Desde que Yolanda Barcina ganó las elecciones el gobierno de Navarra ha apostado fuerte por el Gobierno Abierto. La decisión de @RobertoJiménezA, que llevaba tiempo trabajando este tema, de fichar a @GuzmanGarmendia como Director General de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías ha sido un acierto, y en unos meses Navarra se ha puesto a la cabeza de las Comunidades Autónomas que han entendido que la transparencia real, y la colaboración ciudadana son la única forma de dar la vuelta a la crisis de legitimidad de la política. Y lo han hecho de la única manera que se puede hacer, apostando de verdad por el gobierno abierto, a pesar de los problemas, internos y de opinión pública, que esto suele provocar en el corto plazo, pero decididos a seguir por este, en mi opinión, el único camino, en el que no hay marcha atrás.
El jueves 19 a las 20 horas presentan en Madrid una aplicación móvil que permite a cualquier ciudadano informar de una incidencia desde su smartphone. Un ejemplo de colaboración ciudadana, que copia iniciativas similares como fixmystreet, o my municipality services (http://www.mymunicipalityservices.com/). La diferencia con estas iniciativas es que, frente a la iniciativa ciudadana que está detrás de las mencionadas, la aplicación de incidencias en toda Navarra es una plataforma creada por el gobierno. Se trata de una buena forma de entender el papel del gobierno, como creador de herramientas que hagan más fácil y útil la labor de aquellos ciudadanos dispuestos a colaborar con el gobierno.
Enhorabuena a Navarra, a Yolanda, a Roberto, a Guzmán y a todo su equipo.
En los últimos días carteleras y ‘muppies’ de toda España se han llenado de candidatos electorales que hablan de confianza e ilusión sin pedir nada a cambio. En menos de una semana no quedará ni rastro de estas campañas ante la prohibición establecida en la reciente reforma de la LOREG de realizar publicidad política (especificada en su artículo 53) e institucional, que incluiría las campañas informativas llamadas «de logros» e incluso las destinadas a promover la participación (resolucion JEC de febrero 2011), desde el momento de la convocatoria de las elecciones, el próximo día 28 de marzo.
Si a esto le añadimos la prohibición a los poderes públicos de organizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de estos y cualquier otro que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos por los mismos (artículo 40.3), y la obligación a las televisiones, públicas y privadas, de aplicar el principio de proporcionalidad a su cobertura (artículo 66.2), se puede afirmar que vamos a asistir a una campaña electoral radicalmente distinta de aquellas a las que estábamos acostumbrados, en las que todo este tipo de actividades estaban permitidas en ejercicio de la actividad política ordinaria.
Muchos se han apresurado a adelantar campañas institucionales y electorales, para evitar la nueva ley, otros han apostado por internet, ignorada en la reforma legislativa, como herramienta para mantener viva la campaña.
El próximo 22 de mayo se renuevan los alcaldes de los más de 8.000 municipios españoles y los presidentes de 13 Comunidades Autónomas pero, a falta de tres meses, parece que a nadie le importara mucho. A estas alturas da la sensación de que el 23 de mayo:
Se concretará la convocatoria de elecciones anticipadas, y se realizará un sondeo global sobre su resultado final.
Se decidirá el liderazgo interno dentro del PSOE, donde la continuidad de Zapatero ya no parece una opción.
Se resolverá la duda sobre las relaciones entre la sociedad, cada día más enfadada, y su clase política. Un alejamiento reflejado en campañas como #nolesvotes, que servirán para medir el efecto real de adoptar políticas, como la ley Sinde, apoyadas por todos los políticos y rechazadas mayoritariamente por la opinión pública.
Se medirá la ineficacia de una reforma de la ley electoral, que además de olvidarse de internet, estableció unas limitaciones más posibles en el mundo de lo legal que de lo real.
En la campaña electoral se hablará mucho de esto, y poco de los problemas locales. Serán los ciudadanos los que decidan que les importa más, los problemas generales, y reales, o el gobierno de sus territorios durante los próximos cuatro años. No es una elección fácil.
Hace unos días se aprobó la Iniciativa Ciudadana Europea, herramienta destinada a permitir a un millón de europeos presentar propuestas legislativas. La ICE nació en el Tratado de Lisboa como muestra de la apertura democrática de las Instituciones de la Unión. Desde ese momento se presentó como algo propio de la democracia participativa generando todo tipo de expectativas ciudadanas que se han ido quedando por el camino de su aprobación, al ponerse de manifiesto que lejos de dar participación a los ciudadanos en las decisiones de la Unión la ICE no es más que una herramienta de democracia representativa que les permite dar ideas a través de un procedimiento formalizado.
Un grupo de ciudadanos puede presentar una propuesta legislativa europea bien fundada (compatible con los Tratados y sin exceder las competencias de la Unión): una vez presentada tendrán un año para recoger en al menos siete países miembros un millón de firmas de apoyo. Si lograran su objetivo, la propuesta comenzaría su proceso legislativo habitual en las instituciones de la UE (permitiendo a los promotores su defensa en audiencia pública), pudiendo ser aprobada, enmendada o rechazada.
Cualquiera que ha intentado recoger firmas alguna vez sabe que se trata de algo poco eficaz, más allá del impacto mediático, y que puede generar desilusión pero, sobre todo, un proceso complicado, lento y costoso, más propicio para grupos organizados que para ciudadanos comprometidos. Sólo queda una pequeña esperanza: el soporte que proporcionará la Comisión para la recogida electrónica de firmas. Si se acierta en su desarrollo los ciudadanos podrán competir con los grupos organizados, lo complicado puede volverse sencillo, lo lento rapidísimo y lo costoso baratísimo.
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