Diálogo con todos

Diálogo con todos

¿Cabe dialogar con los que apuestan claramente por la independencia y vulneran sistemáticamente la ley? ¿Y con los que durante mucho tiempo no rechazaron la violencia?

El diálogo ha sido desde el principio la materia prima de la democracia, no hay gobierno democrático que no necesite del ejercicio continuo del diálogo, y la capacidad de llegar a acuerdos basados en el diálogo previo, para desarrollar sus funciones.

Sin tratar de establecer ningún paralelismo entre situaciones distintas esto plantea una serie de cuestiones: ¿Cabe dialogar con los que apuestan claramente por la independencia y vulneran sistemáticamente la ley? ¿Y con los que durante mucho tiempo no rechazaron la violencia? ¿Es posible dialogar con los que rechazan aspectos esenciales de la Constitución? ¿Y con aquellos que cuestionan aspectos del sistema democrático liberal? ¿Se puede dialogar de todo? ¿Se puede dialogar con todos?

¿Cabe dialogar con los que apuestan claramente por la independencia y vulneran sistemáticamente la ley?

En las últimas semanas hemos pasado de reivindicar el diálogo como fórmula mágica para la democracia a denostar a aquellos que se sientan a hablar con algunas de las fuerzas políticas salidas de las urnas y, sorprendentemente, llegan a acuerdos. Frente a lo establecido en situaciones que podrían resultar equiparables, en las que se dotaba al diálogo de fuerza sanatoria, cada vez son más los que, habitualmente eligiendo los casos, ante estas preguntas responden rechazando el diálogo, como si ese rechazo fuera el precio que hay que pagar para mantener la democracia. Convencidos de que en estos casos el diálogo nunca funcionaría, se acepta como premisa (sin respaldo empírico suficiente y con cierto sesgo selectivo) que la inclusión de estas fuerzas políticas en los mecanismos políticos habituales supondría un blanqueamiento de sus postulados y una devaluación de la democracia. Mientras, se señala a los que dialogan como seres sin escrúpulos dispuestos a cualquier cosa para conquista o mantener el poder.

Más allá de un análisis coyuntural, propio del momento actual de la política española, esta situación es el fruto del descrédito progresivo del diálogo como medio indispensable del ejercicio de la democracia; de la perdida de lo que José María Barrio ha denominado como la pérdida del estos dialógico en la sociedad. «Cada vez se debate más, pero cada vez se dialoga menos». El debate se reduce a la contraposición de diversos planteamientos, opiniones puestas en pie de igualdad, que no entran en relación con las demás. Cada uno de los interlocutores mantiene su discurso de manera paralela, sin tomar en consideración lo que puedan decir el resto de los interlocutores, que no son más que contrincantes, salvo caso en el que vea amenazada su posición en la que recurrirá a todo una batería de recursos dialécticos para poner de relieve la desfachatez, o para colgar la etiqueta correspondiente a quien no comparte su opinión. Lo importante es vencer no convencer, y trasladar el mensaje propio al mayor número posible de personas y el diálogo se convierte en arma arrojadiza.

Lo importante es vencer no convencer, y trasladar el mensaje propio al mayor número posible y el diálogo se convierte en arma arrojadiza

En este contexto de intercambio de «zascas», en el que se convierte la política, las ‘fake news’ se muestran como un arma privilegiada. La verdad se convierte en un elemento secundario y con ella el carácter racional del diálogo que ya no puede ser una búsqueda, mancomunada, cooperativa de la verdad, pues esta es inalcanzable y, de manera práctica, inexistente. Los conocimientos entrarían en competencia al no poder reducirse a una forma común, y la democracia se convertiría inevitablemente en una provisional convergencia de intereses opuestos. Con una consecuencia; cuando se confrontan dos intereses y ninguno de ellos puede apelar a una razón universal, la democracia se reduciría a la aplicación de la fuerza, verbal, y acabaría por prevalecer el interés del más fuerte que, como señala Chesterton, no es más que «el derecho de los animales».

Esto imposibilita el diálogo, que se basa en el conocimiento de los hechos, en el convencimiento en la verdad. Si alguien está convencido de algo, está convencido de que si eso es verdad, no es porque él lo diga, sino porque otros seres racionales también pueden conocerlo. La mística de «mi verdad», lejos de permitir el diálogo lo ha convertido en una representación falsa, sin contenido, si no existe la verdad, o es imposible conocerla, dialogar carece de sentido. De ahí que para el diálogo sea necesario que lo que uno propone en forma de opinión se proponga con una pretensión de verdad; y que se esté dispuesto a escuchar, exponer mi propia opinión a la eventual mayor racionalidad o verdad de la contraria.

Si está convencido de algo, lo está de que si eso es verdad, no es porque él lo diga, sino porque otros seres racionales también pueden conocerlo

A la pérdida de la verdad, de la esperanza de alcanzarla, se une la perdida de la referencia objetiva del significado de las palabras, el lenguaje. Esta devaluación de la palabra, provoca reacciones tremendamente perjudiciales para la convivencia democrática. Para que exista diálogo es importante utilizar la misma lengua, así lo señalaba Thomas Hobbes al hablar de los orígenes del Estado. El filósofo inglés sostiene en el Leviatán que un lenguaje culto y disciplinado era necesario para alcanzar cierta cohesión social. La lengua era para los seres humanos el principal principio organizador y sin ella «no ha existido entre los hombres ni Comunidad, ni Sociedad, ni Contrato, ni Paz, como no los hay entre los leones, los osos y los lobos». El contrato social debía redactarse usando términos de sentido exacto y entendido universalmente: «Pues que un hombre llame sabiduría lo que otro llama Miedo y uno Crueldad lo que otro denomina Justicia, uno hable de la Prodigalidad cuando otro se refiere a la Magnanimidad… nombres así nunca pueden ser la base auténtica de un raciocinio».

Esta desconexión entre lenguaje deriva en una «guerra de las palabras», en la que el lenguaje se utiliza de manera puramente propagandística y las palabras se convierten en banderas que se defienden o atacan sin una mínima referencia a su realidad. Y quizás el término «diálogo» haya sido una de las principales víctimas de este combate. La apropiación indebida de este concepto por parte de un espectro de la vida política provoca una reacción que bajo la bandera de la defensa de la democracia acaba por dar la sensación de despreciar el diálogo. Aparece así la figura del integrista, no por las ideas que defiende sino por la forma que tiene de hacerlo, en una defensa numantina de sus verdades que no ofrece discusión alguna.

Aparece así la figura del integrista, no por las ideas que defiende sino por la forma que tiene de hacerlo, en una defensa numantina de sus verdades

Otro de los grandes enemigos del diálogo es esa visión característica de los tiempos de crisis, que Martín Delcalzo denominaba «la gran coartada», según la cual la sociedad se divide en dos bandos, «los buenos y los malos», divididos rígidamente, sin que haya nada de bueno en los malos y nada de malo en los buenos. Esta visión es ciertamente cómoda porque permite a unos y otros atribuir los problemas de la sociedad a «los enemigos» que siembran la semilla del mal, evitando el diálogo con ellos, y esquivando así las propias responsabilidades. Una vez más se cae en la democracia entendida como un juego de suma cero, con bandos opuestos, en el que solo hay un ganador posible y la democracia es simplemente un problema de fuerza en el que aquel que cuenta con un mayor número de votos se lleva el gato al agua.

En la situación actual no podemos renunciar al diálogo con los que piensan diferente, ni siquiera a la posibilidad de alcanzar acuerdos entre los diferentes. Bastaría con que el contenido de esos acuerdos se diera a conocer de manera transparente y los ciudadanos pudiéramos valorar, fuera de descalificaciones apriorísticas, si ese contenido atenta o no contra el sistema democrático.

El diálogo, sostenido por la libertad de expresión y el derecho a la información, es hoy uno de los pilares esenciales de la sociedad pluralista

El diálogo tiene que volver a ser una herramienta de construcción política. El diálogo, sostenido por la libertad de expresión y el derecho a la información, es hoy uno de los pilares esenciales de la sociedad pluralista, más importante incluso que el propio ejercicio del voto. La democracia representativa se sustenta en el diálogo y el Parlamento no es más que un lugar en el que los representantes de los ciudadanos comparten sus puntos de vista, de la misma manera que lo harían los ciudadanos si pudieran reunirse y mantener una conversación entre todos ellos. No en vano el primer Parlamento, el Británico, era conocido como el mejor club de Londres.

Un diálogo basado en la realidad, basado en el respeto a los ciudadanos, a los que se debe tratar como mayores de edad, que eluda la descalificación ‘ad hominen’ y se atreva a defender racionalmente sus propuestas tratando de convencer, didáctico y respetuoso con el lenguaje. Un diálogo que no se limite a la negociación de gobiernos y afecte, sobre todo, a las decisiones que determinan el futuro de la sociedad que deben adoptarse tras un verdadero proceso de diálogo. Presentar algo relativo y abierto a distintas soluciones como la política, la construcción de la convivencia de los hombres dentro de un ordenamiento en el que se disfrute de libertad, como una verdad absoluta puede dar lugar a nuevas formas totalitarias, aunque sean formalmente respetuosas con las formas democráticas. Es necesario articular sistemas para reconocer y evaluar todas y cada una de las opciones, como intentos legítimos de alcanzar una sociedad mejor, solo así el verdadero diálogo recuperará el protagonismo que le corresponde en la sociedad democrática.

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La encrucijada de Ciudadanos

La encrucijada de Ciudadanos

Unos resultados tan abiertos en cuanto a la gobernabilidad como los del 26-M han provocado que los vendedores de consejos y especulaciones abran la persiana para hacer su particular agosto.

Nada como unas elecciones para desatar interpretaciones y análisis. La propia noche electoral del 26-M fue una escenificación de las distintas lecturas que los partidos hicieron de sus propios resultados y, sobre todo, de las posibilidades de pactos y acuerdos que esos resultados arrojaron la misma noche —y llevan días arrojando por los problemas en el recuento en algunas circunscripciones—. Si las elecciones sirven para abrir el paso a interpretaciones, unos resultados tan abiertos en cuanto a la gobernabilidad como los del 26-M han provocado que los vendedores de consejos y especulaciones abran la persiana para hacer su particular agosto, sin andar el difícil trecho que separa la realidad del deseo.

Pero la realidad es resumible y asumible para cualquier observador, al menos a grandes trazos: el PSOE ha confirmado su buena racha electoral, aunque nadie mejor que Sánchez sabe que en política, y más en la política del siglo XXI, nunca nada es para siempre y que los tiempos se consumen hoy a una velocidad mucho mayor que hace diez años. Cuatro años es una eternidad. En política siempre lo ha sido. Pero hoy, además, pueden ser una odisea.

En el bloque del centroderecha, por su parte, todo lo andado en las semanas transcurridas entre el 28-A y el 26-M, ha tenido que desandarse. Se vuelve a la casilla de salida, después de que Ciudadanos tratara de presentarse y afincarse en el liderazgo del bloque. Casado ha logrado superar la prueba decisiva con algo más que honra: y casi podríamos decir que, sea cual sea el resultado de las negociaciones, ha logrado su objetivo: contar con el tiempo suficiente para poner en marcha su proyecto de «reconstrucción del centroderecha» con cuatro años por delante y la ventaja de haberse consolidado como el único contrapeso territorial al éxito electoral del PSOE. La derivada decisiva, sin embargo, no está hoy en el PP sino en Ciudadanos.

Ciudadanos: en busca de criterio

Desde la misma noche electoral del 28-A, Rivera lanzó el ‘boomerang’ del liderazgo del centro derecha. El 26-M se lo ha devuelto y, como suele suceder con las decisiones arriesgadas, ha vuelto a sus manos pesando más que cuando lo lanzó. Ciudadanos se enfrenta hoy a una encrucijada estratégica que parecía resuelta.

La formación de Rivera, desde su fundación, ha hecho un esfuerzo por encontrar su espacio en un mapa político en el que PP y PSOE parecían monopolizar la vida política del país. Y es una realidad que, con mucho esfuerzo, han logrado hacerse ese hueco. Pero lograrlo no ha sido fácil y les ha obligado a ir ajustando su posicionamiento según las circunstancias. Es paradigmático el caso de Andalucía, en donde han pasado de apoyar a un gobierno del PSOE de Susana Díaz, a cogobernar con el PP de Juanma Moreno, con los votos de Vox.

La última vuelta de tuerca llegó durante las elecciones generales cuando, ante las dudas sobre su posible pacto con el PSOE, su ejecutiva cerró unánimemente todas las puertas a un acuerdo con el PSOE. Desde entonces, y con la ayuda inestimable de la foto de Colón, Ciudadanos se situó como parte del bloque de centro derecha. El resultado de las urnas el 28-A parecía confirmar el acierto de esta decisión, pero el 26 de mayo ha puesto a los dirigentes de Ciudadanos en una encrucijada que va mucho más allá de la aritmética.

Ciudadanos, que sufre desde el 28 de abril las presiones que pretenden su abstención en la moción de investidura para evitar que los votos de los independentistas catalanes se hagan indispensables, y a un coste desconocido, está en una condición envidiable que le permitiría apoyar la formación de gobiernos en un buen número de ciudades españolas y algunas comunidades autónomas. Aunque los discursos anteriores, y la actitud socialista que celebró su victoria el 28 de abril al grito de «¡Con Rivera, no!», hizo suponer en un principio que Ciudadanos apoyaría al PP siempre que sus votos fueran necesarios, contando con la reciprocidad del PP cuando la situación fuera la inversa, el veredicto de las urnas ha hecho que nada sea tan sencillo como parecía.

Los de Rivera han quedado situados como tercera fuerza política en la inmensa mayoría de estos lugares. En las 50 capitales de provincia Ciudadanos suma con el PP en 8, un número que se elevaría hasta 23 con el apoyo de Vox, y que sumando con el PSOE sería de 20. Algo parecido ocurre en los 141 municipios con más de 50.000 habitantes, donde los naranjas han obtenido mejores resultados, Ciudadanos suma una mayoría suficiente con el PP en 21 municipios, contando con los votos de Vox el número alcanzaría los 56, mientras que junto al PSOE la suma alcanzaría la mayoría en 64 localidades.

Los de Rivera han quedado situados como tercera fuerza política en la inmensa mayoría de estos lugares

De esta manera sus votos son decisivos porque están en condiciones de apoyar gobiernos tanto del PSOE como del PP. Y en ese valor crucial para la gobernabilidad está la encrucijada. Tienen que elegir entre apostar por liderar la oposición dentro del espacio de centroderecha, como anunciaron tras el 28-A, o aprovechar su envidiable posición para retomar su posición inicial y reivindicarse como un partido bisagra, con capacidad de poner y quitar gobiernos en función de criterios más o menos objetivos.

Ambas posiciones tienen una serie de pros y contras. Decidirse por la pugna por liderar la oposición supondría toda una apuesta de confianza en las propias fuerzas. Supondría renunciar a las ventajas de visibilidad que obtendría la marca si llegan a formar parte de los gobiernos locales y autonómicos, además de renunciar la consolidación de sus cuadros, la construcción de programas, la experiencia de gestión y la implantación territorial que vienen aparejadas a lograr el gobierno en distintos enclaves.

Los riesgos de esta opción tampoco se ocultan. Por un lado, supondría renunciar ¿definitivamente? a un votante socialdemócrata moderado (no sanchista) y por otro, y más importante, les introduciría en una batalla por liderar la oposición con el Partido Popular, donde, tras perder la ventaja inicial, existen riesgos de caer en la sobreactuación mutua o simplemente de ser superados por una mejor ‘performance’, fruto de la experiencia que aún atesoran parlamentarios y gobernantes populares. Perder esta carrera podría ser mortal en cuatro años para el liderazgo de Albert Rivera que, tras 13 años en política, aspiraría a liderar por cuarta, y probablemente última vez, la candidatura de los naranjas.

Por un lado, supondría renunciar ¿definitivamente? a un votante socialdemócrata moderado y, por otro, les introduciría en una batalla por liderar la oposición

Por el otro lado, estaría el apoyo total a los socialistas en plazas como Barcelona, Aragón, Murcia, Castilla y León o Madrid, a cambio de algún gobierno simbólico como el de la ciudad de Madrid. Esta decisión, a la luz de las encuestas publicadas en el periodo electoral, y a salvo de la mala memoria política, podría poner en riesgo la mitad de sus apoyos, sin que parezca tan claro que pueda llevarle a nuevos caladeros de votos. Y habría que añadir una dificultad añadida: compatibilizar este apoyo con el liderazgo de una oposición a nivel nacional en el Parlamento.

Al mismo tiempo, cundiría cierta sensación de traición, y una gran confianza en las capacidades propias, que gracias a los recursos y la visibilidad de cogobernar un número tan amplió de lugares, podría hacer aumentar sus apoyos (apelando a la mala memoria política, y a la eternidad que suponen 4 años en política). El principal riesgo de esta política, sin embargo, de esta política sería atar su destino a un socio que, hasta la fecha, se ha mostrado poco fiable, con el que resultaría difícil romper de una manera clara, y que en la mayoría de los lugares seguiría gobernando, aunque Ciudadanos le retirara su apoyo. Las noticias que nos llegan sobre los pactos en Navarra pueden servir de ejemplo.

El camino intermedio es el más difícil todavía. Requeriría adoptar una política de geometría variable, que o se afianza en una serie de criterios objetivos entre los que se adivinan la apuesta por el cambio, la renuncia expresa al sanchismo (de imposible realización), o el castigo a aquellos gobernantes sobre los que pese la sombra de la corrupción. Estos criterios objetivos puede que en ocasiones no coincidan con la sintonía personal entre sus líderes o los supuestos beneficios…, o corre el peligro de consagrar esa imagen de veleta, que se ha ido consolidando en la opinión pública. En todas ellas, la cesión debería incorporar cogobierno e incluso tratar de obtener el liderazgo en alguno de los territorios.

Las tres son decisiones arriesgadas, transcendentales que deberían adoptar por motivos estratégicos y muy conscientes de sus capacidades; equivocarse o no terminar de decidirse podría resultar fatal.

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Los nuevos árbitros de la campaña electoral

Los nuevos árbitros de la campaña electoral

Quizás el protagonismo no buscado por la JEC, ha mantenido en segundo plano otras decisiones adoptadas durante la campaña por plataformas como Facebook, Twitter o WhatsApp.

Sus decisiones de los últimos días han puesto en el foco de la actualidad a la Junta Electoral Central, un órgano, que como cualquier buen árbitro suele triunfar cuando consigue pasar desapercibido. En estas elecciones no ha podido evitar salir de las sombras para actuar ante aquellos que se han acostumbrado a moverse en los límites de las reglas del juego, convencidos de que el camino de su éxito pasa por sembrar la desconfianza en el Estado de derecho.

Quizás ese protagonismo no buscado, ha mantenido en segundo plano otras decisiones adoptadas durante la campaña por plataformas como Facebook, Twitter o WhatsApp, que, aunque no han afectado de manera determinante al resultado electoral, sí han alterado el normal desarrollo del proceso.

En el año 2019 es imposible afrontar unas elecciones sin tener en cuenta que el uso innovador de la tecnología permite, al primero en adoptarlas, una posición de ventaja. Prácticas como la de crear perfiles, cada vez más concretos y personalizados, de usuarios de redes sociales a los que adaptar la publicidad y la comunicación es algo de lo que ya hemos oído hablar. Lo hicimos con el caso de Cambridge Analítica la campaña presidencial norteamericana de 2016. En la del referéndum sobre el Brexit supimos cómo personas y grupos de fuera del país podían interferir en el desarrollo de la campaña, tanto comprando publicidad como a través acciones coordinadas en las redes. Lo último que hemos conocido es el uso de WhatsApp que algunos cifran como clave del éxito de la candidatura de Bolsonaro en Brasil.

En todos los casos, el uso de las tecnologías ha ido siempre dos pasos por delante de la legislación. Y los lapsos de tiempo entre los hechos y la respuesta legislativa que se les da, acaba dando espacio a nuevos árbitros que acaban por asentar sus propias reglas.

Así ha sido en el caso de España donde la reciente reforma de la ley electoral, recurrida por el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional, en lugar de dar respuesta a estas prácticas, ha parecido alentarlas, aumentando la incertidumbre que ni siquiera la Agencia Española de Protección de Datos ha podido evitar, en una interpretación que va más allá de la literalidad de la ley, y establece una serie de obligaciones, cuyo valor normativo resulta, cuando menos, cuestionable.

Entre la confusión y la falta de respuesta, las propias plataformas se han lanzado a poner en marcha medidas para responder a estas prácticas que amenazan la democracia. Las elecciones generales del 28 de abril en Españafueron una prueba de lo que vamos a vivir el 26 de mayo en toda Europa. Y la conclusión es que aún hay mucho que mejorar.

La privatización de la justicia electoral

Las plataformas han ido estableciendo distintas reglas del juego electoral de manera unilateral, en virtud del contrato privado que establecen con sus usuarios. Esto es ya de por sí un motivo, al menos, de reflexión, porque supone que la justicia electoral pasar a ser el resultado de una relación entre particulares. Además, no han dudado en aplicar estas normas de manera unilateral y sin previo aviso, amenazando el ejercicio de derechos fundamentales como la participación política y la libertad de expresión.

Facebook al menos trató de informar a los partidos políticos de estas condiciones. Por un lado, la red social avisó de que rastrearían y eliminarían las cuentas falsas, ofreciendo a las formaciones políticas herramientas para denunciar estos perfiles; anunció que iba a luchar contra las noticias falsas, permitiendo a los usuarios calificarlas como falsa y delegando en Newtral y Maldita.es la decisión final. Se establecían también una serie de condiciones para la contratación de publicidad en la plataforma: su identificación como campañas políticas, la debida autenticación por parte del partido de aquellos que quieran contratar campañas de publicidad, la prohibición de comprar publicidad desde fuera de España y la creación de una librería pública (que se almacenaría durante 7 años) donde estarían disponibles todas las campañas de publicidad política, con una información básica de cada una de ellas.

Un archivo similar ha establecido Google, que permite consultar la publicidad contratada por los distintos partidos y candidatos en su plataforma de YouTube. En el caso de Twitter también se anunciaron una serie de medidas dirigidas a eliminar cuentas falsas.

Una vez en campaña se plantearon una serie de incidencias que, ante la falta de respuesta rápida de las Juntas Electorales (que se limitaron a advertir frente al uso de canales institucionales con fines electorales) fueron resueltas de manera expeditiva por las distintas plataformas sociales, sin criterio ni procedimientos claros.

El primero fue la desaparición repentina en Facebook de los anuncios de aquellas fuerzas políticas que no habían efectuado el registro en la fecha establecida, a pesar de que en las instrucciones de la plataforma vinculaban este registro exclusivamente a las elecciones europeas. Todos los anuncios eliminados fueron repuestos una vez realizado el registro.

La plataforma también ha bloqueado distintos anuncios contratados por los partidos, denunciando las «mentira» de otros partidos, sin aclarar porque esta denuncia alteraba sus condiciones de uso, mientras mantenía otros que habían sido denunciados como falsos, como la serie de anuncios de Ciudadanos que se refería a una escasa diferencia de votos en distintas provincias, basada en una encuesta inexistente.

Twitter también actuó según lo anunciado y aprovechó la celebración de los debates, y la actuación de los equipos de campaña en torno a ‘hashtags’ propios, para localizar cuentas supuestamente falsas y eliminarlas sin aviso previo.

Pero lo más preocupante fue la reacción de WhatsApp, que decidió suspender sin ningún tipo de aviso previo el canal de Podemos por un supuesto mal uso de la plataforma a cinco días de la votación. Dos días después, y tras reiteradas propuestas del partido de Iglesias que denunció esta suspensión como un ataque a la libertad ideológica (denuncia archivada por la Junta Electoral Central), la plataforma propiedad de Facebook decidió suspender, también sin previo aviso y por los mismos motivos, los canales de PP, Ciudadanos y PSOE. En este caso, según los partidos involucrados, la compañía tardó en ofrecer respuestas y cuando lo hizo resultaron contradictorias.

Las consecuencias resultan preocupantes. A menos de 72 horas de la celebración de las elecciones, en un momento en el que un alto porcentaje de votantes estaba tomando su decisión, los partidos políticos se vieron privados de uno de sus canales de comunicación directa con los votantes. Lo paradójico es que fue ese el momento en el que más bulos comenzaron a circular por esta misma plataforma, dejando a los partidos indefensos frente a estos ataques, que según distintas organizaciones de verificación, se intensificaron en esos días.

Ante la actuación, marginal en estos temas de la Junta Electoral, y la ineficacia de la circular de la AEPD que no generó ninguna respuesta oficial de los partidos, la única normativa aplicable resultó la propia de las plataformas sociales y la única autoridad la de estos mismos organismos que adoptaron sin aviso ni procedimiento alguno decisiones de especial transcendencia que tuvieron consecuencias directas en el derecho de los ciudadanos a recibir información durante el proceso electoral. Nuevos árbitros electorales sin otra legitimidad que su papel predominante en el mercado.

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Tu voto cuenta. Anomalías del voto al Senado el 28-A

Tu voto cuenta. Anomalías del voto al Senado el 28-A

A pesar de ser elegido mediante un procedimiento distinto, el Senado suele ser un reflejo de aquellos partidos que han obtenido la mayoría de los votos en cada provincia.

Siempre que se celebran elecciones generales en España, como las del domingo 28 de abril, nos centramos en el reparto de escaños en el Congreso de los Diputados, y su influencia en la formación de gobierno. A pesar de ser elegido mediante un procedimiento distinto, el Senado suele ser un reflejo de aquellos partidos que han obtenido la mayoría de los votos en cada provincia (3 de los cuatro senadores para el primero y el cuarto, para el segundo). Y quizá por esto, pasa desapercibido y no es objetivo un análisis sosegado.

El histórico nos dice que esta lógica mayoritaria del reparto de senadores se ha ido cumpliendo con regularidad desde las elecciones de 1979. En las 12 elecciones celebradas en España hasta el año 2016, 4 veces ha sido así en todas las circunscripciones (1989, 1996, 2000 y 2011), 5 veces hubo una sola excepción (1986, 1993, 2008, 2015 y 2016), 2 veces hubo dos excepciones (2004, 1982) y solo una vez, en 1979, el número de circunscripciones en las que no se cumplió la regla general fue de 7. De esta forma se confirma la sensación de que, a pesar del sistema de votación de lista abierta en la que se puede elegir hasta tres candidatos (independientemente de los partidos), los votos al Senado son, en cada circunscripción, una reproducción más o menos fiel de la votación a las listas cerradas del Congreso de los Diputados.

Pero las elecciones de 2019 han sido diferentes. Lo han sido en muchos aspectos, algunos de los cuales quizá ni siquiera alcancemos a calibrar ahora. Y lo han sido, también, en el Senado. De todos los senadores elegidos, ocho no lo han sido según la norma no escrita de las mayorías, producto no tanto del sistema electoral como de la forma con que los votantes se ponen frente a la papeleta anaranjada. Nueve excepciones que, quizá precisamente por eso, nos dicen mucho del votante.

La primera de ellas no se trata propiamente de una anomalía, sino la de los que conociendo la fórmula habitual de voto, optaron por la presentación de una lista conjunta en Navarra, donde UPN, PP y Ciudadanos fueron capaces de alcanzar un acuerdo que logró que sus 3 candidatos fueran los más votados en la provincia. Y de esto, podemos obtener la primera nota diferencial de estas elecciones: de haberse repetido el acuerdo navarro a nivel nacional, y bajo la advertencia de que la unión en una lista pudiera tener efectos secundarios, la suma de los votos obtenidos por cada senador en cada provincia nos dice que si Vox o Ciudadanos hubieran presentado listas conjuntas junto al PP, el resultado hubiera cambiado radicalmente. En ambos casos (PP+Vox o PP+Ciudadanos) la conjunción de fuerzas hubiera obtenido 134 escaños, frente a los 51 que hubiera logrado el PSOE.

Entre el 1+1+1 y el voto de consolación

Pero esto es lo que pudo haber sido de haber sido de otra forma. Un trabalenguas político de ‘posterioris’ que cae dentro de los ejercicios inútiles y vanas melancolías. Lo anómalo realmente lo encontramos en 7 circunscripciones en las que el reparto de senadores ha seguido una lógica contraria a la lógica asentada en las elecciones anteriores. En primer lugar, el caso de Segovia, Murcia, Zamora, Palencia y Soria (donde el PP fue segundo en intención de voto y en lugar de 1 ha conseguido 2 senadores) y, a continuación, los casos de Málaga y Madrid (donde la tercera fuerza más votada, en este caso el PP, logró un senador «arrebatándoselo» a Ciudadanos en el primer caso y al PSOE en el segundo en un reparto 2-1-1). En total, 8 escaños que no respondieron a esa norma no escrita.

Tratar de buscar una explicación a tanta anomalía ofrece algunas pistas sobre la importancia de cada voto, ya que es posible que la causa sea la mezcla entre la campaña del 1+1+1 y el voto de consolación al PACMA, una mezcla que se da en la mayoría de las provincias. Los mensajes que promovían el voto al primero de la lista del PP, Ciudadanos y Vox, el 1+1+1, se convirtieron en uno de los virales de la campaña. Es difícil encontrar un español con WhatsApp que no haya recibido un mensaje vinculado a este mecanismo de voto táctico, más o menos específico, a favor o en contra. Más allá de explicaciones interesadas o simplemente falsas que se intercambiaron ‘a priori’ con la mera intención de orientar el voto en uno u otro sentido, la única crítica razonable era la de la dificultad de coordinar ese tipo de voto, y sus daños colaterales, en caso de incumplimiento por parte de votantes de una opción política. El votante de una de las tres opciones políticas, al hacerlo, confiaba en que los votantes de los otros dos partidos adoptarían un comportamiento similar, lo que no fue siempre así.

Cuando se observa el resultado se puede decir que en la inmensa mayoría de las provincias hubo un buen número de electores que asumieron el riesgo. Mientras el voto al primer senador del PSOE coincide prácticamente en todas las circunscripciones con el número de votos obtenidos por su partido en el Congreso, el del PP obtiene, con respecto a la lista al Congreso, un número de votos superior; un incremento que se corresponde mayoritariamente con la diferencia de votos entre el primero y el segundo de las listas de Ciudadanos y Vox al Senado. Sin embargo, y aunque en todas las provincias parece que esta forma de votar ha superado el 10% de los votos, solo en algunas, que ya hemos señalado, ha tenido consecuencias.

De estas observaciones podemos apuntar que los votantes de Vox, y en mucha menor medida los de Ciudadanos, son los que más han elegido esta fórmula, mientras que los del PP han votado a los tres candidatos de su lista mayoritariamente. Se podría decir que la mayor generosidad de votantes de Vox y Ciudadanos, con ese tipo de voto cruzado, ha permitido en varias provincias la entrada de un senador más del PP de los que le «corresponderían» con la regla tradicional, mientras que el esfuerzo realizado por el PP para negar la utilidad del voto logró que sus votantes rechazarán de plano ni siquiera intentarlo.

El esfuerzo realizado por el PP para negar la utilidad del voto logró que sus votantes rechazaran de plano ni siquiera intentarlo

La segunda explicación complementaria, y que se puede observar en un buen número de provincias, sería cómo este efecto de cruzar voto debilita en el Senado el voto en bloque al PSOE y favorece al PACMA, cuyo primer candidato en muchas provincias duplica en votos al segundo y al tercero de la lista. En Zamora, por ejemplo, su primer candidato al Senado obtuvo casi el triple de votos que su par para el Congreso; un reparto sin resultados efectivos para los animalistas pero que dejó fuera a un senador socialista y a pocos votos de dejar sin escaño al segundo del PSOE. Otro tanto sucede en Segovia, en donde a pesar de conseguir más votos en el Congreso, estuvo a punto de dejar fuera al segundo senador del PSOE por una veintena de votos y dejó fuera al tercero de la lista, mientras que el PACMA roza los 1.500 (casi mil más que su homólogo al Congreso, que obtuvo 607 votos). Igualmente en Palencia, donde al tercer senador del PSOE le faltaron 500 votos para obtener escaño, mientras el PACMA obtuvo 700 votos más al Senado que al Congreso. Murcia y Soria, por su parte, son otro ejemplo: el tercero del PSOE al Senado se quedó fuera por 7.000 votos, mientras el PACMA obtuvo más de 12.000 votos.

La suma de ambos fenómenos, 1+1+1 y el 2+1 con PACMA, explicaría también el caso de Madrid, donde el senador del PP fue el segundo más votado de los cuatro. Y donde, a pesar de eso, el primer senador de Ciudadanos logró arrebatarle su sitio al 3 de la lista del PSOE, en este caso de nuevo porque el candidato del PACMA duplica el voto del candidato de su partido al Congreso (110.000/50.000) y deja fuera al tercer senador del PSOE por solo 2.000 votos. También en Madrid donde el número 1 del PP en el Senado obtuvo 216.000 votos más que el candidato al Congreso, la diferencia entre el 1 y el 2 de Ciudadanos y Vox supera, en ambos casos, los 300.000 votos.

¿Y si…?

Una visión general muestra cómo, más allá de las excepciones señaladas, más habituales de lo normal, para que el 1+1+1 hubiera sido un éxito y hubiera permitido mayoría de PP+Vox+Ciudadanos hubiera sido necesario que en un gran número de las provincias el porcentaje de votantes del PP y Ciudadanos que hubieran asumido esa fórmula superara una horquilla entre el 40 y el 60% del número total de sus votantes. Algo que, a la luz del porcentaje de votantes que finalmente eligieron la opción, incluso entre partidos como Vox que han promovido activamente este voto, resultaría casi imposible.

En tiempos donde la acción colectiva tiene menos barreras que nunca, y la iniciativa particular puede protagonizar con éxito actuaciones políticas coordinadas sin contar con el apoyo de las organizaciones políticas, estoy seguro de que en próximas elecciones veremos más experiencias de ese tipo, mientras nos conformaremos lamentándonos por lo que pudo ser y no pasó.

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Debatir sobre el debate

Debatir sobre el debate

El intercambio de opiniones y las preguntas de los periodistas ofrecen más oportunidades para que una palabra, un gesto, un silencio, un lapsus den al traste con una imagen laboriosamente construida.

Como las torrijas en Semana Santa el debate sobre los debates forma parte de toda campaña electoral. En tiempos en los que la política parece guionizada, y que aquel que encabeza las encuestas reduce al máximo su exposición, lejos de la caravana de prensa y cuidando al milímetro cada una de sus apariciones, los debates se convierten en una pequeña ventana a través de la que ver a los políticos sin red.

El intercambio de opiniones y las preguntas de los periodistas y del público (cuando estas están permitidas) ofrecen más oportunidades para que una palabra, un gesto, un silencio, un lapsus den al traste con una imagen laboriosamente construida. Por eso todos los candidatos tratan de extremar las medidas de seguridad, en forma de guion y una buena carpeta de fichas y gráficos, para evitar que tanta espontaneidad acabe generando un estropicio. Aun así, si tenemos en cuenta que más de la mitad de los españoles tienen la televisión como su principal canal de información electoral, los peligros de participar en un debate son más reducidos que los riesgos que pueden suponer el no hacerlo.

Desde 1993, la celebración de estos debates se ha incorporado a nuestra tradición democrática. A lo largo de la historia electoral española se realizaron dos debates en 1993, entre González y Aznar, que se saldaron con resultado diferente. Dos debates se celebraron también en 2008, entre Rodríguez Zapatero y Rajoy. Al debate único entre Rubalcaba y Rajoy en 2011 siguieron otros dos en 2015. En este caso uno enfrentó a los líderes de gobierno y oposición, Rajoy y Sánchez, y otro a los líderes de los cuatro partidos con mejor pronóstico en las encuestas, aunque en este caso a Rajoy le sustituiría Sáenz de Santamaría. El último se celebró en 2016, donde de nuevo estarían representados los cuatro partidos con mayor representación parlamentaria, esta vez con la participación de Rajoy.

A la luz de los datos, no resulta anómalo la celebración de dos debates en plena campaña electoral. Más anómalo resulta que ambos debates se realicen de forma sucesiva y bajo el mismo formato, evitando un debate de última hora o la celebración de un cara a cara entre los representantes de los partidos con mayor representación parlamentaria. El desgaste del bipartidismo ha acentuado el equilibrio inestable entre la representatividad y la audiencia, que suele ser inversamente proporcional al número de candidatos presentes.

El desgaste del bipartidismo ha acentuado el equilibrio inestable entre la representatividad y la audiencia

Su importancia dependerá, en gran medida, de la volatilidad electoral, el número de indecisos y la variedad de la oferta electoral. Y en estas elecciones los tres aspectos han alcanzado cotas históricas. Un 42% de “indecisos”, un porcentaje elevado de personas dispuestas a cambiar su voto en la última semana y cinco partidos con encuestas superiores al 10%, hacen que el debate pueda ser decisivo. Si bien es cierto que el número de personas que pueden cambiar de opinión tras un debate no es muy elevado, resulta transcendental en un escenario en el que cambios de un 1% o 2% de los votospuede variar la adjudicación de más de 20 escaños.

Estos efectos no dependerán tanto de quién es el ganador sino de quién es capaz de aprovechar la elevada audiencia para convencer a un grupo amplio de votantes indecisos, y eso, más que del intercambio de “zascas”, dependerá de la impresión general que ofrezca el candidato a su parroquia. Además, la victoria no se logra sólo en el estudio de televisión, sino que se decanta en favor de uno o de otro en el predebate, donde han pesado las rectificaciones interesadas y las clamorosas contradicciones, y en el postdebate, que se dirimirá fundamentalmente en los medios de comunicación, a través de crónicas, columnas y tertulias, y en las redes sociales. En el fondo, estas citas de la campaña acaban creando una auténtica realidad paralela en la que el peso del resultado depende más de la preparación previa que realicen los equipos y de la lectura posterior que hagan los medios que del debate en sí mismo y el comportamiento de los candidatos.

A la luz de lo anterior no es de extrañar que algunos pretendan añadir este “test de realidad” a la ley electoral como una ceremonia obligatoria de toda campaña electoral. Su celebración contribuye a reforzar la legitimidad del sistema político, y puede facilitar el ejercicio del voto informado (un ideal de la democracia representativa). Además, su regulación no se limitaría a establecer la obligatoriedad de celebrarlos, sino que buscaría evitar que en cada campaña electoral renazca el debate sobre el debate, en el que las estrategias electorales tratan de disfrazarse de intereses democráticos, en un equilibrio imposible que sólo perjudica a la democracia.

En España hoy ya existen normas aplicables a la celebración de estos debates que exigen “respetar los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa”, con el objetivo de asegurar el principio de igualdad en la contienda electoral. Un principio que trata de evitar que cualquier partido pueda participar en las elecciones con la ventaja que otorga, por ejemplo, formar parte del gobierno, gozar de una financiación desproporcionada o contar con el apoyo ilimitado de uno o varios medios de comunicación. Estas limitaciones, que buscan garantizar la neutralidad, se verían comprometidas tanto si, como hemos visto estos días, quien decide la celebración o no de un debate es el gobierno como si son los gestores de los medios de comunicación los que tienen la última palabra sobre quién participa y quién no en los debates.

Esta regulación trata de favorecer un intercambio de razones, señal de buena salud democrática, pero no tiene la fórmula mágica. Una vez más veremos cómo, en un escenario que concibe la política como espectáculo, su contenido se centrará en el intercambio de golpes, más emocionales que racionales, y como lo anecdótico, y su eco deformado en forma de memes, volverá a convertirse en el gran protagonista de los debates. Y los electores descubriremos una vez más que, más allá de nuestros deseos, lo mejor para la campaña electoral no es siempre lo mejor para la democracia.

Publicado en El Confidencial