Gobierno abierto: más allá de los principios

Gobierno abierto: más allá de los principios

Las demandas de un gobierno abierto hacia los ciudadanos son tan antiguas como la democracia. La relación de los gobernantes con la ciudadanía se ha considerado siempre como una garantía de legitimidad de ejercicio y, en los últimos tiempos, son muchos los que lo han planteado como una receta clara ante la situación de crisis actual hasta llegar a hablar del «dulce elixir de la gobernabilidad contemporánea».

Como bien señala Ramírez-Alujas, el término «gobierno abierto» aparece por primera vez de manera oficial a finales de la década de los setenta, en el espacio político británico, para referirse a la necesidad de «abrir las ventanas» del sector público hacia el escrutinio ciudadano. Desde entonces muchas cosas han cambiado y la implementación de las nuevas tecnologías en la Administración, con la llegada del gobierno electrónico, ha ido adaptando el significado de este término, generándose una vinculación, podríamos decir que esencial, entre el uso de las nuevas tecnologías por parte de la ciudadanía y su relación con las instituciones públicas.

La historia reciente del gobierno abierto ha estado protagonizada por la sociedad civil, que a través de iniciativas ciudadanas o informes independientes han ido impulsando su desarrollo, pero fue en el año 2009 cuando el gobierno abierto adquirió carta de naturaleza en las instituciones. Tras una campaña electoral en la que el uso de las nuevas tecnologías se convirtió en un elemento clave para garantizar su elección, el presidente de los Estados Unidos comenzaba su labor aprobando una directiva del gobierno abierto (Open Government Directive). En la misma establecía su compromiso para restaurar la confianza pública y establecer un sistema de transparencia, participación ciudadana y colaboración. Una apertura que, en sus palabras, fortalecería la democracia y mejoraría la eficacia de su gobierno.

 

Los valores del gobierno abierto: colaboración, participación y transparencia

De esta manera el concepto de gobierno abierto se va construyendo alrededor de principios como colaboración, participación y transparencia, entendidos como valores que per se contribuyen a una mejor calidad de la democracia y a una mayor adaptación a los tiempos y sensibilidades ciudadanas.

En este contexto, la colaboración apunta a la concreción del valor público entre la Administración nacional, regional y local; entre funcionarios de distintas ramas, o entre ciudadanos, empresas, tercer sector y la misma Administración. Se estaría ante la concepción del trabajo de la Administración como trabajo conjunto, colaborativo, en el que contribuyen tanto distintos niveles de la Administración, como actores no vinculados formalmente con la misma pero que, formalizados (aunque sea temporal o esporádicamente), trabajarían conjuntamente con el reconocimiento y la legitimidad de la Administración.

Su adopción implica, no solo la colaboración dentro de la Administración y entre las distintas Administraciones, sino que supone la cesión a la sociedad civil de un espacio, con el cambio de paradigma que esto supone y la sospecha permanente de abrir por esta vía el paso a la privatización de servicios que constituye un auténtico tabú en sectores amplios de la sociedad. El modelo de gobierno abierto supone una apuesta por la sociedad, por el individuo como componente esencial de la misma, y una concepción del gobierno que supera la visión del Estado como proveedor de servicios y la sustituye por una visión del Estado convertido en plataforma, en una especie de facilitador, que proporciona las condiciones para que la sociedad y sus individuos asuman el protagonismo del que disfrutaron en otros tiempos. Se trata de asumir y aplicar al Estado el principio que destaca Ortiz de Zárate: «Hoy en día el liderazgo social puede venir de posiciones periféricas»Las comunidades (materializadas en la popularidad de las redes sociales) muestran cómo hoy las respuestas tienen, muchas veces, autor colectivo. Ejemplos como el de la reacción solidaria ante el terremoto de Haití, donde las donaciones particulares sobrepasaron las donaciones institucionales, o la traducción casi en tiempo real por parte de particulares del último capítulo de una serie de televisión, Lost, son buenos ejemplos del potencial de la ciudadanía articulada para resolver problemas, aunque esto no quiere decir que estos métodos sean directamente aplicables a la democracia.

Se trataría de adaptar a la Administración conceptos como la sabiduría de multitudes (James Surowiecki), las multitudes inteligentes (Clay Shirky), la inteligencia colectiva (Pierre Lévy), la arquitectura de la participación (Tim O’Reilly) o la creación intercreativa (Tim Berners Lee).

La participación iría aún más allá, planteándose como el ejercicio efectivo del poder por parte de la ciudadanía. Frente al traspaso en la ejecución, propia de la colaboración, la participación se daría cuando se produce traspaso efectivo de poder desde la Administración hacia la ciudadanía, algo que puede producirse de distintas maneras, en función del grado de ejercicio del poder, siendo de tipo más propositivo en sus escalones inferiores y más ejecutivo en los superiores, pasando por lo deliberativo o el control.

Aunque la participación busca fundamentalmente consolidar el sistema democrático, reforzando el poder de sus propietarios originarios, los ciudadanos, es imprescindible entender que la democracia, donde la participación estaría llamada a actuar, es un sistema complejo en el que intervienen distintos elementos interrelacionados entre sí y que van más allá de la toma de decisiones por parte del pueblo (principio democrático). De ahí el peligro de introducir en el sistema instituciones participativas, a modo de parches de legitimación, sin modificar otros elementos esenciales en el sistema democrático. Estos parches, lejos de resolver los problemas, lejos de solucionar la crisis de legitimidad, paradójicamente conducirían a una mayor desafección democrática.

Aun así, son muchos los que piensan que la participación por sí misma operará a modo de bálsamo democrático; que el mero hecho de introducir nuevos actores en los procesos, y permitir a la Administración el acceso a ese caudal inmenso de conocimiento disperso que se encuentra en la sociedad, supone la mejora de la efectividad y la calidad de las decisiones públicas. Son los mismos que, en ocasiones, caen inconscientemente en la promoción de un modelo de democracia que se identifica con la democracia de las encuestas, de la colección de opiniones, de impresiones, en la que «lo importante es participar»; un modelo que implícitamente estaría renunciado a logros esenciales de la concepción del Estado constitucional contemporáneo (derechos humanos, división de poderes…), introduciendo elementos que, a pesar de sus buenas intenciones, fuera de contexto pueden convertirse en auténticas armas de destrucción masiva de la democracia.

La transparencia, que trata de garantizar a tiempo la disponibilidad de información relevante y que interesa a cada ciudadano, facilitando el control y la creación de valor público a través de la reutilización de esta información, es el primero y más importante de los principios del gobierno abierto, hasta el punto de que, sin transparencia, ni la colaboración ni la participación serían posibles. Así lo señalan Eva Campos y Ana Corojan: «Para hablar de la existencia de un gobierno abierto, es condición necesaria e imprescindible […] el acceso libre, abierto y gratuito a los datos e información relación ada (open data)».

 

El desarrollo del gobierno abierto: el gobierno abierto más allá de los valores

Hemos visto cómo el gobierno abierto apuesta por valores similares a los de la Web 2.0, como la transparencia, apertura y colaboración, proponiendo al ciudadano como socio de gobierno, pero todavía estamos lejos de materializar esos valores en instituciones.

Si hablamos de colaboración, por poner un ejemplo, vemos cómo las nuevas tecnologías hacen que la colaboración sea posible, y eso está creando una cultura colaborativa en campos como el académico o la financiación de proyectos que puede ser trasladada a la administración. La colaboración permite involucrar a los ciudadanos en el trabajo de su gobierno, contar con su trabajo para mejorar los resultados de esta labor. Ya existen algunos ejemplos de agencias del gobierno, normalmente norteamericanas, que han logrado comenzar los cambios necesarios para introducir la colaboración en las estructuras de gobierno, involucrando por ejemplo a grupos de expertos en la producción de contenidos, en la evaluación de patentes, en su catalogación, e incluso en la propia prestación de servicios, en una decidida apuesta por un cambio de mentalidad, de procedimientos de trabajo, de criterios de decisión. En España destaca el ejemplo de las Comunidades de Práctica de Cataluña (COPS) con más de 19.000 usuarios y 1.465 comunidades, pero aspectos como quién está llamado a colaborar, cómo se concretará esta colaboración, cómo medir la intensidad de estas colaboraciones… siguen siendo tareas aún pendientes de resolver.

Algo parecido ocurre con la participación, las iniciativas en este campo, como consultas ciudadanas o presupuestos participativos, no han sido hasta el momento más que experiencias restringidas al ámbito de lo local, aisladas y con un alto componente publicitario. Son más experimentos, símbolos, que un cambio en los principios y, como señalaba Ortiz de Zárate: «La participación sin redistribución de poder es un proceso vacío y frustrante para los que carecen de poder. Permite a los poderosos declarar que han tenido en cuenta a todas las partes, cuando solo una se beneficia». No podemos engañarnos, fuera de los experimentos de laboratorio, la participación no ha logrado colmar las expectativas generadas, y no basta con echarle la culpa al ciudadano, que, de manera abrumadora (70%), considera imposible influir en política.

Es necesario pasar de la teoría a la práctica, de los valores a los hechos. Son muchos los que están trabajando en esta dirección. No solo en Estados Unidos, donde la pionera directiva aprobada por Obama en 2009 establece una serie de obligaciones comunes para las distintas agencias del gobierno, que se han ido implementando desde entonces y a las que han seguido un gran número de iniciativas a nivel estatal y local. A pesar del éxito del término, el gobierno abierto es todavía un proyecto en construcción, al que todavía le falta impactar positivamente en la sociedad, y en el que tras la siembra de teorías y experimentos deberíamos empezar a cosechar resultados. En el panorama se encuentran distintas iniciativas sueltas, más efectistas que efectivas, estéticas pero estáticas en el camino de la regeneración democrática. Siguiendo con el símil se puede decir que de momento solo se han puesto los cimientos del gobierno abierto: la transparencia, la colaboración y la participación y, sobre esos cimientos, se ha de construir un edificio democrático sano y efectivo. Todavía falta mucho por hacer. Mucho por avanzar en el gobierno abierto que precisa de una sociedad de la información desarrollada, un marco regulatorio adecuado y un liderazgo político decidido, definido en un plan integral.

 

La institucionalización de la transparencia

El juez del Tribunal Supremo Louis Brandeis una vez señaló: «La luz del sol es el mejor desinfectante», y no hay duda que la transparencia es el primer paso hacia el gobierno abierto. La Administración primero ha de abrir sus datos y eliminar las barreras de acceso a la información, ya que no hay otro contexto posible para disfrutar de una ciudadanía madura, responsable y emprendedora y de un verdadero «gobierno abierto» en el que realizar los valores señalados en torno a la colaboración y la participación.

De ahí que hayamos elegido la tramitación de la Ley de Transparencia y buen gobierno en España, una tramitación que ha pretendido ser especialmente abierta, como un botón de muestra del camino que nos falta por recorrer en la materialización de estos valores. Para seguir recorriendo este camino hacia el gobierno abierto son varias las enseñanzas que podemos extraer de este proceso reciente:

1)    Lleva tiempo. Cuando de tratar mentalidades se trata, el tiempo es un componente imprescindible. La Ley de Transparencia fue uno de los primeros anuncios realizados por el gobierno antes de acabar el año 2011. Los tres meses que el gobierno se dio para su aprobación en diciembre se han convertido en dos años, pero ha sido necesario un diálogo amplio con la sociedad, que ha permitido la introducción de mejoras sustanciales en la ley, en el que también las circunstancias coyunturales han colaborado decisivamente.

2)    Requiere un diálogo articulado. En este proceso de diálogo se han cometido errores de bulto, fruto de la novedad y la improvisación. No basta con abrir buzones para recibir sugerencias, es preciso articular procesos de participación, adecuar la participación al momento legislativo para que esta sea útil, y no un mero «muro de las lamentaciones », proporcionar feedback permanente sobre los avances y la adecuación o no de las aportaciones…, cualquier tipo de información que haga esa participación efectiva y reconocida.

3)    No se puede abusar de los términos. Otro de los grandes errores ha sido tratar de dar respuesta a dos temas distintos aunque relacionados. De esta manera la supuesta regulación del «buen gobierno», se ha quedado exclusivamente en la regulación del conflicto de intereses y la gestión económica-administrativa, dejando a un lado aspectos como el consenso, la equidad, la sensibilidad, la participación, la eficacia y la eficiencia, que constituyen aspectos esenciales en los estándares del buen gobierno en todo el mundo, tanto de entidades públicas como privadas, utilizando el nombre del «buen gobierno» en vano.

4)    Establecer mandatos normativos y no meras declaraciones de intenciones. El peligro de trasladar a las leyes la retórica aperturista hace necesario que las leyes que tratan de regular la materia pasen de los principios a las obligaciones jurídicas. Aspectos como las excesivas limitaciones, el carácter genérico de las mismas, o la ausencia de responsabilidades claras para los infractores, dejan un gran margen de discrecionalidad a la Administración.

5)    Organismo impulsor. Implantar el gobierno abierto supone modificar procedimientos, mentalidades…, de ahí que el papel de la Administración no pueda limitarse a exigir el cumplimiento de la ley sino que deba adoptar una rol activo para facilitar la realización de estos principios. Es necesario poner en marcha la ley, difundir los principios de transparencia y buen gobierno entre los políticos y funcionarios, establecer puentes entre la Administración y las organizaciones más implicadas en esta materia, transmitir ese cambio a la sociedad…, poner en marcha, en definitiva, un auténtico plan estratégico de la transparencia en España.

Sin poner nuestras esperanzas en el poder de transformación social de las normas, estamos convencidos que la Ley de Transparencia, por su carácter simbólico, puede abrir la puerta a un cambio en las estructuras administrativas, en sus procesos, en sus herramientas, y lo que es aún más importante, en la mentalidad (cultura) de la Administración y la sociedad en su conjunto, que lleva tiempo demandando este tipo de comportamientos abiertos como forma de hacer política.

La ley es solo un escalón más en este proceso, tan necesario, de pasar de los valores a las realidades. Estamos ante una gran oportunidad de provocar un verdadero cambio de mentalidad en la Administración y las instituciones hacia el gobierno abierto, una oportunidad de empezar a trabajar con indicadores reales, medibles y comprensibles, de empezar a abrir una puerta a la participación verdadera de la sociedad, incluso una buena oportunidad, para que emprendedores varios hagan negocio del procesamiento de esta información…, para hacer del gobierno abierto una realidad transformadora que vaya mucho más allá del eslogan publicitario.

Publicado en Nueva Revista

Los tres pilares del Open Government

Hace un par de meses Pilar Gonzalo lanzaba el desafío desde las páginas de esta revista: “¿Cómo se puede contar con los ciudadanos para que participen en una gestión pública compartida y responsable? Un excelente tema para un próximo artículo”

Compromiso Empresarial
Marzo-abril 2012 nº 39

 

Gobierno Abierto: 12 retos para 2012

El próximo año 2012 va a ser sin duda un año crucial para la idea de “Gobierno Abierto” , un año en el que habrán de concretarse muchas de las propuestas que venimos debatiendo desde hace tiempo si no quieren perderse en el limbo de los justos.

En el siguiente texto, doce expertos en esta materia de diversos países han colaborado para ofrecernos su visión de los retos debemos afrontar durante los próximos 12 meses.

En este trabajo han participado consultores, profesores universitarios, funcionarios, políticos, trabajadores de organismos internacionales, expertos provinientes del tercer sector.. todos unidos aportando sus propuestas sobre los retos que el Open Government va a tener que superar, esperamos que sea de su interés.

Nagore de los Ríos, Directora General de Gobierno Abierto del Gobierno Vasco

Crear un organismo independiente que vele por el #o.gov y #o.data. al servicio por una parte de todas las administraciones y por otra de la ciudadanía.

1. A las Administraciones: ayudarles a implementar el ogov y el odata con formación y asesoramiento. Además se encargaría de recoger todo el código que en esta materia se va desarrollando y aglutinarlo para que cualquier administración que lo quiera implementar lo pueda hacer de una forma fácil y rápida. Autentificaría los códigos abiertos y su reutilización. Y lo mismo con los datos, para evitar fraudes. Formaría a los miembros de las administraciones para poder comunicarse con la ciudadanía y en el uso de las herramientas. Investigaría tanto los usos y experiencias internacionales como los softwares y plataformas existentes y las validaría para facilitar su implementación.

2.A la ciudadanía: le garantizaría las plataformas que realmente son ogov y o data y canalizaría su participación y colaboración haciendo llegar a las administraciones competentes los temas propuestos o tratados por la ciudadanía. Les ofrecería un espacio común para poder participar en política y trabajar de forma colaborativa por el bien común. Seria neutral con los temas tratados sin sacrificar ninguno, tan solo se encargaría de ordenarlos y cruzar agentes/administraciones implicadas. Recogería todos los datos abiertos para ponerlos a disposición de los reutilizadores e infomediarios.

Pablo Matamoros, asesor digital de la presidencia de la república de Chile

A mi juicio, el mayor reto para el #ogov el año que viene, será que los gobiernos sean más permeables y consoliden sus procesos para establecer mejores mecanismos de transparencia y colaboración, de cara a los ciudadanos.

Existe un gran avance a la hora de hacer más transparentes las actividades de los gobiernos, pero es imperativo avanzar hacia dinámicas que hagan que los ciudadanos se sientan parte del quehacer de éstos y que estos cambios impacten directamente en sus vidas diarias; es decir que los gobiernos no sean unas cajas negras de cara a las personas y que permitan que éstas puedan participar y conocer gran parte del funcionamiento de la máquina estatal y que esto se traduzca también en un esfuerzo de ofrecer mejoras sustanciales en la calidad de vida de las personas.

Un gran desafío para los países de nuestra región, es tener la visión y lograr separar los procesos y servicios que operan hacia el interior del Estado y establecer estándares y protocolos que permitan entregarle una mejor atención a los usuarios-ciudadanos.

Un gran paso es la adopción de varios países de la región del Open Government Partnership, que de alguna manera fija ciertos pisos e intenta construir una comunidad en torno al tema. Es de esperar que toda Iberoamérica en un mediano plazo pueda sumarse a esta iniciativa.

Guzmán Garmendia. Director General de Gobierno Abierto del gobierno de Navarra

Compartiendo absolutamente lo trascendental, en relación a la evolución de ‘Gobierno Abierto’, que se antoja 2012, desde Navarra queremos compartir las bases con la que ya estamos cimentando nuestra acción de gobierno para el despliegue definitivo de esta, tan nueva como necesaria, forma de gobernar.

En primer lugar, y siguiendo los modelos colaborativos, entendemos que es imprescindible la comunicación, cooperación y trabajo conjunto entre la administraciones regionales, nacionales y mundiales, tratando de reutilizar todo aquello que se haya construido, y, en el mejor de los casos, edificar de forma conjunta, y así consensuar un modelo único de Open Government, cuya arquitectura deberá emanar, siempre, de la ciudadanía.

En el caso de Navarra, creemos en un modelo apoyado en una ‘Ley de Transparencia y Gobierno Abierto’, uniendo ambos conceptos en un texto valiente, innovador y ejemplarizante, que nos sirva como base para la participación, centrada en la conversación, y la colaboración, tratando de buscar la máxima implicación de ciudadanos, empresas, instituciones y administraciones. Así como en una Hoja de Ruta, que marque el camino a seguir en los próximos años y sus objetivos, siendo un documento vivo que se transformará en función de los tiempos, necesidades y aportaciones de todos y cada uno de los componentes de la Comunidad Foral de Navarra.

John F Moore, Founder and CEO – Government in The Lab

Open Government Challenges in 2012

Open government is a citizen-centric philosophy and strategy that believes the best results are usually driven by partnerships between citizens and government, at all levels. It is focused entirely on achieving goals through increased efficiency, better management, information transparency, and citizen engagement and most often leverages newer technologies to achieve the desired outcomes. This is bringing business approaches, business technologies, to government.

Open Government often begins within the organization, driven by passionate municipal employees, driven by a desire to become more open, more engaged with citizens The use of open government practices often comes from a desire to become more efficient, more effective, to ensure that politicians, government employees, and citizens work in a collaborative manner to achieve a shared vision.

In early 2011 I evaluated the progress made in 2010 for the United States, giving the country a solid B,noting the following challenges and focus areas for 2011:

A focus on core leadership practices and potential organizational realignment.
A focus on employee training and retention.
A focus on economic goals such as cost savings.
A quarterly Presidential review with clear scorecards from each agency.
Avoid making this a political issue. Washington is more divided than ever, if this becomes a political pawn all progress could be destroyed.

Unfortunately, little progress has been made in the above areas and open government is still often left to, and driven by, the technologist within the organizations, the cities, the countries, of the world. While open government has made positive strides in many areas (e.g., open data in particular) it has also been beaten back in other areas (e.g., government records have been harder to access under the Obama administration).

As I look forward into 2012 the focus areas listed above become even more important and require a global, in addition to national and local, focus. Open Government must move beyond the tactical and become a strategic solution that politicians, government employees, and citizens can all point to as key to their joint success.

Javier Linares, CEO de Autoritas Consulting

Una de las nuevas tendencias que empezaran a aparecer serán pequeños experimentos sobre participación ciudadana. El referendum sobre la diagonal de Barcelona, una vez superadas las elecciones municipales y generales, debe verse por su vertiente positiva, que las hubo, y aprender en cualquier caso de los experimentos realizados por los demás.

Las criticas y los miedos hacia el posible fraude que puede cometerse con el voto electrónico, solo se superaran en base a realizar nuevas consultas y con garantías jurídicas que lo permitan. Con seguridad, que más de una Institución Local esta empezando a pensar en como materializar la participación ciudadana, con garantías y con temas que realmente sean del interés de los ciudadanos.

Victoria Anderica, Access.info

La transparencia como base del Open Government

En los últimos dos años hemos visto nacer en España portales de open data en comunidades autónomas y provincias, se aprobó el Real Decreto de Reutilización de la Información del Sector Público y el Real Decreto de Archivos. Sin dejar de reconocer que estos son avances para la transparencia en España, es importante destacar que ni acceso a archivos ni reutilización equivalen a transparencia, son complementos básicos y necesarios para conseguir un sistema de transparencia completo pero no son la base. España necesita aprobar con urgencia una ley que siente las bases y que armonice todas las normas que establecen obligaciones de transparencia a las instituciones públicas españolas.

Hemos empezado la casa por el tejado, es necesario aprobar una ley de acceso a la información que reconozca claramente el principio de transparencia de la acción pública. Una ley que reconozca un derecho fundamental de acceso a la información, es decir la obligación de las instituciones públicas de responder a las solicitudes de información que reciben y de publicar proactivamente su información básica. Esta norma, que definirá el futuro sistema de transparencia de España, debe aspirar a ser moderna y progresista y recoger lo mejor de las experiencias internacionales en la materia. Para ello debe reconocer claramente que toda la información en manos de las instituciones españolas es pública, debe establecer las condiciones de ejercicio del derecho de acceso, los mecanismos de garantía y protección del mismo, así como las medidas de promoción para asegurar una rápida y efectiva implementación de este derecho.

Andres Schuschny, Naciones Unidas – CEPAL

Potenciar una nueva ciudadanía:

Desde hace más de 10 años la Red ha emergido de la periferia nerd hasta ubicarse en la centralidad de la mayoría de los procesos sociales. Entender la evolución de la cultura hoy, es comprender Internet con todo lo que el concepto implica: dispositivos, programas, aplicaciones, plataformas, estándares, contenidos y, hoy más que nunca, interacción. Así lo han entendido, tal vez tardíamente, la mayoría de las empresas que poseen el potencial de movilizar la actividad económica.

Sin embargo, en el ámbito de la gestión pública y la política, esta realidad recien hoy empieza a ser considerada y no fruto de una reflexión meditada sino producto del forzaje generado por la presión de la gente que se apropió del proceso de granulación de contenidos multimediados que hoy testimoniamos. En los próximos años, se producirá un viraje fundamental en la perspectiva de los actores políticos, quienes en una primera instancia, se preguntaron “qué podían hacer con todo esto” y buscaron aprovechar la irrupción de los medios sociales con sólo fines propagandísticos, y pasarán a repreguntarse, “cómo esto cambiará todo”. Signo de cierta madurez, entenderán que la transformación no es optativa, lo que deberá suponer la centralización definitiva de las hoy “(no tan) nuevas tecnologías” en la mayoría de los procesos de la gestión pública. Así como en las empresas emergieron sistemas de gestión (CMS, CRM, ERP, “business intelligence”, etc.) que hoy se van integrando en arquitecturas efectivamente más abiertas, el sector público deberá incorporar sistemas equivalentes que posibiliten una gestión mucho más co-creativa e integrada con la participación de la gente, tanto intra como inter y extra-institucionalmente, lo que finalmente consolidará la emergencia de una nueva ciudadanía.

Rafa Rubio, Consultor y profesor de la UCM

No es fácil distinguir entre predicción y deseo pero me atrevo a decir que en 2012 se producirá cierta racionalización de la presencia social de las administraciones y su definitiva orientación al servicio del ciudadano; las guías de uso se convertirán en un standard.

Será el año de la movilidad; veremos una explosión de aplicaciones móviles en la administración, esperemos que con algo más de orden y concierto que en la explosión de perfiles sociales, pero nunca se sabe. Además los grupos de trabajo colaborativo, públicos y transparentes, se convertirán en un sistema habitual del trabajo de las administraciones. Y con la aprobación de la ley de transparencia empezaremos a ver como la sociedad civil, que empezó a despertar en 2011, se empieza a centrar en proyectos concretos preparando el camino para que 2013 sea su año.

Luis Babino. Presidente Fundación Cigob. Argentina

Gobierno Abierto es una respuesta al desafío que tienen los gobiernos para enfrentar un contexto de alta complejidad que profundizó la brecha entre política y ciudadanos. Gobierno Abierto es un cambio en las formas y diseños de las organizaciones del Estado. Este proceso de cambio requiere de las nuevas tecnologías como una condición necesaria pero no suficiente para llevarlo adelante.

Si usted ve que su gobierno no pone la información en formatos accesibles a los ciudadanos, entonces no es un Gobierno Abierto. Si usted ve que su gobierno establece mecanismos de toma de decisión donde los ciudadanos son solo “invitados”, ese no es un Gobierno Abierto. Si usted ve que su gobierno sigue tomando las decisiones en despachos aislados donde solo entran los “expertos” y los “amigos”, ese no es un Gobierno Abierto.

Asistimos a una nueva moda: la instalación de nuevas tecnologías para hacer los mismos que siempre, en donde los ciudadanos son tomados como sujetos pasivos en la toma de decisiones y no como sujetos activos del cambio social. Las nuevas tecnologías de la comunicación son utilizadas para ampliar la capacidad de “hablarle” a la sociedad, pero no están pensadas para escuchar sus demandas ni sus aportes.

América Latina y sus dirigentes tienen una oportunidad histórica en esta coyuntura de bonanza económica. Tienen la posibilidad de revolucionar la forma de hacer política. Este nuevo modelo de gobierno requiere la instalación de nuevas capacidades en sus equipos: liderazgo democrático, planificación para la acción, procesamiento de problemas complejos, comunicación y escucha activa, trabajo en red; son alguna de ellas.

Antoni Gutiérrez Rubí, consultor

El uso de canales de mensajería instantánea como Messenger o WhatsApp puede revolucionar la Administración Pública el próximo año.

La posibilidad de conectar con los ciudadanos en cualquier momento para informar y/o resolver dudas en un solo clic, a través de su dispositivo móvil, es una magnifica oportunidad que las Administraciones Publicas no deben dejar escapar. El potencial de usabilidad, así como las prestaciones de conversaciones grupales, envío de ficheros, sincronización automática con códigos QR e identificación de usuarios, van a cambiar las ecuaciones de lo presencial y lo no presencial en el uso de conversaciones bilaterales y multilaterales en tiempo real o diferido.

El creciente uso de los smartphones por un sector cada vez más amplio de la población asegura que las iniciativas que relacionen administración y ciudadanía a través de la comunicación por canales de mensajería instantánea resulten exitosas. Para la Administración Publica, la mensajería instantánea, representa la posibilidad de informar a los ciudadanos según sus intereses y personalizar la atención de una forma rápida y económica.

Andres Nin y Enric Uberta, funcionarios

2012 es un año crítico para el Gobierno Abierto. Es un año de consolidar derechos incipientes, el más importante el opendata-by-default. Cuando la propuesta de revisión de la Directiva de Reutilización de la UE lo propone, tenemos la suerte que sea una realidad ya en la Administración General Del Estado. La suma de los dos nuevos Reales Decretos 1495/2011 y 1708/2011 crean de facto una Ley de Transparencia para la Administración Central, pero que hacerlo realidad en la calle exige de todos una reivindicación de su implementación. Pero hay que hacer de la transparencia un derecho ante todas las Administraciones Públicas, un derecho acorde con los estándares internacionales. Aunque no imprescindible como demuestra la via de los Reales Decretos, una Ley de Acceso y Transparencia uniforme para todos los ciudadadanos ante cualquier poder público quizás sea el instrumento más adecuado para impulsar este derecho. Nos ahorrariamos el continuo remiendo.

Pero la transparencia no ha de ser fin sino medio. Medio de fortalecimiento del control público del poder político, herramienta de impulso de la democracia y catalizador de eficiencia pública mediante la colaboración entre sociedad y gobiernos. La transparencia ha de ser la palanca definitiva de un gobierno más participativo, de una administración basadaen la corresponsabilidad. Y el nexo entre transparencia y participación son losmedios electrónicos, la participación continua es posible. Y si intentamos huir de ese escenario, la alternativa es la irrelevancia de lo público, su crisis final para regocijo de quien apuesta por el mercado ocupando toda la actividad social.

César Calderón, Socio-Director de Autoritas Consulting

Desde mi punto de vista 2012 no solo va a ser un año crucial, sino un año crítico en muchos sentidos.

La idea de transparencia avanza, pero a pesar de todos los esfuerzos realizados, y los éxitos logrados, 2011 no ha sido el año de la gran eclosión que suponía, generando ya de forma evidente, gobiernos de dos velocidades, y por tanto, ciudadanos de dos categorías.

En la primera velocidad navegan los gobiernos con leyes de transparencia activas, avanzadas y exigentes; aquellos que han asumidos como propio el reto de ser permeables al cambio radical que se ha operado en la ciudadanía en los últimos meses. Gobiernos que comienza a experimentar nuevos canales de participación y nuevas estrategias de colaboración.

En la segunda velocidad quedan el resto, gobiernos que aún no han comprendido la importancia de estas cuestiones, y que con su cortedad de miras, han convertido a sus ciudadanos en una suerte de segunda división respecto a los del grupo anterior.

El reto para 2012 es sin duda que no solo los más avanzados sigan corriendo, sino también que los otros puedan acortar distancias para no generar mayores fracturas sociales.