El gobierno español no aprende de sus fracasos, y sigue en el camino de la negociación con terroristas, secuestradores y dictadores, con toda su buena intención, por supuesto. Ahora está dispuesto a reconocer los «avances» del gobierno de Raul Castro, la apertura de algunos sectores del mercado como los teléfonos móviles o la entrada en los hoteles, suprimiendo definitivamente las medidas adoptadas por la Unión Europea tras la detención arbitraria e injusta de 75 cubanos en la primavera negra de 2003. Estas medidas, que llevan suspendidas 2 años, se han convertido en la enésima excusa del gobierno cubano para justificar su dictadura, y el gobierno español considera que su supresión será considerado por el gobierno cubano como un gesto de buena voluntad que les animará a empezar la transición democrática y ofrecerá a Europa colaborar activamente en ella.
Acepta así el gobierno español, y corre el riesgo de arrastrar a los demás países de la Unión, dos principios establecidos por el gobierno cubano que no se corresponden con la realidad:
1. Considerar sanciones las medidas adoptadas. Algo dificil de creer si se conocen estas que suponen el contacto con la sociedad civil cubana y la invitación a sus líderes a los actos oficiales de las Embajadas.
2. Considerar que Cuba es su gobierno (como ocurre en cualquier país democrático) olvidando que el futuro de Cuba no es monopolio de su gobierno dictatorial sino de todos los cubanos a los que, como en cualquier país del mundo, les corresponde decidir su camino. Sorprende ver el esfuerzo del gobierno de España por mantener a los cubanos al margen de su futuro, obviando su opinión, evitando su presencia y mirando hacia otro lado cuando las evidencias, que son muchas, indican que en Cuba todo sigue igual.