La presencialidad en el Congreso de los Diputados

Hoy Ines Arrimadas, mientras sus compañeros portavoces de los distintos grupos parlamentarios debatían con el Presidente Sánchez en el Congreso de los Diputados, ha optado por no asistir a la sesión y subir su intervención directamente en las redes sociales, criticando la falta de prudencia y ejemplaridad de sus veinte compañeros que en representación de sus respectivos grupos parlamentarios han participado presencialmente en la sesión cuando podrían haberlo hecho por vía telemática. Más allá de la oportunidad política de la discusión, que Ciudadanos está vinculando al valor de la ejemplaridad pública, y de la conveniencia simbólica de dejar desierta la sede de la soberanía nacional, vamos a presentar este asunto a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Ayer hablábamos de la posibilidad excepcional de celebrar reuniones del Consejo de Ministros a través de medios telemáticos, confirmada por el Tribunal Constitucional. Mientras que hoy hemos visto cómo se celebraba presencialmente el pleno del Congreso de los Diputados, a pesar de algunas peticiones de hacerlo de manera virtual.


Sobre esto también ha dicho algo el Tribunal Constitucional:

Aunque la lógica de la S45/2019 sobre la constitucionalidad de las reuniones virtuales del Consejo de Ministros, cuando se haga de manera excepcional y justificada, nos podría llevar a pensar lo adecuado de esta solicitud, la aplicación de esta lógica no se puede hacer de una manera directa, y además de a lo señalado ayer resultaría interesante estar a lo dispuesto en la STC 19/2019 (https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25856).

En esta sentencia, que resuelve la posibilidad de una posible investidura telemática en el Parlamento de Cataluña el Tribunal Constitucional establece como regla general el ejercicio de las actuaciones parlamentarias de modo presencial. Con una lógica similar a la de ayer, parece que en el Parlamento sin la presencia de los parlamentarios no sería posible la deliberación y la adopción de acuerdos.

Así lo establece la propia Constitución en su artículo 79 CE que establece en su apartado primero que “[p]ara adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros” y su apartado segundo, que “[d]ichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes…”.

Así lo recogen también los reglamentos de las cámaras que además de establecer el deber de los parlamentarios de asistir a las reuniones y la obligación de pronunciar los discursos “personalmente y de viva voz” (70.2), amplia esta obligación de presencia a los miembros del gobierno reclamados por las cámaras (art. 110 CE).

De esta manera el TC señala que “(e)n los procedimientos parlamentarios la interacción entre los presentes es un elemento esencial para que la cámara pueda formar su voluntad. La formación de la voluntad de las cámaras solo puede realizarse a través de un procedimiento en el que se garantice el debate y la discusión —solo de este modo se hace efectivo el pluralismo político y el principio democrático— y para ello es esencial que los parlamentarios asistan a las sesiones de la cámara”.

De ahí que el TC concluya que “la necesaria presencia de los parlamentarios en la cámara para que el órgano pueda adoptar acuerdos deriva de su propia función constitucional, pues sus decisiones solo podrán considerarse expresivas de la voluntad general si se adoptan respetando las exigencias formales esenciales que garantizan la correcta formación de la voluntad de la asamblea y una de estas exigencias es, como se acaba de señalar, que las actuaciones parlamentarias se efectúen, como regla general, de forma presencial.” STC 19/2019 FJ 4 A b)

A esto se añadiría, siempre según el Tribunal, la seguridad de los diputados y la función simbólica de la cámara, siendo este “el único lugar en el que el sujeto inmaterial que es el pueblo se hace presente ante la ciudadanía como unidad de imputación y se evidencia la centralidad de esta institución”.

De todos modos esta presencialidad que “garantiza que puedan ser tomados en consideración aspectos que únicamente pueden percibirse a través del contacto personal” admite excepciones, establecidas en el artículo 82.3 del Reglamento que permite votar en ausencia “cuando concurran circunstancias excepcionales o de fuerza mayor” (embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave) aunque limita esta excepción a “las sesiones plenarias en aquellas votaciones que, por no ser susceptibles de fragmentación o modificación, sea previsible el modo y el momento en que se llevarán a cabo”. Además este voto debería cumplir una serie de garantías que se concentran en la emisión del voto a través de un certificado digital (que puede realizarse previamente al debate parlamentario), que esté en poder de la Presidencia antes de la votación y que la comprobación del mismo a través de una llamada de un funcionario de la cámara.

De esta manera, y aunque es claro que la presencialidad es un elemento clave del procedimiento parlamentario en caso de votación, en mi opinión no queda duda de que en casos excepcionales, como el actual, la votación podrá realizarse mayoritariamente por vía telemática (y así parece haberlo previsto el Congreso para la convalidación de los RDL aprobados en los últimos días, en la sesión del miércoles que viene).

Se nos plantea la duda de si, como ha planteado Ciudadanos, además de realizar la votación telemática cabe emplear estos medios también para intervenciones, como las realizadas durante el día de hoy, para informar y debatir sobre la declaración del Estado de Alarma (procedimiento establecido por la Constitución, art. 116), o para la presentación obligada de las medidas que se someterán a votación en la próxima sesión.

Sobre esto el TC considera que “por avanzados que sean los medios telemáticos, una comparecencia telemática no equivale a una comparecencia presencial”. Según esta doctrina admitir intervenciones telemáticas dificultaría la necesaria interacción, afectaría a la “fluidez y espontaneidad” del debate, dificultaría que los participantes en la sesión pudieran percibir todo lo que sucede, especialmente en lo que se refiere a los intervinientes que, por ejemplo, podrían acudir al uso de apoyos externos no permitidos y que podrían afectar no sólo a la forma de la intervención sino también a su contenido. Concluyendo que “Todas estas circunstancias pueden tener influencia en el desarrollo de la sesión parlamentaria y, en definitiva, en la formación de la voluntad de la Cámara”. STC 19/2019 FJ 4 B) b

De ahí que en mi opinión, incluso en tiempos de excepcionalidad, la presencialidad sea un componente necesario en el parlamentarismo, al menos en lo que se refiere a los intervinientes hasta el punto que de no ser así, y conforme a la jurisprudencia ya existente, podría determinarse “la inconstitucionalidad de la decisión si la formalidad de la que se prescinde constituye un elemento necesario para que la cámara pueda formar adecuadamente su voluntad” algo que el mismo Tribunal ha confirmado no sólo para el procedimiento legislativo sino también para cualquier otro procedimiento parlamentario a través del cual la cámara ejerza sus funciones.

La representación (manifestación del derecho fundamental a la participación política reconocido por el art. 23 de la CE) para ser real necesita del procedimiento y, como ha señalado el TC en otras ocasiones, “[l]a democracia parlamentaria no se agota, ciertamente, en formas y procedimientos, pero el respeto a unas y otros está, sin duda, entre sus presupuestos inexcusables” [SSTC 109/2016, de 7 de junio, FJ 5 c); 114/2017, de 17 de octubre, FJ 6, y 27/2018, de 5 de marzo].

Gobernar a distancia. El TC y las reuniones virtuales del Consejo de Ministros.

Hoy se ha celebrado un Consejo de Ministros en el que la mayoría de los miembros del gobierno, 17 de 23, han participado a distancia, a través de videoconferencia. Algunos han planteado si este tipo de reuniones virtuales tienen cabida en el ordenamiento español.

La celebración de reuniones del Consejo de Ministros “virtuales” es posible tras la modificación de la Ley de Gobierno a través del RDL 7/2020 de 12 de marzo que establece que “en situaciones excepcionales y cuando la naturaleza de la crisis lo exija” el jefe del Ejecutivo puede “decidir motivadamente que el Consejo de Ministros (…) puedan celebrar sesiones, adoptar acuerdos y aprobar actas a distancia por medios electrónicos”.

Aunque, como han recordado algunos en las redes, esta modificación normativa recuerda la que hace un par de años realizó el art. 2 de la Ley 2/2018, al introducir cuatro nuevos apartados en el art. 35 (“Medios telemáticos”) de la Ley 13/2008, y que en su mayor parte fue declarada inconstitucional en la STC 45/2019, no se trata de normas similares. La diferencia fundamental es el intento de la ley catalana de establecer la celebración telemática de las reuniones del Consejo de Gobierno como regla general, como alternativa ordinaria a su celebración presencial, como recogería el apartado 3, al señalar que las sesiones del Gobierno pueden desarrollarse “tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario”.

La argumentación del Tribunal para declarar la inconstitucionalidad de este punto de la ley se centra en señalar el carácter extraordinario que la utilización de este tipo de medios debería tener en el sistema constitucional español.

La sentencia recuerda la condición colegiada del Consejo de Ministros, que requiere la participación de sus miembros. “Unos y otros deben participar en las deliberaciones y adoptar sus decisiones de forma colegiada, pues son (…) miembros del Gobierno correspondiente, en tanto órgano colegiado que así lo es”.(FJ5)

A continuación señala la necesidad de la deliberación previa en este tipo de órganos colegiados, entendiendo esta como “el intercambio de opiniones, pareceres y enfoques”(FJ 6) en las sesiones de gobierno cuyo “carácter deliberativo es consustancial a la naturaleza de las decisiones que se adoptan en aquellas” (FJ 5) que de otro modo no podrían “formar debidamente su voluntad”.

Sigue la sentencia la linea de otra sentencia reciente 19/2019 que al hablar del Parlamento establecía que sólo la interrelación directa e inmediata propia de la deliberación “garantiza que puedan ser tomados en consideración aspectos que únicamente pueden percibirse a través del contacto personal” [FJ 4 A) b)], advirtiendo que el contraste de opiniones y argumentos entre personas que se hallan en lugares distintos no permite percibir las intervenciones espontáneas, los gestos o reacciones —la denominada comunicación no verbal— de la misma forma que en una reunión presencial. La separación física no permite conocer todo lo que está sucediendo en el otro lugar, por lo que el debate puede no discurrir de la misma manera y cabe que la decisión no se decante en el mismo sentido. Por avanzados que sean los medios técnicos que se empleen, una comparecencia telemática no puede considerarse equivalente a una comparecencia presencial [FJ 4 B) b)].”

De esta manera “no es indiferente que el debate sea presencial o a distancia” ya que “(s)i el debate previo no fuera esencial para la adopción de decisiones colectivas, las sesiones del órgano colegiado se podrían sustituir por la comunicación al presidente del criterio individual de cada miembro sobre cada asunto del orden del día, computándose luego el resultado final.” (FJ 6)

Otros argumentos más discutibles señalados por el Tribunal, además del de la correcta formación de la voluntad, son el de las garantías y la visibilidad. En la parte de garantías el Tribunal señala que “El ejercicio de sus funciones, sin temor a interferencias externas, la propia seguridad de sus miembros, la libertad con que deban afrontar su participación en los debates y deliberaciones y el secreto que deben preservar respecto de estas pueden no quedar protegidas en una reunión a distancia con las mismas garantías que en una presencial.”, algo discutible desde una perspectiva técnica. Pero más discutible aún resulta el argumento de la visibilidad, no deja de resultar curioso señalar que las reuniones presenciales doten a las decisiones de mayor visibilidad, cuando tanto la ley de gobierno (art. 5.3) como la fórmula de toma de posesión de los ministros establecen el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.

Como consecuencia el Tribunal concluye que la toma decisiones colegiadas por parte del gobierno “no resulta compatible con un régimen jurídico que le puede permitir, de modo general y según su libre decisión, celebrar sus sesiones plenarias a distancia y por vía telemática, sin contacto personal entre todos o con algunos de sus miembros”. (FJ 3)

Pero es la propia Sentencia la que asume la validez de estos mecanismos “en circunstancias de fuerza mayor” eso si “con sujeción a estrictas reglas que salvaguarden el adecuado ejercicio de las funciones que le corresponden.” Censurando la equiparación de ambos mecanismos pero sin excluir la “constitución”, “Celebración” y la “adopción de acuerdos” siempre que sea algo excepcional, justificado y con las básicas garantías.

Otro elemento de la sentencia aplicable a la reunión de hoy es que, junto a la constitucionalidad de este tipo de reuniones cuando se hagan de forma excepcional y justificada, el texto declara también la inconstitucionalidad de incluir entre los medios electrónicos válidos para estas reuniones el correo electrónico, incluido en la ley catalana. De ahí que, según el Tribunal Constitucional, cuando en circunstancias excepcionales se empleen medios electrónicos para este tipo de reuniones, sólo serían utilizables la audioconferencia y la videoconferencia, como recoge la reforma de la ley de gobierno que estamos comentando.

Otro problema que plantea la sentencia es el de las regulaciones de Andalucía y Aragón, que parece que también permitirían el uso de estos medios de manera ordinaria para reuniones del Gobierno. Según el art. 33.1 de la primera “El Consejo de Gobierno podrá utilizar redes de comunicación a distancia o medios telemáticos para su funcionamiento. A tal fin, se establecerán los mecanismos necesarios que permitan garantizar la identidad de los comunicantes y la autenticidad de los mensajes, informaciones y manifestaciones verbales o escritas transmitidas.” (Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía), en la misma línea el art. 15.3 según el cual “El Gobierno podrá constituirse y adoptar acuerdos mediante el uso de medios telemáticos” (Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón). El TC tras señalar su imposibilidad de juzgar la constitucionalidad de ambos artículos (que no han sido objeto de recurso) señala que la inclusión en el texto catalán de la expresión “salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario”, sería una muestra clara de la intención de establecer “la libre discrecionalidad para optar por una u otra forma de actuación” como regla general, lo que, como hemos visto, sería el motivo principal de su inconstitucionalidad. Siendo cierta la argumentación del TC, el hecho de que ni la ley Andaluza ni la Aragonesa hagan mención a su excepcionalidad, como si hace la ley nacional, es señal suficiente para interpretar que la celebración telemática de estas reuniones, en ambas leyes, no requeriría de justificación excepcional, aunque tras la sentencia 45/2019, habría que empezar a interpretarlo de otra manera.

Por último cabe señalar un aspecto anecdótico que escapa de lo jurídico: el “por qué” de la celebración del Consejo de Ministros del sábado 14 de marzo, en la que tanto el Presidente como el Vicepresidente asistieron pese a que sus respectivas esposas habían contraído el virus, cuando hubiera sido posible utilizar la misma fórmula. Lo publicado apunta a la complejidad de los asuntos a tratar, aunque los temas del Consejo de Ministros celebrado el martes 17 de marzo no parecen mucho más sencillos, pero eso es otra historia.

Honestidad brutal

Honestidad brutal

La verdadera transparencia no trata de ocultar el contenido de las negociaciones, sino de evitar que con motivo de su exposición, acabe por alterar este contenido

La democracia se sostiene en la creencia de que el diálogo es la mejor forma de adoptar decisiones, y que cuando estas son fruto de la negociación se acercan más al interés general que cuando se adoptan de manera unilateral y se imponen a los demás por cualquier vía. No es de extrañar que, en consecuencia, la falsedad sea el enemigo público número uno de la democracia, sobre todo cuando, en determinados ambientes, no hay nada más eficaz que un “sinceramente” para activar todos los detectores de mentiras.

En este contexto, desde hace un tiempo se viene asumiendo que no hay nada mejor que exponer al público las actuaciones de nuestros líderes políticos, para garantizar que sus acciones se orienten siempre al interés público. De esta manera se abre paso una concepción cuantitativa de la transparencia, una transparencia radical, que vincula proporcionalmente su calidad con el volumen de información ofrecida. A esto hay que añadir el tiempo; un segundo elemento que a la necesidad de exponer públicamente sus acciones añade la de hacerlo en directo, en tiempo real y sin retraso de ningún tipo.

En la mayoría de los casos este nuevo ‘reality’ político solo tuvo el capítulo piloto, sin ir a más

En 2015, la tendencia alcanzó su cenit cuando, en una mezcla de buenismo e ingenuidad, se empezó a anunciar que las negociaciones para la formación de gobiernos se realizarían frente a las cámaras y en rigurosísimo directo. Podemos y el PSOE en Extremadura, Zaragoza en Común, Somos Alcalá o Sí se puede Valladolid aseguraron que, para que quedará constancia, grabarían todas sus reuniones con los grupos políticos y las subirían a internet. En la mayoría de los casos este nuevo ‘reality’ político solo tuvo un capítulo, capítulo piloto, sin ir a más. Sólo cuando se cerraron las puertas y continuaron las reuniones, se lograron pactos, un final feliz para los partidos. Es sintomático que de aquellas reuniones grabadas hoy no quede ni rastro y que en este 2019, cuando ha habido que sentarse de nuevo en torno a una mesa para negociar nuevos gobiernos, se haya hecho sin rastro del streaming.

Sin embargo no han cesado las coberturas en tiempo real, con minuto y resultado, que al pretender convertir lo anecdótico en categoría terminan ofreciendo un contenido que no difiere mucho del ofrecido en la cobertura de “la boda del siglo” de cada año: qué llevaban puesto los invitados, por dónde accedieron al local, la hora exacta o el menú degustado, o temas con mucho más interés político como si usan Telegram o Whatsapp, quiénes son los negociadores en la sombra, o si la comisión es o no paritaria. La información queda sepultada entre millones de datos y anécdotas. Hay sitio para la distracción, para el misterio, la intriga, la sorpresa… Mientras que las preguntas verdaderamente importantes quedan sin responder. Sobra transparencia y falta política.

El selfie contra la política

La transparencia en tiempo real se convierte en postureo. Un selfie permanente en el escenario político, donde el objetivo buscado queda en un segundo plano, superado por la prioridad de que conste en acta. La negociación deja de ser un medio y se convierte en un fin en sí mismo. Y en consecuencia, se adoptan posiciones para la foto, independientemente de que puedan alejar o acercar el acuerdo. Hacen como aquellos que prefieren ir cambiando el decorado en lugar de viajar, convencidos de que así pueden viajar sin salir de casa. El problema es que, como estos turistas de cartón piedra, entre selfie y selfie nuestros líderes dejan de lado el fin de la política.

Llega hasta tal punto la distancia entre la negociación y su representación que las instituciones dejan de ser el lugar donde se adoptan las decisiones políticas para convertirse en el escenario donde esa decisión se hace pública. No en vano algunos órganos, a los que la ley ha sometido a esta transparencia radical haciendo obligatoria la publicidad de las deliberaciones entre sus miembros, han adoptado la costumbre de reunirse previamente a la sesión pública para adoptar su decisión, que luego escenifican ante las cámaras.

La transparencia en tiempo real se convierte en postureo. Un selfie permanente donde el objetivo buscado queda en un segundo plano

La negociación se vuelve puro espectáculo. Se convierte el diálogo, que debería ser un ejercicio fundamentalmente racional, en una actividad puramente emocional, en una especie de pulso narrativo en el que se buscan giros; una reacción destemplada o una decisión a destiempo que consiga debilitar la posición del adversario frente al público. Así no es de extrañar que en esta sucesión de monólogos las ofertas se hagan cara a la galería, antes de llegar siquiera al otro lado de la mesa, poniendo de manifiesto quién es el auténtico destinatario, y cuál el verdadero objetivo.

La negociación se vuelve pura táctica, más de zasca que de acuerdos, y la competencia se impone a la cooperación. Se sustituye la colaboración por la batalla, y en lugar de buscar objetivos compartidos, la negociación busca debilitar la posición del otro para poder imponer la posición propia. Se cumple indefectible la fórmula mágica por la que, a mayor cantidad de ruido, menor posibilidad de acuerdo.

Las redes sociales se convierten en el escenario ideal para este espectáculo. En ellas se puede reaccionar en tiempo real, exponer impresiones, llamar la atención a la vista de todos, para disfrute del estimado público. No es de extrañar que alguno de los líderes políticos de antaño haya advertido que si hubiera existido twitter no habría salido adelante nunca la Transición.

La negociación se vuelve pura táctica, más de zasca que de acuerdos, y la competencia se impone a la cooperación

La verdadera transparencia, la que puede ayudar a consolidar la democracia, no trata de ocultar el contenido de las conversaciones, sino de evitar que con motivo de su exposición, acabe por alterar este contenido. Para lograrlo, lo imprescindible es hacer público el acuerdo, una vez adoptado, para que los ciudadanos puedan conocer todos sus extremos y evaluar su cumplimiento.

No se trata de demonizar la transparencia pero tampoco de convertir una concepción radical de la misma, que no es compartida por todos, en el criterio más importante para valorar el estado de nuestra democracia. Si bien es cierto que “la luz del sol es el mejor desinfectante” estamos descubriendo que el panóptico de Bentham en el que todo está a la vista es el camino más directo a la parálisis política. Y en último término y como advertía Byun-Chul Han, “el final de los secretos sería el final de la política“.

Publicado en El Confidencial

 
 

Con publicar los viajes no basta

Decía Bentham en sus ‘Tácticas Parlamentarias’ que la publicidad «constituye uno de los supuestos en que descansa el espíritu del parlamentarismo”. Así lo establece el artículo 80 de la Constitución, y así ha estado presente de manera casi constante en las Constituciones históricas de España desde su aparición en la Constitución gaditana de 1812, al establecer que las sesiones plenarias de las Cámaras «serán públicas”.

Este principio básico para el funcionamiento democrático, que no se puede limitar a los medios del siglo XIX como la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes, se acentúa aún más en tiempos de desafección política, donde el Parlamento debe reivindicarse como la puerta de acceso a la política de la sociedad. De ahí que este concepto de publicidad, básico para que el Parlamento cumpla su función representativa, se amplie más allá de las sesiones parlamentarias en un principio, el de transparencia, que apuesta por hacer público y comprensible todo aquello relacionado con la institución. La transparencia parlamentaria se presenta así como un criterio de innovación política y una medida sobre la evolución del desarrollo de la democracia.

De ahí que el debate sobre la publicidad de los viajes de congresistas y senadores, que nos lleva casi irremisiblemente a la publicidad de sus agendas, no es sólo un debate sobre el control del uso que de los fondos públicos hacen nuestros representantes (como se deduce del acuerdo alcanzado por los grupos mayoritarios) sino que va mucho más allá del necesario control de medios y ciudadanos.

Así lo entiende la Ley de Transparencia, que frente a lo que algunos dicen, sí establece la obligación de transparencia para todos aquellos órganos e instituciones públicas, no sólo para la Administración. Aunque es cierto que las Cortes tras la entrada en vigor de la Ley estarán directamente obligadas a publicar sólo la información sometida a Derecho administrativo, lo que supone la obligación de publicar todo lo relativo a la gestión económica y presupuestaria, contratación, política de personal, retribuciones, subvenciones, convenios, obras e instalaciones o gestión patrimonial.

La ley emplaza al Congreso, el Senado y las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas a que, desde su autonomía normativa garantizada por la Constitución, asuman un compromiso con la transparencia que desarrolle los principios que establece la ley y que ésta, por respeto a la separación de poderes, no ha podido establecer como obligatorio para los órganos legislativos más allá de los aspectos administrativos.

Y este emplazamiento genera una obligación legal todavía pendiente de desarrollo.

Estas obligaciones abarcan tanto la publicación actualizada de información “cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública”, como la obligación de proporcionar a los ciudadanos la información que estos solicitan en cualquier ámbito del funcionamiento de las instituciones públicas.

De ahí que, a pesar de las críticas recibidas, podamos decir que en España la Ley de Transparencia supone una apuesta clara por un sistema de transaparencia de la información pública que va mucho más allá del control del uso de los fondos públicos la lucha por la corrupción y asume, no sin reservas en forma de excepciones, el valor de la información pública como herramienta para mejorar el trabajo de las instituciones y la calidad de la democracia.

No se trata de un problema coyuntural, provocado por los líos de un exsenador, ni de una demanda de ‘frikies’ tecnológicos indiferente para la sociedad. Entre los que se oponen a esta posibilidad, anclados en la máxima del “esto siempre se ha hecho así” para descalificar estos “experimentos” se suelen emplear tres falacias que es conveniente deshacer:

  • La transparencia estará al servicio del ‘morbo’ de los espacios televisivos” que sólo se fijarán en los aspectos anecdóticos de los datos publicados, considerando a la sociedad como inmadura e incapaz de distinguir lo accesorio de lo fundamental.
  • El exceso de información no es transparencia. Esta afirmación desconoce los avances tecnológicos en el procesamiento de los datos, o el surgimiento de iniciativas periodísticas muy valiosas dentro del denominado “periodismo de datos” que ya cuentan con las herramientas y el talento suficiente como para, sobre amplios volúmenes de datos publicados, transformar esa información en conocimiento.
  • Demasiada transparencia va en contra de la confianza en el sistema representativo. Esta forma de pensar mantiene que la exigencia de que la transparencia exterioriza una desconfianza hacia los representantes y que, por tanto, acaba deteriorando el sistema, ignorando los profundos cambios sociológicos que se han producido en los últimos años en la sociedad española, que ahora es una sociedad madura, repolitizada y con una demanda alta de participación activa en los asuntos públicos. No se trata de considerar a los parlamentarios como mejores de edad necesitados de tutela sino, por el contrario, ampliar la esencial función representativa con la colaboración y la participación de la ciudadanía.

El estándar de comportamiento ha cambiado y lo que hasta hace poco era contemplado como un problema estético es visto ahora por la opinión pública como un verdadero problema ético. La sospecha sobre la existencia de ámbitos relativos al funcionamiento de las Cámaras que todavía no son conocidos resulta más dañina que el posible “ruido mediático” que pudiera generar la publicación proactiva de esta información.

Cada día cobra más actualidad el principio clásico de la comunicación política según el cual, si no puedes explicar una actuación política es mejor no hacerla y por eso, en el contexto actual, es mejor anticiparse y ser proactivo publicando la información que no tener que llegar a dar explicaciones arrastrado por las circunstancias.

No existe el menor obstáculo jurídico para que las Mesas establezcan, cuanto antes, el marco jurídico necesario para la aplicación de la ley de transparencia que incluya los contenidos del portal de transparencia parlamentaria y regule el procedimiento de acceso a la información pública del parlamento, lo que se necesita es determinación política para hacerlo.

Ha llegado el momento de ser valientes y, desde el respeto a la amplia autonomía normativa que tienen las mesas de las Cámaras, afrontar el desarrollo integral de la ley más allá de la publicación o no de los viajes y las agendas públicas de los parlamentarios.

No se trata sólo del control económico-administrativo, sino de mejorar el conocimiento del trabajo que realiza la institución y facilitar las relaciones entre representantes y representados. Para ello será necesario agrupar dentro del portal de transparencia la información que hoy se puede encontrar dispersa en la web del Congreso, y añadir otra información hoy inexistente -como por ejemplo las funciones de los parlamentarios, su organigrama, la información complementaria a las iniciativas legislativas, la relación del personal de confianza, las peticiones recibidas, los regalos o las consultas más habituales-.

No se trata sólo de de saciar la curiosidad ciudadana, sino de adaptar el Parlamento a las nuevas exigencias ciudadanas. Sólo así podrá evitar los cantos de sirena de los que pretenden sustituir la soberanía nacional por un poder popular informe, y seguir siendo el pilar sobre el que se sustenta el edificio de nuestra democracia.

Nomanifiesto

Nomanifiesto

En los últimos días, y casi simultáneamente, se han presentado ante la opinión pública dos manifiestos relacionados con el proceso independentista de Cataluña: Libres e iguales y Una España Federal en una Europa Federal.

Los promotores de estas iniciativas sin duda actúan movidos por el interés de defender públicamente su posición y tratar de influir activamente en un proceso político con importantes consecuencias.

No es la primera vez hace unos meses también surgieron distintos manifiestos en torno a la regeneración democrática. Una sencilla búsqueda en google nos devuelve una lista interminable de ellos:

A la vista de tanto manifiesto y sus escasos resultados me planteo si esa es la mejor opción, o, dicho con otras palabras, ¿responden los manifiestos a la forma de incidir en política en el siglo XXI?

Yo, que he sido promotor y abajofirmante de algunos de ellos, creo que a los manifiestos se les ha pasado el arroz, al menos entendidos como un fin en si mismo:

  • Son una herramienta de las élites en una época dónde la legitimidad es cada vez más distribuida.
  • Son un mecanismo de impacto, fundamentalmente mediático, en una época en la que la eficacia de la movilización se sustancia en la recurrencia.
  • Son un concepto excesivamente racional en una época donde la movilización social tiene un alto componente emocional.
  • Son una foto estática en blanco y negro, detrás de una mesa, frente a iniciativas llenas de color y movimiento.
  • Son, aunque pueda parecer paradójico, lo más parecido al activismo de salón, que tanto se critica en el ciberactivismo.

De ahí que considere que los manifiestos pueden ser útiles como bandera de enganche, como medio no como fin. Una herramienta, como el manifiesto de Podemos para dar visibilidad y motivación a una plataforma social que se vaya construyendo con el tiempo, que una sensibilidades distintas y proponga una serie de acciones que mantengan el tema en la agenda y vayan logrando pequeños “éxitos” de movilización social hasta configurarse como un verdadero grupo de acción política y social.

Este es mi nomanifiesto, admito firmas y desfirmas, de intelectuales y no intelectuales.

Las redes sociales, el front desk del gobierno abierto

La Diputación de Alicante ha organizado, junto a Acop, un Seminario sobre la Modernización de la Comunicación Política. Gracias a la invitación de Adrián Ballester he podido preparar una presentación sobre las redes sociales en la administración.

Esta vez la presentación no es muy explicita, por lo que os comparto mis notas por si queréis profundizar un poco más en el tema (el número de la diapositiva sirve para separar las notas).

1. Un repaso a la literatura sobre el tema, facilitado enormemente por Novagob, ofrece una colección de artículos 10 razones, 10 cosas, 10 motivos, 10 errores, 10 amenazas, algunos disparadores, otras 10 razones… muy en la línea de esos textos tan habituales en internet, que son tremendamente útiles para despertar el interés pero que al terminar vuelven a dejar al usuario “sólo ante el peligro”.

2. Se trata de textos, excelentes en su mayoría, pero que se parecen más a uno de esos médicos que te dice qué tienes que comer para adelgazar, habitualmente a través de recetas imposibles, en lugar de enseñarte a comer. Recomendaciones más centradas en el cómo que en el por qué.

También existen análisis de la situación de las distintas administraciones en las redes sociales, tanto desde la perspectiva de su presencia y su gestión, esenciales los de Criado y Rojas, como desde la perspectiva de su regulación, dónde destaca un estudio de Ana Collado en vías de publicación.

Como conclusión podríamos decir que, tal y como muestran Criado y Rojas, no sólo todas las CA tienen hoy tiene su perfil social sino que incluso tienen una unidad responsable de su gestión y, al menos 4 de ellas, tienen incluso sus guías de uso (Valencia, PV, Cataluña y Castilla y León).

Además cuentan con un departamento responsable de su gestión, 12 desde comunicación, dos desde “atención al ciudadano”, y una desde “administración pública”. Esto se refleja también en el caso de la AGE, dónde según el estudio de Collado, todos los ministerios en esta legislatura tienen incorporada la cuestión en sus RD de estructura atribuyendo las competencias entre los departamentos de tecnología, comunicación y servicio al ciudadano (algunos en los tres, otros en dos o en uno).

En un foro sobre la modernización de la comunicación política podemos decir que la gestión de las redes sociales se encuentran en su juventud, superada ya la adolescencia (con brillante aportación de Jordi Rodríguez-Virgili). Así nos lo muestra un estudio de Kreab Gavin Anderson, realizado en la Administración General del Estado.

3. Si avanzamos en el por qué, quizás el primer punto es entender las redes sociales. Saber si se parecen más a un teléfono a un televisor.

4. La respuesta sería “a un teléfono con manos libres” en el que todo el mundo puede escuchar lo que dices y lo que te dicen. Las redes no son un medio de comunicación, ni siquiera una forma de información, son, nada más y nada menos, que un canal de comunicación. Como advertían Boyd&Ellison “lo que hace que las redes sociales sean únicas, no es que permitan conectar con extraños, sino más bien que habilitan a los usuarios a articular y hacer visible sus redes sociales” (2007:211).

5. De ahí que, en mi opinión, tenga poco sentido hablar de las redes sociales como altavoz (con el que llegar a población joven que “sólo” está en las redes sociales, como máquina expendedora de servicios, o como termómetro (reflejo de la opinión pública).

6. Las funciones de las redes sociales van mucho más allá, hasta configurarse como el frontdesk del gobierno abierto, la columna vertebral de la modernización de la administración.

Entre las funciones tendríamos la comunicación, entendida más bien como influencia, como poner información en el terreno de juego de la opinión pública para que los particulares puedan distribuirla en sus círculos de confianza.

Tendríamos también la escucha a través de la que detectar alertas, tendencias…

Los servicios no como una máquina de café para todos a la que pedir y agitar protestando cuando no nos da lo que necesitamos sino como mucho más, como una forma de personalizar esos servicios, ayudándonos a prioritarlos y ajustarlos a las necesidades de la población.

Pero dónde más posibilidades existe es, probablemente, en el campo de la colaboración, donde las redes sociales nos ofrecen la oportunidad de “permitir la colaboración distribuida, el intercambio de información y la creación de inteligencia colectiva a gran escala, a todos los niveles, desde el local al federal” (Chun et al., 2010:5). En España tenemos buenos ejemplos de esta función en el trabajo del Ministerio del Interior que junto a algunos de sus organismos está presents en distintas redes sociales. Estas redes además de proporcionar información de interés relacionadas con el tráfico (estado del tráfico, consejos para realizar viajes, cambios normativos, educación vial, seguridad vial, información de interés y trámites) o la polícia (con campañas como #micasaasalvo que ofrecía consejos y recomendaciones para mantener el domicilio habitual a salvo durante las ausencias provocadas por las vacaciones), recibe, gestiona y canaliza (…) alertas e información de utilidad policial que los ciudadanos envían al Cuerpo Nacional de Policía a través de mensajes o tweets y que, después de estudiarlos individualmente, se canalizan hacia la unidad operativa correspondiente. Este tipo de colaboración se ha reforzado con acciones específicas como la tweetredadas, en la que “se solicitaba la colaboración ciudadana para que de forma anónima aportasen cualquier dato o información que considerasen de interés sobre narcotráfico”. Según el informe del gobierno español para el OGP, “hasta la fecha se han recibido más de 13.000 denuncias, que han llevado a más de 350 detenciones y a la incautación de cientos de kilos de diferentes sustancias estupefacientes”.

Aquí es dónde está la clave, en la coproducción de servicios públicos, en la revisión del papel del Estado, entendido como plataforma o facilitador, o al menos que deja de ser un obstáculo para que los ciudadanos traten de resolver los problemas de la sociedad. No se trata sólo de opiniones y sugerencias, que suelen adoptar la forma de muro de las lamentaciones virtual, sino de la cocreación de contenidos y servicios en la que los ciudadanos desempeñan el papel de protagonistas. Eso obliga a la administración a salir a la calle, a dejar de esperar a que vengan los ciudadanos, y acudir dónde está el interés y el talento, a aprender, a ofrecerse y a tratar de involucrar a los ciudadanos en la búsqueda de soluciones.

El quinto elemento es la participación, algo que no se puede plantear sólo desde una perspectiva técnica, desde la mera posibilidad, sino dentro del esquema del sistema democrático, dónde las mayorías no son el único elemento a tener en cuenta, evitando la dictadura de una población políticamente movilizada o el debate político sin la existencia de un espacio público, de una comunidad…

7. Para cumplir estas funciones el contenido y la gestión de la comunidad, son las herramientas imprescindibles.

Un contenido divertido, social y habitual, interesante, que aporte valor y entienda que los ciudadanos no consumen datos, consumen historias.

Que trate de lograr que la política se parezca más a un ejercicio fascinante, relevante, que cambia vidas más que a una obligación más, asimilable a las que se desempeñan durante la jornada laboral. Como dice el que fuera alcalde de San Francisco, Gavin Newsom, en Citinville “alimentar a la gente con vegetales con forma de galletas”.

En lo que se refiere a la comunidad, viene bien recordar las palabras de Elliot Schrage cuando hablaba de la necesidad “de comunicar el mensaje, localizar a la comunidad y construirla con la ayuda de sus miembros”. Ofrecer contenido y servicios es condición indispensable para cumplir las funciones de la administración en las redes, pero no es suficiente, no es más que una proporción mínima del esfuerzo necesario que hay que complementare con el esfuerzo de dar a conocer estos trabajos, llevárselos a la gente dónde esta se encuentre.

8. Es necesario tirar el muro que separa la administración de los ciudadanos, y las redes sociales pueden ser un contundente martillo. Hoy el uso de las redes en la administración ofrece la sensación de unas ventanas cerradas que dejan ver lo que se quiere pero no dejan entrar y formar parte pero es una auténtica necesidad de la democracia. Los que llevamos tiempo hablando de gobierno abierto tenemos la obligación de empezar a hablar del Gobierno abierto para todos. Es duro para los que llevamos un tiempo en esto pero el gobierno abierto tiene que dejar de ser algo sofisticado, cool, y convertirse en algo al alcance de cualquiera, los famosos dummies.

Otro principio básico para tirar el muro es dejar de pensar en el gobierno abierto, o en alguno de sus elementos como la participación, como algo de perroflautas. Estoy convencido que la movilización social para las políticas públicas cada día es más importante para la reputación, la autoridad y el impacto de la administración (Heidinger et al., 2010), no se trata sólo de una herramienta de venta o de un servicio de reparaciones sino del campo de batalla fundamental de la democracia hoy en día. Una batalla que, como recuerda con frecuencia Alecc Ross, no se disputa entre la derecha y la izquierda sino entre los sistemas abiertos y los sistemas cerrados.

9. No voy a dar recetas pero si me gustaría apuntar algunos retos, inspirados en los que señalan Criado y Rojas, como fruto de la consulta a los responsables de las redes de las administraciones autonómicas:
– La integración de las redes en la administración, en todos sus departamentos, no sólo en los de comunicación o atención al ciudadano.
– La de ir acumulando y compartiendo experiencia dentro y entre las administraciones.
– El no olvidar que las redes no son más que el front desk de la administración, que tiene en la web su archivo y su agregador, lo “permanente”.