Desde hace un tiempo venimos alertando de los peligros de utilizar la Constitución como arma política. Cuando la norma fundamental se convierte en instrumento de revolución se provoca la inestabilidad institucional, la división partidaria, la inseguridad jurídica y, quizás esto sea lo más grave, la inflacción constitucional que convierte el marco jurídico-político del Estado, la garantía última de los derechos y la división de poderes, en una norma más al servicio del gobernante.
Estos procesos tienden a alargarse en el tiempo y acaban explotando en manos de su promotor, como le paso a Hugo Chávez en Venezuela, o le está pasando ahora a Evo Morales en Bolivia.
El procedimiento de reforma ha ido superando obstáculos, por las buenas y, sobre todo, por las malas, provocando cada día más enfrentamientos y logrando lo que en un principio parecía impensable, el rechazo de un gran número de fuerzas sociales que apoyaron al Presidente Morales en su llegada al poder. El cambio de la mayoría suficiente para llevar a cabo la reforma, los cambios de sede, el abandono de la oposición… han dado lugar a que un texto jurídico que requiere el consenso mayoritario se convierta en una imposición, eso sí en nombre del pueblo. De ahí que no sea de extrañar que los que han sufrido esa imposición recurran también a los atajos que encuentran a mano para evitar esta imposición, aunque suponga aumentar la tensión y prolongar la inestabilidad de un país como Bolivía. Al referendum que se celebrará mañana en Santa Cruz le seguirán Pando, Torija y Beni en meses sucesivos… y aún está por ver la reacción del gobierno de Morales. El gran perjudicado será sin duda la nación boliviana.
Lo mejor que podrían hacer otros Presidentes que han decidido utilizar el atajo constitucional como solución a todos sus problemas políticos y económicos sería tomar nota.