La encrucijada de Ciudadanos

La encrucijada de Ciudadanos

Unos resultados tan abiertos en cuanto a la gobernabilidad como los del 26-M han provocado que los vendedores de consejos y especulaciones abran la persiana para hacer su particular agosto.

Nada como unas elecciones para desatar interpretaciones y análisis. La propia noche electoral del 26-M fue una escenificación de las distintas lecturas que los partidos hicieron de sus propios resultados y, sobre todo, de las posibilidades de pactos y acuerdos que esos resultados arrojaron la misma noche —y llevan días arrojando por los problemas en el recuento en algunas circunscripciones—. Si las elecciones sirven para abrir el paso a interpretaciones, unos resultados tan abiertos en cuanto a la gobernabilidad como los del 26-M han provocado que los vendedores de consejos y especulaciones abran la persiana para hacer su particular agosto, sin andar el difícil trecho que separa la realidad del deseo.

Pero la realidad es resumible y asumible para cualquier observador, al menos a grandes trazos: el PSOE ha confirmado su buena racha electoral, aunque nadie mejor que Sánchez sabe que en política, y más en la política del siglo XXI, nunca nada es para siempre y que los tiempos se consumen hoy a una velocidad mucho mayor que hace diez años. Cuatro años es una eternidad. En política siempre lo ha sido. Pero hoy, además, pueden ser una odisea.

En el bloque del centroderecha, por su parte, todo lo andado en las semanas transcurridas entre el 28-A y el 26-M, ha tenido que desandarse. Se vuelve a la casilla de salida, después de que Ciudadanos tratara de presentarse y afincarse en el liderazgo del bloque. Casado ha logrado superar la prueba decisiva con algo más que honra: y casi podríamos decir que, sea cual sea el resultado de las negociaciones, ha logrado su objetivo: contar con el tiempo suficiente para poner en marcha su proyecto de “reconstrucción del centroderecha” con cuatro años por delante y la ventaja de haberse consolidado como el único contrapeso territorial al éxito electoral del PSOE. La derivada decisiva, sin embargo, no está hoy en el PP sino en Ciudadanos.

Ciudadanos: en busca de criterio

Desde la misma noche electoral del 28-A, Rivera lanzó el ‘boomerang’ del liderazgo del centro derecha. El 26-M se lo ha devuelto y, como suele suceder con las decisiones arriesgadas, ha vuelto a sus manos pesando más que cuando lo lanzó. Ciudadanos se enfrenta hoy a una encrucijada estratégica que parecía resuelta.

La formación de Rivera, desde su fundación, ha hecho un esfuerzo por encontrar su espacio en un mapa político en el que PP y PSOE parecían monopolizar la vida política del país. Y es una realidad que, con mucho esfuerzo, han logrado hacerse ese hueco. Pero lograrlo no ha sido fácil y les ha obligado a ir ajustando su posicionamiento según las circunstancias. Es paradigmático el caso de Andalucía, en donde han pasado de apoyar a un gobierno del PSOE de Susana Díaz, a cogobernar con el PP de Juanma Moreno, con los votos de Vox.

La última vuelta de tuerca llegó durante las elecciones generales cuando, ante las dudas sobre su posible pacto con el PSOE, su ejecutiva cerró unánimemente todas las puertas a un acuerdo con el PSOE. Desde entonces, y con la ayuda inestimable de la foto de Colón, Ciudadanos se situó como parte del bloque de centro derecha. El resultado de las urnas el 28-A parecía confirmar el acierto de esta decisión, pero el 26 de mayo ha puesto a los dirigentes de Ciudadanos en una encrucijada que va mucho más allá de la aritmética.

Ciudadanos, que sufre desde el 28 de abril las presiones que pretenden su abstención en la moción de investidura para evitar que los votos de los independentistas catalanes se hagan indispensables, y a un coste desconocido, está en una condición envidiable que le permitiría apoyar la formación de gobiernos en un buen número de ciudades españolas y algunas comunidades autónomas. Aunque los discursos anteriores, y la actitud socialista que celebró su victoria el 28 de abril al grito de “¡Con Rivera, no!”, hizo suponer en un principio que Ciudadanos apoyaría al PP siempre que sus votos fueran necesarios, contando con la reciprocidad del PP cuando la situación fuera la inversa, el veredicto de las urnas ha hecho que nada sea tan sencillo como parecía.

Los de Rivera han quedado situados como tercera fuerza política en la inmensa mayoría de estos lugares. En las 50 capitales de provincia Ciudadanos suma con el PP en 8, un número que se elevaría hasta 23 con el apoyo de Vox, y que sumando con el PSOE sería de 20. Algo parecido ocurre en los 141 municipios con más de 50.000 habitantes, donde los naranjas han obtenido mejores resultados, Ciudadanos suma una mayoría suficiente con el PP en 21 municipios, contando con los votos de Vox el número alcanzaría los 56, mientras que junto al PSOE la suma alcanzaría la mayoría en 64 localidades.

Los de Rivera han quedado situados como tercera fuerza política en la inmensa mayoría de estos lugares

De esta manera sus votos son decisivos porque están en condiciones de apoyar gobiernos tanto del PSOE como del PP. Y en ese valor crucial para la gobernabilidad está la encrucijada. Tienen que elegir entre apostar por liderar la oposición dentro del espacio de centroderecha, como anunciaron tras el 28-A, o aprovechar su envidiable posición para retomar su posición inicial y reivindicarse como un partido bisagra, con capacidad de poner y quitar gobiernos en función de criterios más o menos objetivos.

Ambas posiciones tienen una serie de pros y contras. Decidirse por la pugna por liderar la oposición supondría toda una apuesta de confianza en las propias fuerzas. Supondría renunciar a las ventajas de visibilidad que obtendría la marca si llegan a formar parte de los gobiernos locales y autonómicos, además de renunciar la consolidación de sus cuadros, la construcción de programas, la experiencia de gestión y la implantación territorial que vienen aparejadas a lograr el gobierno en distintos enclaves.

Los riesgos de esta opción tampoco se ocultan. Por un lado, supondría renunciar ¿definitivamente? a un votante socialdemócrata moderado (no sanchista) y por otro, y más importante, les introduciría en una batalla por liderar la oposición con el Partido Popular, donde, tras perder la ventaja inicial, existen riesgos de caer en la sobreactuación mutua o simplemente de ser superados por una mejor ‘performance’, fruto de la experiencia que aún atesoran parlamentarios y gobernantes populares. Perder esta carrera podría ser mortal en cuatro años para el liderazgo de Albert Rivera que, tras 13 años en política, aspiraría a liderar por cuarta, y probablemente última vez, la candidatura de los naranjas.

Por un lado, supondría renunciar ¿definitivamente? a un votante socialdemócrata moderado y, por otro, les introduciría en una batalla por liderar la oposición

Por el otro lado, estaría el apoyo total a los socialistas en plazas como Barcelona, Aragón, Murcia, Castilla y León o Madrid, a cambio de algún gobierno simbólico como el de la ciudad de Madrid. Esta decisión, a la luz de las encuestas publicadas en el periodo electoral, y a salvo de la mala memoria política, podría poner en riesgo la mitad de sus apoyos, sin que parezca tan claro que pueda llevarle a nuevos caladeros de votos. Y habría que añadir una dificultad añadida: compatibilizar este apoyo con el liderazgo de una oposición a nivel nacional en el Parlamento.

Al mismo tiempo, cundiría cierta sensación de traición, y una gran confianza en las capacidades propias, que gracias a los recursos y la visibilidad de cogobernar un número tan amplió de lugares, podría hacer aumentar sus apoyos (apelando a la mala memoria política, y a la eternidad que suponen 4 años en política). El principal riesgo de esta política, sin embargo, de esta política sería atar su destino a un socio que, hasta la fecha, se ha mostrado poco fiable, con el que resultaría difícil romper de una manera clara, y que en la mayoría de los lugares seguiría gobernando, aunque Ciudadanos le retirara su apoyo. Las noticias que nos llegan sobre los pactos en Navarra pueden servir de ejemplo.

El camino intermedio es el más difícil todavía. Requeriría adoptar una política de geometría variable, que o se afianza en una serie de criterios objetivos entre los que se adivinan la apuesta por el cambio, la renuncia expresa al sanchismo (de imposible realización), o el castigo a aquellos gobernantes sobre los que pese la sombra de la corrupción. Estos criterios objetivos puede que en ocasiones no coincidan con la sintonía personal entre sus líderes o los supuestos beneficios…, o corre el peligro de consagrar esa imagen de veleta, que se ha ido consolidando en la opinión pública. En todas ellas, la cesión debería incorporar cogobierno e incluso tratar de obtener el liderazgo en alguno de los territorios.

Las tres son decisiones arriesgadas, transcendentales que deberían adoptar por motivos estratégicos y muy conscientes de sus capacidades; equivocarse o no terminar de decidirse podría resultar fatal.

Publicado en El Confidencial

 

Tu voto cuenta. Anomalías del voto al Senado el 28-A

Tu voto cuenta. Anomalías del voto al Senado el 28-A

A pesar de ser elegido mediante un procedimiento distinto, el Senado suele ser un reflejo de aquellos partidos que han obtenido la mayoría de los votos en cada provincia.

Siempre que se celebran elecciones generales en España, como las del domingo 28 de abril, nos centramos en el reparto de escaños en el Congreso de los Diputados, y su influencia en la formación de gobierno. A pesar de ser elegido mediante un procedimiento distinto, el Senado suele ser un reflejo de aquellos partidos que han obtenido la mayoría de los votos en cada provincia (3 de los cuatro senadores para el primero y el cuarto, para el segundo). Y quizá por esto, pasa desapercibido y no es objetivo un análisis sosegado.

El histórico nos dice que esta lógica mayoritaria del reparto de senadores se ha ido cumpliendo con regularidad desde las elecciones de 1979. En las 12 elecciones celebradas en España hasta el año 2016, 4 veces ha sido así en todas las circunscripciones (1989, 1996, 2000 y 2011), 5 veces hubo una sola excepción (1986, 1993, 2008, 2015 y 2016), 2 veces hubo dos excepciones (2004, 1982) y solo una vez, en 1979, el número de circunscripciones en las que no se cumplió la regla general fue de 7. De esta forma se confirma la sensación de que, a pesar del sistema de votación de lista abierta en la que se puede elegir hasta tres candidatos (independientemente de los partidos), los votos al Senado son, en cada circunscripción, una reproducción más o menos fiel de la votación a las listas cerradas del Congreso de los Diputados.

Pero las elecciones de 2019 han sido diferentes. Lo han sido en muchos aspectos, algunos de los cuales quizá ni siquiera alcancemos a calibrar ahora. Y lo han sido, también, en el Senado. De todos los senadores elegidos, ocho no lo han sido según la norma no escrita de las mayorías, producto no tanto del sistema electoral como de la forma con que los votantes se ponen frente a la papeleta anaranjada. Nueve excepciones que, quizá precisamente por eso, nos dicen mucho del votante.

La primera de ellas no se trata propiamente de una anomalía, sino la de los que conociendo la fórmula habitual de voto, optaron por la presentación de una lista conjunta en Navarra, donde UPN, PP y Ciudadanos fueron capaces de alcanzar un acuerdo que logró que sus 3 candidatos fueran los más votados en la provincia. Y de esto, podemos obtener la primera nota diferencial de estas elecciones: de haberse repetido el acuerdo navarro a nivel nacional, y bajo la advertencia de que la unión en una lista pudiera tener efectos secundarios, la suma de los votos obtenidos por cada senador en cada provincia nos dice que si Vox o Ciudadanos hubieran presentado listas conjuntas junto al PP, el resultado hubiera cambiado radicalmente. En ambos casos (PP+Vox o PP+Ciudadanos) la conjunción de fuerzas hubiera obtenido 134 escaños, frente a los 51 que hubiera logrado el PSOE.

Entre el 1+1+1 y el voto de consolación

Pero esto es lo que pudo haber sido de haber sido de otra forma. Un trabalenguas político de ‘posterioris’ que cae dentro de los ejercicios inútiles y vanas melancolías. Lo anómalo realmente lo encontramos en 7 circunscripciones en las que el reparto de senadores ha seguido una lógica contraria a la lógica asentada en las elecciones anteriores. En primer lugar, el caso de Segovia, Murcia, Zamora, Palencia y Soria (donde el PP fue segundo en intención de voto y en lugar de 1 ha conseguido 2 senadores) y, a continuación, los casos de Málaga y Madrid (donde la tercera fuerza más votada, en este caso el PP, logró un senador “arrebatándoselo” a Ciudadanos en el primer caso y al PSOE en el segundo en un reparto 2-1-1). En total, 8 escaños que no respondieron a esa norma no escrita.

Tratar de buscar una explicación a tanta anomalía ofrece algunas pistas sobre la importancia de cada voto, ya que es posible que la causa sea la mezcla entre la campaña del 1+1+1 y el voto de consolación al PACMA, una mezcla que se da en la mayoría de las provincias. Los mensajes que promovían el voto al primero de la lista del PP, Ciudadanos y Vox, el 1+1+1, se convirtieron en uno de los virales de la campaña. Es difícil encontrar un español con WhatsApp que no haya recibido un mensaje vinculado a este mecanismo de voto táctico, más o menos específico, a favor o en contra. Más allá de explicaciones interesadas o simplemente falsas que se intercambiaron ‘a priori’ con la mera intención de orientar el voto en uno u otro sentido, la única crítica razonable era la de la dificultad de coordinar ese tipo de voto, y sus daños colaterales, en caso de incumplimiento por parte de votantes de una opción política. El votante de una de las tres opciones políticas, al hacerlo, confiaba en que los votantes de los otros dos partidos adoptarían un comportamiento similar, lo que no fue siempre así.

Cuando se observa el resultado se puede decir que en la inmensa mayoría de las provincias hubo un buen número de electores que asumieron el riesgo. Mientras el voto al primer senador del PSOE coincide prácticamente en todas las circunscripciones con el número de votos obtenidos por su partido en el Congreso, el del PP obtiene, con respecto a la lista al Congreso, un número de votos superior; un incremento que se corresponde mayoritariamente con la diferencia de votos entre el primero y el segundo de las listas de Ciudadanos y Vox al Senado. Sin embargo, y aunque en todas las provincias parece que esta forma de votar ha superado el 10% de los votos, solo en algunas, que ya hemos señalado, ha tenido consecuencias.

De estas observaciones podemos apuntar que los votantes de Vox, y en mucha menor medida los de Ciudadanos, son los que más han elegido esta fórmula, mientras que los del PP han votado a los tres candidatos de su lista mayoritariamente. Se podría decir que la mayor generosidad de votantes de Vox y Ciudadanos, con ese tipo de voto cruzado, ha permitido en varias provincias la entrada de un senador más del PP de los que le “corresponderían” con la regla tradicional, mientras que el esfuerzo realizado por el PP para negar la utilidad del voto logró que sus votantes rechazarán de plano ni siquiera intentarlo.

El esfuerzo realizado por el PP para negar la utilidad del voto logró que sus votantes rechazaran de plano ni siquiera intentarlo

La segunda explicación complementaria, y que se puede observar en un buen número de provincias, sería cómo este efecto de cruzar voto debilita en el Senado el voto en bloque al PSOE y favorece al PACMA, cuyo primer candidato en muchas provincias duplica en votos al segundo y al tercero de la lista. En Zamora, por ejemplo, su primer candidato al Senado obtuvo casi el triple de votos que su par para el Congreso; un reparto sin resultados efectivos para los animalistas pero que dejó fuera a un senador socialista y a pocos votos de dejar sin escaño al segundo del PSOE. Otro tanto sucede en Segovia, en donde a pesar de conseguir más votos en el Congreso, estuvo a punto de dejar fuera al segundo senador del PSOE por una veintena de votos y dejó fuera al tercero de la lista, mientras que el PACMA roza los 1.500 (casi mil más que su homólogo al Congreso, que obtuvo 607 votos). Igualmente en Palencia, donde al tercer senador del PSOE le faltaron 500 votos para obtener escaño, mientras el PACMA obtuvo 700 votos más al Senado que al Congreso. Murcia y Soria, por su parte, son otro ejemplo: el tercero del PSOE al Senado se quedó fuera por 7.000 votos, mientras el PACMA obtuvo más de 12.000 votos.

La suma de ambos fenómenos, 1+1+1 y el 2+1 con PACMA, explicaría también el caso de Madrid, donde el senador del PP fue el segundo más votado de los cuatro. Y donde, a pesar de eso, el primer senador de Ciudadanos logró arrebatarle su sitio al 3 de la lista del PSOE, en este caso de nuevo porque el candidato del PACMA duplica el voto del candidato de su partido al Congreso (110.000/50.000) y deja fuera al tercer senador del PSOE por solo 2.000 votos. También en Madrid donde el número 1 del PP en el Senado obtuvo 216.000 votos más que el candidato al Congreso, la diferencia entre el 1 y el 2 de Ciudadanos y Vox supera, en ambos casos, los 300.000 votos.

¿Y si…?

Una visión general muestra cómo, más allá de las excepciones señaladas, más habituales de lo normal, para que el 1+1+1 hubiera sido un éxito y hubiera permitido mayoría de PP+Vox+Ciudadanos hubiera sido necesario que en un gran número de las provincias el porcentaje de votantes del PP y Ciudadanos que hubieran asumido esa fórmula superara una horquilla entre el 40 y el 60% del número total de sus votantes. Algo que, a la luz del porcentaje de votantes que finalmente eligieron la opción, incluso entre partidos como Vox que han promovido activamente este voto, resultaría casi imposible.

En tiempos donde la acción colectiva tiene menos barreras que nunca, y la iniciativa particular puede protagonizar con éxito actuaciones políticas coordinadas sin contar con el apoyo de las organizaciones políticas, estoy seguro de que en próximas elecciones veremos más experiencias de ese tipo, mientras nos conformaremos lamentándonos por lo que pudo ser y no pasó.

Publicado en El Confidencial

 

¿Qué culpa tendrá d’Hondt? Paradojas del voto útil

¿Qué culpa tendrá d’Hondt? Paradojas del voto útil

Un fantasma recorre la campaña electoral española: el fantasma del voto útil.

El tablero electoral español se divide en dos bloques bastante uniformes, pendientes de su capacidad de movilización, pero con una gran volatilidad interna. Esta indecisión especialmente en el bloque formado por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox ha provocado desde muy pronto, en plena precampaña, un intercambio recurrente de declaraciones y vídeos que tratan de reivindicar que el voto solo es útil si recae sobre las propias siglas.

Para hacerlo, los partidos seleccionan cuidadosamente las cifras elegidas para que, oh casualidad, los “datos” corroboren la tesis establecida previamente. En los tiempos de la verdad a la carta no hay nada más mentiroso que un dato cuidadosamente elegido. Al hacerlo confunden, quién sabe con qué intención, entre el todo y la parte y, con esa necesidad posmoderna de simplificar asuntos complejos, culpan de todo a Víctor d’Hondt, un jurista belga que hace 141 años ideó un sistema proporcional de reparto de escaños empleado hoy en más de 40 países.

Las críticas se centran en que esta fórmula de reparto de escaños no resulta proporcional, favoreciendo a los partidos mayoritarios y perjudicando a los que tienen un respaldo electoral menor, lo que no es del todo cierto.

Lo primero que habría que decir es que el sistema electoral puramente proporcional no existe. Solo podría existir si se distribuyeran el mismo número de escaños que de votos, pero como no es así, todo sistema tiene que pensar en una fórmula matemática de reparto de los “restos”. Esto es precisamente lo que intentan resolver tanto la citada ley d’Hondt, como otras fórmulas como Sainte-Laguë o la del mayor resto. Y en cierta medida, lo ha logrado. Así lo muestra la historia reciente de nuestro país en la que a pesar de las críticas coincidentes en que favorece el bipartidismo, nos encontramos actualmente con cuatro partidos por encima de 10% de los votos y escaños, algo que, según las encuestas, puede hacerse extensible a un quinto partido.

Dicho lo cual, es cierto que el sistema electoral en España favorece a los partidos mayoritarios, pero lo que afecta a la proporcionalidad no es tanto el desequilibrio que genera una opción u otra del reparto de los restos, sino el número de escaños que el sistema reparte entre las distintas circunscripciones. La LOREG, que regula el sistema electoral, reparte los escaños por provincias en función de su población, tras conceder a todas ellas una representación mínima de dos escaños, independientemente de su tamaño o población.

En Soria, que desde 2008 es la única provincia que reparte solamente dos escaños, nunca se ha obtenido uno con menos del 23% de los votos

Este reparto inicial es el que realmente afecta a la proporcionalidad y hace que 35 circunscripciones, que representan el 67% del total, repartan un total de 145 escaños. El 41% de los escaños en juego, para el 30% de la población (14.488.041 de un total 46.723.000) según los datos del INE.

De esta manera, en estas provincias resulta más difícil conseguir escaño para aquellos partidos que resultan terceros o cuartos en el recuento. Los datos históricos de estos 42 años nos señalan el porcentaje mínimo para obtener un escaño en las provincias de estas características. Por ejemplo, en Soria, que desde 2008 es la única provincia que reparte solamente dos escaños, nunca se ha obtenido uno con menos del 23% de los votos, en las ocho provincias de tres escaños nunca se ha obtenido un diputado con menos del 17,6% de los votos, en las diez de cuatro, el escaño obtenido con un porcentaje menor de votos se consiguió con el 12,2%, en las siete provincias de cinco con un 9,7% y, paradójicamente, en las siete de seis escaños el mínimo de votos necesario para lograrlo fue un 10,8%.

En estos mismos datos de las ocho elecciones generales celebradas en España vemos que cuando hablamos de promedio de votos, el porcentaje de voto para obtener dos escaños es de 30,89%, en las de tres escaños se sitúa en el 23,5%, si la circunscripción reparte cuatro escaños la media es del 17,8%, 14,8% para las de cinco escaños, y 12,6% para las de seis. Si proyectamos sobre este promedio el resultado medio de las encuestas publicadas hasta esta semana, que otorga un 27,4% de los votos al PSOE, un 20,5% al PP, un 16,8% a Ciudadanos, un 13,8% a Podemos y un 10,9% a Vox vemos cómo tres de los cinco principales partidos políticos rondan estos porcentajes y corren serio riesgo de quedarse fuera del reparto en casi todas estas circunscripciones, sin poder aprovechar los votos recibidos en esa provincia.

Caso aparte es el Senado. Con el objetivo de favorecer la representación de los territorios, se dispara la falta de proporcionalidad al repartirse el mismo número de escaños por cada provincia. Una asimetría que aumenta, aún más si cabe, si le añadimos que el sistema de reparto concede el escaño a los candidatos con mayor número de votos, escogidos en listas cerradas, pero no bloqueadas, que permiten al votante escoger tres nombres de diferentes partidos, algo, por cierto, poco habitual. De esta forma podemos decir que aquel partido que en cada provincia consiga el mayor número de votos,obtendrá tres de los cuatro escaños en juego, lo que, una vez más, a la luz de la mayoría de las encuestas publicadas, proporcionaría al PSOE un número de representantes suficientes (146 sobre los 206 asientos que se eligen), para tener mayoría absoluta sobre los 266 senadores que forman la Cámara, una vez incorporados los senadores de designación autonómica.

No es casual, por tanto, que hayan surgido ofertas del Partido Popular para unir fuerzas en estas provincias ni que, tras no ser aceptadas estas por Vox y Ciudadanos, comience la apelación a la utilidad que pretende maximizar el voto dentro de cada uno de los bloques. Estas apelaciones, si no se concretan en una serie de provincias donde el escaño está en competencia con PSOE o Podemos, corren el peligro de terminar produciendo el efecto contrario al que pretenden, perjudicando a la suma dentro del mismo bloque y, consiguientemente, a la posibilidad de formar Gobierno. Un objetivo que, más allá de los juegos aritméticos, pasa por un juego de alianzas que, a día de hoy y a todas luces, debería unir a PP-Ciudadanos-Vox o PSOE-Podemos-Nacionalistas, (aunque, según las encuestas, muchos españoles aún contemplan y aceptan la posibilidad de que Ciudadanos cambie la posición adoptada por su ejecutiva, y pase a apoyar al PSOE o al menos permita su investidura con la abstención).

Un objetivo que pasa por un juego de alianzas que, a día de hoy y a todas luces, debería unir a PP-Ciudadanos-Vox o PSOE-Podemos-Nacionalistas

Está por ver el efecto de los ataques cruzados que se dediquen los partidos a cuenta de si el voto útil es de uno o de otro. En primer lugar, está el efecto que pueda tener en el resultado final del bloque, que puede sufrir esta guerra de desgaste y que aumentaría la dificultad de formar un Gobierno alternativo al del PSOE con Podemos y los nacionalistas. En segundo lugar, está la cuestionada eficacia de este tipo de campañas, basadas en las encuestas, salvo que se realicen en los últimos días o, como ocurrió en 2016, tengan lugar muy cerca de unas elecciones anteriores. Los ciudadanos al votar no piensan tanto en la utilidad de su voto como en sus consecuencias. Y es, precisamente, en las consecuencias donde se encuentra el riesgo principal, a medio y largo plazo. Si nos atenemos a las encuestas publicadas es probable que su voto sea un voto que la misma noche electoral dejará de ser útil o inútil, quedará libre de consideraciones y cálculos para ser, sencillamente, un voto que permita gobernar a Pedro Sánchez. Esta es la gran paradoja a la que se tendrán que enfrentar muchos votantes: queriendo echar a Sánchez, habrán colaborado a mantenerlo.

Publicado en El Confidencial

Rodear la ley: el abuso del decreto ley y los bloqueos parlamentarios

Rodear la ley: el abuso del decreto ley y los bloqueos parlamentarios

Ahora que los vientos del populismo soplan más fuertes que nunca, esperemos no tener que arrepentirnos nunca de haber rodeado la ley.

En 1966 una película inesperada se alzó con 6 Oscars derrotando a ‘Quién teme a Virginia Woolf’. Se trataba de ‘Un hombre para la Eternidad’ en la que el director austriaco Fred Zinnemann traza un perfil de los últimos días del canciller de Inglaterra, y santo católico, Tomás Moro. En un pasaje memorable de la película, Moro conversa con su futuro cuñado y asistente, que le pregunta: “¿Le darías al diablo el beneficio de la ley?”. A lo que responde “tú qué harías ¿dar un rodeo alrededor de la ley para dar caza al diablo?… Y cuando te hubieses saltado la última ley y el diablo se volviera contra ti, ¿dónde te esconderías si las leyes son planas? Si te las saltaras ¿crees que podrías resistir los vientos que se levantarían?”. Para concluir: “Sí, yo concedería al diablo el beneficio de la ley por mi propia seguridad”.

Las leyes son, en esencia, mecanismos de seguridad para la sociedad. Por eso, alterarlas, o interpretarlas en contra de su sentido original, es siempre arriesgar demasiado. Para comprobarlo no hace falta irse muy lejos. Algo así ha ocurrido durante la legislatura que concluye en España, con el extraño juego de poder que se ha despertado entre el Congreso de los Diputados y el Gobierno, y viceversa. Ambas coinciden en utilizar las instituciones con un sentido diferente a aquel con el que fueron concebidas.

Los retrasos de la Mesa

Por un lado, está el Congreso y las dificultades que la Mesa ha puesto a la tramitación de proposiciones y proyectos de Ley, con la ampliación casi automática de los plazos de enmiendas y la congelación de la fase de informe de la ponencia que han hecho imposible, en la práctica, su tramitación. Aunque pueda parecer sorprendente esta no afecta tanto al Gobierno, ya que al término de esta segunda parte de la legislatura (según los datos del propio Congreso de los Diputados) han sido seis los Proyectos de Ley presentados, de los que cuatro fueron registrados demasiado tarde para que fuera posible su tramitación, uno rechazado tras su votación en el Pleno y solo uno sometido a dos ampliaciones del plazo de enmienda. Sin embargo, han sido cuatro los Proyectos de Ley que tienen su origen en un Real Decreto Ley, los que han visto ampliados estos plazos de manera excesiva. Algo similar ocurre con las proposiciones de Ley: 14 de ellas presentadas en el Congreso, 2 en el Senado, y otras 2 procedentes de Comunidades Autónomas, que la mesa, en la que el PP y Ciudadanos cuentan con la mayoría, ha ido retrasando siguiendo los mecanismos señalados.

El abuso del Decreto Ley

Por otro, el Gobierno y el abuso del Decreto Ley. Si el 70% de las leyes aprobadas por el Gobierno de Rajoy en la primera parte de la legislatura lo fueron siguiendo este mecanismo, con el de Sánchez el número alcanza el 98%, el porcentaje más alto de toda la democracia, un porcentaje aún más llamativo si se contrasta con las palabras del propio presidente que prometía convertir: “El Congreso en el centro de la actividad política”.

Si atendemos a las razones que se aducen, estas no resultan muy tranquilizantes. La primera es siempre el uso habitual que otros gobiernos han hecho de esta figura normativa. De esta manera, y a pesar del lema “ellos también lo harían” vemos cómo, aunque se ha utilizado con frecuencia este recurso, no siempre de manera correcta, el porcentaje hasta esta legislatura nunca había superado el 40% del total de normas aprobadas.

Se esgrime como excusa el bloqueo que la Mesa ha establecido sobre los proyectos de ley enviados por el Gobierno socialista durante la legislatura

Además, se esgrime como excusa el bloqueo que la Mesa del Congreso ha establecido sobre los proyectos de ley enviados por el Gobierno socialista durante la legislatura. Pero, igual que el anterior argumento, este resulta difícil de justificar porque solo 9 de los 32 reales decretos que se pretenden justificar coinciden en su objeto con los proyectos de ley presentados por el Gobierno y las proposiciones de ley presentadas por el grupo socialista. Es decir: el bloqueo de la Mesa, de haber existido como dice el Gobierno, solo habría afectado a 9 de los casos. Los 21 Reales Decretos restantes serían proyectos legislativos nuevos, iniciados por el Gobierno de Pedro Sánchez, sin relación con propuesta normativa alguna del socialismo.

Quedaría un tercer argumento, el de la “extraordinaria y urgente necesidad”, que el artículo 86 de la Constitución establece como requisito indispensablepara utilizar esta figura. Esta facultad, que el Tribunal Constitucional atribuye de manera clara al Ejecutivo (STC 29/1987), no es una facultad ilimitada, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por definir lo urgente y necesario como aquello que el Consejo de Ministros considere como tal. El propio Tribunal Constitucional es mucho más restrictivo en esta interpretación cuando señala que se limitaría a aquellas medidas que buscan: “Alcanzar los objetivos marcados para la gobernación del país, que, por circunstancias difíciles o imposibles de prever, requieren una acción normativa inmediata o en que las coyunturas económicas exigen una rápida respuesta” (STC 6/1983). Basta un rápido análisis de los temas de los 32 Reales Decretos aprobados para poner de manifiesto que, en realidad, la urgencia no es más que una excusa para sacar adelante leyes en una legislatura corta y sin apoyos suficientes. Una urgencia y necesidad que, además, es difícil de justificar en casos en los que han transcurrido 40 años desde el sorpresivo cambio de circunstancias.

El uso del Decreto Ley tras la disolución de las Cámaras

Mención aparte merece su aprobación una vez disueltas las cámaras. El debate no es si el Gobierno puede gobernar en ese momento, sino si puede meter por la puerta de atrás todas estas medidas, que más allá de su dudoso carácter de urgencia y necesidad, pueden tener un contenido orientado a la campaña electoral en ciernes. Aunque aquí también se repiten los argumentos señalados anteriormente, una vez más difícilmente soportan el contraste con la realidad. Sobre su abuso por parte de los “otros” sorprende ver como de los 41 decretos leyes que han sido aprobados una vez disueltas las Cortes Generales, 17 fueron aprobados por gobiernos de UCD, 22 por gobiernos del PSOE y solo 2 por gobiernos del PP. Sobre su urgencia y necesidad, vemos que es difícil de justificar en casos en que la norma ha sido publicada hasta cinco días después de su aprobación y fija la entrada en vigor de algunos de sus preceptos tres años después.

El problema es que, en ambos casos, este “rodeo alrededor de la ley” para lograr unos objetivos que el Gobierno considera sin duda, justos y necesarios, provoca, como señala el Tribunal Constitucional: “La relegación del poder legislativo a un papel pasivo, secundario y disminuido, en detrimento del principio representativo, de la calidad democrática y, en las propias palabras del preámbulo de la Constitución, del Estado de derecho que asegura el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular”(STC 199/2015). El Gobierno asume una función legislativa que no le corresponde, dejando en el camino las garantías de procedimiento imprescindibles en una democracia parlamentaria. Se soslayan así los principios de publicidad y deliberación en público conduciendo, como ha señalado con acierto Jorge San Miguel, a una democracia plebiscitaria.

Un riesgo para la democracia

Ante esta situación de abuso sería necesario buscar vías para evitarlo.

En el caso de “bloqueos”, el problema de fondo sería la necesidad de racionalizar el calendario legislativo del Parlamento para evitar así prácticas como prorrogar plazos de enmiendas semiautomáticamente o congelar la fase de informe de ponencia. Esto se podría resolver estableciendo en el reglamento del Congreso un sistema limitado de prorrogas (con un máximo razonable de 3 o 4), y obligando a que las siguientes prórrogas o bien necesiten una mayoría reforzada o una mayor motivación del acuerdo. A esto se podría añadir el establecimiento, por parte del Gobierno, de un calendario legislativo a largo plazo, que permita que las Cámaras pueden planificar el trabajo legislativo.

En lo que se refiere al abuso de reales decretos, habrá que asumir que su coste es casi nulo, ya que, en el peor de los casos, será declarado inconstitucional años después una vez que ha producido todos sus efectos, en los que difícilmente cabe dar marcha atrás. De ahí el interés de propuestas como la de Antonio Torres del Moral que plantea modificar la ley del Tribunal Constitucional, para establecer un mecanismo para su control, y poder así dar una respuesta pronta que evite este abuso.

En cualquier caso, el problema se ha puesto ya de manifiesto y parece más que necesario atender a lo evidente: ni la Mesa puede bloquear la actividad parlamentaria ni el Gobierno evitar el trámite parlamentario para lograr sus objetivos. Lo primero desvirtúa el parlamentarismo; lo segundo, erosiona las instituciones. Ambos suponen un riesgo para la democracia en un momento en el que se repiten las advertencias sobre los peligros que en tiempos de populismo afronta la democracia. Una de ellas, las más alarmante, es la que advierte de que los enemigos de la democracia vienen de dentro, de aquellos que para protegerse no dudan en traspasar las barreras de la ley sin pensar que, lejos de ser un obstáculo, son su principal protección y la última garantía de la democracia.

Ahora que los vientos del populismo soplan más fuertes que nunca, esperemos no tener que arrepentirnos nunca de haber rodeado la ley.

*Todos los datos mencionados han sido obtenidos de la página web del Congreso de los Diputados. www.congreso.es

Publicado en El Confidencial

 

Las cuatro tentaciones del PP

Las cuatro tentaciones del PP

En estos tiempos de fragmentación no basta con la gestión eficaz: hay que ofrecer proyectos

Vivimos en un mundo fragmentado. No es la posverdad sino la información a la carta la que está desgastando el sentido de comunidad y el principio de legitimidad que sostiene a los Gobiernos democráticos. Se produce así una fragmentación que polariza la política y crispa el debate público. En ese contexto, la intermediación política se convierte en una profesión de riesgo, y cualquier opción independiente parte con ventaja en el nuevo escenario político. Los partidos políticos se debaten entre adaptarse a esta realidad fragmentada, con soluciones segmentadas y una oferta política personalizada, o intentar liderar nuevas formas de agregación social. Del acierto en esta decisión depende en gran medida su supervivencia. Aunque actualmente se encuentra en una posición privilegiada, el Partido Popular no es ajeno a esta disyuntiva.

El primer reto al que se enfrenta es su irrelevancia en el País Vasco y Cataluña (donde vive el 20% de la población); una irrelevancia, además, que amenaza con hacerse permanente. En el mismo plano, aunque en una medida mucho menor, se encuentra la población urbana que vive en municipios de más de 50.000 habitantes (más de la mitad de la población española), y que durante la crisis ha visto reducido su poder adquisitivo y limitadas sus expectativas de bienestar futuro.

En las últimas elecciones un buen número de jóvenes dudaron entre PP y Ciudadanos, al que muchos ven como más cercano a sus intereses

El segundo reto son los jóvenes, millenials o nativos digitales. Una población decreciente (suponía un tercio del censo a principios de siglo y ahora ronda el 20%), que se siente la gran perjudicada por la crisis mientras afronta nuevos problemas como la competencia global o la ruptura entre los incentivos y el trabajo. Sus componentes se resisten a asumir que el futuro ya no es lo que era, un lugar irremediablemente mejor, y muestran desinterés por las formas tradicionales de hacer política mientras buscan opciones distintas de los partidos de siempre, contemplando con normalidad el pluripartidismo. No en vano, en las dos últimas elecciones, un buen número de ellos dudaron entre PP y Ciudadanos, al que muchos ven como un partido más cercano a sus intereses y su “heredero” natural. En unas nuevas elecciones podrían terminar de consolidar su voto hacia esa opción, lo que desmentiría esa regla no escrita de que el mero paso del tiempo sería suficiente para ir creando votantes del PP.

Esto plantea el tercer reto, consecuencia de los dos anteriores. La polarización creciente que se muestra en la diferencia enorme que hay entre las opciones, no sólo políticas, de jóvenes y mayores, habitantes de zonas urbanas y rurales, e incluso entre los partidarios de conservar el sistema político o ponerlo patas arriba. Esta polarización, que inicialmente favorecería electoralmente al PP, haría muy difícil la gobernabilidad y a largo plazo pasaría factura al sistema político en su conjunto.

La tentación de aprovechar la fragmentación es tan grande como el error que supondría caer en ella

El cuarto reto, y quizás el más peligroso, es el de la complacencia. Su posicionamiento como garante de la estabilidad lo ha convertido en un “valor refugio”, ideal para resguardarse en momentos de crisis, que le ha permitido seguir gobernando. Aunque coyunturalmente haya sobrevivido mejor que los demás, esta posición no puede convertirse en una opción permanente. Ante un desbordamiento de la inestabilidad, la opción refugio resultaría insuficiente para contener las propuestas populistas. Y ante una mejoría de la situación existe el riesgo del aburrimiento e incluso de la frivolidad de someter a debate, en nombre de “la ley histórica del progreso” que denunciaba Popper, las instituciones que han propiciado el bienestar que vivimos, considerándolas un obstáculo en lugar de una garantía.

En esta situación, que a la luz de la demografía se prolongará en el tiempo, la tentación de aprovechar la fragmentación es tan grande como el error que supondría caer en ella. En la crisis de la intermediación tradicional, es preciso sustituir la identidad, que se difumina como elemento de agregación, por otros elementos como los objetivos comunes y los proyectos. Es más necesaria que nunca la articulación de un proyecto de futuro capaz de dar respuesta coherente a los retos y hacer aceptable la complejidad sin caer en soluciones simplistas. Un proyecto que logre involucrar a una mayoría social en el mantenimiento del sistema político construido desde la Transición.

En esta labor la actitud y el tono pueden resultar más importantes que el Boletín Oficial del Estado. No basta con una gestión responsable y eficaz: es necesario también una respuesta política, de ideas, de organización y de comunicación, con argumentos y emociones.

Publicado en El País