Jueces en campaña

Jueces en campaña

Ser seleccionado para el Tribunal Supremo es como ser un candidato político al que nadie quiere y que, sin embargo, lucha por ser elegido

La nominación de Amy Coney Barrett para ocupar la vacante de la recientemente fallecida Ruth Bader Ginsburg en la recta final de la campaña electoral puede tener efectos insospechados en los resultados del próximo 3 de noviembre. Pero, además, abre una batalla sin cuartel para lograr su confirmación en el Senado.

“El pueblo puede cambiar el Congreso, pero solo Dios puede cambiar la Corte Suprema” (George W. Norris). Algo de eso debe haber cuando la elección de los magistrados de la Corte Suprema, un proceso en el que confluyen el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, suele ser una de esas decisiones de la que se arrepienten todos los presidentes de los Estados Unidos, quizás por su irrevocabilidad.

Hasta 1987 la confirmación de los nominados para el Tribunal Supremo era un trámite rutinario, una presentación del candidato ante el Comité Judicial del Senado, centrada en su carrera profesional, sin entrar en cuestiones de su ideología o su vida personal, que generalmente se solventaba sin preguntas, no solía durar más de un par de horas y en la mayoría de los casos se adoptaba por aclamación, o sin votos en contra.

Sin embargo, la nominación de Robert Bock por Ronald Reagan en 1987 cambió para siempre un procedimiento que afecta a la clave de bóveda de la democracia norteamericana. Cuando se conoció su nombre, el senador Ted Kennedy criticó duramente la elección por “oponerse al aborto, favorecer la segregación, ir en contra de los derechos de los ciudadanos, prohibir la enseñanza de la teoría de la evolución en los colegios, la censura de los artistas”… Quizá sin saberlo, el pequeño de los Kennedy estaba abriendo la brecha para que todo cambiara y sus críticas fueron el pistoletazo de salida para que una elección que, hasta ese momento había sido generalmente pacífica, se convirtiera en una batalla a muerte, donde intereses y principios se confunden.

A la contienda desatada se unieron algunas de las organizaciones civiles más relevantes del país, como la ACLU, que impulsaron campañas para evitar la confirmación. E incluso ya por entonces, destacó en la liza un senador, Joe Biden, que elaboró el conocido ‘Biden Report’, que el candidato más adelante calificaría como “un informe tan tergiversado que merecería figurar en cualquier antología de la injuria”. El resultado, además de un enconado debate en el que, por ejemplo, se llegaron a revisar los títulos de los vídeos alquilados por el candidato (entre los que se encontraban ‘Un día en las carreras’ o ‘El hombre que sabía demasiado’) fue el rechazo del candidato y, sobre todo, un sonoro fracaso de la Casa Blanca.

Su rechazo cambió las reglas no escritas para estos procesos de manera radical y, desde entonces, prácticamente todas las nominaciones se han convertido en auténticas batallas campales. Nunca una institución tan pequeña reclamó tanta atención ni detentó tanto poder.

Cada vacante desata una auténtica batalla que, además de a las instituciones, llega a los medios y a las calles, donde organizaciones de derechos invierten millones en organizar campañas de apoyo o rechazo al nominado, llegando incluso a convocar manifestaciones que se han saldado con cientos de detenidos.

Ser seleccionado para el Tribunal Supremo es como ser un candidato político al que nadie quiere y que, sin embargo, lucha por ser elegido. Así es como lo describió el juez Roberts en sus audiencias de confirmación. No es de extrañar que ante esta situación la Casa Blanca se arme para estas batallas como para las campañas electorales más importantes.

El proceso de selección de magistrados se ha convertido, a la vez, en un auténtico juicio con testigos cualificados e investigaciones en profundidad y en una campaña política, en la que participan los grupos de activistas, los medios de comunicación y los partidos. Un juicio en el que las sesiones se extienden durante días, incluso semanas. En él, participan decenas de testigos y el candidato se somete a cientos de preguntas sobre su vida y sus creencias, más de 1.000 en la última confirmación, en ocasiones interminables, como la de Biden en la confirmación de Alito que duró 24 minutos, todo aliñado con una virulencia impropia de los debates parlamentarios que ha llegado a provocar las lágrimas en los familiares de algún candidato, y que terminan con resultados cada vez más ajustados.

Tampoco se ahorran atajos legales como el del filibusterismo, el intento de retrasar una decisión parlamentaria a través de una sucesión de intervenciones sin fin, y sin relación alguna con el asunto en cuestión, hasta llegar incluso a bloquearla (que amenazó los procesos de Alito y Gorsuch), o el retraso ‘sine die’ de la convocatoria de la Comisión, que afectó al último nominado por Obama, Merrick Garland, que nunca llegó a ser elegido.

Los procesos se preparan durante años, como cuenta el consultor político, y jefe de gabinete de George W. Bush, Karl Rove, que vivió el proceso: cuando la jueza Sandra Day O´Connor anunció su retirada, la Casa Blanca llevaba ya 4 años trabajando en los posibles nominados con un equipo de altísimo nivel del que formaban parte el vicepresidente y su jefe de gabinete, el Fiscal General, el jefe de gabinete y el asesor jurídico de la Casa Blanca.

Los cambios de dinámica han afectado también al perfil de los candidatos, y entre los que alguna vez fueron considerados se encuentran nombres tan curiosos como el de Mario Cuomo, Michael Sandel o Hillary Clinton (una idea sexy en palabras de su marido Bill, que fue finalmente rechazada porque como recuerda Stephanopoulos “Sexy estaba bien, pero seguro era aún mejor”).

Karl Rove ofrece una idea aproximada de la entidad del proceso cuando da la composición de estos equipos “de comunicación, prensa, asuntos legislativos, asesores y miembros del departamento de justicia”. Una cohorte de profesionales con un solo objetivo: ser el ‘sherpa’ del candidato y guiarle a través del proceso de nominación. A estos equipos han pertenecido consultores reconocidos como George Stephanopulos (All too human: a political education), Karl Rove (Courage and Consequence, 417-425), Eddie Gillespie (Winning Right, 187-232), que reconocen su importancia dedicando un capítulo en sus memorias. E incluso Fred Thompson, exsenador y famoso por su papel en la serie Ley y Orden, que ejerció de sherpa del actual presidente del Tribunal, el juez Roberts, o Steve Schmidt, que sería el jefe de campaña de McCain en 2008.

Su trabajo incluye expurgar los historiales vitales y profesionales de los candidatos, realizar entrevistas a fondo para su selección, presentar al candidato al Comité Judicial y al resto de miembros del Senado, proteger su historial y su imagen de los ataques públicos, trabajar con los grupos de activistas, responder cientos de preguntas enviadas por los senadores y preparar a conciencia al “candidato” para unas audiencias que serán necesariamente desagradables, además de gestionar el día a día de la comunicación.

Todos han tenido que lidiar con acusaciones desagradables: acoso sexual, plagio, favoritismo en el proceso de adopción de un hijo…

Todos han tenido que lidiar con acusaciones desagradables: acoso sexual (Thomas y Kavanaugh), plagio (Gorsuch), favoritismo en el proceso de adopción de un hijo (Roberts), o racismo (especialmente ofensivo al venir de Ted Kennedy y referirse al Juez Alito, hijo de un inmigrante italiano) e incluso ataques de los grupos conservadores por no ser suficientemente conservador (lo que obligó a renunciar a Harriet Miers nominada por George W. Bush).

Es muy probable que, a partir de mañana, comience una batalla similar. Antes de hacerse pública la nominación ya han comenzado las críticas, que se han centrado en la condición de católica de la nominada a la que acusan de pertenecer a la comunidad religiosa en la que supuestamente se inspiró ‘El cuento de la criada’.

Ante la posibilidad que, a pesar de estas críticas, la nominación salga adelante, dando lugar a una Corte de marcado talante conservador, se plantean ya distintas propuestas.

La primera sería reproducir el bloqueo que sufrió Merrick Garland, al ser nominado por Obama en su último año de mandato, un precedente que ha sido invocado en el proceso que empieza hoy. Aunque la situación no es la misma, los principios han vuelto a ceder frente a los intereses de unos y otros, y los que en 2016 defendieron el derecho del presidente de nominar un candidato hasta su último día en la Casa Blanca, hoy se agarran al calendario (más allá de que exista un buen número de nominados en el último año y algún ejemplo de procesos de confirmación de una duración similar).

La historia muestra que, por su independencia y profesionalidad, una vez nombrados los magistrados actúan con libertad

La segunda, la del filibusterismoya ha sido desactivada. Los republicanos terminaron con esa posibilidad al extender a los Jueces del Supremo el uso de la “opción nuclear” (establecida por los demócratas en 2013 para sacar adelante las nominaciones judiciales federales), lo que permitiría aprobar la confirmación de Barrett por mayoría simple.

Como última opción se habla de aumentar el número de magistrados. El tamaño de la Corte Suprema, que no se establece en la Constitución, no ha variado desde 1869, y el último intento serio de cambiarlo fue realizado por F. D. Roosvelt, que fracasó en el intento. La opción de aumentarlo solo se justificaría por el miedo a una Corte excesivamente conservadora y sería una opción demasiado agresiva, al modificar una institución básica por un motivo puramente coyuntural.

De todos modos, la historia nos muestra que, como consecuencia de su independencia y su elevada profesionalidad, una vez nombrados los magistrados actúan con una gran libertad, y casos como el de jueces como Frankfurter, Black, Earl Warren o el mismo Roberts explican que pese a que en los últimos 50 años 14 jueces han sido nombrados por Presidentes Republicanos frente a 4 nombrados por Presidentes Demócratas, las decisiones del Tribunal Supremo sigan siendo una referencia jurídica y moral, y no solo en Estados Unidos.

Publicado en El Confidencial

Facebook: nuevas reglas para las elecciones

Facebook: nuevas reglas para las elecciones

 

Tras nuevas revelaciones de cómo la red social fue utilizada en el año 2016 para influir en las elecciones, hoy Mark Zuckerberg ha anunciado las nuevas medidas que la compañía ha adoptado de cara a las elecciones presidenciales norteamericanas de 2020. 

Las medidas se suman a las ya existentes para las elecciones en general (reforzadas durante las elecciones al Parlamento Europeo) y a las específicas anunciadas en octubre de 2019, que buscaban evitar bots, proteger las cuentas de los implicados frente a posibles hackeos, aumentar la transparencia de las páginas (mostrando el nombre de su propietario), etiquetar los medios públicos de comunicación (en las páginas y en la contratación de publicidad), y facilitando las consultas sobre el gasto en publicidad de los candidatos. Añadir etiquetas de fact-checking y prohibir publicidad que promueva la abstención.

Además de reforzar algunas de estas políticas como el refuerzo de las cuentas de los implicados, o la identificación y eliminación de grupos o perfiles falsos o que promuevan la violencia, entre las nuevas medidas anunciadas la más destacada es sin duda la prohibición de contratar nueva publicidad  durante la última semana de campaña. No se trata de una jornada de reflexión ampliada, ya que “Los anunciantes podrán seguir publicando anuncios que comenzaron a publicar antes de la última semana y ajustar la segmentación de esos anuncios” si no de un margen de tiempo que, según la compañía, permita al resto plantear reclamaciones frente a falsedades o ataques injustificados y permita también que a través de la información que ofrece ya la  biblioteca de anuncios ” cualquiera, incluidos los verificadores de datos y periodistas, pueda escrutarlos.”

Otras incluyen la colaboración con las autoridades electorales estatales (ya que en Estados Unidos la legislación electoral depende de cada Estado) para “identificar y eliminar” las publicaciones o la publicidad que incluyan “falsas reclamaciones sobre las condiciones de votación”.

La limitación para facebook messenger  de reenvíos de mensajes que ya habían establecido para whatssapp, limitando “el número de chats a los que puedes enviar un mensaje al mismo tiempo”.

Además, se compromete a reforzar medidas frente a la abstención, evitando información falsa que desincentive el voto, tanto respecto a los mecanismos de votación como a las amenazas que utilicen el Covid para desincentivar la participación.

Por último, incluye un conjunto de medidas relacionadas con el recuento, para evitar publicaciones que aprovechen las dificultades del mismo para deslegitimar el resultado, o el sistema electoral. En esta linea utilizarán la información oficial para ayudar “a la gente a entender que no hay nada ilegítimo en no tener resultados en la noche de las elecciones.”, etiquetando como no oficial aquellas publicaciones que declaren la victoria antes de ser oficial y redireccionando hacia la información oficial. En esta línea etiquetarán también aquellas publicaciones que persigan ” deslegitimar el resultado de la elección o debatir la legitimidad de los métodos de voto”, y ofrecerá información oficial sobre la legitimidad de los mismos.

Se trata de un conjunto de medidas ambiciosas, que plantean una serie de dudas. La primera y la más evidente es la de la legitimidad de una compañía privada para establecer limitaciones que afectan de manera clara a la libertad de expresión y a la participación política (vinculada estrechamente a la libertad de expresión, especialmente en campaña electoral). Como ocurría ya con otras medidas ya en vigor el afán por proteger la legitimidad democrática puede silenciar el intercambio de información esencial para una campaña electoral y acallar denuncias legítimas, y amparadas en estos derechos fundamentales. Como señalaba Alex Howard con ironía: “El Chairman de la Comisión Electoral de Facebook anuncia nuevas reglas para la elección (…) y avisa que espera un resultado ajustado”.

La medida de impedir la contratación de anuncios durante la última semana resulta innovadora y  es una solución (quizás un poco amplia en el tiempo) para evitar uno de los problemas más difíciles de resolver: la capacidad de reacción eficaz en un canal de comunicación que necesita minutos (a veces segundos) para extender un mensaje, sin dejar tiempo para reaccionar. El problema que se plantea es qué ocurrirá en esa semana con las publicaciones (no pagadas) a través de las que se puede lograr una difusión similar, recogiendo, por ejemplo, spots televisivos o creando piezas publicitarias para difundir de manera orgánica. Esta decisión no resuelve otros problemas de la publicidad política (de ahí que twitter prohibiera este tipo de publicidad) como  el uso del microtargeting político (algo que Google está tratando de limitar) que para muchos es la verdadera amenaza.  

PS. Una anécdota, en la traducción “oficial” (ofrecida por Facebook) del post de su fundador hay dos erratas que llaman la atención: “Estamos ampliando nuestras políticas de represión de votantes”, al referirse a su política de suprimir información falsa que desincentive el voto. Y “proporcionará información autoritaria básica sobre la integridad de los métodos electorales y de votación.” donde debería decir información autorizada.

Suspensión de las elecciones primarias de Puerto Rico (8.2020)

Suspensión de las elecciones primarias de Puerto Rico (8.2020)

El pasado domingo Puerto Rico celebró elecciones primarias de los partidos PNP y PPD. El voto se realiza a través de máquinas con lector de papeletas.

Además de los problemas derivados del Covid, que en estos momentos se encuentra muy extendido en la zona, y que provocó extender el voto telefónico a los que habían dado positivo y experimentar con un sistema que permitía votar desde el coche, las elecciones se han encontrado con un nuevo problema, que recuerda algo a los problemas de las elecciones de República Dominicana de hace unos meses, la ausencia de papeletas.

En este  caso el Código electoral había sido modificada recientemente, el 20 de junio de 2020, sin un consenso amplio, y, entre otras cosas, reducía considerablemente la administración electoral.

El sistema de votación era inicialmente uno de los puntos fuertes de la reforma. La reforma establecía un nuevo sistema de voto por internet para las próximas elecciones, que iría aumentando hasta 2028 cuando  sólo sería posible el voto por internet y el voto por correo, y así fue aprobada por ambas cámaras pero la iniciativa fue rechazada por la Gobernadora alegando ausencia de garantías y fue modificada, manteniendo exclusivamente la extensión del voto por correo (excepcional hasta ahora). Así se mantenía el sistema de votación electrónico, basado en una única papeleta (por elección) en la que es necesario marcar al candidato elegido.  La ventaja de este sistema, muy extendido en todo el mundo, es que finalizada la votación es la máquina la que realiza el recuento, permitiendo ofrecer resultados rápidos una vez cerradas las urnas y ofreciendo la seguridad de poder comprobar a posteriori si se corresponde con las papeletas. Este tipo de sistemas de votación se han venido probando en España, al menos desde el año 2000 (el primer simulacro al que asistí fue el de la elección del Presidente del Athletic de Bilbao).

El domingo por un error logístico muchos de estos  no habían recibido las papeletas  a la hora de abrir los centros de votación. El resto de centros electorales decidió abrir el proceso, y la Comisión Electoral amplió los horarios de votación confiando en la llegada de las papeletas a todos los puntos. Pero según avanzaba la jornada las papeletas seguían sin llegar, al menos a 60 centros de votación, y finalmente se decidió suspender el proceso (con idea de reanudarlo).

Esto plantea una serie de dudas jurídicas y de gestión electoral:

La primera cuándo reanudar la votación, si hacerlo lo antes posible (con los problemas de conflicto con las obligaciones laborales de los votantes) o retrasarlas hasta el siguiente domingo (asegurada la recepción de las papeletas en los centros de votación).

La segunda qué hacer con los votos ya emitidos. El sistema permite obtener los resultados sin alterar la integridad de la votación, por lo que las autoridades se planteaban la posibilidad de apagar las máquinas hasta que se reanudara el proceso (lo que podía generar dudas sobre los votos ya emitidos) o emitir los resultados de la votación (hasta ese momento) y volver a comprobarlos al reiniciar la votación, intentando acabar así con las dudas que podría generar este proceso.

Al final se impuso la sospecha y el temor y se empezaron a imprimir los recibos de votación, que se han comenzado a difundir por las redes sociales, poniendo de manifiestos ciertas tendencias que podrían influir en la decisión de aquellos que faltan por votar.

La tercera duda es sobre a quién le corresponde adoptar la decisión. En principio la decisión corresponde a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), órgano que también sufrió una remodelación en la reforma electoral,  y a los comisionados electorales del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD). El problema es que los Presidentes de los partidos que están celebrando las primarias  son parte interesada (al ser también candidatos) y sus intereses no coinciden con  el del resto de los candidatos que participan en las mismas. De hecho el acuerdo de la CEE de reanudar las votaciones el próximo domingo ha sido rechazado por candidatos de ambos partidos, que han denunciado el acuerdo ante el Tribunal Supremo, que ha admitido el recurso y tendrá que resolver.

A día de hoy las opciones son reanudar  las elecciones suspendidas, mañana mismo o el próximo domingo, y publicando o no los resultados de las votaciones ya realizadas,  o cancelar el proceso y volver a celebrar toda la votación.