Mar 20, 2011 | Artículos, Transparencia y Gobierno Abierto
En los últimos días carteleras y ‘muppies’ de toda España se han llenado de candidatos electorales que hablan de confianza e ilusión sin pedir nada a cambio. En menos de una semana no quedará ni rastro de estas campañas ante la prohibición establecida en la reciente reforma de la LOREG de realizar publicidad política (especificada en su artículo 53) e institucional, que incluiría las campañas informativas llamadas «de logros» e incluso las destinadas a promover la participación (resolucion JEC de febrero 2011), desde el momento de la convocatoria de las elecciones, el próximo día 28 de marzo.
Si a esto le añadimos la prohibición a los poderes públicos de organizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de estos y cualquier otro que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos por los mismos (artículo 40.3), y la obligación a las televisiones, públicas y privadas, de aplicar el principio de proporcionalidad a su cobertura (artículo 66.2), se puede afirmar que vamos a asistir a una campaña electoral radicalmente distinta de aquellas a las que estábamos acostumbrados, en las que todo este tipo de actividades estaban permitidas en ejercicio de la actividad política ordinaria.
Muchos se han apresurado a adelantar campañas institucionales y electorales, para evitar la nueva ley, otros han apostado por internet, ignorada en la reforma legislativa, como herramienta para mantener viva la campaña.
Feb 28, 2011 | Artículos, Transparencia y Gobierno Abierto
El próximo 22 de mayo se renuevan los alcaldes de los más de 8.000 municipios españoles y los presidentes de 13 Comunidades Autónomas pero, a falta de tres meses, parece que a nadie le importara mucho. A estas alturas da la sensación de que el 23 de mayo:
- Se concretará la convocatoria de elecciones anticipadas, y se realizará un sondeo global sobre su resultado final.
- Se decidirá el liderazgo interno dentro del PSOE, donde la continuidad de Zapatero ya no parece una opción.
- Se definirá un nuevo modelo de Partido Popular, en el que sus barones regionales descontentos se marchan y ganan o amenazan con hacerlo.
- Se resolverá la duda sobre las relaciones entre la sociedad, cada día más enfadada, y su clase política. Un alejamiento reflejado en campañas como #nolesvotes, que servirán para medir el efecto real de adoptar políticas, como la ley Sinde, apoyadas por todos los políticos y rechazadas mayoritariamente por la opinión pública.
- Se medirá la ineficacia de una reforma de la ley electoral, que además de olvidarse de internet, estableció unas limitaciones más posibles en el mundo de lo legal que de lo real.
En la campaña electoral se hablará mucho de esto, y poco de los problemas locales. Serán los ciudadanos los que decidan que les importa más, los problemas generales, y reales, o el gobierno de sus territorios durante los próximos cuatro años. No es una elección fácil.
Dic 29, 2010 | Artículos, Transparencia y Gobierno Abierto
Hace unos días se aprobó la Iniciativa Ciudadana Europea, herramienta destinada a permitir a un millón de europeos presentar propuestas legislativas. La ICE nació en el Tratado de Lisboa como muestra de la apertura democrática de las Instituciones de la Unión. Desde ese momento se presentó como algo propio de la democracia participativa generando todo tipo de expectativas ciudadanas que se han ido quedando por el camino de su aprobación, al ponerse de manifiesto que lejos de dar participación a los ciudadanos en las decisiones de la Unión la ICE no es más que una herramienta de democracia representativa que les permite dar ideas a través de un procedimiento formalizado.
Un grupo de ciudadanos puede presentar una propuesta legislativa europea bien fundada (compatible con los Tratados y sin exceder las competencias de la Unión): una vez presentada tendrán un año para recoger en al menos siete países miembros un millón de firmas de apoyo. Si lograran su objetivo, la propuesta comenzaría su proceso legislativo habitual en las instituciones de la UE (permitiendo a los promotores su defensa en audiencia pública), pudiendo ser aprobada, enmendada o rechazada.
Cualquiera que ha intentado recoger firmas alguna vez sabe que se trata de algo poco eficaz, más allá del impacto mediático, y que puede generar desilusión pero, sobre todo, un proceso complicado, lento y costoso, más propicio para grupos organizados que para ciudadanos comprometidos. Sólo queda una pequeña esperanza: el soporte que proporcionará la Comisión para la recogida electrónica de firmas. Si se acierta en su desarrollo los ciudadanos podrán competir con los grupos organizados, lo complicado puede volverse sencillo, lo lento rapidísimo y lo costoso baratísimo.
Dic 20, 2010 | Artículos, Transparencia y Gobierno Abierto
Algo tiene el estado de alarma para que casi la mitad de la opinión pública española esté a favor de su renovación y el principal partido de la oposición, que planteó dudas sobre su constitucionalidad, se haya abstenido en la votación en el Congreso. Y eso a pesar de que se incumplieron las causas para su declaración, según el artículo 4.c que rige su aplicación.
En lo referente a su renovación, la Ley Orgánica es cristalina en su artículo primero: la declaración del estado de alarma procede «cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios». Su duración «será en cualquier caso la estrictamente indispensable para asegurar el restablecimiento de la normalidad».
El debate jurídico es un no debate: el jueves la normalidad ya estaba restablecida y renovar el estado de alarma de manera preventiva, aun con amenaza, va en contra de la legislación vigente. ¿Podemos hacer depender el mantenimiento del estado de alarma del final feliz de las negociaciones, y del consiguiente fin de la amenaza?
Es cierto que el estado de alarma ni se nota, ni traspasa a la sociedad, y que incluso en estado de alarma se vive mejor. Pero la falta de respeto a la legislación vigente, aunque sea para alcanzar el bien común, siempre pasa factura.
No es la primera vez que asistimos a un comportamiento así, que va desgastando irremisiblemente a las instituciones: prescindir de informes prescriptivos del Consejo General del Poder Judicial, pasarse al Consejo de Estado por el arco del triunfo, anunciar que se aprobará por medio de leyes lo que ha sido declarado inconstitucional…
No se trata de calcular los daños, ni bromear pensando que mientras el Gobierno duerme tranquilo, resguardado en el artículo 116.5, que impide convocar elecciones, las consecuencias son mucho más graves de lo que pudieran parecer. No hay nada peor para la imagen de España que un Gobierno instalado en el «como sea», que un Estado en el que la seguridad jurídica depende del grado de cabreo de la población.
