este debate, que responde a una pregunta de fondo sobre ¿a quién le corresponde las decisiones principales en la labor compartida de educar: al Estado o a los padres?, pone de manifiesto hasta que punto la redacción final del artículo 27, el más largo y el más complejo de entre los que se refieren a derechos fundamentales en nuestra Carta Magna, fue el fruto del consenso, de las renuncias y cesiones de todos.

Un no-debate jurídico

De esta manera el derecho a la educación queda configurado, en palabras de Carlos Vidal, como “un derecho y una libertad fundamentales: el derecho a ser educado y la libertad de educar y de elegir la educación que se desea”. Un derecho de libertad con contenido prestacional, en el que, en opinión del que fuera vicepresidente del Tribunal Constitucional y Presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente “el derecho a la educación aparece más como un derecho de libertad que de prestación”.

De un plumazo la ministra pone en cuestión el consenso constitucional que con tanto esfuerzo se mantenía desde 1978

Así queda reflejado en la Constitución, en la que como es bien sabido, el art 27 además de proclamar el derecho de todos a la educación y reconocer la libertad de enseñanza, detalla sus manifestaciones concretas, que en lo que nos ocupa serían: el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (27.3), la libertad de creación de centros con ideario propio (27.6), la libertad de cátedra de los docentes (20.1.c) y el mandato a los poderes públicos para ayudar a los centros docentes que reúnan los requisitos establecidos por la ley (27.9).

Así lo viene recordando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 74/2018, STC 10/2014 o STC 133/2010) que coinciden en señalar como «la libertad de enseñanza (art. 27.1 CE) comprende a su vez la doble facultad de los padres de elegir el centro docente de sus hijos, que podrá ser de titularidad pública o privada, y de elegir la formación religiosa o moral que se ajuste a sus propias convicciones». De hecho el mismo Tribunal establece una conexicón directa entre la libertad de creación de centros educativos con ideario o carácter propio (sinónimos para el TC) y el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos y de ese derecho con el de las familias a la elección de escuela.

Responde a una pregunta de fondo. ¿A quién le corresponde las decisiones principales en la labor compartida de educar: al Estado o a los padres?

Así lo establecen también distintos mecanismos internacionales como el artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación para sus hijos. O el artículo 2 del protocolo adicional número 1 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950 que señala como “El Estado, (…), respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas”. O el artículo el art. 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el que los Estados parte, como España, “se comprometen a respetar la libertad de los padres (…) de escoger para sus hijos o pupilos de escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas”.

Pero es que incluso lo reconocen así las propias leyes socialistas de educación aprobadas desde 1978 que, o bien reconocen esta elección como un derecho de los padres (art. 4.b. LODE), o establecen la obligación de las administraciones públicas de garantizar la libertad de elección de centro por padres o tutores (art. 84.1 LOE) que la misma ley considera «como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la libertad de enseñanza». Todas las leyes educativas han garantizado y respetado, con más o menos fuerza, la posibilidad de que los centros docentes no estatales tuviesen ideario (art. 15 LOECE) o carácter propio (art. 22 LODE, art. 73 LOCE, art. 115 LOE), dentro del “proyecto educativo” de cada centro.

Un debate político

Si el debate constitucional ofrece pocas dudas, más dudas plantea el debate político en torno al modelo educativo. Un modelo que debe considerar aspectos como el coste que para las arcas públicas supone un centro público y uno de iniciativa social y los efectos directos e indirectos de la convivencia de ambos modelos en la calidad educativa. El gran debate gira en torno a la desigualdad que para algunos provocaría un modelo en el que coexistan con la educación pública, la educación privada y la concertada.

En este sentido se cuestiona la financiación pública de la enseñanza de iniciativa social, considerando este como un modelo subsidiario que se debería limitar a los casos en los que resulta imposible ofrecer educación pública. Para hacerlo se vincula la ayuda a la educación de iniciativa social a una oferta insuficiente de educación pública, convirtiendo la red pública en prioritaria, algo que por la vía de los hechos y dado el declive demográfico, pondría en peligro la existencia de la educación concertada en un breve periodo de años.

Si el debate constitucional ofrece pocas dudas, más dudas plantea el debate político en torno al modelo educativo

Por el contrario los defensores de un modelo de convivencia entre las tres modalidades de enseñanza propugnan, como hace la LOMCE, que a la valoración de la oferta existente se le añada la demanda social. Curiosamente este punto controvertido de hacer depender la financiación de la escuela concertada de la demanda social no fue objeto del recurso de inconstitucional que presentó el PSOE tras la aprobación de la ley -que fue desestimado en su totalidad por el Tribunal Constitucional.

Este debate de políticas públicas es clave para el futuro del país pero debe desarrollarse siempre dentro de los límites establecidos por la Constitución. Cuando el debate gira exclusivamente en torno a la igualdad, se obvia una parte importante del sentido constitucional que tiene la libertad de enseñanza. Como en el caso de la libertad de información, el derecho a la educación exige pluralidad de centros y el respaldo público a esta pluralidad. Así lo ha señalado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al destacar que el objeto de la libertad de elección es «proteger la posibilidad de un pluralismo educativo, esencial en la preservación de la “sociedad democrática”, tal como la concibe el Convenio».

Cuando el debate gira exclusivamente en torno a la igualdad, se obvia una parte importante del sentido constitucional que tiene la libertad de enseñanza

O por decirlo de manera más sencilla: la igualdad no puede esgrimirse como un límite a las libertades educativas, sino que es la libertad la que garantiza el pluralismo como principio constitucional imprescindible en cualquier sociedad democrática. De hecho, la propia sentencia del Tribunal Constitucional que la ministra ha mencionado esta semana (STC 5/1981, fundamento jurídico 7), recuerda que la libertad de creación de centros está limitada por el respeto debido a principios constitucionales como la igualdad, pero que estos, por sí solos, “no consagran derechos fundamentales”, igual que tampoco “cumplen una función meramente limitativa, sino de inspiración positiva”.

Y es que, cuando se habla de derechos fundamentales, hay que medir las palabras, o decir claramente que lo que se pretende es construir un nuevo consenso constitucional en materia de educación, una aspiración sin duda legítima, pero que quizás no llega en su mejor momento.

Publicado en El Confidencial