Libertad educativa: una enmienda al consenso constitucional

Libertad educativa: una enmienda al consenso constitucional

Hay que medir las palabras, o decir claramente que lo que se pretende es construir un nuevo consenso constitucional en materia de educación

“Los socialistas solo nos levantamos una vez de la mesa durante la discusión constitucional, y fue en el artículo 27”. Con estas palabras, pronunciadas meses antes de su muerte, Alfredo Pérez Rubalcaba, exministro de educación, recordaba los debates que dieron lugar a la configuración constitucional del derecho a la educación en España. Por eso, remachaba, “el 27 es de todos. Este es el consenso educativo”.

El consenso al que hacía referencia el político socialista se ha mantenido más o menos a salvo durante todos estos años. Sin embargo ahora que se ha puesto de moda cuestionar a las distintas opciones políticas por sus afinidades constitucionales unas declaraciones de la ministra de Educación lo ha puesto en riesgo al desvincular la libertad de enseñanza reconocida por la Constitución del derecho de los padres a elegir centro educativo y la educación religiosa que consideren oportuna para sus hijos. De un plumazo la ministra pone en cuestión el consenso constitucional que con tanto esfuerzo se mantenía desde 1978.

Como se puede comprobar en los diarios de sesiones este debate, que responde a una pregunta de fondo sobre ¿a quién le corresponde las decisiones principales en la labor compartida de educar: al Estado o a los padres?, pone de manifiesto hasta que punto la redacción final del artículo 27, el más largo y el más complejo de entre los que se refieren a derechos fundamentales en nuestra Carta Magna, fue el fruto del consenso, de las renuncias y cesiones de todos.

Un no-debate jurídico

De esta manera el derecho a la educación queda configurado, en palabras de Carlos Vidal, como “un derecho y una libertad fundamentales: el derecho a ser educado y la libertad de educar y de elegir la educación que se desea”. Un derecho de libertad con contenido prestacional, en el que, en opinión del que fuera vicepresidente del Tribunal Constitucional y Presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente “el derecho a la educación aparece más como un derecho de libertad que de prestación”.

De un plumazo la ministra pone en cuestión el consenso constitucional que con tanto esfuerzo se mantenía desde 1978

Así queda reflejado en la Constitución, en la que como es bien sabido, el art 27 además de proclamar el derecho de todos a la educación y reconocer la libertad de enseñanza, detalla sus manifestaciones concretas, que en lo que nos ocupa serían: el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (27.3), la libertad de creación de centros con ideario propio (27.6), la libertad de cátedra de los docentes (20.1.c) y el mandato a los poderes públicos para ayudar a los centros docentes que reúnan los requisitos establecidos por la ley (27.9).

Así lo viene recordando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 74/2018, STC 10/2014 o STC 133/2010) que coinciden en señalar como «la libertad de enseñanza (art. 27.1 CE) comprende a su vez la doble facultad de los padres de elegir el centro docente de sus hijos, que podrá ser de titularidad pública o privada, y de elegir la formación religiosa o moral que se ajuste a sus propias convicciones». De hecho el mismo Tribunal establece una conexicón directa entre la libertad de creación de centros educativos con ideario o carácter propio (sinónimos para el TC) y el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos y de ese derecho con el de las familias a la elección de escuela.

Responde a una pregunta de fondo. ¿A quién le corresponde las decisiones principales en la labor compartida de educar: al Estado o a los padres?

Así lo establecen también distintos mecanismos internacionales como el artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación para sus hijos. O el artículo 2 del protocolo adicional número 1 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950 que señala como “El Estado, (…), respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas”. O el artículo el art. 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el que los Estados parte, como España, “se comprometen a respetar la libertad de los padres (…) de escoger para sus hijos o pupilos de escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas”.

Pero es que incluso lo reconocen así las propias leyes socialistas de educación aprobadas desde 1978 que, o bien reconocen esta elección como un derecho de los padres (art. 4.b. LODE), o establecen la obligación de las administraciones públicas de garantizar la libertad de elección de centro por padres o tutores (art. 84.1 LOE) que la misma ley considera «como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la libertad de enseñanza». Todas las leyes educativas han garantizado y respetado, con más o menos fuerza, la posibilidad de que los centros docentes no estatales tuviesen ideario (art. 15 LOECE) o carácter propio (art. 22 LODE, art. 73 LOCE, art. 115 LOE), dentro del “proyecto educativo” de cada centro.

Un debate político

Si el debate constitucional ofrece pocas dudas, más dudas plantea el debate político en torno al modelo educativo. Un modelo que debe considerar aspectos como el coste que para las arcas públicas supone un centro público y uno de iniciativa social y los efectos directos e indirectos de la convivencia de ambos modelos en la calidad educativa. El gran debate gira en torno a la desigualdad que para algunos provocaría un modelo en el que coexistan con la educación pública, la educación privada y la concertada.

En este sentido se cuestiona la financiación pública de la enseñanza de iniciativa social, considerando este como un modelo subsidiario que se debería limitar a los casos en los que resulta imposible ofrecer educación pública. Para hacerlo se vincula la ayuda a la educación de iniciativa social a una oferta insuficiente de educación pública, convirtiendo la red pública en prioritaria, algo que por la vía de los hechos y dado el declive demográfico, pondría en peligro la existencia de la educación concertada en un breve periodo de años.

Si el debate constitucional ofrece pocas dudas, más dudas plantea el debate político en torno al modelo educativo

Por el contrario los defensores de un modelo de convivencia entre las tres modalidades de enseñanza propugnan, como hace la LOMCE, que a la valoración de la oferta existente se le añada la demanda social. Curiosamente este punto controvertido de hacer depender la financiación de la escuela concertada de la demanda social no fue objeto del recurso de inconstitucional que presentó el PSOE tras la aprobación de la ley -que fue desestimado en su totalidad por el Tribunal Constitucional.

Este debate de políticas públicas es clave para el futuro del país pero debe desarrollarse siempre dentro de los límites establecidos por la Constitución. Cuando el debate gira exclusivamente en torno a la igualdad, se obvia una parte importante del sentido constitucional que tiene la libertad de enseñanza. Como en el caso de la libertad de información, el derecho a la educación exige pluralidad de centros y el respaldo público a esta pluralidad. Así lo ha señalado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al destacar que el objeto de la libertad de elección es «proteger la posibilidad de un pluralismo educativo, esencial en la preservación de la “sociedad democrática”, tal como la concibe el Convenio».

Cuando el debate gira exclusivamente en torno a la igualdad, se obvia una parte importante del sentido constitucional que tiene la libertad de enseñanza

O por decirlo de manera más sencilla: la igualdad no puede esgrimirse como un límite a las libertades educativas, sino que es la libertad la que garantiza el pluralismo como principio constitucional imprescindible en cualquier sociedad democrática. De hecho, la propia sentencia del Tribunal Constitucional que la ministra ha mencionado esta semana (STC 5/1981, fundamento jurídico 7), recuerda que la libertad de creación de centros está limitada por el respeto debido a principios constitucionales como la igualdad, pero que estos, por sí solos, “no consagran derechos fundamentales”, igual que tampoco “cumplen una función meramente limitativa, sino de inspiración positiva”.

Y es que, cuando se habla de derechos fundamentales, hay que medir las palabras, o decir claramente que lo que se pretende es construir un nuevo consenso constitucional en materia de educación, una aspiración sin duda legítima, pero que quizás no llega en su mejor momento.

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No es el relato, estúpido: España se mueve

No es el relato, estúpido: España se mueve

Los estrategas de campaña han empezado ya a mostrar sus cartas. Un primer vistazo indica que casi todos los partidos han apostado por España y el desbloqueo en sus campañas

Aunque a veces parezca lo contrario, en política no todo es “relato”. A pesar de las noches de gloria que esta teoría ha dado a tertulianos y columnistas patrios, existen otras aproximaciones a la comunicación que tratan de explicar cómo y por qué la gente centra su atención en determinados aspectos de la realidad y no en otros, como la de la agenda ‘setting’, la triangulación o el ‘framing’. El uso conjunto de estas teorías, popularizadas por teóricos como McCombs y Shaw, consultores como Dick Morris o profesores de lingüística como George Lakoff nos ayudan a entender de una forma más completa las estrategias electorales de los partidos de cara a las próximas elecciones y a concluir que aquel partido que, a través de la selección de temas y el uso del lenguaje sea capaz de asentar su “marco” de referencias e introducirlo en la agenda de la campaña, será capaz de obtener un resultado electoral mejor.

Hay ejemplos como el de las elecciones que en 1992 llevaron a Bill Clinton a la Presidencia de los Estados Unidos, imponiéndose a un presidente Bush que, tras sus éxitos en la I Guerra del Golfo, parecía destinado a la revalidar su cargo. En esta elección, el consultor James Carville pintó en la pizarra del War Room una frase a la que se achaca el éxito: “Es la economía, estúpido”, y así fue. O el de la victoria de George W. Bush en 2004, que logró convertirse en el padre protector de la seguridad de los norteamericanos. Economía, Clinton. Seguridad, Bush hijo. Ambos lograron poner sus temas en la agenda, y alineando temas y marco, ganar la batalla a sus contrincantes.

El consultor James Carville pintó en la pizarra del War Room una frase a la que se achaca el éxito: “Es la economía, estúpido”, y así fue

En nuestro país vivimos algo parecido durante las últimas elecciones. La disputa estaba entre la ruptura de España, que denunciaba el centro derecha y la involución democrática, sobre la que alertaba la izquierda. La foto de Colón y el pacto de gobierno de Andalucía inclinaron la balanza hacia esta segunda opción, provocando una movilización altísima (77%), muy similar a la de 1996 (78%) y 2004 (77%) y solo superada por la participación de 1982 (80%). Si en Estados Unidos en el 92 fue la economía y en el 2004 la seguridad, en España, en 2019, fue el “trifachito”, que según estimaciones de Andrés Medina a la luz del poselectoral del CIS, habría movilizado tres veces más votantes que el tema “Cataluña“.

Elegir el tema no basta, es necesario que los votantes perciban su importancia en el momento actual y, sobre todo, que el tema elegido refuerce el marco más favorable, lograr que la conversación política en los días de campaña se alinee con los principios y valores que el votante asocia con cada opción política. Existe el peligro que un tema de interés no logre convertirse en el centro del debate público o que, aun consiguiéndolo, no se sitúe en el marco de valores asociados con el partido y resulte increíble la asociación de ambos.

España se mueve para el PSOE y Ciudadanos

Los estrategas de campaña han empezado ya a mostrar sus cartas. Un primer vistazo a lo sucedido esta semana parece indicar que ante la inminencia de la sentencia del Tribunal Supremo y la imposibilidad de formar gobierno, casi todos los partidos hayan apostado por España y el desbloqueo como temas de campaña.

El PSOE se lo juega todo a la estabilidad en tiempo de crisis. Su primer mensaje, que cuelga de la fachada de Ferraz, habla de “Ahora Gobierno, ahora España” que, unido a las intervenciones públicas de su candidato, parece dibujar ya un marco en el que el concepto clave sea el de la estabilidad. El partido del presidente del Gobierno se lanza así, en un “plagio” evidente a la estrategia del PP en 2016, a crear ese marco de estabilidad, de serenidad y continuidad que ofrece siempre el partido que está en el poder, pero lo hace poniendo el acento en lo territorial. La utilización de palabras como ‘España’, ‘Gobierno’ y ‘Ahora’ priorizan, dentro de ese mismo marco conceptual, los grandes temas de la campaña: la formación de gobierno y la estabilidad territorial frente a otros tipos de estabilidad, como la posible crisis económica que algunos analistas ya dicen que se nos avecina.

O dicho de otro modo: los estrategas socialistas creen que esta vez sí, y no como en las anteriores, Cataluña, por la sentencia del ‘procés’ y las reacciones que despierte, marcará la agenda electoral y Sánchez en un ejercicio de triangulación de manual es, de entre todos los candidatos, el único que tiene a su disposición las herramientas y los símbolos para personificar el Gobierno. Que haya sido un presidente en acercamiento permanente a los separatistas no les preocupa ni a los estrategas ni al propio candidato. El presidente confía en la mala memoria de la sociedad y, sumergido en un presente continuo, proclama el Ahora como si no hubiera ni ayer ni mañana.

Es un “plagio” evidente a la estrategia del PP en 2016, a crear un marco de estabilidad y serenidad que ofrece siempre el partido que está en el poder

Está por ver si la elección de un tema que no se asocia de manera natural con el “marco socialista” produce efectos y si la apuesta por la gobernabilidad logra superar la percepción de la opinión pública, que culpa mayoritariamente al PSOE de la repetición de las elecciones. Además, las posibilidades de formar gobierno que señala el liderazgo en las encuestas tampoco son tan claras y la dificultad de sentar en la misma mesa a Pablo Iglesias e Iñigo Errejón, algo que sería imprescindible a la luz de estas mismas encuestas, enturbian la visualización del soñado gobierno progresista.

A diferencia del PSOE, o del PP, que cuentan de inicio con una base del electorado considerable, Ciudadanos tiene que salir a cada elección a ganar de nuevo a su electorado, como si nunca le hubieran votado. Ahora, parece que esta tendencia se recrudece porque, tras todo lo vivido en estos meses, todas las encuestas indican que es el partido más castigado por la repetición electoral. Los estrategas naranjas parecen asumir que la presencia de Cataluña en la agenda y ofrecerse como la pieza clave para el desbloqueo, “España en marcha”, junto a la habilidad de su líder en los debates, pueden ser elementos suficientes para intentar la remontada. En este caso también marco y tema irían de la mano, al menos en el caso de Cataluña, pero los reiterados cambios de posición en su política de alianzas pueden tener un límite y afectar a la credibilidad de Rivera, quizás de forma definitiva.

Entre el Gobierno y España

En el plano de los que apuestan solo por uno de estos dos pilares estarían Vox, Unidas Podemos y Más País.

Vox también se suma a la tendencia de introducir España en su eslogan de campaña con su España Siempre. Aunque la alineación entre tema y marco es indudable, corre el peligro de los que se dejan llevar por las circunstancias y no son capaces de dejar pasar la oportunidad de un “zasca”, confiando en que la bandera siga siendo un motivo suficiente para mantener la mayor parte de su electorado de abril.

Por Unidas Podemos parece no haber pasado el tiempo, ni la negociación, y dejando un lado el eje de España se presenta como la única garantía de un gobierno progresista, apostando porque los suyos no quieren tanto formar parte de un gobierno, como que este se sitúe en la izquierda, sin dependencias de partidos como Ciudadanos o el PP. Desbloqueo por la izquierda y con muchas condiciones, que tras el anuncio de Rivera se introducirá con fuerza en la agenda pero que puede resultar poco creíble tras lo sucedido estos últimos meses en la negociación, y la entrada de Errejón en el escenario, que para muchos aleja, más que acercar, las posibilidades de un pacto.

Más País también ha hecho del desbloqueo su palanca de voto. El partido de Errejón, que ha hecho del gobierno progresista su razón de ser, además trata de aprovechar el descontento para hacer de la forma, propuesta y ofertar una forma diferente de hacer las cosas (sin hacer excesivo énfasis en una agenda de políticas públicas en las que resultaría difícil encontrar diferencias con Unidas Podemos y el PSOE).

El PP va por libre

El PP, por su parte, que no ha hecho público su lema de campaña, de momento es el partido más alejado de los temas mencionados de Cataluña y desbloqueo. El partido de Casado parece querer disputar también el concepto de estabilidad, aunque en su caso sea estabilidad económica. Y tras una primera etapa llamando a la unión de los partidos de la derecha, opone al PSOE y a las ventajas que le ofrece estar en el gobierno, su experiencia de gestión y su historial de éxitos económicos, reconocidos de forma general por la sociedad española. En este caso, marco y tema van de la mano. La dificultad está en que logren imponerse en la agenda de la campaña, y la sombra de la crisis vaya a ser capaz de imponerse al ruido que sin duda provocará la sentencia del 1-O.

La agenda de los ciudadanos

En resumen, podemos apreciar una apuesta generalizada por las ideas de España y el movimiento. El problema está en que ninguno de los dos depende totalmente de los que han elegido estos temas como claves y ambos dependen fundamentalmente de la reacción de terceros. Además, y esto es lo más importante, los partidos por mucho que se esfuercen no siempre logran imponer su marco, y en ocasiones la realidad se impone en forma de acontecimiento imprevisto o de clamor popular. Y esta vez el sentir de los ciudadanos, a la luz de los últimos barómetros del CIS publicados, oscila entre el hartazgo y el que se vayan todos, y este estado de ánimo suele deparar enormes sorpresas.

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Honestidad brutal

Honestidad brutal

La verdadera transparencia no trata de ocultar el contenido de las negociaciones, sino de evitar que con motivo de su exposición, acabe por alterar este contenido

La democracia se sostiene en la creencia de que el diálogo es la mejor forma de adoptar decisiones, y que cuando estas son fruto de la negociación se acercan más al interés general que cuando se adoptan de manera unilateral y se imponen a los demás por cualquier vía. No es de extrañar que, en consecuencia, la falsedad sea el enemigo público número uno de la democracia, sobre todo cuando, en determinados ambientes, no hay nada más eficaz que un “sinceramente” para activar todos los detectores de mentiras.

En este contexto, desde hace un tiempo se viene asumiendo que no hay nada mejor que exponer al público las actuaciones de nuestros líderes políticos, para garantizar que sus acciones se orienten siempre al interés público. De esta manera se abre paso una concepción cuantitativa de la transparencia, una transparencia radical, que vincula proporcionalmente su calidad con el volumen de información ofrecida. A esto hay que añadir el tiempo; un segundo elemento que a la necesidad de exponer públicamente sus acciones añade la de hacerlo en directo, en tiempo real y sin retraso de ningún tipo.

En la mayoría de los casos este nuevo ‘reality’ político solo tuvo el capítulo piloto, sin ir a más

En 2015, la tendencia alcanzó su cenit cuando, en una mezcla de buenismo e ingenuidad, se empezó a anunciar que las negociaciones para la formación de gobiernos se realizarían frente a las cámaras y en rigurosísimo directo. Podemos y el PSOE en Extremadura, Zaragoza en Común, Somos Alcalá o Sí se puede Valladolid aseguraron que, para que quedará constancia, grabarían todas sus reuniones con los grupos políticos y las subirían a internet. En la mayoría de los casos este nuevo ‘reality’ político solo tuvo un capítulo, capítulo piloto, sin ir a más. Sólo cuando se cerraron las puertas y continuaron las reuniones, se lograron pactos, un final feliz para los partidos. Es sintomático que de aquellas reuniones grabadas hoy no quede ni rastro y que en este 2019, cuando ha habido que sentarse de nuevo en torno a una mesa para negociar nuevos gobiernos, se haya hecho sin rastro del streaming.

Sin embargo no han cesado las coberturas en tiempo real, con minuto y resultado, que al pretender convertir lo anecdótico en categoría terminan ofreciendo un contenido que no difiere mucho del ofrecido en la cobertura de “la boda del siglo” de cada año: qué llevaban puesto los invitados, por dónde accedieron al local, la hora exacta o el menú degustado, o temas con mucho más interés político como si usan Telegram o Whatsapp, quiénes son los negociadores en la sombra, o si la comisión es o no paritaria. La información queda sepultada entre millones de datos y anécdotas. Hay sitio para la distracción, para el misterio, la intriga, la sorpresa… Mientras que las preguntas verdaderamente importantes quedan sin responder. Sobra transparencia y falta política.

El selfie contra la política

La transparencia en tiempo real se convierte en postureo. Un selfie permanente en el escenario político, donde el objetivo buscado queda en un segundo plano, superado por la prioridad de que conste en acta. La negociación deja de ser un medio y se convierte en un fin en sí mismo. Y en consecuencia, se adoptan posiciones para la foto, independientemente de que puedan alejar o acercar el acuerdo. Hacen como aquellos que prefieren ir cambiando el decorado en lugar de viajar, convencidos de que así pueden viajar sin salir de casa. El problema es que, como estos turistas de cartón piedra, entre selfie y selfie nuestros líderes dejan de lado el fin de la política.

Llega hasta tal punto la distancia entre la negociación y su representación que las instituciones dejan de ser el lugar donde se adoptan las decisiones políticas para convertirse en el escenario donde esa decisión se hace pública. No en vano algunos órganos, a los que la ley ha sometido a esta transparencia radical haciendo obligatoria la publicidad de las deliberaciones entre sus miembros, han adoptado la costumbre de reunirse previamente a la sesión pública para adoptar su decisión, que luego escenifican ante las cámaras.

La transparencia en tiempo real se convierte en postureo. Un selfie permanente donde el objetivo buscado queda en un segundo plano

La negociación se vuelve puro espectáculo. Se convierte el diálogo, que debería ser un ejercicio fundamentalmente racional, en una actividad puramente emocional, en una especie de pulso narrativo en el que se buscan giros; una reacción destemplada o una decisión a destiempo que consiga debilitar la posición del adversario frente al público. Así no es de extrañar que en esta sucesión de monólogos las ofertas se hagan cara a la galería, antes de llegar siquiera al otro lado de la mesa, poniendo de manifiesto quién es el auténtico destinatario, y cuál el verdadero objetivo.

La negociación se vuelve pura táctica, más de zasca que de acuerdos, y la competencia se impone a la cooperación. Se sustituye la colaboración por la batalla, y en lugar de buscar objetivos compartidos, la negociación busca debilitar la posición del otro para poder imponer la posición propia. Se cumple indefectible la fórmula mágica por la que, a mayor cantidad de ruido, menor posibilidad de acuerdo.

Las redes sociales se convierten en el escenario ideal para este espectáculo. En ellas se puede reaccionar en tiempo real, exponer impresiones, llamar la atención a la vista de todos, para disfrute del estimado público. No es de extrañar que alguno de los líderes políticos de antaño haya advertido que si hubiera existido twitter no habría salido adelante nunca la Transición.

La negociación se vuelve pura táctica, más de zasca que de acuerdos, y la competencia se impone a la cooperación

La verdadera transparencia, la que puede ayudar a consolidar la democracia, no trata de ocultar el contenido de las conversaciones, sino de evitar que con motivo de su exposición, acabe por alterar este contenido. Para lograrlo, lo imprescindible es hacer público el acuerdo, una vez adoptado, para que los ciudadanos puedan conocer todos sus extremos y evaluar su cumplimiento.

No se trata de demonizar la transparencia pero tampoco de convertir una concepción radical de la misma, que no es compartida por todos, en el criterio más importante para valorar el estado de nuestra democracia. Si bien es cierto que “la luz del sol es el mejor desinfectante” estamos descubriendo que el panóptico de Bentham en el que todo está a la vista es el camino más directo a la parálisis política. Y en último término y como advertía Byun-Chul Han, “el final de los secretos sería el final de la política“.

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Las (tres) encrucijadas de Errejón

Las (tres) encrucijadas de Errejón

El ex número dos de Podemos se juega ser el representante de un movimiento progresista decisivo o el símbolo de una izquierda que se empeña en imitar a los Monty Python

Íñigo Errejón decidió hace unos meses abandonar su papel de intelectual político. Su decisión de encabezar la candidatura a la Comunidad de Madrid por una nueva fuerza política, Más Madrid, le abrió el camino para convertirse en un político intelectual.

A pesar de las expectativas, el resultado fue agridulce. Un buen resultado si tenemos en cuenta el tiempo y la competencia, pero un resultado fatal por sus consecuencias: la conservación del gobierno de la Comunidad por parte del Partido Popular. A esto se unió el resultado en el Ayuntamiento de Madrid, donde la candidatura de su grupo, Más Madrid, liderada por Manuela Carmena, no pudo revalidar la alcaldía a pesar de su victoria electoral. Las reacciones alternaron la admiración con un tipo de crítica que mezclaba la frustración, la envidia y la incomprensión.

Mientras Iglesias cambiaba Vallecas por Galapagar, Errejón ha cambiado Somosaguas por Vallecas y afronta cuatro años por delante que, lejos del gobierno, pueden convertirse en un auténtico éxodo y hacerse demasiado largos.

Todo lo que conocemos parece llevarnos a las urnas, como en julio parecía llevarnos al gobierno. Una oportunidad para algunos, un riesgo para otros

Pero uno no elige las circunstancias, como señalaba Ortega estas “son el dilema ante el cual tenemos que decidirnos” y, si nadie lo remedia, unas nuevas elecciones asoman por el horizonte nacional. Aún no sabemos si habrá comicios. Todo lo que conocemos parece llevarnos a las urnas, como en julio todo parecía llevarnos al gobierno. Toda una oportunidad para algunos, todo un riesgo para otros. Y todo un dilema para el joven profesor universitario: presentarse o no.

Errejón se ha convertido en el coco de la izquierda. El “que viene Íñigo” ha sido la principal amenaza que ha sobrevolado todo el proceso de no-negociación para la formación de gobierno. Y aunque el líder de Más Madrid ha negado expresamente esta posibilidad y las encuestas han evitado introducir su nombre entre los posibles candidatos, cada vez son más los rumores que apuntan en otra dirección.

Quietismo o movimiento

El fundador de Podemos deberá decidir, porque es posible que el calendario le obligue a ello. Tiene que optar por recorrer el camino de la candidatura nacional o confiar en abrirse paso en la agenda nacional desde la Asamblea de Madrid. O moverse o quedarse quieto. Si decidiera no presentarse, si optara por la ‘rajoyana’ estrategia de sentarse a ver pasar el cadáver del enemigo, el brillo de la luz que Errejón ha sabido mantener encendido, incluso fuera de la dirección de UP, amenazaría con apagarse ante la dificultad de mantener el interés durante un periodo prolongado de tiempo.

La lista de rutilantes promesas políticas que habitan hoy la biblioteca del olvido es interminable y ser el azote de Díaz Ayuso puede llevarle en unos meses de la sección de nacional a las noticias de Telemadrid. Esa espera, sin presencia en el Congreso durante la próxima legislatura, puede hacerse eterna e incluso baldía, incluyendo la posibilidad de un nuevo liderazgo en Podemos. El riesgo de esta opción es que, pasado el tiempo, cuando eche la vista atrás, Errejón vea que su espera en el andén de los prudentes ha sido inútil porque ese era su único tren.

La única alternativa a esta opción es su contraria, presentarse. Esto, aunque supondría dejar huérfano su proyecto en Madrid, le permitiría ofrecerse como alternativa. Una opción al tremendo desencanto que han generado a uno y otro lado del eje de la izquierda el teatro, los ataques y la incapacidad de ponerse de acuerdo. Una alternativa para todos los que tienen dificultad para entender, más allá del argumentario, que lo que antes era no ahora es sí, y lo que antes era sí ahora es no.

Su decisión también puede propiciar una fragmentación que debilite el proyecto progresista y dar oportunidad como la dio en Madrid, a un gobierno de la derecha. Esto le convertiría en el traidor oficial de la izquierda, una especie de Vox del bloque progresista que en el cómputo final, en lugar de sumar, reste. Pero también, y aunque parezca paradójico, puede acabar convertido en el elemento decisivo para la formación del gobierno del PSOE.

En resumen, presentarse le podría permitir su presencia en la agenda política nacional desde el Congreso, comenzar a estructurar su opción política, ser decisivo para la formación de gobierno e incluso lograr entrar, él o algún representante de su formación política, en el gobierno; pero nada de esto está garantizado.

Ejercer las circunstancias

Si, ante el escenario descrito, decidiera tomar el camino de la Carrera de San Jerónimo, se encontraría ante nuevas encrucijadas.

La primera, y más evidente será elegir una marca electoral. ‘Más España’ sería un posicionamiento evidente, coherente con un pensamiento político que busca disputar a la derecha la idea de España, pero podría generar conflictos entre sus posibles compañeros de camino en lugares como Galicia, Cataluña o la Comunidad Valenciana. A continuación debería elegir entre liderar el proyecto o quedarse en un segundo plano (siempre formando parte de la lista en posición de salida), dejando la cabeza de lista a un personaje independiente similar al que representó Manuela Carmena en Madrid (podría ser ella misma), lo que le permitiría reforzar la imagen de transversalidad, que tan necesaria va a resultar si PSOE y UP no consiguen finalmente ponerse de acuerdo.

También debería decidir dónde presentarse. La alternativa inicial sería hacerlo en todo el territorio nacional (apostando por la popularidad de la cabeza de cartel) o hacerlo solo en la Comunidad Autónoma de Madrid, lo que le garantizaría la formación de grupo parlamentario propio. Pero también puede optar por una solución de geometría variable y seleccionar lugares con mayor implantación donde pueda contar con compañeros de viaje dispuestos a sacrificar su marca. Si lo hiciera así, podría poner en juego su candidatura en circunscripciones en las que, por el número de escaños en juego, tenga la representación parlamentaria al alcance de la mano, evitando la más que probable acusación de estar debilitando a la izquierda. Andalucía, Cataluña, Galicia, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, en las que se ponen en juego casi 200 escaños, serían una opción más que razonable e incluso podría no presentar candidatura en las provincias más pequeñas de estas Comunidades Autónomas.

Si se presenta y logra unos resultados razonables, se enfrentaría a una tercera encrucijada: conformar grupo parlamentario y proporcionar una serie de votos claves para la investidura como una tercera fuerza de la izquierda, de ámbito nacional, procurando incluso entrar en el gobierno, o asaltar a Unidas Podemos, emulando el camino de vuelta que, en su partido, recorrió Pedro Sánchez, patrono de la resistencia. Cualquier decisión en este sentido se interpretará como un perdón que abre la puerta a la necesaria cooperación o como la revancha que conduce a la inevitable venganza.

Sea cual sea su decisión supondrá ver a un nuevo Errejón, más próximo a la acción que a la reflexión y esa es quizás su principal encrucijada

El resultado le obligaría también a un rápido pero forzado crecimiento. La rapidez no se correspondería con la capacidad de organización y se vería ante la misma tesitura en la que ya se vieron otras formaciones como Unidas Podemos o Ciudadanos, para las que gestionar el éxito fue, y aún es, el principal obstáculo hacia su madurez política.

Errejón tiene que elegir. Y en su decisión se juega ser el representante de un movimiento progresista decisivo, amable y moderno, o el símbolo de una izquierda que elección tras elección se empeña en imitar a los Monty Python. Sea cual sea su apuesta supondrá ver a un nuevo Errejón, más próximo a la acción que a la reflexión y esa es quizás su principal encrucijada, recordar a DeLillo: “¿Cómo se despide uno de sí mismo? (…) un dilema existencial de lo más jugoso”.

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La investidura y la Constitución. En busca de la gobernabilidad perdida

La investidura y la Constitución. En busca de la gobernabilidad perdida

“Innovar no es reformar”, escribió Burke. Recuérdenlo los representantes políticos antes de hablar de tocar la Constitución española.

La democracia tiene sus ritos. Tiene fechas marcadas en el calendario que la elevan por encima de lo cotidiano y aburrido. El lunes, en el Congreso de los Diputados, se celebrará uno de esos días que son diferentes al resto de días de la democracia: el de la investidura del presidente del Gobierno. Y como todos los rituales, el de investidura tiene sus reglas, dos en este caso: la de las mayorías parlamentarias fruto del sistema electoral (Artículo 68 de la Constitución) y la de propuesta y votación en la Cámara (Art. 99).

Todo sistema electoral parlamentario se debate entre la proporcionalidad que garantice la representación plural de los votantes y la gobernabilidad, que hace que esa creciente diversidad de fuerzas políticas que reflejan una sociedad cada vez más diversa, impida la parálisis del sistema político. Estos son los dos valores que, en cierta manera, están en tensión.

Hubo, en el momento de darle a España una normativa electoral, posturas distintas. Fraga optaba por un sistema mayoritario. El PSOE defendió un sistema de mayor proporcionalidad. Finalmente fue la opción de Landelino Lavilla y Herrero de Miñón, basada en la circunscripción provincial (con un mínimo de 2 escaños para cada provincia), una barrera del 3%, y el método D’Hondt, la que salió adelante. Una apuesta por la gobernabilidad, sin perder por completo la proporcionalidad. Como dato esclarecedor baste decir que cuando se diseñó nuestro sistema electoral, en 1977, en pleno renacer democrático, los partidos políticos registrados eran más de 100, de los que 22 se presentaban en la mayor parte de las circunscripciones.

Sin embargo, las paradojas, tan habituales en la vida, también se abren camino en los sistemas políticos. Han querido las circunstancias de los últimos años que precisamente haya sido un sistema cuya falta de proporcionalidad venía criticándose casi desde sus orígenes, el que haya dado lugar a un “pluralismo polarizado” (Hallin y Mancini) en el que conviven 5 fuerzas con más de 20 escaños. Esto desembocó primero en una tensa espera y, en las últimas semanas, en la “tragicomedia de la crispación” (en feliz expresión de Gil Calvo), con consecuencias que aún difíciles de prever, pero que van más allá de una investidura que parece cada vez más encaminada.

Vivimos algo similar en 2015 y 2016 y ya entonces hubo quienes plantearon la necesidad de reformas institucionales que evitaran tanto los largos periodos de interinidad como la posibilidad de prolongar ad eternum el proceso de investidura. La formación de gobierno hizo que, como ocurre tantas veces, un problema señalado como institucional se relegará al olvido. “El olvido está ahí, no lo olvidemos” escribió Benedetti y lo olvidamos hasta que las elecciones de abril de 2019 nos lo recordaron.

Las causas, más allá de la falta de previsión política y la dictadura de lo inmediato que permite enterrar problemas y sorprenderse cuando estos resurgen, las tenemos que buscar en el mecanismo de investidura y el sistema electoral. Entre todas, las más determinantes son las que ya señaladas de la elección de la provincia como circunscripción electoral y el establecimiento de un mínimo de 2 diputados por circunscripción.

Además hay que contar que según la Constitución, los escaños en juego en unas elecciones pueden ser hasta un máximo de 400. Actualmente se reparten 350, dispuestos en circunscripciones provinciales de manera proporcional, con un mínimo por cada una de ellas, (que la ley establece actualmente en dos representantes, salvo en Ceuta y Melilla que es uno).

Resumiendo, si hubiera un intento serio de reformar la ley electoral habría que contar con 3 límites: la circunscripción electoral, con un número mínimo de escaños por provincia; el criterio de proporcionalidad, según la población, y el número total de escaños que se eligen en las elecciones (300-400).

La Gran Reforma

Con estos tres límites, que actúan como fronteras para posibles reformas, hay quienes plantean el cambio del método de reparto por le de Sainte-Laguë que mejoraría la proporcionalidad. Otros abogan por el aumento de escaños hasta el límite, es decir, 400. Se respetaría el actual sistema de reparto, o se añadiría un mecanismo complementario para adjudicar los 50 nuevos escaños, creando una circunscripción nacional. Sin embargo, lejos de mejorar la gobernabilidad, esta opción la debilitaría al fortalecer el criterio de proporcionalidad y aumentar la representación de fuerzas minoritarias, que normalmente ven cómo un buen número de los votos que obtienen en circunscripciones pequeñas no logran transformarse en un escaño.

Otra alternativa, planteada recientemente, sería adjudicar esos 50 escaños de más al partido más votado, como una prima de gobernabilidad, similar a la que existe en Grecia o Italia. Desde el punto de vista constitucional este sistema compartiría con la propuesta anterior la dudosa constitucionalidad de una circunscripción complementaria a la provincial y el respeto al número de escaños establecidos por la Constitución. Más dudoso resultaría saber si una propuesta de estas características rompería con el criterio constitucional de proporcionalidad que debe primar en la asignación de escaños.

Además, cualquier reforma que quiera evitar la ingobernabilidad, debe incluir el mecanismo de investidura, en el que todos los elementos desde su activación, el mecanismo de votación y el plazo máximo, son objeto de minuciosa reglamentación constitucional.

En este sentido la Constitución (art. 99) es bastante clara y llega al detalle:

  1. La propuesta corresponde al Rey a través de la Presidencia del Congreso

  2. El candidato propuesto deberá solicitar la confianza de la Cámara (por mayoría absoluta en primera votación o simple 48 horas después)

  3. Si no sale adelante se podrán tramitar sucesivas propuestas

  4. Si a los dos meses de la primera votación nadie obtiene la confianza el Rey disolverá ambas Cámaras.

En este punto, el margen de reforma sin tocar la Constitución es menor y solo cabría, como han planteado algunos grupos políticos, la de establecer por ley un plazo para someterse a la investidura, para evitar retrasos infinitos.

Todas las demás alternativas requieren un cambio constitucional:

  1. Actualmente, según la Constitución, no cabe un sistema de doble vuelta para elegir al presidente ya que contradice la totalidad del sistema político parlamentario consagrado por la Constitución. Hacerlo supondría un cambio mucho más de fondo, al alterar la naturaleza parlamentaria del sistema.

  2. Lo mismo ocurrirá trasplantando al Parlamento un modelo donde cualquiera pudiera presentar su candidatura y los diputados solo podrían votar por un candidato o por la abstención, propiciando la creación de las mayorías necesarias y evitando el bloqueo (como sucede en el Parlamento Vasco).

  3. Una tercera opción sería la de un sistema de investidura negativa (Dinamarca, Noruega o Islandia) donde el partido más votado, o aquel que obtenga un número superior de escaños en las elecciones recibe la investidura, pudiendo el Parlamento retirar su confianza cuando lo decida.

Y tampoco puede obviarse que cualquiera de estas figuras afectarían al papel de la Corona, de la que hoy depende la propuesta del candidato y requerirían reforzar los mecanismos de control del gobierno, especialmente la moción de censura o la aprobación de los Presupuestos, para permitir que la investidura no resulte, como lo puede ser ahora, casi definitiva. Además, reformas de este calado podrían afectar a los sistemas electorales autonómicos que por lo general resultan miméticos al sistema nacional.

A modo de resumen ejecutivo: cualquier reforma o reformas que pretendan evitar la interinidad o la ingobernabilidad exigen algo más profundo, la gran reforma de nuestro país: la de la Constitución. Y de nuevo, la paradoja. Porque buscando una estabilidad inmediata, una reforma constitucional podría embarcar a España, en una transformación constitucional que afecte a aspectos esenciales del sistema político, y que, por osmosis, alcance a otros de sus pilares como la Monarquía, la moción de censura o los sistemas electorales autonómicos, en los que resulta mucho más difícil encontrar acuerdos. Por no hablar del riesgo que entraña el hecho de que el referéndum de aprobación de la reforma (cuya convocatoria hoy podrían solicitar hasta 4 grupos políticos) se ciña como amenaza en el horizonte. La búsqueda de estabilidad podría provocar mayor inestabilidad.

Más allá de este optimismo universal, casi naif, que acompaña las urgencias institucionales, es difícil creer, como recordaba con ironía Torres del Moral, que aquellos que no consiguen ponerse de acuerdo en la formación de un gobierno que siempre tendrá un horizonte limitado en el tiempo, puedan hacerlo para lograr reformas constitucionales que tendrían consecuencias directas sobre cada uno de ellos, y cuyos efectos podrían prolongarse en el tiempo indefinidamente. “Innovar no es reformar”, escribió Burke. Recuérdenlo los representantes políticos antes de hablar de tocar la Constitución.

Publicado en El Confidencial