En las últimas horas estamos conociendo los resultados de las elecciones presidenciales norteamericanas. En muchos de los estados clave, que decidirán esta elección se repetía la misma pauta: lo que parecía una victoria probable de Trump según los resultados conocidos, al 60 o 70% del recuento en estados clave, se iba convirtiendo en una remontada de Biden que, según se iba acercando el recuento al 100%, iba acortando la distancia hasta superar al candidato republicano. Este cambio en la tendencia respecto a la impresión inicial ha permitido a Donald Trump denunciar públicamente la existencia de un fraude electoral múltiple y hace presagiar que estas elecciones, tras un buen número de nuevos recuentos, terminarán en los tribunales.
Sin embargo, por lo que se sabe hasta la fecha, los incidentes hasta ahora son los habituales en un país con una administración electoral deficiente o muy deficiente. La explicación de lo que está sucediendo es sencilla y responde a una lógica, ya anunciada, los demócratas ante la situación sanitaria decidieron favorecer el voto por correo y el voto anticipado. De este esfuerzo de los 100 millones de votos anticipados casi 2/3 eran votos de votantes registrados como demócratas, y la mezcla con el altísimo número de votos anticipados (que supera la mitad de los votos emitidos en un buen número de estados) y con las regulaciones electorales propias de cada estado (que establecen que estos votos deben ser contabilizados los últimos), han propiciado un cambio general en las tendencias de recuento de estos estados.
Que esto iba a suceder era conocido por unos y por otros, de ahí que muchos advirtieran del peligro del “Red Mirage” – espejismo rojo – una victoria aparente de Trump en la noche electoral del martes, como la que se ha producido, que finalmente no se correspondiera con los resultados finales debido a los votos por correo y anticipado por contabilizar. Trump también lo sabía y por eso llevaba ya muchos meses sembrando dudas sobre la legitimidad del voto por correo. Esas dudas se convirtieron en protestas públicas, cuando los recuentos comenzaron a mostrar ese cambio de tendencia y probablemente se convertirán en protestas formales.
La causa principal de este dilema es el sistema electoral, que deja en manos de los estados la regulación de todo el mecanismo de elecciones. Según la Constitución norteamericana:
“Cada Estado designará, en la forma que lo prescriba su Asamblea Legislativa, un número de electores igual al número total de Senadores y representantes que le corresponda en el Congreso; pero no será nombrado elector ningún Senador o representante, ni persona alguna que ocupe un cargo de confianza o con retribución bajo la autoridad de Estados Unidos.”
Esta cláusula garantiza la libertad de los poderes legislativos de cada uno de los estados para determinar la regulación electoral en su estado, también en lo que afecta a la elección presidencial.
Esta condición del sistema electoral favorece su complejidad, conformando un collage diverso repleto de leyes estatales que, en ocasiones, las mayorías legislativas de turno utilizan en su propio beneficio.
En este sentido se ha planteado hasta qué punto las normas federales podrían limitar ese poder de las legislaturas estatales. El Tribunal Supremo lo ha considerado en un par de ocasiones: En McPherson v. Blacker, 146 U.S. 1 (1892) donde la Corte citando el Artículo II, Sección 1, Cláusula 2 establece que estas nunca podrán limitar el poder legislativo al que corresponde la responsabilidad.
Algo similar ocurrió en Bush v. Palm Beach County Canvassing Board, 531 U.S. 70 (2000) aunque tres de los magistrados expresaron su disconformidad señalando que “nada en el artículo 2º de la Constitución Federal libera a las legislaturas de los Estados de los límites de las Constituciones Estatales que los crearon”.
Como consecuencia del carácter estatal, en las elecciones Presidenciales los poderes legislativos de cada Estado también gozan del poder de decisión aunque la cláusula constitucional de cierre, que establece que “el Congreso puede en cualquier momento por ley establecer o modificar estas normas”, ha permitido cierta armonización, evitando un gran número de problemas. Es tal la autonomía de los estados que en un principio, y durante un tiempo, eran las cámaras estatales las que elegían a sus representantes en el Colegio electoral de manera directa, o establecían la extensión del derecho al voto, poco a poco el sistema fue evolucionando hacia la celebración de elecciones, sometidas a unos estándares y que hoy se celebran en los 50 estados y que se recogen principalmente en el Capítulo 1º del título 3º, del Código de los Estados Unidos (62 Stat. 672, as amended) y en otras leyes federales complementarias que regulan fundamentalmente el acceso al voto y la financiación electoral.
En la actualidad podemos hablar de un sistema uniforme con diferencias de regulación en temas como los plazos de registro, el ejercicio del voto por correo, el voto adelantado, los horarios de votación, la elección de papeletas, la utilización de máquinas o los sistemas de recuento. Estas diferencias, salvo el caso de Florida en el 2000 no habían supuesto hasta la fecha un elemento decisivo a la hora de determinar el resultado, pero esto ha cambiado totalmente en esta elección.
En efecto, en esta elección, por su volumen y lo ajustado de las mismas, estos elementos diferenciadores están resultando decisivos tanto a la hora del orden del recuento como a la hora de establecer los plazos en los que se pueden recibir votos.
En el primer punto la pandemia del Covid-19 ha provocado cambios en las normas electorales de muchos estados, especialmente en lo que se refiere a facilitar el voto por correo, permitiendo la recepción de votos el día de la elección e incluso durante los días siguientes. La idea era facilitar el voto durante la crisis sanitaria, y los resultados, más de 100 millones de votos previos, son una buena muestra del éxito. Pero han sido estos cambios en los sistemas electorales, que estándares internacionales como, por ejemplo, los de la Comisión de Venecia no recomiendan realizar en el año previo a las elecciones, los que han dado lugar al conflicto al que asistimos.
Como se puede ver en el gráfico de Pew Research Center son bastantes los estados que han permitido recibir votos por correo una vez cerradas las urnas.
FUENTE: PEW RESEARCH CENTER
Uno de ellos, el cambio en la normativa de Pensilvania ha llegado ya a la Corte Suprema. El 19 de octubre, el presidente del Tribunal Supremo John Roberts junto a los tres magistrados liberales, votó a favor de mantener en vigor la norma estatal modificada. Poco después los magistrados acordaron por unanimidad que era demasiado tarde para acelerar un fallo sobre el fondo del caso antes de las elecciones. En el último fallo, el magistrado Samuel Alito, en representación de los magistrados Clarence Thomas y Neil Gorsuch, señaló que es probable que el fallo de la corte estatal se declare inconstitucional y que la Corte Suprema mantenga su discreción para otorgar una revisión acelerada después de las elecciones, por lo que pedía y obtuvo separar los votos recibidos una vez cerradas las urnas, para poder determinar entonces si esos votos deben contarse o no. Si las elecciones dependen de Pensilvania podemos estar seguros que el caso volverá a la Corte Suprema.
Pero el elemento que más problemas está causando, al reforzar la sensación de fraude, es el orden en el recuento establecido por la ley federal en cada uno de los estados, que establece si el voto anticipado puede contarse con antelación o si es necesario esperar a haber recontado el voto en urna del día de la elección. Estados como Nevada, puede recontar incluso días después, Pensilvania, donde el voto por correo se ha comenzado a contar tras el cierre de las urnas, o Michigan, North Carolina, Florida, Wisconsin, Georgia, Arizona donde se han contado durante el día de las elecciones. Evidentemente esto no afecta al resultado final, pero ha propiciado las acusaciones de fraude que desde la noche electoral repite Donald Trump, en nuestra opinión, sin mucho fundamento.
FUENTE: AP ELECTION GROUP
Una visión rápida de las denuncias presentadas hasta el momento puede servir para hacerse una idea de cómo, en la mayoría de los casos, los problemas que se plantean no parecen tener consecuencias especialmente importantes, al menos en este momento. En Pensilvania, además de la demanda ya señalada sobre la fecha límite de recepción de votos, las irregularidades denunciadas afectan a no poder acceder a los recuentos, lo que ha sido admitido por el juez, aunque sin admitir que se suspendiera el recuento, como también solicitaban los republicanos. Otra demanda intenta adelantar la fecha límite para que los votantes por correo a los que les falta algún tipo de identificación pueden proporcionarla, pasando del 12 al 9 de noviembre. Otras afectan a votos corregidos durante el período inicial de procesamiento de votos (“pre-escrutinio”) el mismo 3 de noviembre, un caso que afecta a menos de 100 votos.
En Michigan también se ha reclamado el acceso al recuento y la anulación de los votos contados en su ausencia. En Georgia se ha solicitado que las papeletas que lleguen tarde se separen adecuadamente de las boletas recibidas a tiempo según la ley estatal (las 7 p.m. el día de las elecciones). Y en Wisconsin, donde la diferencia entre ambos es del 0,6%, ya se ha anunciado una solicitud formal de recuento, que se puede solicitar sin más fundamento cuando la diferencia no alcanza el 1%, una vez finalizado el recuento oficial, algo que no se producirá antes del 10 de noviembre. Estos recuentos extraordinarios, sin duda se solicitarán en caso de que la distancia no alcance el 1% en otros estados que como Georgia o Nevada, que actualmente están por debajo de esta cifra. Aun así es muy extraño que den la vuelta al resultado final de las elecciones, como se pudo ver en 2016, cuando la ligera ventaja de Trump sobre Clinton se mantuvo básicamente sin cambios después de un nuevo recuento en Wisconsin.
Quedan todavía por escrutar los estados de Georgia, Pennsilvania y Nevada. Varios de los pronosticadores de resultados indican que la ventaja es de Joe Biden ya es evidente y con 264 votos electorales solo le falta conseguir un estado para poder ganar. El día de ayer, el Presidente de Trump salió en una rueda de prensa para indicar que hubo fraude, especialmente señalando los votos por correo y a las ciudades de Detroit y Philadelphia como focos de corrupción en los conteos. Estas elecciones, quizás las más reñidas y atípicas de la historia moderna de los Estados Unidos, no solo podrá dar lugar a que la transición del poder sea difícil, sino que también empezará a ser un motivo para la eventual revisión del sistema electoral de los Estados Unidos.
Gane quien gane, sabemos que el año 2016 no fue casualidad
Aún no conocemos quién será el ganador de las elecciones presidenciales norteamericanas pero tenemos ya la mayoría de los resultados. ¿Y qué más da? pensarán algunos, en política, como en el fútbol lo importante es ganar, da igual el cómo. Pero no, los resultados que tenemos nos ofrecen una oportunidad de mirar con mas objetividad, sin el sesgo del ganador, el mapa que nos dejan estas elecciones.
Sea quien sea el ganador ya sabemos que 2016 no fue una casualidad, como muchos aun hoy se empeñan en creer más allá de las evidencias. La histórica movilización ha sido mutua yel perfil moderado de Biden no ha tranquilizado al votante de Trump, que ha acudido masivamente a las urnas, aumentando sus apoyos de 2016 en prácticamente todos los segmentos de la población, manteniendo, probablemente, la mayoría en el Senado y mejorando, también probablemente, los resultados republicanos en el Congreso.
La agenda continuista del mandato de Barack Obama del que fue su vicepresidente prometía convertir el mandato de Trump en un paréntesis de la historia, regresando al Estados Unidos de 2016 pero olvidaba que fue precisamente ese Estados Unidos el que dio la victoria a Trump. Que lejos quedan ya las profecías que, tras la victoria de Obama, anunciaban décadas de dominio demócrata en la política norteamericana (el famoso realineamiento).
Frente a los sondeos que pronosticaban una victoria arrolladora de Biden, el resultado, como ya pasó en 2016, va a depender de un puñado de votos en un puñado de condados del Rust Belt (Wisconsin, Michigan y Pensilvania).Ya no sirve buscar excusas en el efecto sorpresa, el sistema electoral, ni echarle la culpa al dinero y a la publicidad electoral (donde Biden ha superado ampliamente a Trump), quizás ha llegado la hora de reconocer que existe una parte importante de los Estados Unidos impermeable a la agenda de las élites intelectuales norteamericanas (y a la inmensa mayoría de las encuestas), ignorarles primero y despreciarles después no ha funcionado del todo bien.
Gane o pierda, el trumpismo sale fortalecido, no sólo como un estilo particular de hacer política si no como una máquina con capacidad de conectar directamente con aquellos en los que se junta el enfado con el miedo, con una base social importante, y, sea cual sea el resultado, reposiciona claramente al partido republicano. Algunos en el Partido Demócrata, del ala más a la izquierda, han compartido ya su versión particular de los resultados y con AOC a la cabeza pide una reflexión sobre la relación de los demócratas con las minorías, entre las que ha subido el apoyo a Trump.
Tendremos que esperar horas, quizás días o incluso semanas para conocer el resultado definitivo. La mezcla entre un sistema electoral endiablado (en el que cada Estado tiene sus propias normas incluso en lo que se refiere al momento en que se pueden contar votos), el volumen de voto anticipado (más del 70% del voto total) y lo ajustado de la elección en los territorios decisivos provocarán que desde mañana comiencen las reclamaciones y es casi seguro que la elección terminará en los tribunales. Puede que incluso acabe llegando al Tribunal Supremo que enfrentaría una prueba de fuego, días después de la confirmación de la Juez Barret, de la que es difícil que salga indemne.
La política, habitualmente tan rápida, parece haberse congelado esta noche, y estamos tan poco acostumbrados, que pronto empezarán a difundirse todo tipo de teorías de la conspiración. De momento ambos candidatos se muestran confiados en la victoria, cada uno a su estilo, e incluso Trump, tras denunciar intentos de robo electoral sin ningún fundamento, ha enviado un mail a sus seguidores pidiendo fondos para la batalla legal que se avecina.
¿Victoria pírrica de Biden?, ¿remontada épica de Trump?… cuestión de expectativas pero, gane quien gane, de lo que no hay duda es de que el resultado final será un Estados Unidos más dividido que nunca, y a la espera de un líder capaz de recuperar los consensos sociales que una vez hicieron grande ese maravilloso país.
Las elecciones de EEUU son un referéndum sobre Trump. Aunque esto suele ocurrir en toda elección en la que está en juego la reelección (lo que, salvo caso de recesión económica, beneficia al presidente), esta vez su controvertida personalidad ha conseguido anular cualquier otro tema de la agenda electoral.
Decía Ronald Reagan que antes de ir a votar, todo norteamericano se mira el bolsillo y recuerda cómo estaba hace cuatro años. Así lo entendió Bill Clinton en 1992: «It’s economy, stupid«. Si en estas elecciones fuera la economía, Trump no tendría muchos problemas para lograr la reelección, a fin de cuentas hoy hay una mayoría de estadounidenses (56%) satisfechos con una gestión económica que ha batido récords en creación de empleos, subidas salarias, etcéteras. Pero no; lo estúpido hoy sería pensar que es sólo la economía.
«It’s the Covid, stupid«, podría decirse. Y algo de razón habría para hacerlo. El coronavirus también ha puesto patas arriba la campaña electoral, no sólo por sus efectos económicos, y aunque Trump ha conseguido mantener sus niveles de aceptación en torno al 43%, una mayoría (también el 56%) no están de acuerdo con su forma de gestionar la pandemia, lo que puede ser especialmente nocivo en unos días donde la situación sanitaria está empeorando significativamente.
Pero tampoco. No se trata ni de la situación económica ni del Covid, «It’s all about Trump, stupid«, todo sobre Trump. Y se votará en favor o en contra de algo más que un presidente, porque Trump no es sólo un candidato; ha sido el tema de campaña. Trump ha convertido la forma en el fondo, y esto, que fue su mayor ventaja, puede haberse convertido en su mayor obstáculo, al poner en segundo plano una gestión que se aleja mucho del apocalipsis que muchos anunciaron en 2016.
Trump, que se encontró un país muy dividido y supo aprovecharlo como plataforma para su elección, se enfrenta ahora a un país todavía más polarizado, con una violencia en las formas que ha contagiado a todo EEUU y que los medios, con su respuesta, no han hecho más que aumentar. Nadie lo juzgará por no haber levantado su famoso muro, ni por haber alcanzado acuerdos importantes en Oriente Próximo, ni siquiera por ser el primer presidente en 40 años que no ha declarado una guerra (si la política exterior siempre ha sido la maría en las elecciones de EEUU, esta vez lo será aún más).
La inmensa mayoría de los estudios demoscópicos coinciden en que Trump tiene muy pocas probabilidades de volver a ser presidente: exactamente las mismas que tenía en 2016. Las encuestas son abrumadoramente favorables a Joe Biden, convertido en un mero figurante de esta elección, y Trump tendría que ganar al menos en ocho estados en los que hoy parece estar por detrás. Pero la sorpresa de 2016, y cierta tendencia a la baja de la distancia que hasta hace dos semanas era de dos cifras, en estados clave como Arizona, Florida, Ohio y Pensilvania, hace que sobrevuele el ambiente una sensación de incertidumbre, casi miedo.
A la luz de los casi cien millones de votos anticipados y por correo la movilización electoral puede batir récords, superando los 160 millones. Muchos se apresuran al atribuir este récord a una movilización demócrata sin precedentes, sin llegar a entender que para alcanzar estos números es necesario una movilización al menos similar en el bando republicano, y que, como ya se demostró en 2016, en las elecciones estadounidenses no hay nada más inútil que el resultado nacional, que no sirve ni de consuelo.
Son tantas las dudas que muchos advierten de que estas elecciones pueden terminar resolviéndose en los tribunales, como ocurrió ya en 1876 o en 2000 (en ambos casos de manera favorable a los candidatos republicanos). El hecho de que la participación previa vaya a superar la participación de este martes, que ésta haya sido mayoritariamente demócrata y que los votos recibidos antes se cuenten después, puede provocar que una ventaja inicial de Trump, cuyos votantes prefieren acudir a las urnas, en el recuento de estados claves sea sólo una parte de la realidad y que haya que esperar muchas horas, quizás días, para conocer el ganador. Los medios, mientras, se preparan para el ejercicio de la prudencia informativa (un oxímoron) tanto a la hora de dar resultados como de recoger las declaraciones de los contendientes. Por una vez, ser el primero no será ser el mejor.
Hoy todos estaremos pendientes de un puñado de estados que nos cuesta situar en el mapa, y de los que, aunque sólo oímos hablar cada cuatro años, depende el resultado final, pero no olvidemos las 35 elecciones que reparten asientos del Senado, especialmente los de Arizona, Colorado, Maine y Georgia, su resultado, en los próximos años, puede ser tan importante como el de la propia presidencia.
“El pueblo puede cambiar el Congreso, pero solo Dios puede cambiar la Corte Suprema” (George W. Norris). Algo de eso debe haber cuando la elección de los magistrados de la Corte Suprema, un proceso en el que confluyen el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, suele ser una de esas decisiones de la que se arrepienten todos los presidentes de los Estados Unidos, quizás por su irrevocabilidad.
Hasta 1987 la confirmación de los nominados para el Tribunal Supremo era un trámite rutinario, una presentación del candidato ante el Comité Judicial del Senado, centrada en su carrera profesional, sin entrar en cuestiones de su ideología o su vida personal, que generalmente se solventaba sin preguntas, no solía durar más de un par de horas y en la mayoría de los casos se adoptaba por aclamación, o sin votos en contra.
El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ha pedido al Senado que no confirme a la jueza, al menos, hasta que se conozca el resultado de las elecciones
Sin embargo, la nominación de Robert Bock por Ronald Reagan en 1987 cambió para siempre un procedimiento que afecta a la clave de bóveda de la democracia norteamericana. Cuando se conoció su nombre, el senador Ted Kennedy criticó duramente la elección por “oponerse al aborto, favorecer la segregación, ir en contra de los derechos de los ciudadanos, prohibir la enseñanza de la teoría de la evolución en los colegios, la censura de los artistas”… Quizá sin saberlo, el pequeño de los Kennedy estaba abriendo la brecha para que todo cambiara y sus críticas fueron el pistoletazo de salida para que una elección que, hasta ese momento había sido generalmente pacífica, se convirtiera en una batalla a muerte, donde intereses y principios se confunden.
A la contienda desatada se unieron algunas de las organizaciones civiles más relevantes del país, como la ACLU, que impulsaron campañas para evitar la confirmación. E incluso ya por entonces, destacó en la liza un senador, Joe Biden, que elaboró el conocido ‘Biden Report’, que el candidato más adelante calificaría como “un informe tan tergiversado que merecería figurar en cualquier antología de la injuria”. El resultado, además de un enconado debate en el que, por ejemplo, se llegaron a revisar los títulos de los vídeos alquilados por el candidato (entre los que se encontraban ‘Un día en las carreras’ o ‘El hombre que sabía demasiado’) fue el rechazo del candidato y, sobre todo, un sonoro fracaso de la Casa Blanca.
Cada vacante desata una auténtica batalla que, además de a las instituciones, llega a los medios y a las calles, donde organizaciones de derechos invierten millones en organizar campañas de apoyo o rechazo al nominado, llegando incluso a convocar manifestaciones que se han saldado con cientos de detenidos.
Ser seleccionado para el Tribunal Supremo es como ser un candidato político al que nadie quiere y que, sin embargo, lucha por ser elegido. Así es como lo describió el juez Roberts en sus audiencias de confirmación. No es de extrañar que ante esta situación la Casa Blanca se arme para estas batallas como para las campañas electorales más importantes.
El proceso de selección de magistrados se ha convertido, a la vez, en un auténtico juicio con testigos cualificados e investigaciones en profundidad y en una campaña política, en la que participan los grupos de activistas, los medios de comunicación y los partidos. Un juicio en el que las sesiones se extienden durante días, incluso semanas. En él, participan decenas de testigos y el candidato se somete a cientos de preguntas sobre su vida y sus creencias, más de 1.000 en la última confirmación, en ocasiones interminables, como la de Biden en la confirmación de Alito que duró 24 minutos, todo aliñado con una virulencia impropia de los debates parlamentarios que ha llegado a provocar las lágrimas en los familiares de algún candidato, y que terminan con resultados cada vez más ajustados.
Tampoco se ahorran atajos legales como el del filibusterismo, el intento de retrasar una decisión parlamentaria a través de una sucesión de intervenciones sin fin, y sin relación alguna con el asunto en cuestión, hasta llegar incluso a bloquearla (que amenazó los procesos de Alito y Gorsuch), o el retraso ‘sine die’ de la convocatoria de la Comisión, que afectó al último nominado por Obama, Merrick Garland, que nunca llegó a ser elegido.
Los procesos se preparan durante años, como cuenta el consultor político, y jefe de gabinete de George W. Bush, Karl Rove, que vivió el proceso: cuando la jueza Sandra Day O´Connor anunció su retirada, la Casa Blanca llevaba ya 4 años trabajando en los posibles nominados con un equipo de altísimo nivel del que formaban parte el vicepresidente y su jefe de gabinete, el Fiscal General, el jefe de gabinete y el asesor jurídico de la Casa Blanca.
Los cambios de dinámica han afectado también al perfil de los candidatos, y entre los que alguna vez fueron considerados se encuentran nombres tan curiosos como el de Mario Cuomo, Michael Sandel o Hillary Clinton (una idea sexy en palabras de su marido Bill, que fue finalmente rechazada porque como recuerda Stephanopoulos “Sexy estaba bien, pero seguro era aún mejor”).
Karl Rove ofrece una idea aproximada de la entidad del proceso cuando da la composición de estos equipos “de comunicación, prensa, asuntos legislativos, asesores y miembros del departamento de justicia”. Una cohorte de profesionales con un solo objetivo: ser el ‘sherpa’ del candidato y guiarle a través del proceso de nominación. A estos equipos han pertenecido consultores reconocidos como George Stephanopulos (All too human: a political education), Karl Rove (Courage and Consequence, 417-425), Eddie Gillespie (Winning Right, 187-232), que reconocen su importancia dedicando un capítulo en sus memorias. E incluso Fred Thompson, exsenador y famoso por su papel en la serie Ley y Orden, que ejerció de sherpa del actual presidente del Tribunal, el juez Roberts, o Steve Schmidt, que sería el jefe de campaña de McCain en 2008.
Su trabajo incluye expurgar los historiales vitales y profesionales de los candidatos, realizar entrevistas a fondo para su selección, presentar al candidato al Comité Judicial y al resto de miembros del Senado, proteger su historial y su imagen de los ataques públicos, trabajar con los grupos de activistas, responder cientos de preguntas enviadas por los senadores y preparar a conciencia al “candidato” para unas audiencias que serán necesariamente desagradables, además de gestionar el día a día de la comunicación.
Todos han tenido que lidiar con acusaciones desagradables: acoso sexual, plagio, favoritismo en el proceso de adopción de un hijo…
Todos han tenido que lidiar con acusaciones desagradables: acoso sexual (Thomas y Kavanaugh), plagio (Gorsuch), favoritismo en el proceso de adopción de un hijo (Roberts), o racismo (especialmente ofensivo al venir de Ted Kennedy y referirse al Juez Alito, hijo de un inmigrante italiano) e incluso ataques de los grupos conservadores por no ser suficientemente conservador (lo que obligó a renunciar a Harriet Miers nominada por George W. Bush).
Es muy probable que, a partir de mañana, comience una batalla similar. Antes de hacerse pública la nominación ya han comenzado las críticas, que se han centrado en la condición de católica de la nominada a la que acusan de pertenecer a la comunidad religiosa en la que supuestamente se inspiró ‘El cuento de la criada’.
Ante la posibilidad que, a pesar de estas críticas, la nominación salga adelante, dando lugar a una Corte de marcado talante conservador, se plantean ya distintas propuestas.
La primera sería reproducir el bloqueo que sufrió Merrick Garland, al ser nominado por Obama en su último año de mandato, un precedente que ha sido invocado en el proceso que empieza hoy. Aunque la situación no es la misma, los principios han vuelto a ceder frente a los intereses de unos y otros, y los que en 2016 defendieron el derecho del presidente de nominar un candidato hasta su último día en la Casa Blanca, hoy se agarran al calendario (más allá de que exista un buen número de nominados en el último año y algún ejemplo de procesos de confirmación de una duración similar).
La historia muestra que, por su independencia y profesionalidad, una vez nombrados los magistrados actúan con libertad
La segunda, la del filibusterismo, ya ha sido desactivada. Los republicanos terminaron con esa posibilidad al extender a los Jueces del Supremo el uso de la “opción nuclear” (establecida por los demócratas en 2013 para sacar adelante las nominaciones judiciales federales), lo que permitiría aprobar la confirmación de Barrett por mayoría simple.
Como última opción se habla de aumentar el número de magistrados. El tamaño de la Corte Suprema, que no se establece en la Constitución, no ha variado desde 1869, y el último intento serio de cambiarlo fue realizado por F. D. Roosvelt, que fracasó en el intento. La opción de aumentarlo solo se justificaría por el miedo a una Corte excesivamente conservadora y sería una opción demasiado agresiva, al modificar una institución básica por un motivo puramente coyuntural.
De todos modos, la historia nos muestra que, como consecuencia de su independencia y su elevada profesionalidad, una vez nombrados los magistrados actúan con una gran libertad, y casos como el de jueces como Frankfurter, Black, Earl Warren o el mismo Roberts explican que pese a que en los últimos 50 años 14 jueces han sido nombrados por Presidentes Republicanos frente a 4 nombrados por Presidentes Demócratas, las decisiones del Tribunal Supremo sigan siendo una referencia jurídica y moral, y no solo en Estados Unidos.
España es uno de los países fundadores de la Comisión de Venecia, que hoy lucha contra el populismo y el neoautoritarismo.
Cuando en 1989 cayó el Muro de Berlín los Estados que llevaban décadas al otro lado necesitaban instrumentos que cubrieran el vacío institucional que seguía al derrumbe de los regímenes comunistas. Una de las necesidades más urgentes e importantes era establecer ordenamientos jurídicos sólidos para sostener sus transiciones a la democracia, sobre los valores democráticos y constitucionales. Comenzaba así su andadura, en el seno del Consejo de Europa y de la mano del jurista italiano Antonio La Pergola, la Comisión para la Democracia a través del Derecho.
La Comisión de Venecia ha contribuido a la creación de un sistema de reglas y principios jurídicos transnacionales en países que aspiran a compartir un patrimonio constitucional común
La conocida como Comisión de Venecia fue protagonista de la tercera ola del constitucionalismo europeo, que venía a asumir el legado de las dos anteriores (finales los años cuarenta: Italia y Alemania; y años setenta: Grecia, Portugal y España): constituciones normativas y rígidas, el Estado de Derecho, la soberanía popular y la democracia representativa, el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales, el pluralismo político y la libertad religiosa, la separación de poderes, la independencia judicial, la instauración de Tribunales Constitucionales y cláusulas de apertura e integración en organizaciones supranacionales, particularmente la Unión Europea.
Pronto se revelaría como un instrumento clave para la creación de estándares internacionales para la tutela y promoción de los derechos humanos, la democracia constitucional, la separación de poderes y la justicia constitucional. La Comisión de Venecia ha contribuido a la creación de un sistema de reglas y principios jurídicos transnacionales en países que aspiran a compartir un patrimonio constitucional común.
Hoy goza de prestigio internacional como institución comprometida con la promoción de los valores y principios democráticos, que brinda su apoyo a instituciones nacionales e internacionales que lo requieran. Su labor se extiende mucho más allá de las realidades políticas que propiciaron su origen y responde a nuevas amenazas que, lejos de desaparecer, encuentran a día de hoy, en contextos populistas y neoautoritarios, nuevas manifestaciones.
Sus opiniones e informes, que no son vinculantes, se han hecho un hueco en la consideración y aprecio por parte de instituciones políticas y jurídicas, y de este modo se han convertido en referencia imprescindible ante reformas constitucionales y legislativas, así como apoyo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y otros tribunales estatales.
Sus opiniones e informes, que no son vinculantes, se han hecho un hueco en la consideración y aprecio por parte de instituciones políticas y jurídicas, y de este modo se han convertido en referencia imprescindible ante reformas constitucionales y legislativas, así como apoyo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y otros tribunales estatales.
Sus opiniones e informes, no vinculantes, se han convertido en referencia imprescindible ante reformas constitucionales y legislativas, así como apoyo al TEDH
Su labor se concentra en asesorar la elaboración de constituciones, reformas constitucionales o la tarea legislativa de los países miembros, en la actualidad sesenta y dos, que incluye también a Estados de Norte e Iberoamérica, África del Norte y Asia Central y del Este, así como de otros países que solicitan asistencia. Para hacerlo busca el equilibrio entre particularidad y universalidad y también lleva a cabo la sistematización de buenas prácticas de los Estados en relación con sus temas centrales. Así, ha emitido códigos de buenas prácticas en materia electoral o de referéndum, los principios referentes a la institución del Defensor del Pueblo o los criterios de verificación sobre el Estado de Derecho o sobre la oposición parlamentaria en las democracias.
Sus opiniones e informes, que no son vinculantes, se han hecho un hueco en la consideración y aprecio por parte de instituciones políticas y jurídicas, y de este modo se han convertido en referencia imprescindible ante reformas constitucionales y legislativas, así como apoyo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y otros tribunales estatales.
España ha estado presente desde los orígenes de la Comisión ya que fue uno de los dieciocho Estados fundadores y desde entonces ha contribuido ininterrumpidamente, a través de sus miembros, en los trabajos de la misma. Con la expansión de las actividades de la Comisión a Iberoamérica, ha adquirido mayor protagonismo con la participación en las opiniones sobre la Asamblea constituyente en Venezuela o la limitación de mandatos presidenciales y otros cargos electivos. Desde un punto de vista doctrinal, la Comisión de Venecia tiene cada vez mayor influencia entre nosotros. Sus opiniones e informes empiezan a ser de obligada referencia cuando se trata de abordar cuestiones complejas como son los poderes de ejecución del Tribunal Constitucional o los límites que la Constitución impone a la celebración de referéndums.
Se pone así de manifiesto la aportación de la Comisión al patrimonio constitucional común que une a todos los Estados democráticos y que justifica su creciente influencia en instituciones internacionales: las actuaciones de la Comisión Europea para frenar los nuevos populismos en Hungría y Polonia se fundamentan en las opiniones de la Comisión de Venecia sobre los retrocesos del Estado de Derecho en ambos países. Asimismo, más de cien sentencias del TEDH utilizan sus informes.
La Comisión de Venecia tiene por delante seguir afianzando y expandiendo los valores que están en el corazón del Consejo de Europa: la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales, como viene haciendo desde su fundación en 1990 hasta el día de hoy, bajo la presidencia de Gianni Buquicchio. En esta tarea seguirá teniendo a España, miembro activo del Consejo de Europa y de la comunidad iberoamericana, como partícipe dispuesto y leal.
Josep María Castellà, Paloma Biglino y Rafael Rubio son miembros por España de la Comisión de Venecia
España ha utilizado la declaración del Estado de Alarma, (regulado en el artículo 116 de la Constitución Española y la LO 4/1981), como instrumento jurídico principal para dar respuesta a la crisis sanitaria de Covid, al que habría que añadir, hasta la fecha, 14 Reales Decretos Leyes (art. 83 Constitución Española) y alrededor de 200 Órdenes Ministeriales.
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