Hace unos días se aprobó la Iniciativa Ciudadana Europea, herramienta destinada a permitir a un millón de europeos presentar propuestas legislativas. La ICE nació en el Tratado de Lisboa como muestra de la apertura democrática de las Instituciones de la Unión. Desde ese momento se presentó como algo propio de la democracia participativa generando todo tipo de expectativas ciudadanas que se han ido quedando por el camino de su aprobación, al ponerse de manifiesto que lejos de dar participación a los ciudadanos en las decisiones de la Unión la ICE no es más que una herramienta de democracia representativa que les permite dar ideas a través de un procedimiento formalizado.
Un grupo de ciudadanos puede presentar una propuesta legislativa europea bien fundada (compatible con los Tratados y sin exceder las competencias de la Unión): una vez presentada tendrán un año para recoger en al menos siete países miembros un millón de firmas de apoyo. Si lograran su objetivo, la propuesta comenzaría su proceso legislativo habitual en las instituciones de la UE (permitiendo a los promotores su defensa en audiencia pública), pudiendo ser aprobada, enmendada o rechazada.
Cualquiera que ha intentado recoger firmas alguna vez sabe que se trata de algo poco eficaz, más allá del impacto mediático, y que puede generar desilusión pero, sobre todo, un proceso complicado, lento y costoso, más propicio para grupos organizados que para ciudadanos comprometidos. Sólo queda una pequeña esperanza: el soporte que proporcionará la Comisión para la recogida electrónica de firmas. Si se acierta en su desarrollo los ciudadanos podrán competir con los grupos organizados, lo complicado puede volverse sencillo, lo lento rapidísimo y lo costoso baratísimo.