¿Agoniza la época oscura del ‘lobby’? Un dilema tras 30 años de vacío legal y opacidad hermética

¿Agoniza la época oscura del ‘lobby’? Un dilema tras 30 años de vacío legal y opacidad hermética

El ‘lobby’ en España atraviesa una dicotomía: su alta profesionalización del lado de las consultoras y agencias, que piden regulación a gritos, choca de frente con la idea del ‘lobbismo’ rancio que sobrevive auspiciado en la falta de transparencia.

Por Alejandro Mata

“Con las leyes pasa como con las salchichas: es mejor no ver cómo se hacen”, solía decir el político alemán Otto von Bismarck. ¿Hasta qué punto en España somos conscientes de cómo se hacen las leyes? Un ejemplo: ¿cuánto peso está teniendo el ‘lobby’ inmobiliario en la futura ley de la vivienda? O más concretamente, cuánto de ‘lobby’ hay en que un ministro rechace controlar los precios del alquiler, alegando que la vivienda “es un derecho, pero también un bien de mercado”. No hay una respuesta clara, lo único que hay es un agujero legal que lleva 30 años engendrando opacidad. Entre tanto, el ‘lobby’ “nuevo” se ha ido profesionalizando, diferenciándose del ‘lobby’ de “amiguísimo”, exigiendo una regulación y dejando atrás el intrusismo y la mala imagen que le persigue. La situación es tal que el propio Gobierno ha anunciado que priorizará la tramitación de la ley que regulará a este colectivo. A España se le presenta una oportunidad: ¿estamos ante el fin del ‘lobby’ a las sombras?, ¿o será otro intento fallido?

Los ejemplos estadounidense y europeo demuestran que la regulación del ‘lobby’ no es el bálsamo de Fierabrás, pero es un paso muy importante. Sin ir más lejos, este mes el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, informó que iba a agilizar la norma que regulará a este colectivo. Un compromiso que se recoge en el IV Plan de Gobierno Abierto y que persigue crear un registro obligatorio de grupos de interés que hagan ‘lobby’ con la Administración del Estado.

Actualmente los servicios de consultoría de ‘lobbing’ mueven en España unos 100 millones de euros al año, si se cuentan los contratos de empresas españolas en el extranjero. Al poner el foco en la Unión Europa, que tiene su propio registro donde aparecen los datos de quienes ejercen esta actividad, allí compañías españolas como Telefónica invierten casi 2 millones de euros al año en hacer ‘lobby’, gastando más que IndraRepsolBBVA o Iberdrola. De hecho, la compañía de telecomunicaciones es la que más veces se ha reunido en Bruselas, de todas las empresas españolas, para ejercer presión.

A escala europea, según el Registro de Transparencia existen 12.320 entidades ‘lobbistas’ de todo tipo; las más mayoritarias son los organismos empresariales y asociaciones con intereses comerciales, que son 6.570. De todas estas entidades, empresas como GoogleMicrosoftFacebook Huawei se sitúan entre las diez compañías que más gastan y más reuniones mantienen para intentar influir en las políticas de la Unión Europea.

Los gigantes tecnológicos, a la toma de Bruselas

Belén Balanyá, cofundadora del Observatorio Europeo de Corporaciones, plantea que más que la nacionalidad de las empresas la clave es la temática. “Los gigantes tecnológicos, que hace una década no estaban tan presentes, han tomado BruselasSu presencia y despliegue son enormes, como se puede ver por la cantidad de dinero que gastan y el número de reuniones con la Comisión”.

La experta contextualiza que la UE ha regulado en la última década temas que son clave para el interés de este sector y en el que las empresas han empleado sumas millonarias en campañas para intentar moldear esas regulaciones. “Desde la reforma en 2013 de las leyes de la UE sobre protección de datos han entrado a fondo. Por ejemplo, han empleado muchos recursos en debilitar las propuestas sobre protección de datos. Pero también para evitar multas por evasión de impuestos y comportamientos monopolísticos. El mercado digital único y el ‘copyright’ son otros temas claves“.

Estas cifras, a pesar de estar muy poco detalladas, simbolizan que hay un sector en auge en el que las entidades españolas también están participando y que el desinterés político está entorpeciendo una actividad democrática que necesita ser regulada. La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) es la entidad que está capitalizando las principales sinergias de la regulación del sector. María Rosa Rotondo, fundadora y presidenta de la asociación ‘lobbista’, no considera que se deba diferenciar entre ‘lobby’ bueno y malo, porque todo lo que está mal hecho está penado por ley.

“Todo lo que no debe saberse no debe hacerse”

“La regulación va a traer profesionalización, pero no va a erradicar las malas prácticas de la misma manera que la existencia del Código Penal no erradica los crímenes y los asesinatos”, plantea que lo que realmente sucederá es que se dará encuadre a una profesión. Señala que esto es algo que en Europa ya no es debate. “Como dijo un coronel, ‘todo lo que no debe saberse no debe hacerse’“, apostilla.

María Rosa Rotondo, presidenta de APRI. (A. Mata)
María Rosa Rotondo, presidenta de APRI. (A. Mata)

“Creo que las instituciones europeas son muy sólidas en la defensa de los intereses europeos. Muchas veces la defensa de nuestros intereses supone tomar decisiones tan contraintuitivas como por ejemplo darle poder a Huawei“. A pesar de eso, la ‘lobbista’ piensa que Bruselas está más que preparada para hacer frente a las contraofensivas norteamericanas y chinas. “Si estas contraofensivas existen es porque Europa legisla a lo bestia”.

“Por razones geopolíticas, Bruselas es el centro de la regulación del mundo, por eso todas las empresas tienen sus ojos puestos en Europa”

“Por cuestiones geopolíticas, la Unión Europea se ha convertido en el centro de la regulación del mundo”. Rotondo indica que desde hace unos siete años, Europa legisla sobre una enorme cantidad de materias muy complejas, como por ejemplo el Reglamento General de Protección de Datos. “Y estos son normas que afectan a empresas chinas y americanas, por eso todas las empresas tienen que tener sus ojos puestos en Bruselas“.

¿En qué se gasta el dinero el ‘lobby’?

Sin duda, Europa se ha convertido en un gran campo de batalla para el ‘lobby’, el mejor ejemplo se ve en la cantidad de millones que invierten las compañías, asociaciones y gobiernos para influenciar en la política. Los datos europeos muestran una horquilla aproximada de cuánto dinero se gastan las entidades en esto, pero no incluyen un desglose o información que sirva para conocer con más precisión en qué se gasta ese dinero.

María Rosa escribiendo en su libreta. (A. Mata)
María Rosa escribiendo en su libreta. (A. Mata)

“El coste es muy difícil de imputar. Si me voy a Bruselas ¿qué imputo?, ¿el sándwich del aeropuerto? Nadie lo sabe, porque no nos lo han dicho. No hay normas claras que indiquen cómo imputar estos costes”, precisa la experta. A pesar de eso, matiza que el dinero no es clave en este asunto; “Ada Colau, antes de ser alcaldesa, cambió la ley hipotecaria sin un duro. No está relacionado el gasto con el éxito”.

Según el estudio ‘La Visión Empresarial de los Public Affairs en España‘ realizado por APRI, cuando preguntaron a más de 70 directivos y profesionales del ‘lobby’ si querían ser regulados, el 90% de ellos estaban de acuerdo en que sí.

Este amplio consenso esconde un detalle clave: a diferencia de la Unión Europea o Estados Unidos, donde sí hay incentivos por cumplir con la ley, en España no los hay, por lo que ¿qué es lo que motiva tanto a los ‘lobbistas’ españoles que quieran ser regulados? Literalmente, la mala fama y la mala reputación, “por la falta de transparencia que existe en el sistema. Es algo que llevamos defendiendo desde hace 13 años; si se conoce lo que hacemos, no habrá sospechas sobre nuestra actividad y seremos un colectivo más”.

María Rosa Rotondo, presidenta de APRI. (A. Mata)
María Rosa Rotondo, presidenta de APRI. (A. Mata)

Rotondo reconoce que hay algunos grupos que consideran que el hecho de que se conozca su actividad es malo para ellos y se oponen. “Y es normal que a nadie le guste el escrutinio, pero es un peaje muy poco costoso para los enormes beneficios que conseguiríamos, y esta es la vía y la tendencia europea”.

Solo hay que pararse y mirar las cifras que manejan las compañías españolas en Europa para entender que hay un sector en auge y que el desinterés político está entorpeciendo una actividad democrática que necesita ser regulada. En España ya ha habido varios intentos, el más importante lo protagonizó Manuel Fraga, que intentó incluir la práctica ‘lobby’ en el artículo 77 de la Constitución española, sin éxito.

El caso Juan Guerra prende la mecha

¿Por qué, tras 30 años, los grupos de influencia todavía no están regulados? “La ausencia de una ley se debe a la dificultad de regularla y a la falta de voluntad. Los impulsos fuertes de regular a los grupos de presión en España se miden por casos de corrupción. Se aprobó la primera PNL cuando estalló el caso Juan Guerra. Cada vez que hay un escándalo vinculado a los favores se impulsa la regulación del ‘lobby’, pero una vez que el escándalo pasa el entusiasmo termina“, critica Rafa Rubio, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense.

“Los impulsos fuertes de regular el ‘lobby’ en España se miden por casos de corrupción”

El experto en Derecho Constitucional piensa que la principal dificultad es la de definir la propia ley y quién hace ‘lobby’. Ante este limbo legal, algunas comunidades autónomas y ayuntamientos han elaborado sus propios reglamentos. Rubio plantea que todas van por el buen camino, pero que en especial destaca la del Ayuntamiento de Madrid porque entiende al ‘lobby’ desde una concepción de participación política y desde ahí afronta una regulación integral.

 Rafa Rubio experto en Derecho Constitucional. (A. Mata)
Rafa Rubio experto en Derecho Constitucional. (A. Mata)

Un error ‘made in USA’

La tendencia global de la regulación del ‘lobby’ se centra en el sujeto y no en el verbo. Este error lo cometió EEUU en 1945 con su regulación y tuvo que anularla el Tribunal Supremo porque discriminaba entre unos y otros actores que trataban de influenciar en la vida política.

“Esto es un problema permanente, porque en el fondo todos somos un poco ‘lobbistas’. Son muchas las personas, organizaciones y empresas que en algún momento de su vida se han interrelacionado con la Administración pública tratando de defender sus intereses. Desde este punto el problema no es definir quién es ‘lobbista’ sino centrarse en quién hace ‘lobby’“.

“En el año 2000 buscabas ‘lobbistas’ en España y te salían dos, José Luis Sanchís y Hazte Oír”

Más allá del ámbito legislativo, Rubio destaca que en España ha habido un cambio exponencial en los últimos años. “En el año 2000 buscabas ‘lobbistas’ en España y te salían dos, José Luis Sanchís y Hazte Oír. Ahora buscas servicio de ‘lobby’ y te salen casi 300 resultados. Ha habido una explosión brutal desde el punto de vista del sector, cada vez hay más gente que se dedica a esto y además hay más gente que lo dice“, sentencia Rubio.

Este cambio de paradigma se ha hecho más notable no solo en las oenegés, que fueron las primeras en entender la situación, sino también en las grandes agencias y consultoras de comunicación en España, que en los últimos siete años han creado un departamento de asuntos públicos y que cada vez contribuyen más a la facturación de esas empresas.

Rafa Rubio ojeando un artículo de El Confidencial. (A. Mata)
Rafa Rubio ojeando un artículo de El Confidencial. (A. Mata)

Daniel Ureña, director general de la consultora de comunicación y asuntos públicos Mas Consulting, cuenta a este medio que fueron la primera consultora que se dio de alta en 2009 en el registro de grupos de interés de la Unión Europea. “Y eso que nuestra actividad en Bruselas no era muy alta”. Ureña cree que todo forma parte de un proceso y que tarde o temprano las compañías llegarán a la conclusión de que es beneficioso aparecer en este tipo de registros y abandonar la opacidad.

“El ‘lobby de trabuco’ ha perdido mucha fuerza”

El experto en comunicación afirma que el ‘lobby de trabuco’ (el que está basado en el tráfico de influencias) ha perdido mucha fuerza. “Hicimos un estudio en las penúltimas elecciones generales, vimos que el 60% de los diputados del Congreso eran recién llegados. Esto quiere decir que si tu aval como profesional es conocer a los diputados, pues has perdido mucha fuerza”.

Greta Thunberg. (Reuters)
Greta Thunberg. (Reuters)

Si tirar de agenda ya no es tan efectivo, ¿cómo se convence ahora a un político? Ureña es claro, dando información para que el gobernante tenga una visión más amplia y generando un clima de opinión a través de la comunicación. El experto sostiene que el mercado ha cambiado radicalmente en las últimas décadas, debido al impulso del sector económico, que ha sido clave. Además, pone el ejemplo del caso de Greta Thunberg, como un personaje muy carismático que se ha convertido en una gran ‘lobbista’ que hace campaña en defensa del medioambiente.

Cultura clientelar y desigualdad

Elisa de la Nuez, abogada del Estado en excedencia y coeditora de ‘Hay Derecho‘, sostiene que la experiencia europea es muy burocrática pero iguala las reglas del juego. “Por lo menos, sirve para que todo el mundo pueda tener acceso a los europarlamentarios y quede registrado. Es burocrático y es pesado, pero tiende más a igualar“.

“Hay grandes empresas en España que no tienen necesidad de pasar por ventanilla como todas, eso forma parte de una cultura clientelar”

De la Nuez va más allá, cree que no basta con la regulación, también hay que cambiar de mentalidad. “Hay grandes empresas en España que no tienen necesidad de pasar por ventanilla como todas las demás, eso forma parte de una cultura clientelar. La prueba son las puertas giratorias, es una fuente de desigualdad. Las empresas no pagarían a expolíticos si no fuera difícil acceder”, y añade que las empresas que sean pilladas ‘in fraganti’ tienen que tener algún tipo de coste reputacional.

 

Publicado por El Confidencial

La Junta de Castilla y León deja fuera de la ley de Transparencia la regulación de los lobbies

La Junta de Castilla y León deja fuera de la ley de Transparencia la regulación de los lobbies

Transparencia está trabajando en un proyecto de huella legislativa para publicar en cada norma todos los documentos del expediente.

La Junta de Castilla y León deja al lobby fuera de la ley de Transparencia que prevé aprobar esta legislatura. Los grupos de presión, que comienzan a estar regulados en autonomías como Asturias, Cataluña o Madrid, no están actualmente regulados en Castilla y León. Ni lo están, ni lo estarán a corto plazo, según las estimaciones del gobierno autonómico, puesto que prevén abordar esta cuestión “de forma integral” en una norma específica.

Así lo explica en su exposición de motivos: “La ley no aborda aspectos vinculados a la participación ciudadana o la regulación del lobby con los que la transparencia presenta una evidente y estrecha relación. La razón no es otra que el propósito de abordar esta materia en una iniciativa específica que contemple de forma integral la participación de la sociedad en la gestión de los asuntos públicos”.

En 2013, el gobierno de Mariano Rajoy elaboró la primera ley de Transparencia, a partir de la cual, las autonomías podían ampliar la regulación. En 2015, la Junta de Castilla y León elaboró una norma con “déficits”, por lo que la Consejería de Transparencia, de la mano de Francisco Igea (Cs), pretende iniciar “una verdadera política autonómica de transparencia” y un “mejor acceso” a la información.

“En España se ha avanzado en términos de transparencia con la Ley 19/2013 pero es incomprensible que no se haya puesto en marcha una regulación sobre los lobbies. El lobismo informal y opaco manda”, lamenta el exdiputado por Esquerra y doctor en Derecho Joan Ridao.

“El anteproyecto de ley de Transparencia de Castilla y León, aunque no la he estudiado en profundidad, es bastante avanzado”, valora María Díez, investigadora en Transparencia por la Universidad de Valladolid, que sí considera que se deberían regular estos grupos de presión por transparencia.

Fuentes de la Consejería de Transparencia informan que ya ha terminado el trámite de observaciones de las consejerías, aunque quedan pendientes los informes de los Servicios Jurídicos de la Consejería, la Dirección General de Presupuestos y Estadística y del Consejo Consultivo. Entonces se remitirá el proyecto a las Cortes de Castilla y León.

Por Alba Camazón

La Junta de Castilla y León también está trabajando en un proyecto de huella legislativa para publicar en cada norma todos los documentos del expediente. Aunque todavía no se conoce cómo se aplicará, el objetivo de la huella normativa es analizar cómo ha evolucionado un texto legal a lo largo de todos sus meses de tramitación.

Agendas de altos cargos

De momento, en Castilla y León se mantiene la normativa de 2015, esa en la que el actual gobierno autonómico (PP-Cs) reconoce “déficits”. Es decir, la Junta debe someter a la participación ciudadana (individual y colectiva) los anteproyectos de ley, los proyectos de decreto, las estrategias, los planes y los programas. Una vez recibidas las alegaciones, la Junta debe justificar el rechazo total o parcial de las aportaciones.

La actual ley de Castilla y León apenas roza esta cuestión que afecta a la participación de organizaciones, empresas y colectivos de todo tipo. No existe un registro ni se plantea una huella digital que permita saber el resultado de las reuniones. Lo más parecido que tiene Castilla y León es la publicación de las agendas de los altos cargos: reuniones, eventos y encuentros -presenciales y a distancia- que mantengan en el desempeño de sus funciones todos los altos cargos de la Junta así como los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes o asimilados de las empresas públicas o fundaciones públicas.

El problema que presentan muchas veces las agendas de cargos públicos es que se queda en lo “superficial”, explica a elDiario.es Antonio Castillo, co-cooordinador de un grupo de investigación nacional sobre el lobby. Este catedrático de la Universidad de Málaga asegura que en estas agendas no se comprueba si finalmente se han reunido o no y de qué asunto se habla realmente.

“Yo puedo decir que me reúno con los cazadores, pero en realidad los términos de la reunión son más complicados”, ejemplifica. “Al institucionalizar estos grupos de interés, que ya existen, puedes hacer todo más transparente, porque uno de los reproches que se les hace a los lobbies es que actúan en la sombra”, continúa.

Castillo insiste en la importancia de “fiscalizar” las agendas públicas para saber con quién, para qué, qué temas se han abordado, si se ha entregado o recibido documentación y qué propuestas están sobre la mesa”.

En esta cuestión hay disparidad de opiniones. “Confundimos tres niveles de información pública: la secreta, la confidencialidad y la transparente. Hay que tener cuidado con pedir transparencia, porque para algunas cosas hay que transmitir confianza. Las negociaciones deben ser secretas, pero la trazabilidad, pública”, agrega Juan Luis Manfredi, de la Universidad de Castilla-La Mancha. “Quiero ver la evaluación y ver los resultados que ha producido esa llamada de Telefónica al Ministro, por ejemplo”, añade.

Registros de lobbies

“Tiene que haber un registro que la gente pueda consultar, sería un gran paso”, apuesta Díez, que cree que “no tiene por qué ser malo” un diálogo entre el interés privado de asociaciones o empresas con el poder público. Para esta doctora, es “relativamente sencillo” publicar las actas de las reuniones “aunque sea de forma resumida” en este mundo digital. “Que no piensen que esto no interesa a la ciudadanía”, remarca.

La Comisión Europea sí que tiene un registro de estos grupos de interés (grupos de presión o lobbies), entre las que figuran ocho específicamente de Castilla y León, entre los que se encuentran la compañía AB Azucarera Iberia, la asociación agraria Asaja y la sociedad de investigación y explotación minera de Castilla y León (Siemcalsa). Este registro es obligatorio para que estos grupos puedan reunirse con representantes de la Comisión Europea. En España solo existe un registro, el de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC): se trata de un registro voluntario que agrupa empresas, ongs y corporaciones de derecho público.

Ridao cree que debería imponerse un “registro obligatorio” de estos grupos de interés. “En el nivel institucional de la UE funciona un registro voluntario y ello permite enmascarar el lobismo real. También una regulación en la esfera ejecutiva y legislativa, y en el caso del mundo local bajo los auspicios de la comunidad”, plantea.

Sobre esta cuestión tampoco hay un consenso, porque los registros pueden utilizarse para dificultar el acceso de la ciudadanía, en función de los requisitos que soliciten. En algunos casos, solo es necesario un nombre, pero se puede solicitar, por ejemplo, un documento que acredite que se trata de una asociación solvente, cuando se puede tratar de una asociación de padres y madres sin gestión económica. Manfredi sostiene que estos registros “no sirven de nada” si no van acompañados de trazabilidad para saber el efecto que tienen estas reuniones.

La huella legislativa

Estos grupos de interés juegan “un papel importante” en la elaboración de las leyes, defiende Francisco Javier Paniagua, doctor en Ciencias de la Información. Estas organizaciones y empresas, que pueden tener intereses sociales o económicos, “tienen mucho que decir y aportar”. Pero la clave está en que todo sea con luz y taquígrafos.

Para eso existe la huella legislativa: la prueba pública de la influencia que los lobbies ejercen en un texto legal. “La idea es ver cómo empieza una ley y cómo y dónde cambia”, relata Castillo. Es decir, ver qué efectos tiene una reunión con una asociación o una empresa, como un cambio en el cuerpo del texto una vez esté publicado un anteproyecto. “Aunque yo si fuera un buen lobby, me hubiera reunido antes de que se elaborara el anteproyecto y después también, en comisiones, por ejemplo”, agrega.

“La transparencia no significa que los que controlan más o tienen más poder no sigan influyendo, pero al menos que se conozca quién accede a los altos cargos”, señala Castillo. “El resultado de las reuniones y la rendición de cuentas tienen que ser transparentes”, agrega Manfredi.

“Si después de reunirte cambias el borrador, eso quiero verlo. Eso perite evaluar qué grupos tienen capacidad de influencia”, destaca Manfredi, que apuesta por que haya una memoria institucional y evaluación de políticas públicas. Este nivel de transparencia no existe actualmente en España. “Durante las deliberaciones no es bueno que haya transparencia, pero después sí, además de la importancia de la evaluación de las políticas públicas”, defiende.

Rafael Rubio, profesor titular Derecho Constitucional Universidad Complutense de Madrid, apuesta por “conocer el iter de cualquier decisión pública desde el principio de su elaboración, así como los distintos cambios que a propuesta de afectados, interesados y expertos se han ido introduciendo, con el fin de dotar de mayor transparencia a todo el proceso y permitir a los ciudadanos saber cómo ha evolucionado una norma y en qué sentido”. “Esta huella incorporaría no sólo una relación de los actores que han intervenido, sino el momento en el que lo han hecho y la información proporcionada por cualquier vía durante el proceso” refleja Rubio en su artículo ‘La actividad de los grupos de presión ante el poder Ejecutivo’

Los lobbies y los partidos políticos

“Una de las debilidades que tiene el modelo democrático es que los parlamentario están bastante desnudos frente a los lobbies”, explica Manfredi, director del grupo de investigación Comunicación Pública: Poder, Derecho y Mensaje, que propone que las Cortes de Castilla y León -y otras cámaras parlamentarias- tengan unos técnicos que puedan elaborar informes propios. “Tienen muy poca información de los asuntos que va a legislar, no hay un servicio de estudio propio que les pueda ayudar a elaborar las normas”, lamenta. Manfredi ejemplifica esta situación: Si se propone privatizar la Sanidad, por ejemplo, tendrán que saber qué impacto tendrá esta decisión, cuánto costará… O si se trata de la nueva ley de la caza o los toros, apuesta por que no sean las asociaciones las que presenten sus propios estudios a los políticos, sino que las Cortes tenga un servicio que elabore estudios independientes.

Publicado en eldiario.es

Obama’s secret weapon

Obama’s Secret Weapons: Internet, Databases and Psychology,
by Sarah Lai Stirland,
Wired.com.
October 29, 2008.