Un mes para Gobernalab. Internet y redes sociales en la comunicación política. (Madrid, 4-6/4. 2014)

Se por experiencia que la oferta sobre el uso de internet en política es inagotable (y un poco agotadora). No hay Master o jornada que no incluya una o varias sesiones sobre el uso de internet en campaña, y es difícil encontrar cosas nuevas en el mercado.

Hace unos meses encontré una el Hacklab del PSOE, que organizaba Cesar Calderón, y estaba reservado a militantes y activistas socialistas…. no pude asistir;)) De ahí que desde entonces insistiera a Cesar en lo bueno que sería montar algo similar abierto al público y, con la colaboración de Goberna (Fundación Ortega y Gasset) y después de algunas vueltas lo hemos conseguido.

El próximo viernes 4 DE ABRIL empieza en Madrid el Gobernalab, un “laboratorio” sobre el uso de internet y redes sociales en la comunicación política.

Al diseñarlo hemos intentado primar la experiencia, no queremos oír sólo cómo se hacen estas cosas, queremos oír cómo se han hecho hasta ahora y por qué por lo general muchas iniciativas no han terminado de funcionar. Hemos cuidado también la pluralidad, porque nos interesa la experiencia de cualquiera que, a pequeña o gran escala, haya intentado cosas nuevas en el uso de las Tic en política, y tenga suficiente capacidad crítica para contarlo.

Si algo puedo decir es que hemos conseguido un programa diferente. Un programa de tres días, en el que los participantes realmente van a tener un papel protagonista, elaborando un caso durante todo el fin de semana.

Empezaremos con la inauguración en la que Pablo Casado, Diputado y responsable de redes del Partido Popular y Ander Gil, Senador y coordinador de la OSSI del PSOE, nos contarán los últimos avances de los partidos.

Seguirá una conferencia de César Calderón, “Tecnopolítica, cartografía de un nuevo territorio” y un Beers & Campaigns, con el que acabará la primera jornada.

El sábado 5 DE ABRIL, el programa está repleto. Empezamos con la disección de dos campañas políticas en Internet. Una me toca a mi y la otra a Pablo Pombo.

Después Icaro Moyano, nos hablará de estrategia y Esteban Mucientes, Ana Aldea y David Alvarez se atreverán a enseñarnos la caja de herramientas de una campaña política o institucional en internet: Métricas, Redes sociales y Grassroots

Seguiremos con dos casos prácticos sobre la Gestión de crisis políticas en internet, uno de Isabel Díaz Ayuso, responsable online del PP Madrid, que de crisis online sabe un rato y otro de Ana Salazar, consultora política especializada en gestión de crisis en internet

El domingo 6 de ABRIL toca un taller sobre Blogs políticos e institucionales, impartido por Fernando Tellado y otro sobre Monitorización y gestión de perfiles sociales con Carlos Gutiérrez.

Para acabar con la presentación de los casos elaborados por los participantes.

¿Quién se apunta?

Parlamentos abiertos. Tecnología y redes para la democracia.

No ha sido fácil pero ya está aquí. El próximo 17 de marzo a las 19.00 en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales un diálogo sobre gobierno abierto y tecnología entre los Diputados Eduardo Madina y Pablo Casado, presentado por Imma Aguilar y moderado por Antoni Gutiérrez-Rubi, servirá para presentar “Parlamentos abiertos: Tecnología y redes para la democracia” (Congreso de los Diputados, 2014).

El libro es fruto del trabajo de un grupo de investigación multidisciplinar que está formado por Imma Aguilar, José Angel Alonso, David Alvarez , Eva Campos, José María Coello de Portugal, Miguel Angel Gonzalo, Antoni Gutiérrez-Rubi, Andrés Medina, Patricia Polo, Irene Ramos, Roberto Rodríguez, Rafa Rubio y Aitor Silván y Mihaela Loredana Stan. Nació como una mesa de trabajo para el I Congreso Internacional de ALICE y desde entonces ha ido evolucionando hasta convertirse en el libro que ha llegado a las librerías.

Para hacerse una idea del contenido puede servir el índice:
1.- Historia, concepto y evolución del Parlamento 2.0 (Eva Campos Domínguez)
2.- Parlamento, derecho parlamentario y nuevas tecnologías: ¿una discusión nueva? (José María Coello de Portugal )
3. La evolución de los e-parlamentos en el mundo. Análisis de los standards de la UIP y del Wold E-Parliament Report.(Andrés Medina)
4. La página web del Congreso de los Diputados: democracia y comunicación. (Miguel Ángel Gonzalo)
5. La nueva página Web del Senado. (José Angel Alonso)
6. Parlamentarios 2.0: presencia y actividad de diputados y senadores españoles en las redes sociales. (David Álvarez Sabalegui y Roberto Rodríguez Andrés) 195
7. ¿Hacia parlamentos autonómicos 2.0? Un balance comparado. (Irene Ramos Vielba. Aitor Silván. Loredana Stan. Patricia Polo
8. Ciberactivismo y Parlamento: Movimientos sociales e iniciativas ciudadanas por la transparencia y la participación. (Imma Aguilar Nàcher)
9. Parlamento Abierto y política de proximidad. (Antoni Gutiérrez-Rubí)
10. Knocking on the Parliaments door (Parlamentos digitales en la era de la participación). (Rafa Rubio Núñez)

Además el libro incluye un prólogo del hasta ahora Secretario General del Congreso, Manuel Alba, que no dejará a nadie indiferente y una bibliografía básica con las obras imprescindibles para entender los Parlamentos Abiertos.

Para los interesados el libro se puede adquirir en la tienda del propio Congreso de los Diputados (San Jerónimo 36) o bien por correo enviando este formulario impreso http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/CatPubli/formulario_pedido_publicaciones.pdf (sí, muy tecnológicamente avanzado… pero intentaremos poder poner a disposición de los interesados una versión digital)

Seguiremos informando…

La colaboración inteligente o cómo pedir un favor.

Es normal en conferencias, entrevistas, post y tweets varios invocar la importancia de la colaboración en un mundo conectado. A pesar lo habitual de esta retórica la realidad, al menos en mi experiencia, es bastante distinta, y podríamos decir que, cuando abandona internet, la colaboración es uno de los valores más mentados y menos ejercitados de esto que llamamos la “sociedad red”. No dudo que el mundo “real” (si todavía existe) cada vez está más influido por las reglas de la red pero en este campo todavía queda un largo trecho, especialmente cultural, por recorrer.

Su falta de “uso” no es sólo habitual en el mundo político (a pesar de ser considerada como uno de los tres pilares del gobierno abierto), también es muy habitual en el mundo empresarial e incluso en el mundo académico, donde las colaboraciones suelen ser una contada excepción y la combinación del yo me lo guiso yo me lo como y el do ut des siguen siendo las normas habituales de comportamiento. Hoy en día la colaboración parece aplicarse sólo cuando no hay dinero o notoriedad por medio. Todavía es poco habitual colaborar sin pedir nada a cambio, compartir contactos, involucrar a otros más especializados en un proyecto profesional, e incluso retuitear algún éxito de la “competencia”. Al final casi siempre intentamos hacer nosotros todo, vender nosotros todo, y conservar nuestros contactos e información en exclusiva… Así las cosas es difícil creer que caminamos irremisiblemente a una sociedad donde la colaboración sustituiría a la competencia.

La colaboración se materializa, entre otras cosas, en el gesto de pedir y que te pidan favores. La manera de hacerlo es, en mi opinión, bastante reveladora en la que se entiende la colaboración. Por eso, en base a experiencias muy recientes, he decidido reunir algunos pequeños “consejos” para pedir un favor:

1. Aunque pueda resultar evidente usa el “por favor”. Hay personas que parece que te hacen el favor de pedirte un favor, piden favores como si repartieran condecoraciones, como haciendo “que parezca un accidente”.
2. Ahórrale a la secretaria. El favor se justifica en cierta relación de confianza, no crees innecesariamente intermediarios.
3. Intenta no jugar en casa. Desplázate a su oficina o queda en un sitio que venga bien a la otra persona.
4. Intentar llegar puntual, no hagas esperar… cualquier cosa que no añada un esfuerzo adicional al favor que pretendes.
5. Piensa qué le puede aportar al otro lo que le estas pidiendo, trata de plantear tu proyecto de manera que pueda sacar algún tipo de beneficio real.
6. Mide el grado de confianza y la capacidad de interlocutor. Ni abuses, ni obligues a decir que no, y por si acaso deja siempre la puerta del no muy abierta.
7. Pide cosas “serias”, y que no puedas conseguir de otra manera. Que el favor no sea una vía para ahorrarte esfuerzo.
8. Deja claro la importancia de la ayuda que solicitas y la idoneidad de la persona a la que estás pidiendo el favor.
9. Ofrece toda la información, incluyendo efectos secundarios y posibles daños colaterales.
10. No plantees nunca tu propuesta en términos de reciprocidad: “como yo te he…” pero no dejes de pensar nunca en otras formas de ayudar al otro, aunque no tengan una relación directa con tu proyecto.
11. Da las gracias… (e intenta pagar la cuenta)
12. No seas pesado en el seguimiento de si ha podido hacer aquello a lo que se comprometió pero…no dejes de mantenerle informado de los avances relacionados con tu propuesta (aunque no estén directamente relacionados).

¿Se te ocurren otros consejos?

PS. A pesar del tono un poco negativo del post, sigo pensando que, como decía Carmen Díez de Rivera, “La generosidad es la forma suprema de la inteligencia”, y que invertir en los demás sigue siendo la mejor inversión, aunque a veces parezca que “toda buena obra tiene su justo castigo”. Los que me conocen tendrán que decir si consigo ponerlo en práctica.

¿Cuánto cuesta una página web para la administración?

Hace unos días me llamaron de la Cadena SER para preguntarme por los dos millones de euros que, en principio, el Ayuntamiento de Madrid se va a gastar en su página web. En principio no hay mucha información para opinar, ni la nueva web está disponible, ni se ha contratado todavía su desarrollo, ni siquiera se ha convocado un concurso para ello… parece que, aunque no lo diga expresamente, la noticia sale del desglose de los presupuestos para el año 2014, algo que ya es en si una buena noticia. Es la propia noticia la que nos informa que los dos millones no son tal y la partida se divide a su vez en “940.000 euros a este proyecto, y otros 980.000 euros a soportar el portal web en la nube”. Con información tan escasa me parece un poco pronto para analizarlo, y cuando me pongo a buscar lo que han dicho otros encuentro, gracias a @miguelgonzalo, esta reflexión con la que estoy básicamente de acuerdo.

Aunque la polémica concreta me parece, como consecuencia de la falta de información, totalmente prematura, creo que merece una reflexión a la luz de las recurrentes polémicas de los últimos tiempos con motivo de los 1,4 millones presupuestados para el portal de Transparencia de la AGE, los 500 mil euros de la web del Senado, el más de un millón de euros presupuestado para formar al personal judicial en el uso de la web del CGPJ, o los 527.000 del ayuntamiento de Sevilla. Incluso en Estados Unidos el tema ha llegado al Congreso, dentro de una comparecencia más amplia de K. Sebelius, que el Fact Checker Washington Post analizó desde esta perspectiva en tres entradas diferentes (1, 2 y 3).

Creo que son tres las preguntas que plantean noticias como estas:
La primera y más evidente es si las instituciones públicas deben gastar parte de su presupuesto en páginas webs y otros desarrollos tecnológicos, o existen otras prioridades más necesarias. Es frecuente, sobre todo en estos tiempos, que cuando saltan estas noticias la primera reacción sea comparar el importe destinado a la web (o el desarrollo tecnológico X) con otras partidas como la atención a mayores, sanidad, educación… y concluir siempre que se trata de un lujo innecesario… nada más lejos de la realidad. Considero que la tecnología es una herramienta que puede mejorar, hacerlo más eficaz, más barato… Una web mejor puede reducir plazos de espera de atención y tramitación, generar servicios proactivos y liberar recursos para, precisamente, el gasto social.

Otra cosa es que esto no sea así, y se hagan webs meramente informativas o de uso engorroso, algo que es aplicable hoy a la web del Ayuntamiento de Madrid que Sergio Jiménez describía, en el post antes citado, como:

“ciclópea, enrevesada, e incomprensible y una presentación de contenidos que espantaría a cualquiera. Es decir, es una página mala en presentación, contenido, y experiencia del usuario”

De ahí que, en principio, la idea de modificarla, siempre que sirva para ofrecer mejores servicios, nos parece no sólo justa sino también necesaria.

B) Esto nos llevaría a la segunda pregunta, cuánto costarían realmente estas mejoras. Fue con motivo de una polémica similar, la de la web del Senado ya mencionada, cuando alguién comentó que el dinero gastado en la web podía ser un verdadero chollo o un auténtico timo.

No se nos escapa que en el campo tecnológico, especialmente en el ámbito municipal, ha sido habitual las chapuzas en este campo, era difícil encontrar un concejal de nuevas tecnologías que no tuviera un primo informático dispuesto a hacer de las suyas a un precio, habitualmente, desproporcionado, pero también es cierto que es difícil hablar de webs standards con un presupuesto medio. No es lo mismo una web folleto, que una web “periódico” (con un gestor de contenidos), que una verdadera web de servicios, como las exigidas por la ley 11/2007 de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y que, de haberse aplicado con rigor, hubiera requerido un verdadero cambio en las tripas de los sistemas tecnológicos de cualquier administración municipal. Hablar del precio de una web supone hablar de programación, de licencias, o de adaptación de software libre, hablar de mantenimiento, pago de servicios (sas)… con el consiguiente coste inicial, y el posterior ahorro. De ahí que, una vez más, sea aventurado hacer un juicio sobre el valor de una web sin ver su contenido.

C) Por último habría que responder a la pregunta de cómo hacerlo.
Son varios los elementos de la web del Ayuntamiento de Madrid manifiestamente mejorables (que no memorables como se empeña en sugerir el corrector automático). Un mayor peso gráfico, una verdadera integración de un sinfín de páginas webs municipales poco coherentes entre si, las posibilidades de personalización del contenido, cierta descentralización por distritos, la puesta a disposición de los ciudadanos de datos públicos y accesibles… pero sobre todo lo que más se echa en falta es el enfoque del ciudadano, el ponerse en su cabeza, en sus necesidades… algo que muchas veces es reflejo de la propia organización de la administración y de la falta de participación ciudadana en los procesos de diseño de estas páginas web.

Junto a estas mejoras claras algunas otras ideas relacionadas con la colaboración entre las administraciones (uno de los pilares del gobierno abierto) como compartir el código con el resto de administraciones municipales, o afrontar desarrollos de manera conjunta y luego adaptarlos (como ocurrió con motivo de la ley 11/2007), la estandarización de determinados procesos de backoffice.. también podrían servir para facilitar que este no sea un gasto innecesario sino una auténtica inversión para que, a pesar del coste, desarrollos como el que estamos hablando resulten baratos a los ciudadanos.

Gobierno abierto: más allá de los principios

Gobierno abierto: más allá de los principios

Las demandas de un gobierno abierto hacia los ciudadanos son tan antiguas como la democracia. La relación de los gobernantes con la ciudadanía se ha considerado siempre como una garantía de legitimidad de ejercicio y, en los últimos tiempos, son muchos los que lo han planteado como una receta clara ante la situación de crisis actual hasta llegar a hablar del «dulce elixir de la gobernabilidad contemporánea».

Como bien señala Ramírez-Alujas, el término «gobierno abierto» aparece por primera vez de manera oficial a finales de la década de los setenta, en el espacio político británico, para referirse a la necesidad de «abrir las ventanas» del sector público hacia el escrutinio ciudadano. Desde entonces muchas cosas han cambiado y la implementación de las nuevas tecnologías en la Administración, con la llegada del gobierno electrónico, ha ido adaptando el significado de este término, generándose una vinculación, podríamos decir que esencial, entre el uso de las nuevas tecnologías por parte de la ciudadanía y su relación con las instituciones públicas.

La historia reciente del gobierno abierto ha estado protagonizada por la sociedad civil, que a través de iniciativas ciudadanas o informes independientes han ido impulsando su desarrollo, pero fue en el año 2009 cuando el gobierno abierto adquirió carta de naturaleza en las instituciones. Tras una campaña electoral en la que el uso de las nuevas tecnologías se convirtió en un elemento clave para garantizar su elección, el presidente de los Estados Unidos comenzaba su labor aprobando una directiva del gobierno abierto (Open Government Directive). En la misma establecía su compromiso para restaurar la confianza pública y establecer un sistema de transparencia, participación ciudadana y colaboración. Una apertura que, en sus palabras, fortalecería la democracia y mejoraría la eficacia de su gobierno.

 

Los valores del gobierno abierto: colaboración, participación y transparencia

De esta manera el concepto de gobierno abierto se va construyendo alrededor de principios como colaboración, participación y transparencia, entendidos como valores que per se contribuyen a una mejor calidad de la democracia y a una mayor adaptación a los tiempos y sensibilidades ciudadanas.

En este contexto, la colaboración apunta a la concreción del valor público entre la Administración nacional, regional y local; entre funcionarios de distintas ramas, o entre ciudadanos, empresas, tercer sector y la misma Administración. Se estaría ante la concepción del trabajo de la Administración como trabajo conjunto, colaborativo, en el que contribuyen tanto distintos niveles de la Administración, como actores no vinculados formalmente con la misma pero que, formalizados (aunque sea temporal o esporádicamente), trabajarían conjuntamente con el reconocimiento y la legitimidad de la Administración.

Su adopción implica, no solo la colaboración dentro de la Administración y entre las distintas Administraciones, sino que supone la cesión a la sociedad civil de un espacio, con el cambio de paradigma que esto supone y la sospecha permanente de abrir por esta vía el paso a la privatización de servicios que constituye un auténtico tabú en sectores amplios de la sociedad. El modelo de gobierno abierto supone una apuesta por la sociedad, por el individuo como componente esencial de la misma, y una concepción del gobierno que supera la visión del Estado como proveedor de servicios y la sustituye por una visión del Estado convertido en plataforma, en una especie de facilitador, que proporciona las condiciones para que la sociedad y sus individuos asuman el protagonismo del que disfrutaron en otros tiempos. Se trata de asumir y aplicar al Estado el principio que destaca Ortiz de Zárate: «Hoy en día el liderazgo social puede venir de posiciones periféricas»Las comunidades (materializadas en la popularidad de las redes sociales) muestran cómo hoy las respuestas tienen, muchas veces, autor colectivo. Ejemplos como el de la reacción solidaria ante el terremoto de Haití, donde las donaciones particulares sobrepasaron las donaciones institucionales, o la traducción casi en tiempo real por parte de particulares del último capítulo de una serie de televisión, Lost, son buenos ejemplos del potencial de la ciudadanía articulada para resolver problemas, aunque esto no quiere decir que estos métodos sean directamente aplicables a la democracia.

Se trataría de adaptar a la Administración conceptos como la sabiduría de multitudes (James Surowiecki), las multitudes inteligentes (Clay Shirky), la inteligencia colectiva (Pierre Lévy), la arquitectura de la participación (Tim O’Reilly) o la creación intercreativa (Tim Berners Lee).

La participación iría aún más allá, planteándose como el ejercicio efectivo del poder por parte de la ciudadanía. Frente al traspaso en la ejecución, propia de la colaboración, la participación se daría cuando se produce traspaso efectivo de poder desde la Administración hacia la ciudadanía, algo que puede producirse de distintas maneras, en función del grado de ejercicio del poder, siendo de tipo más propositivo en sus escalones inferiores y más ejecutivo en los superiores, pasando por lo deliberativo o el control.

Aunque la participación busca fundamentalmente consolidar el sistema democrático, reforzando el poder de sus propietarios originarios, los ciudadanos, es imprescindible entender que la democracia, donde la participación estaría llamada a actuar, es un sistema complejo en el que intervienen distintos elementos interrelacionados entre sí y que van más allá de la toma de decisiones por parte del pueblo (principio democrático). De ahí el peligro de introducir en el sistema instituciones participativas, a modo de parches de legitimación, sin modificar otros elementos esenciales en el sistema democrático. Estos parches, lejos de resolver los problemas, lejos de solucionar la crisis de legitimidad, paradójicamente conducirían a una mayor desafección democrática.

Aun así, son muchos los que piensan que la participación por sí misma operará a modo de bálsamo democrático; que el mero hecho de introducir nuevos actores en los procesos, y permitir a la Administración el acceso a ese caudal inmenso de conocimiento disperso que se encuentra en la sociedad, supone la mejora de la efectividad y la calidad de las decisiones públicas. Son los mismos que, en ocasiones, caen inconscientemente en la promoción de un modelo de democracia que se identifica con la democracia de las encuestas, de la colección de opiniones, de impresiones, en la que «lo importante es participar»; un modelo que implícitamente estaría renunciado a logros esenciales de la concepción del Estado constitucional contemporáneo (derechos humanos, división de poderes…), introduciendo elementos que, a pesar de sus buenas intenciones, fuera de contexto pueden convertirse en auténticas armas de destrucción masiva de la democracia.

La transparencia, que trata de garantizar a tiempo la disponibilidad de información relevante y que interesa a cada ciudadano, facilitando el control y la creación de valor público a través de la reutilización de esta información, es el primero y más importante de los principios del gobierno abierto, hasta el punto de que, sin transparencia, ni la colaboración ni la participación serían posibles. Así lo señalan Eva Campos y Ana Corojan: «Para hablar de la existencia de un gobierno abierto, es condición necesaria e imprescindible […] el acceso libre, abierto y gratuito a los datos e información relación ada (open data)».

 

El desarrollo del gobierno abierto: el gobierno abierto más allá de los valores

Hemos visto cómo el gobierno abierto apuesta por valores similares a los de la Web 2.0, como la transparencia, apertura y colaboración, proponiendo al ciudadano como socio de gobierno, pero todavía estamos lejos de materializar esos valores en instituciones.

Si hablamos de colaboración, por poner un ejemplo, vemos cómo las nuevas tecnologías hacen que la colaboración sea posible, y eso está creando una cultura colaborativa en campos como el académico o la financiación de proyectos que puede ser trasladada a la administración. La colaboración permite involucrar a los ciudadanos en el trabajo de su gobierno, contar con su trabajo para mejorar los resultados de esta labor. Ya existen algunos ejemplos de agencias del gobierno, normalmente norteamericanas, que han logrado comenzar los cambios necesarios para introducir la colaboración en las estructuras de gobierno, involucrando por ejemplo a grupos de expertos en la producción de contenidos, en la evaluación de patentes, en su catalogación, e incluso en la propia prestación de servicios, en una decidida apuesta por un cambio de mentalidad, de procedimientos de trabajo, de criterios de decisión. En España destaca el ejemplo de las Comunidades de Práctica de Cataluña (COPS) con más de 19.000 usuarios y 1.465 comunidades, pero aspectos como quién está llamado a colaborar, cómo se concretará esta colaboración, cómo medir la intensidad de estas colaboraciones… siguen siendo tareas aún pendientes de resolver.

Algo parecido ocurre con la participación, las iniciativas en este campo, como consultas ciudadanas o presupuestos participativos, no han sido hasta el momento más que experiencias restringidas al ámbito de lo local, aisladas y con un alto componente publicitario. Son más experimentos, símbolos, que un cambio en los principios y, como señalaba Ortiz de Zárate: «La participación sin redistribución de poder es un proceso vacío y frustrante para los que carecen de poder. Permite a los poderosos declarar que han tenido en cuenta a todas las partes, cuando solo una se beneficia». No podemos engañarnos, fuera de los experimentos de laboratorio, la participación no ha logrado colmar las expectativas generadas, y no basta con echarle la culpa al ciudadano, que, de manera abrumadora (70%), considera imposible influir en política.

Es necesario pasar de la teoría a la práctica, de los valores a los hechos. Son muchos los que están trabajando en esta dirección. No solo en Estados Unidos, donde la pionera directiva aprobada por Obama en 2009 establece una serie de obligaciones comunes para las distintas agencias del gobierno, que se han ido implementando desde entonces y a las que han seguido un gran número de iniciativas a nivel estatal y local. A pesar del éxito del término, el gobierno abierto es todavía un proyecto en construcción, al que todavía le falta impactar positivamente en la sociedad, y en el que tras la siembra de teorías y experimentos deberíamos empezar a cosechar resultados. En el panorama se encuentran distintas iniciativas sueltas, más efectistas que efectivas, estéticas pero estáticas en el camino de la regeneración democrática. Siguiendo con el símil se puede decir que de momento solo se han puesto los cimientos del gobierno abierto: la transparencia, la colaboración y la participación y, sobre esos cimientos, se ha de construir un edificio democrático sano y efectivo. Todavía falta mucho por hacer. Mucho por avanzar en el gobierno abierto que precisa de una sociedad de la información desarrollada, un marco regulatorio adecuado y un liderazgo político decidido, definido en un plan integral.

 

La institucionalización de la transparencia

El juez del Tribunal Supremo Louis Brandeis una vez señaló: «La luz del sol es el mejor desinfectante», y no hay duda que la transparencia es el primer paso hacia el gobierno abierto. La Administración primero ha de abrir sus datos y eliminar las barreras de acceso a la información, ya que no hay otro contexto posible para disfrutar de una ciudadanía madura, responsable y emprendedora y de un verdadero «gobierno abierto» en el que realizar los valores señalados en torno a la colaboración y la participación.

De ahí que hayamos elegido la tramitación de la Ley de Transparencia y buen gobierno en España, una tramitación que ha pretendido ser especialmente abierta, como un botón de muestra del camino que nos falta por recorrer en la materialización de estos valores. Para seguir recorriendo este camino hacia el gobierno abierto son varias las enseñanzas que podemos extraer de este proceso reciente:

1)    Lleva tiempo. Cuando de tratar mentalidades se trata, el tiempo es un componente imprescindible. La Ley de Transparencia fue uno de los primeros anuncios realizados por el gobierno antes de acabar el año 2011. Los tres meses que el gobierno se dio para su aprobación en diciembre se han convertido en dos años, pero ha sido necesario un diálogo amplio con la sociedad, que ha permitido la introducción de mejoras sustanciales en la ley, en el que también las circunstancias coyunturales han colaborado decisivamente.

2)    Requiere un diálogo articulado. En este proceso de diálogo se han cometido errores de bulto, fruto de la novedad y la improvisación. No basta con abrir buzones para recibir sugerencias, es preciso articular procesos de participación, adecuar la participación al momento legislativo para que esta sea útil, y no un mero «muro de las lamentaciones », proporcionar feedback permanente sobre los avances y la adecuación o no de las aportaciones…, cualquier tipo de información que haga esa participación efectiva y reconocida.

3)    No se puede abusar de los términos. Otro de los grandes errores ha sido tratar de dar respuesta a dos temas distintos aunque relacionados. De esta manera la supuesta regulación del «buen gobierno», se ha quedado exclusivamente en la regulación del conflicto de intereses y la gestión económica-administrativa, dejando a un lado aspectos como el consenso, la equidad, la sensibilidad, la participación, la eficacia y la eficiencia, que constituyen aspectos esenciales en los estándares del buen gobierno en todo el mundo, tanto de entidades públicas como privadas, utilizando el nombre del «buen gobierno» en vano.

4)    Establecer mandatos normativos y no meras declaraciones de intenciones. El peligro de trasladar a las leyes la retórica aperturista hace necesario que las leyes que tratan de regular la materia pasen de los principios a las obligaciones jurídicas. Aspectos como las excesivas limitaciones, el carácter genérico de las mismas, o la ausencia de responsabilidades claras para los infractores, dejan un gran margen de discrecionalidad a la Administración.

5)    Organismo impulsor. Implantar el gobierno abierto supone modificar procedimientos, mentalidades…, de ahí que el papel de la Administración no pueda limitarse a exigir el cumplimiento de la ley sino que deba adoptar una rol activo para facilitar la realización de estos principios. Es necesario poner en marcha la ley, difundir los principios de transparencia y buen gobierno entre los políticos y funcionarios, establecer puentes entre la Administración y las organizaciones más implicadas en esta materia, transmitir ese cambio a la sociedad…, poner en marcha, en definitiva, un auténtico plan estratégico de la transparencia en España.

Sin poner nuestras esperanzas en el poder de transformación social de las normas, estamos convencidos que la Ley de Transparencia, por su carácter simbólico, puede abrir la puerta a un cambio en las estructuras administrativas, en sus procesos, en sus herramientas, y lo que es aún más importante, en la mentalidad (cultura) de la Administración y la sociedad en su conjunto, que lleva tiempo demandando este tipo de comportamientos abiertos como forma de hacer política.

La ley es solo un escalón más en este proceso, tan necesario, de pasar de los valores a las realidades. Estamos ante una gran oportunidad de provocar un verdadero cambio de mentalidad en la Administración y las instituciones hacia el gobierno abierto, una oportunidad de empezar a trabajar con indicadores reales, medibles y comprensibles, de empezar a abrir una puerta a la participación verdadera de la sociedad, incluso una buena oportunidad, para que emprendedores varios hagan negocio del procesamiento de esta información…, para hacer del gobierno abierto una realidad transformadora que vaya mucho más allá del eslogan publicitario.

Publicado en Nueva Revista

El Consejo de Transparencia

La ley de Transparencia ya está en el Senado y será aprobada previsiblemente antes de acabar el año 2013. Es cierto que los tres meses que el Gobierno se dio para su aprobación en diciembre de 2011 se han convertido en dos años, pero también es cierto que esta larga espera es la consecuencia de un proceso amplio de diálogo y de algunos acontecimientos inesperados, lo que ha permitido la introducción de mejoras sustanciales en el texto que previsiblemente se convertirá en ley.

Aunque las organizaciones que llevan años peleando por la aprobación de esta ley no están del todo satisfechas y algunos reconocidos expertos han decretado ya su inutilidad, es un hecho que la ley introduce novedades, especialmente en materia de transparencia activa. De ahí que su aplicación y desarrollo se vuelvan claves y que los órganos que la propia ley establece se presentan como imprescindibles.

Nos encontramos con una Comisión de Transparencia sin funciones definidas y en la que se echa en falta presencia de la sociedad civil, lo que sitúa al Consejo de Transparencia, un organismo independiente que se incorpora a la ley casi finalizada la tramitación parlamentaria sustituyendo a la Agencia de Protección de Datos, como la institución clave de la que dependerá, en gran medida, poder alcanzar los objetivos de la ley. Para lograrlo será necesario garantizar su independencia y su operatividad.

La independencia es posible

Mucho se ha criticado su falta de independencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se configura como un órgano público de los previstos en la Disposición Adicional Décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. De ahí que, a pesar de su adscripción al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (33.1), su estatus jurídico sea similar al de organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Agencia Española de Protección de Datos, o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Este tipo de órganos están sometidos a una ley propia, que establece sus funciones y competencias, y que es la garantía para su “autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines” (33.2).

Se trata, por tanto, del estatus de mayor independencia que contempla nuestro ordenamiento, donde más allá del Banco de España es difícil encontrar organismos con mayor nivel de independencia, aunque se trate, en los ejemplos señalados anteriormente, de una adscripción orgánica, no funcional. Aunque la adscripción a un ministerio como Presidencia sin duda resaltaría más el carácter medular de esta ley, de manera simbólica, no pensamos que se produjera ninguna diferencia en su funcionamiento.

Además, su presidente, al que no se le exige dedicación exclusiva, pero será remunerado según las últimas enmiendas presentadas por el GPP en el Senado, será nombrado por un período no renovable de cinco años (art. 37), lo que le garantiza una existencia independiente de los ciclos políticos, que se refuerza al limitar su separación al incumplimiento grave de sus obligaciones, la incapacidad permanente, la incompatibilidad sobrevenida o la condena por delito doloso, fortalece, y refuerza su independencia (art. 37.2).

Una vez más, quizás la propuesta para el nombramiento de su presidente podría salir directamente de la Presidencia del Gobierno, y reforzar la mayoría parlamentaria necesaria para su ratificación contribuiría sin duda a reforzar esa independencia, pero, en conjunto, pensamos que la independencia del Consejo podría ser suficiente.

Una agencia proactiva

No ocurre lo mismo con su operatividad. La propia ley establece sus funciones de “velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de Buen Gobierno…” pero, es en la función más genérica, “promover la transparencia en la actividad pública”, donde encontramos la clave de su eficacia.

El Consejo de Transparencia no puede limitarse a actuar de manera reactiva, ante las denuncias de los ciudadanos, como un mero vigilante de la transparencia, sino que debe ir mucho más allá. Es necesaria, al menos durante los primeros años, organizar una agencia proactiva, que lidere el camino de la transparencia en nuestra sociedad, trabaje sobre cultura de la transparencia, en la administración, las organizaciones y los ciudadanos, establezca protocolos de actuación comunes, que vuelven la transparencia en algo natural al funcionamiento de toda la administración y facilite herramientas para que las distintas instituciones puedan poner a disposición de los ciudadanos toda la información que la ley exige de manera clara y accesible. Para ello deberá asumir labores de asesoría, formación, sensibilización, diseño… y ponerse activamente al servicio de las distintas administraciones.

En este punto, directamente relacionado con la operatividad de los organismos de Tranparencia (el Consejo y la Comisión) es preciso señalar un par de puntos que quizás merecería la pena revisar al paso de la ley por el Senado. Se trata del perfil del presidente y la composición de la Comisión. Sobre el presidente, la ley no establece la dedicación exclusiva del cargo, y tanto su perfil, en el que la preparación jurídica y su independencia se establecen como condición sine qua non, como las funciones que se le atribuyen se concentran en el apartado reactivo.

Pensamos que, al menos en el inicio de su labor, sería importante tenar en cuenta otros elementos como su carácter dinámico, capacidad de consenso en los distintos partidos políticos, experiencia en el sector, prestigio previo y llegada a las organizaciones sociales, así como capacidad de plantear una estrategia de comunicación ambiciosa para la formación y sensibilización.

Sin poner nuestras esperanzas en el poder de transformación social de las normas, estamos convencidos de que la ley de transparencia, por su carácter simbólico, puede abrir la puerta a un cambio en las estructuras administrativas, en sus procesos, en sus herramientas, y lo que es aún más importante, en una nueva cultura de la transparencia en la administración y la sociedad en su conjunto.