Parlamentos abiertos. Tecnología y redes para la democracia.

No ha sido fácil pero ya está aquí. El próximo 17 de marzo a las 19.00 en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales un diálogo sobre gobierno abierto y tecnología entre los Diputados Eduardo Madina y Pablo Casado, presentado por Imma Aguilar y moderado por Antoni Gutiérrez-Rubi, servirá para presentar “Parlamentos abiertos: Tecnología y redes para la democracia” (Congreso de los Diputados, 2014).

El libro es fruto del trabajo de un grupo de investigación multidisciplinar que está formado por Imma Aguilar, José Angel Alonso, David Alvarez , Eva Campos, José María Coello de Portugal, Miguel Angel Gonzalo, Antoni Gutiérrez-Rubi, Andrés Medina, Patricia Polo, Irene Ramos, Roberto Rodríguez, Rafa Rubio y Aitor Silván y Mihaela Loredana Stan. Nació como una mesa de trabajo para el I Congreso Internacional de ALICE y desde entonces ha ido evolucionando hasta convertirse en el libro que ha llegado a las librerías.

Para hacerse una idea del contenido puede servir el índice:
1.- Historia, concepto y evolución del Parlamento 2.0 (Eva Campos Domínguez)
2.- Parlamento, derecho parlamentario y nuevas tecnologías: ¿una discusión nueva? (José María Coello de Portugal )
3. La evolución de los e-parlamentos en el mundo. Análisis de los standards de la UIP y del Wold E-Parliament Report.(Andrés Medina)
4. La página web del Congreso de los Diputados: democracia y comunicación. (Miguel Ángel Gonzalo)
5. La nueva página Web del Senado. (José Angel Alonso)
6. Parlamentarios 2.0: presencia y actividad de diputados y senadores españoles en las redes sociales. (David Álvarez Sabalegui y Roberto Rodríguez Andrés) 195
7. ¿Hacia parlamentos autonómicos 2.0? Un balance comparado. (Irene Ramos Vielba. Aitor Silván. Loredana Stan. Patricia Polo
8. Ciberactivismo y Parlamento: Movimientos sociales e iniciativas ciudadanas por la transparencia y la participación. (Imma Aguilar Nàcher)
9. Parlamento Abierto y política de proximidad. (Antoni Gutiérrez-Rubí)
10. Knocking on the Parliaments door (Parlamentos digitales en la era de la participación). (Rafa Rubio Núñez)

Además el libro incluye un prólogo del hasta ahora Secretario General del Congreso, Manuel Alba, que no dejará a nadie indiferente y una bibliografía básica con las obras imprescindibles para entender los Parlamentos Abiertos.

Para los interesados el libro se puede adquirir en la tienda del propio Congreso de los Diputados (San Jerónimo 36) o bien por correo enviando este formulario impreso http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/CatPubli/formulario_pedido_publicaciones.pdf (sí, muy tecnológicamente avanzado… pero intentaremos poder poner a disposición de los interesados una versión digital)

Seguiremos informando…

¿Cuánto cuesta una página web para la administración?

Hace unos días me llamaron de la Cadena SER para preguntarme por los dos millones de euros que, en principio, el Ayuntamiento de Madrid se va a gastar en su página web. En principio no hay mucha información para opinar, ni la nueva web está disponible, ni se ha contratado todavía su desarrollo, ni siquiera se ha convocado un concurso para ello… parece que, aunque no lo diga expresamente, la noticia sale del desglose de los presupuestos para el año 2014, algo que ya es en si una buena noticia. Es la propia noticia la que nos informa que los dos millones no son tal y la partida se divide a su vez en «940.000 euros a este proyecto, y otros 980.000 euros a soportar el portal web en la nube». Con información tan escasa me parece un poco pronto para analizarlo, y cuando me pongo a buscar lo que han dicho otros encuentro, gracias a @miguelgonzalo, esta reflexión con la que estoy básicamente de acuerdo.

Aunque la polémica concreta me parece, como consecuencia de la falta de información, totalmente prematura, creo que merece una reflexión a la luz de las recurrentes polémicas de los últimos tiempos con motivo de los 1,4 millones presupuestados para el portal de Transparencia de la AGE, los 500 mil euros de la web del Senado, el más de un millón de euros presupuestado para formar al personal judicial en el uso de la web del CGPJ, o los 527.000 del ayuntamiento de Sevilla. Incluso en Estados Unidos el tema ha llegado al Congreso, dentro de una comparecencia más amplia de K. Sebelius, que el Fact Checker Washington Post analizó desde esta perspectiva en tres entradas diferentes (1, 2 y 3).

Creo que son tres las preguntas que plantean noticias como estas:
La primera y más evidente es si las instituciones públicas deben gastar parte de su presupuesto en páginas webs y otros desarrollos tecnológicos, o existen otras prioridades más necesarias. Es frecuente, sobre todo en estos tiempos, que cuando saltan estas noticias la primera reacción sea comparar el importe destinado a la web (o el desarrollo tecnológico X) con otras partidas como la atención a mayores, sanidad, educación… y concluir siempre que se trata de un lujo innecesario… nada más lejos de la realidad. Considero que la tecnología es una herramienta que puede mejorar, hacerlo más eficaz, más barato… Una web mejor puede reducir plazos de espera de atención y tramitación, generar servicios proactivos y liberar recursos para, precisamente, el gasto social.

Otra cosa es que esto no sea así, y se hagan webs meramente informativas o de uso engorroso, algo que es aplicable hoy a la web del Ayuntamiento de Madrid que Sergio Jiménez describía, en el post antes citado, como:

«ciclópea, enrevesada, e incomprensible y una presentación de contenidos que espantaría a cualquiera. Es decir, es una página mala en presentación, contenido, y experiencia del usuario»

De ahí que, en principio, la idea de modificarla, siempre que sirva para ofrecer mejores servicios, nos parece no sólo justa sino también necesaria.

B) Esto nos llevaría a la segunda pregunta, cuánto costarían realmente estas mejoras. Fue con motivo de una polémica similar, la de la web del Senado ya mencionada, cuando alguién comentó que el dinero gastado en la web podía ser un verdadero chollo o un auténtico timo.

No se nos escapa que en el campo tecnológico, especialmente en el ámbito municipal, ha sido habitual las chapuzas en este campo, era difícil encontrar un concejal de nuevas tecnologías que no tuviera un primo informático dispuesto a hacer de las suyas a un precio, habitualmente, desproporcionado, pero también es cierto que es difícil hablar de webs standards con un presupuesto medio. No es lo mismo una web folleto, que una web «periódico» (con un gestor de contenidos), que una verdadera web de servicios, como las exigidas por la ley 11/2007 de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y que, de haberse aplicado con rigor, hubiera requerido un verdadero cambio en las tripas de los sistemas tecnológicos de cualquier administración municipal. Hablar del precio de una web supone hablar de programación, de licencias, o de adaptación de software libre, hablar de mantenimiento, pago de servicios (sas)… con el consiguiente coste inicial, y el posterior ahorro. De ahí que, una vez más, sea aventurado hacer un juicio sobre el valor de una web sin ver su contenido.

C) Por último habría que responder a la pregunta de cómo hacerlo.
Son varios los elementos de la web del Ayuntamiento de Madrid manifiestamente mejorables (que no memorables como se empeña en sugerir el corrector automático). Un mayor peso gráfico, una verdadera integración de un sinfín de páginas webs municipales poco coherentes entre si, las posibilidades de personalización del contenido, cierta descentralización por distritos, la puesta a disposición de los ciudadanos de datos públicos y accesibles… pero sobre todo lo que más se echa en falta es el enfoque del ciudadano, el ponerse en su cabeza, en sus necesidades… algo que muchas veces es reflejo de la propia organización de la administración y de la falta de participación ciudadana en los procesos de diseño de estas páginas web.

Junto a estas mejoras claras algunas otras ideas relacionadas con la colaboración entre las administraciones (uno de los pilares del gobierno abierto) como compartir el código con el resto de administraciones municipales, o afrontar desarrollos de manera conjunta y luego adaptarlos (como ocurrió con motivo de la ley 11/2007), la estandarización de determinados procesos de backoffice.. también podrían servir para facilitar que este no sea un gasto innecesario sino una auténtica inversión para que, a pesar del coste, desarrollos como el que estamos hablando resulten baratos a los ciudadanos.

Presentación de la web del Senado

Nunca me había sentido obligado a justificar mi presencia en un acto. Si lo hago esta vez es porque alguien con el que tengo una excelente relación, Cesar Calderón, cuyo criterio siempre respeto, además de justificar su ausencia, señalando que la ausencia al acto, de algunos buenos amigos, «significa aprobación , complicidad o al menos anuencia». Coincido con la opinión de Cesar más veces de las que se podrían imaginar pero esta vez pienso que se equivoca.

Como respeto su espíritu crítico, que no calla cuando piensa que hay algo que criticar, y tengo la certeza de que en ningún caso se trata de un ataque personal, intentaré explicar mis motivos, que no se separan mucho de los que ya ha explicado Ismael Peña en un post.

Desde hace unos años participo activamente o asisto anualmente a una veintena, o más, de eventos de todo tipo. Lo hago con actos organizados por instituciones a las que respeto, otros por las personas que están detrás, aunque discrepe bastante de las instituciones o los proyectos concretos (algo así me ha pasado con el Comité de Expertos de la Ley de Transparencia, con la que me siento tremendamente decepcionado). Debo tener un algo masoquista pero acudo incluso a invitaciones aún a sabiendas que se me invita para cubrir la cuota, para tener una voz discordante, que no comparten la mayoría de los asistentes. Esa apertura a escuchar la crítica me parece motivo suficiente para asistir y debo señalar que es en algunos de esos actos dónde más he aprendido, y disfrutado.

Reconozco que no es un tema menor. Yo mismo me lo he planteado a fondo a la hora de realizar trabajos, cobrando por ello, para instituciones como partidos políticos u organismos multilaterales con los que discrepo en aspectos importantes. Hace tiempo decidí no ocultar nunca mis discrepancias (en privado y muchas veces en público cuando lo considero oportuno), trabajar con toda mi alma siempre que mi labor no promueva directamente esos aspectos que no comparto, y hacer autocrítica al final poniendo de manifiesto aquellos aspectos del proyecto que se hicieron mal y se podían haber hecho mejor. Así he llegado a la convicción que aquellos que pretenden cambiar las cosas lo hacen participando activamente en aquellas cosas, y que muchas veces, a veces de trabajo y constancia, acaban logrando sus objetivos. No es tarea fácil y muchas veces me he llevado grandes decepciones, pero he decidido que merece la pena seguir intentándolo y, de momento, algunos me siguen contratando.

De ahí que aceptara sin dudar la invitación del Senado a participar mañana en la inauguración de la página web, con cuyo diseño y realización no he tenido nada que ver, y en el que tendré plena libertad para exponer mi punto de vista. Comparto con Ismael Peña, y así empiezo mi presentación, que para convertirse en un Parlamento realmente abierto el diseño de una página web es casi lo de menos, y que es ahora cuando veremos si el proyecto es una muestra de un cambio verdadero en la concepción que el Senado, y sus miembros, tienen de la transparencia, su relación con la ciudadanía y su participación, o es sólo un retoque de chapa y pintura, alejado de las reformas estructurales necesarias. Lo que he visto de momento me hace inclinarme más por la segunda opción, pero ojalá me equivoque.

No soy ajeno a la polémica del coste de la web, pero, me considero incapaz de juzgarlo sin conocer las tripas del asunto. Conozco proyectos web de otras administraciones públicas, nacionales, autonómicas e incluso municipales, muchísimo más baratos pero también los hay que duplican, triplican e incluso multiplican por cuatro el coste publicado de la web del Senado, pero como decía antes, ni siquiera eso me sirve de referencia. Quizás me sirve de consuelo pensar que la contratación de tres empresas distintas y el concurso público son buenos indicios de que todo el dinero gastado, incluso aunque sea demasiado, puede beneficiar directamente a los ciudadanos.

Estoy convencido que la reforma de la web es un paso positivo, y necesario, y que su coste económico, no debería convertirse en una barrera infranqueable que incapacite a todos los que sin duda tienen algo que decir para participar en un debate abierto que promueva nuevos avances en este campo.

No se trata sólo de las ganas de ver a Cesar, que últimamente se prodiga poco por estos lares, sino del convencimiento que con hubieramos aprendido más y hubieramos sido más fuertes a la hora de defender nuestros puntos de vista, en este tema bastante coincidentes.

Yo considero que mañana era una buena oportunidad para empezar y por eso presentaré tres propuestas concretas:

Facilitar la reutilización de la información presente en la web, tanto por el formato como por las licencias de uso de los datos.
Adelantarse a la aprobación de la ley de transparencia, y llevarla más allá, aprovechando la capacidad autonormativa del Senado y la relevancia de la función legislativa.
Liberar el código de la web y ponerlo a disposición del Congreso de los Diputados y de los Parlamentos, autonómicos y latinoamericanos, que quieran utilizarlo para realizar sus propias páginas web.

No espero tener mucho éxito pero les garantizo que lo seguiré intentando.

Cuarta sesión sobre la ley de transparencia

El jueves 31 de mayo se celebró la cuarta reunión del grupo de expertos sobre la ley de transparencia y buen gobierno. Era de las más esperadas, la destinada a recibir las aportaciones de la sociedad civil. Además de invitar a personas de la sociedad civil como catedráticos universitarios, medios de comunicación (El Mundo y ABC) o organizaciones profesionales no representadas en el grupo como APRI, creo que todos esperabamos algo de información sobre las propuestas ciudadanas pero no fue así.

La sesión comenzó con dos ponencias brillantes pero un poco largas. Elisa de la Nuez realizó una presentación general sobre el gobierno abierto y Juan José Lavilla animó a ampliar el ámbito de la ley a la participación ciudadana en la elaboración de reglamentos (exponiendo su fundamento jurídico y sus posibilidades prácticas). A pesar del indudable interés de ambas, el desconcierto era generalizado y así lo expresó José Luis Dader. Tras señalar las posibles dificultades de compatibilidad entre la ley en proceso de aprobación y la LOPD, vino a decir: «ustedes nos han llamado para participar y hemos trabajado el tema, pero no nos han dicho cómo están las cosas y se han puesto a hablar de cosas que no tienen nada que ver». Dió en el clavo. (más…)

Primera reunión del grupo de expertos de la Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno

El pasado jueves 26 de abril se celebró en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales la primera reunión del Grupo de Expertos de la Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno a la que tuve la suerte de asistir. Como señaló el director Benigno Pendás en su introducción, la creación del grupo, con vocación de asesoramiento a las instituciones durante la tramitación de esta ley forma parte de un proyecto más amplio, que el Centro viene reivindicando desde hace tiempo, de convertir el CEPC en una institución que pueda contribuir a la mejora de aquellas leyes que afectan al fortalecimiento democrático.

Aunque lo de Grupo de Expertos suena un poco a ANECA, la convocatoria fue amplia y, por lo que se pudo escuchar, profesional y plural, repartida a partes iguales entre representantes de asociaciones activas en temas relacionados con la ley, representantes de la administración y académicos. Desde mi reducida visión me faltaron Lorenzo Cotino, algún experto en Open Data como @aabella y representantes de APRI y Pro Bono Público, que llevan tiempo trabajando el tema y tienen muchas cosas que decir, (aunque se ha anunciado una reunión exclusiva para la «sociedad civil»).

Quizás lo más sorprendente fue lo práctico y concreto de las intervenciones, (me sorprendió gratamente ver como todos los participantes entendieron desde el principio el objeto de la reunión y renunciaron a esa tendencia a lucirse tan propia de los foros académicos españoles).

Esperanza Zambrano (subdirectora General de Propuestas Normativas y Documentación) que ha coordinado la elaboración del anteproyecto, realizó un breve resumen de cada uno de sus apartados. Tanto en su presentación como en sus respuestas posteriores trasmitió mucha seguridad y apertura a los comentarios recibidos, me quedé con la sensación de estar en buenas manos.

Como esta primera sesión estaba dedicada al capítulo I del Titulo I, dedicado a la Publicidad Activa, Manuel Villoria (catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Rey Juan Carlos), centró su ponencia introductoria en este punto. No conocía a Manuel y su ponencia me pareció absolutamente espectacular. Desde un planteamiento abstracto, desde los fines, objetivos y los medios de la ley, fue poniendo de manifiesto, con claridad y mucha elegancia las lagunas y posibles problemas que presenta el anteproyecto. A destacar su acento en distinguir entre procesos y estructuras y, en este segundo aspecto la necesidad de distinguir entre el órgano impulsos (que debería contar con el apoyo total de la Presidencia) y el órgano de gestión del sistema, (que debería contar con los medios, la transparencia, la independencia, la responsabilidad y un buen sistema de rendición de cuentas). Además se refirió a la necesidad de integrar plataformas ya existentes y de conectar el resultado con las redes sociales, dejando el problema abierto a la discusión en otros temas como el ámbito.

Hubo algunos comentarios sobre el nombre de la ley, en concreto al “buen gobierno”, que no termina de responder al contenido y promete más de lo que da, dejando fuera temas como el uso de indicadores y la implantación de sistemas de evaluación y seguimiento o la participación ciudadana. También hubo alguna referencia al procedimiento participativo empleado (la página web recibió 80.000 visitas y 3700 observaciones), una buena iniciativa ejecutada improvisadamente. También se cuestionó el orden en el que se presentan los apartados, al presentar el derecho de acceso a la información pública tras la publicidad activa, se pierde la legitimación, clarísima en opinión de algunos, de la transparencia en el derecho fundamental a la información (en su forma activa y pasiva). Aunque la discusión puede parecer puramente teórica tiene una serie larga de consecuencias prácticas.

A partir de este momento comenzaron las intervenciones, que como decía se centraron casi exclusivamente en los primeros artículos del Anteproyecto de ley.

Sobre el ámbito se señalaron las ausencias ya conocidas, (Casa Real, Partidos Políticos, Sindicatos…) señalando alguno de los intervinientes la necesidad de ampliarlo a todos aquellos que reciben fondos públicos.

Respecto a la información objeto de publicidad activa se pidió ampliar la lista, y organizarla un poco (además de olvidarse de las sedes electrónicas como lugar donde publicar la información y hacerlo sólo en la web, art. 4.1). Entre los añadidos sobre los que hubo acuerdo generalizado, la agenda de los miembros del gobierno, adelantar la publicación de los proyectos de reglamentos (sin esperar los dictámenes preceptivos), los informes de auditoría y fiscalización… o el contenido de investigaciones financiadas con dinero público.

En lo que se refiere al portal de transparencia se señaló la necesidad de establecer en la ley algún tipo de referencia a la interoperabilidad y la reutilización de la información, en la línea de la ley 11/07 (más allá de la necesidad de concretarlo en el reglamento de desarrollo).

Entre las ausencias se destacó la necesidad de precisar la responsabilidad de la publicación de la información (las unidades de información del artículo 18), estableciendo un sistema de incentivos y sanciones. También se insistió en la conveniencia de garantizar la independencia del órgano responsable (más allá de que este órgano sea la APD o la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios), y clarificar la posible asunción de esta responsabilidad por parte de un órgano independiente determinado por los organismos de las Comunidades Autónomas y las entidades locales en caso de reclamación. (Disposición adicional tercera).

Las próximas sesiones están anunciadas para el 17 de mayo sobre el capítulo II del título I que se centra en el Derecho de Acceso a la Información Pública y el día 24 de mayo sobre el título dedicado al Buen Gobierno.

Un resumen de la segunda reunión (a la que no pude asistir): http://www.tuderechoasaber.es/es/blog#1337445147