El jueves 31 de mayo se celebró la cuarta reunión del grupo de expertos sobre la ley de transparencia y buen gobierno. Era de las más esperadas, la destinada a recibir las aportaciones de la sociedad civil. Además de invitar a personas de la sociedad civil como catedráticos universitarios, medios de comunicación (El Mundo y ABC) o organizaciones profesionales no representadas en el grupo como APRI, creo que todos esperabamos algo de información sobre las propuestas ciudadanas pero no fue así.

La sesión comenzó con dos ponencias brillantes pero un poco largas. Elisa de la Nuez realizó una presentación general sobre el gobierno abierto y Juan José Lavilla animó a ampliar el ámbito de la ley a la participación ciudadana en la elaboración de reglamentos (exponiendo su fundamento jurídico y sus posibilidades prácticas). A pesar del indudable interés de ambas, el desconcierto era generalizado y así lo expresó José Luis Dader. Tras señalar las posibles dificultades de compatibilidad entre la ley en proceso de aprobación y la LOPD, vino a decir: “ustedes nos han llamado para participar y hemos trabajado el tema, pero no nos han dicho cómo están las cosas y se han puesto a hablar de cosas que no tienen nada que ver”. Dió en el clavo.

A partir de ese momento los invitados comenzarón a lanzar sus propuestas que, todo hay que decirlo, coincidían casi en su totalidad con las propuestas realizadas en el grupo en sesiones anteriores (algo que se hubiera solucionado poniendo a los nuevos invitados en situación).

No hay duda que la representante del gobierno, Esperanza Zambrano, que tan buena impresión dejó en la primera sesión, debería haber asumido mayor responsabilidad, explicando los cómos y los por qués, pero lo que más me llamó la atención fue :
1) La falta de información de la representante del gobierno sobre la posibilidad de acceder a las propuestas que han presentado los ciudadanos a través de la web.
2) La desvinculación de transparencia y reutilización tema que, según señaló, está perfectamente regulado por lo que se limitó a remitir a la legislación existente, la ley 37/2007, lo que personalmente me generó ciertas dudas sobre hasta que punto toda la información que la nueva ley obliga a publicar en los distintos portales de transparencia será reutilizable.

En resumen, aunque tras la reunión se ha acusado a la elaboración de la ley de poco transparente no creo que sea cierto, a pesar de los desfases de tiempo y la falta de coordinación la tramitación de la ley está siendo más abierta de lo habitual.

Muchos dirán que es insuficiente, y en eso estoy totalmente de acuerdo, pero en el eterno dilema entre poco o nada creo que este procedimiento, un poco improvisado, puede servir para abrir el camino, aunque sea de manera un poco primaria. La conclusión nos lleva donde el primer día: la diferencia entre transparencia y participación, que queda al margen de esta ley. Cada día me cuesta más entender porque se empeñaron en llamarla de buen gobierno.