En los últimos días carteleras y ‘muppies’ de toda España se han llenado de candidatos electorales que hablan de confianza e ilusión sin pedir nada a cambio. En menos de una semana no quedará ni rastro de estas campañas ante la prohibición establecida en la reciente reforma de la LOREG de realizar publicidad política (especificada en su artículo 53) e institucional, que incluiría las campañas informativas llamadas «de logros» e incluso las destinadas a promover la participación (resolucion JEC de febrero 2011), desde el momento de la convocatoria de las elecciones, el próximo día 28 de marzo.
Si a esto le añadimos la prohibición a los poderes públicos de organizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de estos y cualquier otro que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos por los mismos (artículo 40.3), y la obligación a las televisiones, públicas y privadas, de aplicar el principio de proporcionalidad a su cobertura (artículo 66.2), se puede afirmar que vamos a asistir a una campaña electoral radicalmente distinta de aquellas a las que estábamos acostumbrados, en las que todo este tipo de actividades estaban permitidas en ejercicio de la actividad política ordinaria.
Muchos se han apresurado a adelantar campañas institucionales y electorales, para evitar la nueva ley, otros han apostado por internet, ignorada en la reforma legislativa, como herramienta para mantener viva la campaña.