El Congreso debate establecer un registro de ‘lobbies’ similar al que ya existe en Cataluña, Castilla-La Mancha y Madrid

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Este martes 25 de mayo el Congreso de los Diputados toma en consideración la propuesta del grupo socialista para reformar el reglamento en el Congreso y así crear un registro de lobbies, entre otras medidas sobre esta actividad como sanciones a grupos de interés y parlamentarios si infringen el código de conducta. 

Pese a la falta de regulación estatal, hay tres comunidades autónomas, Madrid, Castilla-La Mancha y Cataluña, que tienen un registro de grupo de presión o lobbies donde los ciudadanos pueden consultar quiénes pueden influir directa o indirectamente en la elaboración de normas y de políticas públicas.

Patricia González, investigadora legal en Access Info, organización enfocada en la promoción y defensa del derecho de acceso a la información, señala que este registro es un elemento fundamental para garantizar la transparencia de la actividad de los grupos de interés y de los actores políticos.

“Aunque no es suficiente porque también deben ser transparentes las agendas de los actores políticos”, añade González, quien considera que esto permitirá conocer realmente cómo se están tomando las decisiones.

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Transparency International España define lobby como “cualquier comunicación directa o indirecta con agentes públicos, decisores públicos o representantes políticos con la finalidad de influenciar la toma de decisión pública, desarrollada por o en nombre de un grupo organizado”. Te contamos cómo es la situación de los registros de lobbies en España.

Tres comunidades tienen un registro de grupos de interés 

La Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla La Mancha son las únicas comunidades que tienen un registro de lobbies. Cataluña cuenta con casi 4.000 grupos de interés registrados en su plataforma, mientras que Madrid tiene ocho veces menos, cerca de 500 registros en su plataforma, y Castilla-La Mancha apenas dispone de 35 inscritos. Estas comunidades también permiten que los ayuntamientos de la región puedan adherirse al registro. 

Para Rafael Rubio, profesor de derecho constitucional en la Universidad Complutense y autor del libro La regulación de los grupos de interés en España, esta situación proviene de la ausencia de regulación nacional, cuyo retraso en esta normativa ha forzado a las comunidades autónomas y entidades locales a tomar la iniciativa de creación. 

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Por otro lado, hay siete comunidades autónomas que están tramitando la regulación de este registro según publica la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI): Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco, Principado de Asturias y Región de Murcia. 

Obligatoriedad e interoperabilidad

En Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha el registro es obligatorio y, por tanto, quienes realicen determinadas actuaciones con intención de “influir directa o indirectamente en la elaboración de normas y disposiciones generales, así como en la elaboración y aplicación de políticas públicas” deberán inscribirse en las distintas plataformas.

Desde Access Info ven importante que la regulación garantice la interoperabilidad de los diferentes registros de grupos de interés para que, si ya están inscritos en un registro nacional, no tengan que volver a hacerlo en cada comunidad autónoma o ayuntamiento.

Las comunidades también incluyen sistemas de denuncia donde cualquier ciudadano puede presentar una reclamación si considera que han llevado acciones de lobby que no están registradas o actividades que no se incluyen en las agendas institucionales. 

La obligatoriedad genera una disyuntiva en el sentido de que determinadas entidades sociales o compañías temen transmitir una imagen “mala” o por temas de discreción, comenta a Newtral.es Rafael Rubio, profesor de derecho constitucional en la Universidad Complutense y autor del libro La regulación de los grupos de interés en España.

Rubio explica que la connotación negativa que tienen los lobbies proviene de las acciones vinculadas al soborno y prácticas de corrupción del siglo XIX, una dinámica que considera que ha cambiado de forma radical en los últimos 20 años en los que el lobby ya está profesionalizado y se hace “de forma legítima”. Por lo que, considera fundamental establecer canales de participación entre la sociedad y las instituciones.

A la espera de una nueva Ley de Transparencia para regular a los lobbies

En España, la Administración General del Estado no cuenta con una regulación en este ámbito y, por tanto, no encontramos un sistema similar ni en las Cortes Generales (Congreso y Senado) ni en el Gobierno. En el Ministerio de Política Territorial y Función Pública se han abierto a regular esto.

Hasta el 28 de mayo está disponible la consulta pública del anteproyecto de ley sobre Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés con el que el Gobierno pretende crear un registro obligatorio y público de los lobbies, así como definir sus deberes y obligaciones, y limitar las puertas giratorias entre altos cargos y empleados públicos, entre otras normas de transparencia. 

Congreso y Senado obligan a incluir las reuniones con lobbies en las agendas

A principios de mayo el grupo socialista en el Congreso registró una proposición para reformar el reglamento en el Congreso y así crear un registro de grupos de presión. Una propuesta que se debate este martes en la cámara y que recoge otras propuestas como sanciones económicas y políticas a los diputados que incumplan el reglamento.

Aunque en octubre de 2020, Congreso y Senado estrenaron un nuevo código de conducta en el que, entre otras cosas, se introducía la obligación de que los parlamentarios publiquen su agenda institucional, incluyendo las reuniones con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés. 

[El 90% de los diputados no hace pública su agenda institucional como obliga el código de conducta del Congreso]

Según recoge el reglamento, “tendrán la consideración de grupo de interés, lobby o lobista, aquellas personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que se comuniquen de forma directa o indirecta con titulares de cargos públicos o electos o personal a su cargo en favor de intereses privados, públicos, particulares o colectivos, intentando modificar o influir sobre cuestiones relacionadas con la elaboración o la modificación de iniciativas legislativa”. 

De todas formas, el código sostiene que serán los propios parlamentarios quienes se deben responsabilizar de que la información que aportan es veraz, exacta y de actualidad.

Patricia González, investigadora legal de Access Info, recuerda que “es necesario que las normas que regulen esta materias contemplan sanciones para aquellos que no cumplan con la obligación de publicidad de las agendas”, así como la designación de un responsable que se encargue de que hacer un seguimiento de que estas condiciones se cumplan.

Los grupos de presión en Europa 

En la Unión Europea hay más de 12.560 organizaciones inscritas en el registro de transparencia, de las cuales más de 6.700 son empresas y asociaciones comerciales, empresariales o profesionales, y más de 3.400 ONG. Esta plataforma llegó al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea en 2011 con el fin de “ofrecer más información acerca de quiénes tratan de influir en la política europea”.

La UE obliga a figurar en él “para desempeñar ciertas actividades que busquen influir en las políticas de la UE”, como por ejemplo para participar en una audiencia pública organizada por una comisión parlamentaria.

Aunque, en términos nacionales, solo seis países tienen leyes o normas específicamente diseñadas para regular las actividades de lobby (Austria, Eslovenia, Francia, Irlanda, Lituania, Polonia y Reino Unido) según recoge Transparency International España en su informe El lobby en Europa. Influencia encubierta, acceso privilegiado.

De estos, Lituania es el único país que cuenta con un órgano de supervisión requerido para revelar públicamente los nombres de todas las personas u organizaciones que han violado las normas o regulaciones de lobby, refleja el informe.