La gran trampa del populismo ha sido siempre ser capaz de presentarse como una ideología ante la opinión pública. Esconder tras una capa de supuestas ideas, lo que no es más que un medio para conquistar el poder, al servicio de las más variadas ideologías, da igual que sean nacionalistas, xenofobas o colectivistas.
El pacto de Sol, nos devuelve a Podemos convertido en el caballo de Troya de un Partido Comunista que había perdido las formas, y el dinero, y necesitaba de una remodelación que afectara a sus formas, dejando intacto su fondo ideológico. Por eso es un pacto en el que, a pesar del botellín, todo huele a naftalina, como el traje que sale del armario, en el que llevaba muchos años esperando su oportunidad.
No es de extrañar que el comunismo se valga del populismo para acceder al poder. como señalaba hace ya tiempo Richard Morse, ambos comparten el culto popular a la personalidad carismática y un concepto corporativo y casi místico del Estado como una entidad que encarna la soberanía popular por encima de las conciencias individuales.
Su estrategia pasa por conquistar el poder en nombre de la superdemocracia, sin importar cómo, ni quiénes queden en el camino. Cuando llega al poder, como resumía con acierto Enrique Krauze: “el lider populista, micrófono en mano decreta la verdad oficial, desquicia la economía, azuza el odio de clases, mantiene a las masas en continua movilización, desdeña los parlamentos, manipula las elecciones, acota las libertades.”
Entonces los demás descubriremos, con más o menos asombro, que la crisis económica, la corrupción y el malestar social, no eran más que accidentes, para proclamar, la más fundamental de las revoluciones, la del incremento de las expectativas, y provocar un cambio del sistema constitucional que nos dimos en 1978, un cambio en el que sin lugar a dudas habrá un gran perdedor, la propia democracia y nuestras libertades individuales.
En los últimos días carteleras y ‘muppies’ de toda España se han llenado de candidatos electorales que hablan de confianza e ilusión sin pedir nada a cambio. En menos de una semana no quedará ni rastro de estas campañas ante la prohibición establecida en la reciente reforma de la LOREG de realizar publicidad política (especificada en su artículo 53) e institucional, que incluiría las campañas informativas llamadas «de logros» e incluso las destinadas a promover la participación (resolucion JEC de febrero 2011), desde el momento de la convocatoria de las elecciones, el próximo día 28 de marzo.
Si a esto le añadimos la prohibición a los poderes públicos de organizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de estos y cualquier otro que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos por los mismos (artículo 40.3), y la obligación a las televisiones, públicas y privadas, de aplicar el principio de proporcionalidad a su cobertura (artículo 66.2), se puede afirmar que vamos a asistir a una campaña electoral radicalmente distinta de aquellas a las que estábamos acostumbrados, en las que todo este tipo de actividades estaban permitidas en ejercicio de la actividad política ordinaria.
Muchos se han apresurado a adelantar campañas institucionales y electorales, para evitar la nueva ley, otros han apostado por internet, ignorada en la reforma legislativa, como herramienta para mantener viva la campaña.
El próximo 22 de mayo se renuevan los alcaldes de los más de 8.000 municipios españoles y los presidentes de 13 Comunidades Autónomas pero, a falta de tres meses, parece que a nadie le importara mucho. A estas alturas da la sensación de que el 23 de mayo:
Se concretará la convocatoria de elecciones anticipadas, y se realizará un sondeo global sobre su resultado final.
Se decidirá el liderazgo interno dentro del PSOE, donde la continuidad de Zapatero ya no parece una opción.
Se resolverá la duda sobre las relaciones entre la sociedad, cada día más enfadada, y su clase política. Un alejamiento reflejado en campañas como #nolesvotes, que servirán para medir el efecto real de adoptar políticas, como la ley Sinde, apoyadas por todos los políticos y rechazadas mayoritariamente por la opinión pública.
Se medirá la ineficacia de una reforma de la ley electoral, que además de olvidarse de internet, estableció unas limitaciones más posibles en el mundo de lo legal que de lo real.
En la campaña electoral se hablará mucho de esto, y poco de los problemas locales. Serán los ciudadanos los que decidan que les importa más, los problemas generales, y reales, o el gobierno de sus territorios durante los próximos cuatro años. No es una elección fácil.
Hace unos días se aprobó la Iniciativa Ciudadana Europea, herramienta destinada a permitir a un millón de europeos presentar propuestas legislativas. La ICE nació en el Tratado de Lisboa como muestra de la apertura democrática de las Instituciones de la Unión. Desde ese momento se presentó como algo propio de la democracia participativa generando todo tipo de expectativas ciudadanas que se han ido quedando por el camino de su aprobación, al ponerse de manifiesto que lejos de dar participación a los ciudadanos en las decisiones de la Unión la ICE no es más que una herramienta de democracia representativa que les permite dar ideas a través de un procedimiento formalizado.
Un grupo de ciudadanos puede presentar una propuesta legislativa europea bien fundada (compatible con los Tratados y sin exceder las competencias de la Unión): una vez presentada tendrán un año para recoger en al menos siete países miembros un millón de firmas de apoyo. Si lograran su objetivo, la propuesta comenzaría su proceso legislativo habitual en las instituciones de la UE (permitiendo a los promotores su defensa en audiencia pública), pudiendo ser aprobada, enmendada o rechazada.
Cualquiera que ha intentado recoger firmas alguna vez sabe que se trata de algo poco eficaz, más allá del impacto mediático, y que puede generar desilusión pero, sobre todo, un proceso complicado, lento y costoso, más propicio para grupos organizados que para ciudadanos comprometidos. Sólo queda una pequeña esperanza: el soporte que proporcionará la Comisión para la recogida electrónica de firmas. Si se acierta en su desarrollo los ciudadanos podrán competir con los grupos organizados, lo complicado puede volverse sencillo, lo lento rapidísimo y lo costoso baratísimo.
Algo tiene el estado de alarma para que casi la mitad de la opinión pública española esté a favor de su renovación y el principal partido de la oposición, que planteó dudas sobre su constitucionalidad, se haya abstenido en la votación en el Congreso. Y eso a pesar de que se incumplieron las causas para su declaración, según el artículo 4.c que rige su aplicación.
En lo referente a su renovación, la Ley Orgánica es cristalina en su artículo primero: la declaración del estado de alarma procede «cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios». Su duración «será en cualquier caso la estrictamente indispensable para asegurar el restablecimiento de la normalidad».
El debate jurídico es un no debate: el jueves la normalidad ya estaba restablecida y renovar el estado de alarma de manera preventiva, aun con amenaza, va en contra de la legislación vigente. ¿Podemos hacer depender el mantenimiento del estado de alarma del final feliz de las negociaciones, y del consiguiente fin de la amenaza?
Es cierto que el estado de alarma ni se nota, ni traspasa a la sociedad, y que incluso en estado de alarma se vive mejor. Pero la falta de respeto a la legislación vigente, aunque sea para alcanzar el bien común, siempre pasa factura.
No es la primera vez que asistimos a un comportamiento así, que va desgastando irremisiblemente a las instituciones: prescindir de informes prescriptivos del Consejo General del Poder Judicial, pasarse al Consejo de Estado por el arco del triunfo, anunciar que se aprobará por medio de leyes lo que ha sido declarado inconstitucional…
No se trata de calcular los daños, ni bromear pensando que mientras el Gobierno duerme tranquilo, resguardado en el artículo 116.5, que impide convocar elecciones, las consecuencias son mucho más graves de lo que pudieran parecer. No hay nada peor para la imagen de España que un Gobierno instalado en el «como sea», que un Estado en el que la seguridad jurídica depende del grado de cabreo de la población.
Dice Manuel Castells que toda elección es una lucha entre el miedo y la ilusión: el resultado dependerá de quién elija cada bando y la situación del campo de batalla. En las elecciones chilenas, el escenario se ha presentado con toda crudeza: se optaba entre un proyecto de cambio, tras el agotamiento de Concertación, después de veinte años en el poder, y el miedo al fantasma de Pinochet y una caricatura de la derecha que no se parecía en nada al modelo presentado por la Coalición por el Cambio.
Quizás lo primero que sorprenda a cualquier observador ajeno a la política chilena sea ver cómo la Concertación, el partido de la presidenta Bachelet, que contaba con un 80% de aprobación popular, ha podido desaprovechar esta ventaja y salir derrotado en la contienda. Esta situación se entiende mejor si se conoce la desconcertante asimetría entre la espectacular aprobación de la presidenta, la de su gobierno (40%) y la de su partido (20%). Algo que la propia Bachelet detectó prácticamente al principio de su mandato, y que le llevó a impulsar una forma de hacer política ajena a los partidos, algo que, junto a la buena gestión de la crisis, que le permitió gozar de esos niveles de apoyo pero que contribuyó a que la imagen de su partido y su gobierno tocara fondo.Esta crisis de confianza en el partido que ha dominado la política chilena desde 1999, y que quedó reflejada en el triunfo aplastante de Sebastián Piñera en la primera vuelta, no garantizaba el éxito de un proyecto político que desde la llegada de la democracia no había gobernando en Chile, y así lo ha demostrado el ajustado resultado. De ahí que, desde que se conocieron los contendientes de la segunda vuelta, el equipo de Eduardo Frei pusiera aún más énfasis en su estrategia del miedo, vinculando el proyecto de la Coalición con la dictadura de Pinochet y señalando la fortuna de Sebastián Piñera, y sus diversos intereses empresariales, como una amenaza no sólo para el Estado social, sino incluso para el Estado de Derecho; le pintaba como un Berlusconi latinoamericano que amenaza la pluralidad informativa.La gran incógnita era saber si los 1.379.219 votantes de Marco Enrique Ominami, candidato disidente de la Concertación y conocido popularmente como MEO, eran votos progresistas o votos por el cambio, y si bien parece que la mayoría se decidió finalmente por el candidato de la Concertación, la denuncia del cansancio del modelo sobre el que se ha sostenido el gobierno que caracterizó su campaña ha tenido un efecto neutralizador de la dinámica del miedo –que hace 5 años se denominó el «mal menor»– y proporcionado al candidato liberal-conservador más de 500.000 votos, que le han bastado para superar el 50% de los apoyos.
Esta vez el mensaje de cambio ha tenido más fuerza que el enfrentamiento ideológico. Siguiendo con las categorías de Castells, podríamos decir: en una situación económica estable, la ilusión pudo con el miedo.
Una de las novedades de esta campaña ha sido la utilización masiva de herramientas tecnológicas. Los principales candidatos han hecho un extraordinario uso de la red; no sólo para informar, sino para conversar y movilizar a sus simpatizantes. Con presencia en las redes sociales más implantadas en el país (Facebook, Twitter, Youtube, Flickr y Fotolog), han mantenido una comunicación abierta y constante con los ciudadanos, como ha quedado de manifiesto en los numerosos debates y foros multidireccionales que protagonizaron.
En este punto destacan especialmente dos estrategias: la de Marcos Enríquez Ominami, quien utilizó la red para pasar de una candidatura prácticamente sin expectativas y desconocida para la mayoría de los chilenos (la mayoría de las firmas posibilitadotas de su candidatura se logró a través de internet) a obtener el 20% de los votos en la primera vuelta; y la de Sebastián Piñera, que se sirvió de la red para quebrar el estereotipo que le asociaba a la época más oscura de Chile y afirmar su imagen de candidato abierto, con propuestas… Abrió múltiples canales no sólo para escuchar, sino para conversar con sus simpatizantes, con estrategias que tuvieron en cuenta a todos los segmentos poblacionales y un mensaje que caló hondo en los chilenos: yo voté por el cambio.
La alternancia en el poder es una de las muestras más evidentes de madurez democrática, y aunque los resultados parecen consolidar la transición democrática iniciada hace 20 años, algunos ya se han apresurado a señalar que el reto de Chile es consolidar una nueva derecha, algo que no deja de ser sorprendente… un día después de que la derecha haya ganado las elecciones. La Coalición, con un líder alejado de la imagen tradicional de la derecha chilena y un historial democrático intachable, supo reinventarse, refundarse, presentándose ante la sociedad como una formación unida, con un proyecto, con ideas que van más allá de la conquista del poder. (Algo que a mí me recuerda mucho a la refundación del Partido Popular y a la labor de José María Aznar durante la década de los 90).
En mi opinión, es la Concertación, que ha gobernado el país durante los últimos 20 años, que se ha demostrado un proyecto agotado, dividido y sin un verdadero proyecto nacional, incapaz de plantear nuevas alianzas, nuevos objetivos, nuevos liderazgos, la que deberá iniciar un proceso de refundación, que auguro largo y doloroso y que ha empezado hoy mismo, con la petición de renuncia de los presidentes de los principales partidos de la Concertación. Deberá ser una renovación de ideas y de personas. Ayer, mientras se conocían los resultados, las profecías que tienen forma de dominios en internet empezaron a volar apuntando a Michelle Bachelet, Patricio Alwyn o Insulza, pero más bien parece que, solucionada la afrenta de MEO a los votantes de la Concertación, estas elecciones suponen el final de una generación política, ¿la de la transición?
Aunque algunos señalan que los resultados de las elecciones celebradas ayer dejan el país dividido, la realidad es que no hay una gran diferencia con otros resultados; la que ha obtenido Piñera es una ventaja ligeramente inferior a la obtenida por Bachelet en 2006, y superior a la de Lagos en el año 2000. La realidad es que Piñera se encuentra con un país líder en América Latina, con una democracia estable, unas instituciones sólidas y una economía saneada. Tras la llegada de la democracia, Chile ha demostrado una madurez y una capacidad singular que le ha permitido convertirse en modelo para sus vecinos.
Las enormes posibilidades humanas y naturales del país hacen que los chilenos estén deseosos de dar el salto a las grandes ligas, jugar en la Champions. En lo político, eso pasa por la consolidación de las instituciones (en la que la alternancia desempeña un papel importante) y la modernización del Estado; en lo económico, por la consecución de la equidad social y el desarrollo sustentable. Chile esté abocado a un cambio de ciclo, y, aunque hablar de reforma constitucional resulte precipitado, tras la Constitución de 2005, en la sociedad existe un amplio deseo de cambio.
Sebastián Piñera ya ha empezado a trabajar. Entre sus proyectos se cuenta la lucha contra la pobreza –con la fundación del Ministerio de Desarrollo Social, que pondrá en marcha el Ingreso Ético familiar, que va a beneficiar a un millón de familias, y la creación de 200.000 nuevos y buenos puestos de trabajo al año en el período 2010-2014–; una reforma tributaria para bajar los impuestos a las pymes; la incorporación de 10.000 nuevos policías al combate contra la delincuencia; la creación de una red de 50 liceos mixtos de excelencia en las principales ciudades; la construcción de 10 hospitales concesionados y 76 consultorios; la entrega de 600.000 soluciones habitacionales, el acceso a una licencia de maternidad de hasta 6 meses y una serie de medidas para mejorar la participación ciudadana y la transparencia que incluirán la inscripción automática, el voto voluntario y las primarias para la elección de los dirigentes políticos. Además, ya ha encargado a un grupo de 15 asesores, coordinados por Cristian Larroulet, un informe sobre las medidas que el gobierno pondrá en marcha durante los primeros 100 días, y que será entregado en los próximos días. El objetivo es adecuar los objetivos programáticos planteados por los grupos Tantauco a las necesidades inmediatas de la población, especialmente en Seguridad, Hacienda, Obras Públicas, Trabajo, Vivienda, Salud, Educación, Defensa y Relaciones Exteriores.
El gran reto del nuevo equipo de gobierno será demostrar su eficacia en temas como los citados, y que, en ellos, los que van de progresistas no tienen el monopolio de nada.
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