“Innovar no es reformar”, escribió Burke. Recuérdenlo los representantes políticos antes de hablar de tocar la Constitución española.
La democracia tiene sus ritos. Tiene fechas marcadas en el calendario que la elevan por encima de lo cotidiano y aburrido. El lunes, en el Congreso de los Diputados, se celebrará uno de esos días que son diferentes al resto de días de la democracia: el de la investidura del presidente del Gobierno. Y como todos los rituales, el de investidura tiene sus reglas, dos en este caso: la de las mayorías parlamentarias fruto del sistema electoral (Artículo 68 de la Constitución) y la de propuesta y votación en la Cámara (Art. 99).
Todo sistema electoral parlamentario se debate entre la proporcionalidad que garantice la representación plural de los votantes y la gobernabilidad, que hace que esa creciente diversidad de fuerzas políticas que reflejan una sociedad cada vez más diversa, impida la parálisis del sistema político. Estos son los dos valores que, en cierta manera, están en tensión.
Hubo, en el momento de darle a España una normativa electoral, posturas distintas. Fraga optaba por un sistema mayoritario. El PSOE defendió un sistema de mayor proporcionalidad. Finalmente fue la opción de Landelino Lavilla y Herrero de Miñón, basada en la circunscripción provincial (con un mínimo de 2 escaños para cada provincia), una barrera del 3%, y el método D’Hondt, la que salió adelante. Una apuesta por la gobernabilidad, sin perder por completo la proporcionalidad. Como dato esclarecedor baste decir que cuando se diseñó nuestro sistema electoral, en 1977, en pleno renacer democrático, los partidos políticos registrados eran más de 100, de los que 22 se presentaban en la mayor parte de las circunscripciones.
Sin embargo, las paradojas, tan habituales en la vida, también se abren camino en los sistemas políticos. Han querido las circunstancias de los últimos años que precisamente haya sido un sistema cuya falta de proporcionalidad venía criticándose casi desde sus orígenes, el que haya dado lugar a un “pluralismo polarizado” (Hallin y Mancini) en el que conviven 5 fuerzas con más de 20 escaños. Esto desembocó primero en una tensa espera y, en las últimas semanas, en la “tragicomedia de la crispación” (en feliz expresión de Gil Calvo), con consecuencias que aún difíciles de prever, pero que van más allá de una investidura que parece cada vez más encaminada.
Vivimos algo similar en 2015 y 2016 y ya entonces hubo quienes plantearon la necesidad de reformas institucionales que evitaran tanto los largos periodos de interinidad como la posibilidad de prolongar ad eternum el proceso de investidura. La formación de gobierno hizo que, como ocurre tantas veces, un problema señalado como institucional se relegará al olvido. “El olvido está ahí, no lo olvidemos” escribió Benedetti y lo olvidamos hasta que las elecciones de abril de 2019 nos lo recordaron.
Las causas, más allá de la falta de previsión política y la dictadura de lo inmediato que permite enterrar problemas y sorprenderse cuando estos resurgen, las tenemos que buscar en el mecanismo de investidura y el sistema electoral. Entre todas, las más determinantes son las que ya señaladas de la elección de la provincia como circunscripción electoral y el establecimiento de un mínimo de 2 diputados por circunscripción.
Además hay que contar que según la Constitución, los escaños en juego en unas elecciones pueden ser hasta un máximo de 400. Actualmente se reparten 350, dispuestos en circunscripciones provinciales de manera proporcional, con un mínimo por cada una de ellas, (que la ley establece actualmente en dos representantes, salvo en Ceuta y Melilla que es uno).
Resumiendo, si hubiera un intento serio de reformar la ley electoral habría que contar con 3 límites: la circunscripción electoral, con un número mínimo de escaños por provincia; el criterio de proporcionalidad, según la población, y el número total de escaños que se eligen en las elecciones (300-400).
La Gran Reforma
Con estos tres límites, que actúan como fronteras para posibles reformas, hay quienes plantean el cambio del método de reparto por le de Sainte-Laguë que mejoraría la proporcionalidad. Otros abogan por el aumento de escaños hasta el límite, es decir, 400. Se respetaría el actual sistema de reparto, o se añadiría un mecanismo complementario para adjudicar los 50 nuevos escaños, creando una circunscripción nacional. Sin embargo, lejos de mejorar la gobernabilidad, esta opción la debilitaría al fortalecer el criterio de proporcionalidad y aumentar la representación de fuerzas minoritarias, que normalmente ven cómo un buen número de los votos que obtienen en circunscripciones pequeñas no logran transformarse en un escaño.
Otra alternativa, planteada recientemente, sería adjudicar esos 50 escaños de más al partido más votado, como una prima de gobernabilidad, similar a la que existe en Grecia o Italia. Desde el punto de vista constitucional este sistema compartiría con la propuesta anterior la dudosa constitucionalidad de una circunscripción complementaria a la provincial y el respeto al número de escaños establecidos por la Constitución. Más dudoso resultaría saber si una propuesta de estas características rompería con el criterio constitucional de proporcionalidad que debe primar en la asignación de escaños.
Además, cualquier reforma que quiera evitar la ingobernabilidad, debe incluir el mecanismo de investidura, en el que todos los elementos desde su activación, el mecanismo de votación y el plazo máximo, son objeto de minuciosa reglamentación constitucional.
En este sentido la Constitución (art. 99) es bastante clara y llega al detalle:
La propuesta corresponde al Rey a través de la Presidencia del Congreso
El candidato propuesto deberá solicitar la confianza de la Cámara (por mayoría absoluta en primera votación o simple 48 horas después)
Si no sale adelante se podrán tramitar sucesivas propuestas
Si a los dos meses de la primera votación nadie obtiene la confianza el Rey disolverá ambas Cámaras.
En este punto, el margen de reforma sin tocar la Constitución es menor y solo cabría, como han planteado algunos grupos políticos, la de establecer por ley un plazo para someterse a la investidura, para evitar retrasos infinitos.
Todas las demás alternativas requieren un cambio constitucional:
Actualmente, según la Constitución, no cabe un sistema de doble vuelta para elegir al presidente ya que contradice la totalidad del sistema político parlamentario consagrado por la Constitución. Hacerlo supondría un cambio mucho más de fondo, al alterar la naturaleza parlamentaria del sistema.
Lo mismo ocurrirá trasplantando al Parlamento un modelo donde cualquiera pudiera presentar su candidatura y los diputados solo podrían votar por un candidato o por la abstención, propiciando la creación de las mayorías necesarias y evitando el bloqueo (como sucede en el Parlamento Vasco).
Una tercera opción sería la de un sistema de investidura negativa (Dinamarca, Noruega o Islandia) donde el partido más votado, o aquel que obtenga un número superior de escaños en las elecciones recibe la investidura, pudiendo el Parlamento retirar su confianza cuando lo decida.
Y tampoco puede obviarse que cualquiera de estas figuras afectarían al papel de la Corona, de la que hoy depende la propuesta del candidato y requerirían reforzar los mecanismos de control del gobierno, especialmente la moción de censura o la aprobación de los Presupuestos, para permitir que la investidura no resulte, como lo puede ser ahora, casi definitiva. Además, reformas de este calado podrían afectar a los sistemas electorales autonómicos que por lo general resultan miméticos al sistema nacional.
A modo de resumen ejecutivo: cualquier reforma o reformas que pretendan evitar la interinidad o la ingobernabilidad exigen algo más profundo, la gran reforma de nuestro país: la de la Constitución. Y de nuevo, la paradoja. Porque buscando una estabilidad inmediata, una reforma constitucional podría embarcar a España, en una transformación constitucional que afecte a aspectos esenciales del sistema político, y que, por osmosis, alcance a otros de sus pilares como la Monarquía, la moción de censura o los sistemas electorales autonómicos, en los que resulta mucho más difícil encontrar acuerdos. Por no hablar del riesgo que entraña el hecho de que el referéndum de aprobación de la reforma (cuya convocatoria hoy podrían solicitar hasta 4 grupos políticos) se ciña como amenaza en el horizonte. La búsqueda de estabilidad podría provocar mayor inestabilidad.
Más allá de este optimismo universal, casi naif, que acompaña las urgencias institucionales, es difícil creer, como recordaba con ironía Torres del Moral, que aquellos que no consiguen ponerse de acuerdo en la formación de un gobierno que siempre tendrá un horizonte limitado en el tiempo, puedan hacerlo para lograr reformas constitucionales que tendrían consecuencias directas sobre cada uno de ellos, y cuyos efectos podrían prolongarse en el tiempo indefinidamente. “Innovar no es reformar”, escribió Burke. Recuérdenlo los representantes políticos antes de hablar de tocar la Constitución.
Unos resultados tan abiertos en cuanto a la gobernabilidad como los del 26-M han provocado que los vendedores de consejos y especulaciones abran la persiana para hacer su particular agosto.
Nada como unas elecciones para desatar interpretaciones y análisis. La propia noche electoral del 26-M fue una escenificación de las distintas lecturas que los partidos hicieron de sus propios resultados y, sobre todo, de las posibilidades de pactos y acuerdos que esos resultados arrojaron la misma noche —y llevan días arrojando por los problemas en el recuento en algunas circunscripciones—. Si las elecciones sirven para abrir el paso a interpretaciones, unos resultados tan abiertos en cuanto a la gobernabilidad como los del 26-M han provocado que los vendedores de consejos y especulaciones abran la persiana para hacer su particular agosto, sin andar el difícil trecho que separa la realidad del deseo.
Pero la realidad es resumible y asumible para cualquier observador, al menos a grandes trazos: el PSOE ha confirmado su buena racha electoral, aunque nadie mejor que Sánchez sabe que en política, y más en la política del siglo XXI, nunca nada es para siempre y que los tiempos se consumen hoy a una velocidad mucho mayor que hace diez años. Cuatro años es una eternidad. En política siempre lo ha sido. Pero hoy, además, pueden ser una odisea.
En el bloque del centroderecha, por su parte, todo lo andado en las semanas transcurridas entre el 28-A y el 26-M, ha tenido que desandarse. Se vuelve a la casilla de salida, después de que Ciudadanos tratara de presentarse y afincarse en el liderazgo del bloque. Casado ha logrado superar la prueba decisiva con algo más que honra: y casi podríamos decir que, sea cual sea el resultado de las negociaciones, ha logrado su objetivo: contar con el tiempo suficiente para poner en marcha su proyecto de «reconstrucción del centroderecha» con cuatro años por delante y la ventaja de haberse consolidado como el único contrapeso territorial al éxito electoral del PSOE. La derivada decisiva, sin embargo, no está hoy en el PP sino en Ciudadanos.
Ciudadanos: en busca de criterio
Desde la misma noche electoral del 28-A, Rivera lanzó el ‘boomerang’ del liderazgo del centro derecha. El 26-M se lo ha devuelto y, como suele suceder con las decisiones arriesgadas, ha vuelto a sus manos pesando más que cuando lo lanzó. Ciudadanos se enfrenta hoy a una encrucijada estratégica que parecía resuelta.
La formación de Rivera, desde su fundación, ha hecho un esfuerzo por encontrar su espacio en un mapa político en el que PP y PSOE parecían monopolizar la vida política del país. Y es una realidad que, con mucho esfuerzo, han logrado hacerse ese hueco. Pero lograrlo no ha sido fácil y les ha obligado a ir ajustando su posicionamiento según las circunstancias. Es paradigmático el caso de Andalucía, en donde han pasado de apoyar a un gobierno del PSOE de Susana Díaz, a cogobernar con el PP de Juanma Moreno, con los votos de Vox.
La última vuelta de tuerca llegó durante las elecciones generales cuando, ante las dudas sobre su posible pacto con el PSOE, su ejecutiva cerró unánimemente todas las puertas a un acuerdo con el PSOE. Desde entonces, y con la ayuda inestimable de la foto de Colón, Ciudadanos se situó como parte del bloque de centro derecha. El resultado de las urnas el 28-A parecía confirmar el acierto de esta decisión, pero el 26 de mayo ha puesto a los dirigentes de Ciudadanos en una encrucijada que va mucho más allá de la aritmética.
Ciudadanos, que sufre desde el 28 de abril las presiones que pretenden su abstención en la moción de investidura para evitar que los votos de los independentistas catalanes se hagan indispensables, y a un coste desconocido, está en una condición envidiable que le permitiría apoyar la formación de gobiernos en un buen número de ciudades españolas y algunas comunidades autónomas. Aunque los discursos anteriores, y la actitud socialista que celebró su victoria el 28 de abril al grito de «¡Con Rivera, no!», hizo suponer en un principio que Ciudadanos apoyaría al PP siempre que sus votos fueran necesarios, contando con la reciprocidad del PP cuando la situación fuera la inversa, el veredicto de las urnas ha hecho que nada sea tan sencillo como parecía.
Los de Rivera han quedado situados como tercera fuerza política en la inmensa mayoría de estos lugares. En las 50 capitales de provincia Ciudadanos suma con el PP en 8, un número que se elevaría hasta 23 con el apoyo de Vox, y que sumando con el PSOE sería de 20. Algo parecido ocurre en los 141 municipios con más de 50.000 habitantes, donde los naranjas han obtenido mejores resultados, Ciudadanos suma una mayoría suficiente con el PP en 21 municipios, contando con los votos de Vox el número alcanzaría los 56, mientras que junto al PSOE la suma alcanzaría la mayoría en 64 localidades.
Los de Rivera han quedado situados como tercera fuerza política en la inmensa mayoría de estos lugares
De esta manera sus votos son decisivos porque están en condiciones de apoyar gobiernos tanto del PSOE como del PP. Y en ese valor crucial para la gobernabilidad está la encrucijada. Tienen que elegir entre apostar por liderar la oposición dentro del espacio de centroderecha, como anunciaron tras el 28-A, o aprovechar su envidiable posición para retomar su posición inicial y reivindicarse como un partido bisagra, con capacidad de poner y quitar gobiernos en función de criterios más o menos objetivos.
Ambas posiciones tienen una serie de pros y contras. Decidirse por la pugna por liderar la oposición supondría toda una apuesta de confianza en las propias fuerzas. Supondría renunciar a las ventajas de visibilidad que obtendría la marca si llegan a formar parte de los gobiernos locales y autonómicos, además de renunciar la consolidación de sus cuadros, la construcción de programas, la experiencia de gestión y la implantación territorial que vienen aparejadas a lograr el gobierno en distintos enclaves.
Los riesgos de esta opción tampoco se ocultan. Por un lado, supondría renunciar ¿definitivamente? a un votante socialdemócrata moderado (no sanchista) y por otro, y más importante, les introduciría en una batalla por liderar la oposición con el Partido Popular, donde, tras perder la ventaja inicial, existen riesgos de caer en la sobreactuación mutua o simplemente de ser superados por una mejor ‘performance’, fruto de la experiencia que aún atesoran parlamentarios y gobernantes populares. Perder esta carrera podría ser mortal en cuatro años para el liderazgo de Albert Rivera que, tras 13 años en política, aspiraría a liderar por cuarta, y probablemente última vez, la candidatura de los naranjas.
Por un lado, supondría renunciar ¿definitivamente? a un votante socialdemócrata moderado y, por otro, les introduciría en una batalla por liderar la oposición
Por el otro lado, estaría el apoyo total a los socialistas en plazas como Barcelona, Aragón, Murcia, Castilla y León o Madrid, a cambio de algún gobierno simbólico como el de la ciudad de Madrid. Esta decisión, a la luz de las encuestas publicadas en el periodo electoral, y a salvo de la mala memoria política, podría poner en riesgo la mitad de sus apoyos, sin que parezca tan claro que pueda llevarle a nuevos caladeros de votos. Y habría que añadir una dificultad añadida: compatibilizar este apoyo con el liderazgo de una oposición a nivel nacional en el Parlamento.
Al mismo tiempo, cundiría cierta sensación de traición, y una gran confianza en las capacidades propias, que gracias a los recursos y la visibilidad de cogobernar un número tan amplió de lugares, podría hacer aumentar sus apoyos (apelando a la mala memoria política, y a la eternidad que suponen 4 años en política). El principal riesgo de esta política, sin embargo, de esta política sería atar su destino a un socio que, hasta la fecha, se ha mostrado poco fiable, con el que resultaría difícil romper de una manera clara, y que en la mayoría de los lugares seguiría gobernando, aunque Ciudadanos le retirara su apoyo. Las noticias que nos llegan sobre los pactos en Navarra pueden servir de ejemplo.
El camino intermedio es el más difícil todavía. Requeriría adoptar una política de geometría variable, que o se afianza en una serie de criterios objetivos entre los que se adivinan la apuesta por el cambio, la renuncia expresa al sanchismo (de imposible realización), o el castigo a aquellos gobernantes sobre los que pese la sombra de la corrupción. Estos criterios objetivos puede que en ocasiones no coincidan con la sintonía personal entre sus líderes o los supuestos beneficios…, o corre el peligro de consagrar esa imagen de veleta, que se ha ido consolidando en la opinión pública. En todas ellas, la cesión debería incorporar cogobierno e incluso tratar de obtener el liderazgo en alguno de los territorios.
Las tres son decisiones arriesgadas, transcendentales que deberían adoptar por motivos estratégicos y muy conscientes de sus capacidades; equivocarse o no terminar de decidirse podría resultar fatal.
A pesar de ser elegido mediante un procedimiento distinto, el Senado suele ser un reflejo de aquellos partidos que han obtenido la mayoría de los votos en cada provincia.
Siempre que se celebran elecciones generales en España, como las del domingo 28 de abril, nos centramos en el reparto de escaños en el Congreso de los Diputados, y su influencia en la formación de gobierno. A pesar de ser elegido mediante un procedimiento distinto, el Senado suele ser un reflejo de aquellos partidos que han obtenido la mayoría de los votos en cada provincia (3 de los cuatro senadores para el primero y el cuarto, para el segundo). Y quizá por esto, pasa desapercibido y no es objetivo un análisis sosegado.
El histórico nos dice que esta lógica mayoritaria del reparto de senadores se ha ido cumpliendo con regularidad desde las elecciones de 1979. En las 12 elecciones celebradas en España hasta el año 2016, 4 veces ha sido así en todas las circunscripciones (1989, 1996, 2000 y 2011), 5 veces hubo una sola excepción (1986, 1993, 2008, 2015 y 2016), 2 veces hubo dos excepciones (2004, 1982) y solo una vez, en 1979, el número de circunscripciones en las que no se cumplió la regla general fue de 7. De esta forma se confirma la sensación de que, a pesar del sistema de votación de lista abierta en la que se puede elegir hasta tres candidatos (independientemente de los partidos), los votos al Senado son, en cada circunscripción, una reproducción más o menos fiel de la votación a las listas cerradas del Congreso de los Diputados.
Pero las elecciones de 2019 han sido diferentes. Lo han sido en muchos aspectos, algunos de los cuales quizá ni siquiera alcancemos a calibrar ahora. Y lo han sido, también, en el Senado. De todos los senadores elegidos, ocho no lo han sido según la norma no escrita de las mayorías, producto no tanto del sistema electoral como de la forma con que los votantes se ponen frente a la papeleta anaranjada. Nueve excepciones que, quizá precisamente por eso, nos dicen mucho del votante.
La primera de ellas no se trata propiamente de una anomalía, sino la de los que conociendo la fórmula habitual de voto, optaron por la presentación de una lista conjunta en Navarra, donde UPN, PP y Ciudadanos fueron capaces de alcanzar un acuerdo que logró que sus 3 candidatos fueran los más votados en la provincia. Y de esto, podemos obtener la primera nota diferencial de estas elecciones: de haberse repetido el acuerdo navarro a nivel nacional, y bajo la advertencia de que la unión en una lista pudiera tener efectos secundarios, la suma de los votos obtenidos por cada senador en cada provincia nos dice que si Vox o Ciudadanos hubieran presentado listas conjuntas junto al PP, el resultado hubiera cambiado radicalmente. En ambos casos (PP+Vox o PP+Ciudadanos) la conjunción de fuerzas hubiera obtenido 134 escaños, frente a los 51 que hubiera logrado el PSOE.
Entre el 1+1+1 y el voto de consolación
Pero esto es lo que pudo haber sido de haber sido de otra forma. Un trabalenguas político de ‘posterioris’ que cae dentro de los ejercicios inútiles y vanas melancolías. Lo anómalo realmente lo encontramos en 7 circunscripciones en las que el reparto de senadores ha seguido una lógica contraria a la lógica asentada en las elecciones anteriores. En primer lugar, el caso de Segovia, Murcia, Zamora, Palencia y Soria (donde el PP fue segundo en intención de voto y en lugar de 1 ha conseguido 2 senadores) y, a continuación, los casos de Málaga y Madrid (donde la tercera fuerza más votada, en este caso el PP, logró un senador «arrebatándoselo» a Ciudadanos en el primer caso y al PSOE en el segundo en un reparto 2-1-1). En total, 8 escaños que no respondieron a esa norma no escrita.
Tratar de buscar una explicación a tanta anomalía ofrece algunas pistas sobre la importancia de cada voto, ya que es posible que la causa sea la mezcla entre la campaña del 1+1+1 y el voto de consolación al PACMA, una mezcla que se da en la mayoría de las provincias. Los mensajes que promovían el voto al primero de la lista del PP, Ciudadanos y Vox, el 1+1+1, se convirtieron en uno de los virales de la campaña. Es difícil encontrar un español con WhatsApp que no haya recibido un mensaje vinculado a este mecanismo de voto táctico, más o menos específico, a favor o en contra. Más allá de explicaciones interesadas o simplemente falsas que se intercambiaron ‘a priori’ con la mera intención de orientar el voto en uno u otro sentido, la única crítica razonable era la de la dificultad de coordinar ese tipo de voto, y sus daños colaterales, en caso de incumplimiento por parte de votantes de una opción política. El votante de una de las tres opciones políticas, al hacerlo, confiaba en que los votantes de los otros dos partidos adoptarían un comportamiento similar, lo que no fue siempre así.
Cuando se observa el resultado se puede decir que en la inmensa mayoría de las provincias hubo un buen número de electores que asumieron el riesgo. Mientras el voto al primer senador del PSOE coincide prácticamente en todas las circunscripciones con el número de votos obtenidos por su partido en el Congreso, el del PP obtiene, con respecto a la lista al Congreso, un número de votos superior; un incremento que se corresponde mayoritariamente con la diferencia de votos entre el primero y el segundo de las listas de Ciudadanos y Vox al Senado. Sin embargo, y aunque en todas las provincias parece que esta forma de votar ha superado el 10% de los votos, solo en algunas, que ya hemos señalado, ha tenido consecuencias.
De estas observaciones podemos apuntar que los votantes de Vox, y en mucha menor medida los de Ciudadanos, son los que más han elegido esta fórmula, mientras que los del PP han votado a los tres candidatos de su lista mayoritariamente. Se podría decir que la mayor generosidad de votantes de Vox y Ciudadanos, con ese tipo de voto cruzado, ha permitido en varias provincias la entrada de un senador más del PP de los que le «corresponderían» con la regla tradicional, mientras que el esfuerzo realizado por el PP para negar la utilidad del voto logró que sus votantes rechazarán de plano ni siquiera intentarlo.
El esfuerzo realizado por el PP para negar la utilidad del voto logró que sus votantes rechazaran de plano ni siquiera intentarlo
La segunda explicación complementaria, y que se puede observar en un buen número de provincias, sería cómo este efecto de cruzar voto debilita en el Senado el voto en bloque al PSOE y favorece al PACMA, cuyo primer candidato en muchas provincias duplica en votos al segundo y al tercero de la lista. En Zamora, por ejemplo, su primer candidato al Senado obtuvo casi el triple de votos que su par para el Congreso; un reparto sin resultados efectivos para los animalistas pero que dejó fuera a un senador socialista y a pocos votos de dejar sin escaño al segundo del PSOE. Otro tanto sucede en Segovia, en donde a pesar de conseguir más votos en el Congreso, estuvo a punto de dejar fuera al segundo senador del PSOE por una veintena de votos y dejó fuera al tercero de la lista, mientras que el PACMA roza los 1.500 (casi mil más que su homólogo al Congreso, que obtuvo 607 votos). Igualmente en Palencia, donde al tercer senador del PSOE le faltaron 500 votos para obtener escaño, mientras el PACMA obtuvo 700 votos más al Senado que al Congreso. Murcia y Soria, por su parte, son otro ejemplo: el tercero del PSOE al Senado se quedó fuera por 7.000 votos, mientras el PACMA obtuvo más de 12.000 votos.
La suma de ambos fenómenos, 1+1+1 y el 2+1 con PACMA, explicaría también el caso de Madrid, donde el senador del PP fue el segundo más votado de los cuatro. Y donde, a pesar de eso, el primer senador de Ciudadanos logró arrebatarle su sitio al 3 de la lista del PSOE, en este caso de nuevo porque el candidato del PACMA duplica el voto del candidato de su partido al Congreso (110.000/50.000) y deja fuera al tercer senador del PSOE por solo 2.000 votos. También en Madrid donde el número 1 del PP en el Senado obtuvo 216.000 votos más que el candidato al Congreso, la diferencia entre el 1 y el 2 de Ciudadanos y Vox supera, en ambos casos, los 300.000 votos.
¿Y si…?
Una visión general muestra cómo, más allá de las excepciones señaladas, más habituales de lo normal, para que el 1+1+1 hubiera sido un éxito y hubiera permitido mayoría de PP+Vox+Ciudadanos hubiera sido necesario que en un gran número de las provincias el porcentaje de votantes del PP y Ciudadanos que hubieran asumido esa fórmula superara una horquilla entre el 40 y el 60% del número total de sus votantes. Algo que, a la luz del porcentaje de votantes que finalmente eligieron la opción, incluso entre partidos como Vox que han promovido activamente este voto, resultaría casi imposible.
En tiempos donde la acción colectiva tiene menos barreras que nunca, y la iniciativa particular puede protagonizar con éxito actuaciones políticas coordinadas sin contar con el apoyo de las organizaciones políticas, estoy seguro de que en próximas elecciones veremos más experiencias de ese tipo, mientras nos conformaremos lamentándonos por lo que pudo ser y no pasó.
Un fantasma recorre la campaña electoral española: el fantasma del voto útil.
El tablero electoral español se divide en dos bloques bastante uniformes, pendientes de su capacidad de movilización, pero con una gran volatilidad interna. Esta indecisión especialmente en el bloque formado por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox ha provocado desde muy pronto, en plena precampaña, un intercambio recurrente de declaraciones y vídeos que tratan de reivindicar que el voto solo es útil si recae sobre las propias siglas.
Para hacerlo, los partidos seleccionan cuidadosamente las cifras elegidas para que, oh casualidad, los «datos» corroboren la tesis establecida previamente. En los tiempos de la verdad a la carta no hay nada más mentiroso que un dato cuidadosamente elegido. Al hacerlo confunden, quién sabe con qué intención, entre el todo y la parte y, con esa necesidad posmoderna de simplificar asuntos complejos, culpan de todo a Víctor d’Hondt, un jurista belga que hace 141 años ideó un sistema proporcional de reparto de escaños empleado hoy en más de 40 países.
Las críticas se centran en que esta fórmula de reparto de escaños no resulta proporcional, favoreciendo a los partidos mayoritarios y perjudicando a los que tienen un respaldo electoral menor, lo que no es del todo cierto.
Lo primero que habría que decir es que el sistema electoral puramente proporcional no existe. Solo podría existir si se distribuyeran el mismo número de escaños que de votos, pero como no es así, todo sistema tiene que pensar en una fórmula matemática de reparto de los «restos». Esto es precisamente lo que intentan resolver tanto la citada ley d’Hondt, como otras fórmulas como Sainte-Laguë o la del mayor resto. Y en cierta medida, lo ha logrado. Así lo muestra la historia reciente de nuestro país en la que a pesar de las críticas coincidentes en que favorece el bipartidismo, nos encontramos actualmente con cuatro partidos por encima de 10% de los votos y escaños, algo que, según las encuestas, puede hacerse extensible a un quinto partido.
Dicho lo cual, es cierto que el sistema electoral en España favorece a los partidos mayoritarios, pero lo que afecta a la proporcionalidad no es tanto el desequilibrio que genera una opción u otra del reparto de los restos, sino el número de escaños que el sistema reparte entre las distintas circunscripciones. La LOREG, que regula el sistema electoral, reparte los escaños por provincias en función de su población, tras conceder a todas ellas una representación mínima de dos escaños, independientemente de su tamaño o población.
En Soria, que desde 2008 es la única provincia que reparte solamente dos escaños, nunca se ha obtenido uno con menos del 23% de los votos
Este reparto inicial es el que realmente afecta a la proporcionalidad y hace que 35 circunscripciones, que representan el 67% del total, repartan un total de 145 escaños. El 41% de los escaños en juego, para el 30% de la población (14.488.041 de un total 46.723.000) según los datos del INE.
De esta manera, en estas provincias resulta más difícil conseguir escaño para aquellos partidos que resultan terceros o cuartos en el recuento. Los datos históricos de estos 42 años nos señalan el porcentaje mínimo para obtener un escaño en las provincias de estas características. Por ejemplo, en Soria, que desde 2008 es la única provincia que reparte solamente dos escaños, nunca se ha obtenido uno con menos del 23% de los votos, en las ocho provincias de tres escaños nunca se ha obtenido un diputado con menos del 17,6% de los votos, en las diez de cuatro, el escaño obtenido con un porcentaje menor de votos se consiguió con el 12,2%, en las siete provincias de cinco con un 9,7% y, paradójicamente, en las siete de seis escaños el mínimo de votos necesario para lograrlo fue un 10,8%.
En estos mismos datos de las ocho elecciones generales celebradas en España vemos que cuando hablamos de promedio de votos, el porcentaje de voto para obtener dos escaños es de 30,89%, en las de tres escaños se sitúa en el 23,5%, si la circunscripción reparte cuatro escaños la media es del 17,8%, 14,8% para las de cinco escaños, y 12,6% para las de seis. Si proyectamos sobre este promedio el resultado medio de las encuestas publicadas hasta esta semana, que otorga un 27,4% de los votos al PSOE, un 20,5% al PP, un 16,8% a Ciudadanos, un 13,8% a Podemos y un 10,9% a Vox vemos cómo tres de los cinco principales partidos políticos rondan estos porcentajes y corren serio riesgo de quedarse fuera del reparto en casi todas estas circunscripciones, sin poder aprovechar los votos recibidos en esa provincia.
Caso aparte es el Senado. Con el objetivo de favorecer la representación de los territorios, se dispara la falta de proporcionalidad al repartirse el mismo número de escaños por cada provincia. Una asimetría que aumenta, aún más si cabe, si le añadimos que el sistema de reparto concede el escaño a los candidatos con mayor número de votos, escogidos en listas cerradas, pero no bloqueadas, que permiten al votante escoger tres nombres de diferentes partidos, algo, por cierto, poco habitual. De esta forma podemos decir que aquel partido que en cada provincia consiga el mayor número de votos,obtendrá tres de los cuatro escaños en juego, lo que, una vez más, a la luz de la mayoría de las encuestas publicadas, proporcionaría al PSOE un número de representantes suficientes (146 sobre los 206 asientos que se eligen), para tener mayoría absoluta sobre los 266 senadores que forman la Cámara, una vez incorporados los senadores de designación autonómica.
No es casual, por tanto, que hayan surgido ofertas del Partido Popular para unir fuerzas en estas provincias ni que, tras no ser aceptadas estas por Vox y Ciudadanos, comience la apelación a la utilidad que pretende maximizar el voto dentro de cada uno de los bloques. Estas apelaciones, si no se concretan en una serie de provincias donde el escaño está en competencia con PSOE o Podemos, corren el peligro de terminar produciendo el efecto contrario al que pretenden, perjudicando a la suma dentro del mismo bloque y, consiguientemente, a la posibilidad de formar Gobierno. Un objetivo que, más allá de los juegos aritméticos, pasa por un juego de alianzas que, a día de hoy y a todas luces, debería unir a PP-Ciudadanos-Vox o PSOE-Podemos-Nacionalistas, (aunque, según las encuestas, muchos españoles aún contemplan y aceptan la posibilidad de que Ciudadanos cambie la posición adoptada por su ejecutiva, y pase a apoyar al PSOE o al menos permita su investidura con la abstención).
Un objetivo que pasa por un juego de alianzas que, a día de hoy y a todas luces, debería unir a PP-Ciudadanos-Vox o PSOE-Podemos-Nacionalistas
Está por ver el efecto de los ataques cruzados que se dediquen los partidos a cuenta de si el voto útil es de uno o de otro. En primer lugar, está el efecto que pueda tener en el resultado final del bloque, que puede sufrir esta guerra de desgaste y que aumentaría la dificultad de formar un Gobierno alternativo al del PSOE con Podemos y los nacionalistas. En segundo lugar, está la cuestionada eficacia de este tipo de campañas, basadas en las encuestas, salvo que se realicen en los últimos días o, como ocurrió en 2016, tengan lugar muy cerca de unas elecciones anteriores. Los ciudadanos al votar no piensan tanto en la utilidad de su voto como en sus consecuencias. Y es, precisamente, en las consecuencias donde se encuentra el riesgo principal, a medio y largo plazo. Si nos atenemos a las encuestas publicadas es probable que su voto sea un voto que la misma noche electoral dejará de ser útil o inútil, quedará libre de consideraciones y cálculos para ser, sencillamente, un voto que permita gobernar a Pedro Sánchez. Esta es la gran paradoja a la que se tendrán que enfrentar muchos votantes: queriendo echar a Sánchez, habrán colaborado a mantenerlo.
Ahora que los vientos del populismo soplan más fuertes que nunca, esperemos no tener que arrepentirnos nunca de haber rodeado la ley.
En 1966 una película inesperada se alzó con 6 Oscars derrotando a ‘Quién teme a Virginia Woolf’. Se trataba de ‘Un hombre para la Eternidad’ en la que el director austriaco Fred Zinnemann traza un perfil de los últimos días del canciller de Inglaterra, y santo católico, Tomás Moro. En un pasaje memorable de la película, Moro conversa con su futuro cuñado y asistente, que le pregunta: «¿Le darías al diablo el beneficio de la ley?». A lo que responde «tú qué harías ¿dar un rodeo alrededor de la ley para dar caza al diablo?… Y cuando te hubieses saltado la última ley y el diablo se volviera contra ti, ¿dónde te esconderías si las leyes son planas? Si te las saltaras ¿crees que podrías resistir los vientos que se levantarían?». Para concluir: «Sí, yo concedería al diablo el beneficio de la ley por mi propia seguridad».
Las leyes son, en esencia, mecanismos de seguridad para la sociedad. Por eso, alterarlas, o interpretarlas en contra de su sentido original, es siempre arriesgar demasiado. Para comprobarlo no hace falta irse muy lejos. Algo así ha ocurrido durante la legislatura que concluye en España, con el extraño juego de poder que se ha despertado entre el Congreso de los Diputados y el Gobierno, y viceversa. Ambas coinciden en utilizar las instituciones con un sentido diferente a aquel con el que fueron concebidas.
Los retrasos de la Mesa
Por un lado, está el Congreso y las dificultades que la Mesa ha puesto a la tramitación de proposiciones y proyectos de Ley, con la ampliación casi automática de los plazos de enmiendas y la congelación de la fase de informe de la ponencia que han hecho imposible, en la práctica, su tramitación. Aunque pueda parecer sorprendente esta no afecta tanto al Gobierno, ya que al término de esta segunda parte de la legislatura (según los datos del propio Congreso de los Diputados) han sido seis los Proyectos de Ley presentados, de los que cuatro fueron registrados demasiado tarde para que fuera posible su tramitación, uno rechazado tras su votación en el Pleno y solo uno sometido a dos ampliaciones del plazo de enmienda. Sin embargo, han sido cuatro los Proyectos de Ley que tienen su origen en un Real Decreto Ley, los que han visto ampliados estos plazos de manera excesiva. Algo similar ocurre con las proposiciones de Ley: 14 de ellas presentadas en el Congreso, 2 en el Senado, y otras 2 procedentes de Comunidades Autónomas, que la mesa, en la que el PP y Ciudadanos cuentan con la mayoría, ha ido retrasando siguiendo los mecanismos señalados.
El abuso del Decreto Ley
Por otro, el Gobierno y el abuso del Decreto Ley. Si el 70% de las leyes aprobadas por el Gobierno de Rajoy en la primera parte de la legislatura lo fueron siguiendo este mecanismo, con el de Sánchez el número alcanza el 98%, el porcentaje más alto de toda la democracia, un porcentaje aún más llamativo si se contrasta con las palabras del propio presidente que prometía convertir: «El Congreso en el centro de la actividad política».
Si atendemos a las razones que se aducen, estas no resultan muy tranquilizantes. La primera es siempre el uso habitual que otros gobiernos han hecho de esta figura normativa. De esta manera, y a pesar del lema «ellos también lo harían» vemos cómo, aunque se ha utilizado con frecuencia este recurso, no siempre de manera correcta, el porcentaje hasta esta legislatura nunca había superado el 40% del total de normas aprobadas.
Se esgrime como excusa el bloqueo que la Mesa ha establecido sobre los proyectos de ley enviados por el Gobierno socialista durante la legislatura
Además, se esgrime como excusa el bloqueo que la Mesa del Congreso ha establecido sobre los proyectos de ley enviados por el Gobierno socialista durante la legislatura. Pero, igual que el anterior argumento, este resulta difícil de justificar porque solo 9 de los 32 reales decretos que se pretenden justificar coinciden en su objeto con los proyectos de ley presentados por el Gobierno y las proposiciones de ley presentadas por el grupo socialista. Es decir: el bloqueo de la Mesa, de haber existido como dice el Gobierno, solo habría afectado a 9 de los casos. Los 21 Reales Decretos restantes serían proyectos legislativos nuevos, iniciados por el Gobierno de Pedro Sánchez, sin relación con propuesta normativa alguna del socialismo.
Quedaría un tercer argumento, el de la «extraordinaria y urgente necesidad», que el artículo 86 de la Constitución establece como requisito indispensablepara utilizar esta figura. Esta facultad, que el Tribunal Constitucional atribuye de manera clara al Ejecutivo (STC 29/1987), no es una facultad ilimitada, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por definir lo urgente y necesario como aquello que el Consejo de Ministros considere como tal. El propio Tribunal Constitucional es mucho más restrictivo en esta interpretación cuando señala que se limitaría a aquellas medidas que buscan: «Alcanzar los objetivos marcados para la gobernación del país, que, por circunstancias difíciles o imposibles de prever, requieren una acción normativa inmediata o en que las coyunturas económicas exigen una rápida respuesta» (STC 6/1983). Basta un rápido análisis de los temas de los 32 Reales Decretos aprobados para poner de manifiesto que, en realidad, la urgencia no es más que una excusa para sacar adelante leyes en una legislatura corta y sin apoyos suficientes. Una urgencia y necesidad que, además, es difícil de justificar en casos en los que han transcurrido 40 años desde el sorpresivo cambio de circunstancias.
El uso del Decreto Ley tras la disolución de las Cámaras
Mención aparte merece su aprobación una vez disueltas las cámaras. El debate no es si el Gobierno puede gobernar en ese momento, sino si puede meter por la puerta de atrás todas estas medidas, que más allá de su dudoso carácter de urgencia y necesidad, pueden tener un contenido orientado a la campaña electoral en ciernes. Aunque aquí también se repiten los argumentos señalados anteriormente, una vez más difícilmente soportan el contraste con la realidad. Sobre su abuso por parte de los «otros» sorprende ver como de los 41 decretos leyes que han sido aprobados una vez disueltas las Cortes Generales, 17 fueron aprobados por gobiernos de UCD, 22 por gobiernos del PSOE y solo 2 por gobiernos del PP. Sobre su urgencia y necesidad, vemos que es difícil de justificar en casos en que la norma ha sido publicada hasta cinco días después de su aprobación y fija la entrada en vigor de algunos de sus preceptos tres años después.
El problema es que, en ambos casos, este «rodeo alrededor de la ley» para lograr unos objetivos que el Gobierno considera sin duda, justos y necesarios, provoca, como señala el Tribunal Constitucional: «La relegación del poder legislativo a un papel pasivo, secundario y disminuido, en detrimento del principio representativo, de la calidad democrática y, en las propias palabras del preámbulo de la Constitución, del Estado de derecho que asegura el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular»(STC 199/2015). El Gobierno asume una función legislativa que no le corresponde, dejando en el camino las garantías de procedimiento imprescindibles en una democracia parlamentaria. Se soslayan así los principios de publicidad y deliberación en público conduciendo, como ha señalado con acierto Jorge San Miguel, a una democracia plebiscitaria.
Un riesgo para la democracia
Ante esta situación de abuso sería necesario buscar vías para evitarlo.
En el caso de «bloqueos», el problema de fondo sería la necesidad de racionalizar el calendario legislativo del Parlamento para evitar así prácticas como prorrogar plazos de enmiendas semiautomáticamente o congelar la fase de informe de ponencia. Esto se podría resolver estableciendo en el reglamento del Congreso un sistema limitado de prorrogas (con un máximo razonable de 3 o 4), y obligando a que las siguientes prórrogas o bien necesiten una mayoría reforzada o una mayor motivación del acuerdo. A esto se podría añadir el establecimiento, por parte del Gobierno, de un calendario legislativo a largo plazo, que permita que las Cámaras pueden planificar el trabajo legislativo.
En lo que se refiere al abuso de reales decretos, habrá que asumir que su coste es casi nulo, ya que, en el peor de los casos, será declarado inconstitucional años después una vez que ha producido todos sus efectos, en los que difícilmente cabe dar marcha atrás. De ahí el interés de propuestas como la de Antonio Torres del Moral que plantea modificar la ley del Tribunal Constitucional, para establecer un mecanismo para su control, y poder así dar una respuesta pronta que evite este abuso.
En cualquier caso, el problema se ha puesto ya de manifiesto y parece más que necesario atender a lo evidente: ni la Mesa puede bloquear la actividad parlamentaria ni el Gobierno evitar el trámite parlamentario para lograr sus objetivos. Lo primero desvirtúa el parlamentarismo; lo segundo, erosiona las instituciones. Ambos suponen un riesgo para la democracia en un momento en el que se repiten las advertencias sobre los peligros que en tiempos de populismo afronta la democracia. Una de ellas, las más alarmante, es la que advierte de que los enemigos de la democracia vienen de dentro, de aquellos que para protegerse no dudan en traspasar las barreras de la ley sin pensar que, lejos de ser un obstáculo, son su principal protección y la última garantía de la democracia.
Ahora que los vientos del populismo soplan más fuertes que nunca, esperemos no tener que arrepentirnos nunca de haber rodeado la ley.
*Todos los datos mencionados han sido obtenidos de la página web del Congreso de los Diputados. www.congreso.es
Esta página web utiliza cookies para mejorar su experiencia de usuario. Usted puede configurar el uso que se da a las mismasConfiguraciónAceptar
Política de Privacidad y cookies
Resumen de privacidad
Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia mientras navega por el sitio web.Fuera de estas cookies, las cookies que se clasifican como necesarias se almacenan en su navegador, ya que son esenciales para el funcionamiento de las funcionalidades básicas del sitio web.También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar y comprender cómo utiliza este sitio web.Estas cookies se almacenarán en su navegador solo con su consentimiento.También tiene la opción de optar por no recibir estas cookies.Pero la exclusión voluntaria de algunas de estas cookies puede afectar su experiencia de navegación.
Las cookies necesarias son absolutamente esenciales para que el sitio web funcione correctamente. Esta categoría solo incluye cookies que garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad del sitio web. Estas cookies no almacenan ninguna información personal.
