Durante el último año hemos asistido a un goteo de noticias en medios internacionales que critican duramente a España. Buena parte de las noticias publicadas en medios de referencia como el New York Times, y, especialmente, en los medios financieros, no dejan a al Gobierno y otras administraciones españolas en el mejor lugar.
No han sido pocos los que achacan la cobertura mediática negativa a los intereses de los omnipresentes mercados, que estarían detrás de los medios de comunicación, haciendo inútil cualquier esfuerzo de comunicación por parte del Gobierno de España y sus distintos ministerios. Otros no dudan en culpar a la ineficacia de nuestra comunicación institucional. Sea cual sea el motivo de esta situación, vamos a centrarnos en la forma en que España desarrolla la acción de comunicación internacional.
Frente a la costumbre habitual de otros países donde el peso del día a día de la comunicación internacional recae sobre el Ministerio de Asuntos Exteriores, en España la comunicación internacional del Gobierno es una responsabilidad directa de la Secretaría de Estado de Comunicación, a cargo de Carmen Martínez de Castro, dependiente de la Presidencia del Gobierno.
Nada más llegar la nueva secretaria de Estado decidió suprimir la Dirección de Información Internacional que dirigía Juan Cierco y la sustituyó por una subdirección general a cargo de Ana Belén Vázquez, algo que podría considerarse toda una declaración de intenciones. Más allá de lo que dice el BOE, y como señalaba hace unos días en Twitter Cristina Manzano, hoy como entonces se echa de menos una estrategia definida de comunicación internacional.
A pesar de los viajes internacionales del presidente del Gobierno, no es fácil encontrar noticias sobre acciones concretas desarrolladas en este sentido, más allá de las visitas de alto nivel a lugares estratégicos como Londres, donde según el Embajador, citado por Borja Bergareche en ABC, en el último año han visitado ocho ministros y altos cargos; o la ciudad de New York, donde el Rey Juan Carlos se reunió con el Consejo Editorial del The New York Times. Este tipo de acciones continúan con la actividad desarrollada por el Gobierno socialista al final de la legislatura, en el que el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, tuvo un protagonismo especial.
Otro tipo de actuaciones sería la organización de visitas a nuestro país de periodistas internacionales. Si hacemos caso a las noticias, parece que en los últimos meses (y con motivo de visitas oficiales de sus resperctivos jefes de gobierno) se han organizado visitas de periodistas alemanes e ingleses, ofreciéndoles acceso a los actores más relevantes, como los ministros Montoro y De Guindos, o el jefe de la oficina económica de Moncloa, Alvaro Nadal. Este tipo de visitas, ‘off the record’, incluían también, según contaba Borja Bergareche, encuentros con ejecutivos de FCC, Iberdrola y Telefónica y el Instituto de Empresa.
La tercera vía para trabajar la comunicación internacional pasa, sin duda, por los corresponsales de los medios internacionales en nuestro país, que se han quejado en reiteradas ocasiones de falta de atención y de la dificultad de acceder a distintas fuentes de información.
Tampoco podemos dejar de considerar la importancia de las 21 oficinas de información dependientes de la Secretaría de Estado de Comunicación. Estas oficinas sufrieron algunos cambios de titular en abril de 2012 y desde entonces están vacantes puestos relevantes como el de Washington, Venezuela, Turquía, La Haya, Varsovia (según el BOE, en la Resolución de 11 de mayo de 2012, resuelta, y Resolución de 11 de julio de 2012 y el 2 de agosto).
El Ministerio de Asuntos Exteriores podría colaborar en esta labor e incluso, quizás, debería asumir esa responsabilidad, garantizando así la «unidad de acción» de nuestra política exterior e involucrando en esta labor a una buena parte del cuerpo diplomático. Aunque hoy eso es difícil, al estar las habilidades y estudios de comunicación fuera de la formación y de la práctica de los diplomáticos españoles.
Con ese fin se creó la Dirección General de medios y Diplomacia Pública y, más adelante, el Alto Comisionado de la Marca España, pero ambos departamentos están escasamente dotados de profesionales de la comunicación, más allá de la directora María Claver, y cuentan con muy pocos recursos para realizar una labor efectiva. Invertir en formación, de emergencia y permanente, con la introducción en el programa de la Escuela Diplomática de un grupo de asignaturas enfocadas con la comunicación podría ayudar a realizar ese traspaso.
No se trata de establecer un briefing diario con los medios internacionales, ni de tener una plantilla de más de mil personas dedicadas a estos menesteres, como el Departamento de Estado norteamericano, pero hay una serie de puntos en los que se podría trabajar para mejorar la imagen de España fuera de nuestras fronteras.
Además de fortalecer los equipos y mejorar procedimientos y rutinas de comunicación, caben nuevas acciones como una comunicación en redes dirigida específicamente a la opinión pública internacional (que de momento brilla por su ausencia); mejorar la comunicación directa con las embajadas situadas en España, que frecuentemente son una referencia obligada tanto para los medios como para la opinión pública de los países a los que representan, y que con frecuencia se quejan de falta de atención.
También ayudaría, en la línea del convenio firmado entre TVE y el ACME, renegociar los derechos de la programación de TVE, en gran medida inaccesible desde fuera de nuestras fronteras, para, al menos, convertir la magnífica web del ente público en una herramienta eficaz de defensa de nuestra imagen. Las posibilidades son enormes, sólo queda hacerlas realidad.
«No hay web sin plaza”, concluía el comentario sobre el artículo publicado por @damienlanfrey, en el que ponía de manifiesto la importancia de que la acción política online se sustente en una continua actividad en la calle, trabajando con grupos sectoriales y locales en la consecución de objetivos concretos. Pero tampoco hay plaza sin web. No es posible lograr organizar un volumen así de actividades y eventos sin haber entendido previamente la lógica de la red. En el caso del Movimento 5 Stelle, lo realmente novedoso es el equilibrio entre ambas, la retroalimentación que el movimiento ha logrado con éxito.
El movimiento ha entendido la idea de red, como algo distinto de la mera tecnología digital. La red entendida como forma de colaboración, no como un canal, con más o menos audiencia, para la difusión de mensajes. Esta colaboración desarrollada por los «grillos», tanto on como offline, sin duda ha resultado imprescindible para la organización de eventos multitudinarios, la certificación de cientos de miles de firmas, en las innumerables gestiones burocráticas del sistema político italiano -que en anteriores ocasiones se habían convertido en un obstáculo insalvable para otros intentos de dar el salto a la arena electoral local-, para consolidar el movimiento y hacer comprender a los activistas qué podían esperar unos de otros. En definitiva, para generar esa columna vertebral suficientemente sólida para sostener el movimiento en momentos de dificultad e incomprensión, que ha habido y habrá.
La red no es sólo aceleración y amplificación de mensajes, es reflexión, estudio, trabajo conjunto. Para muchos de los activistas que forman el núcleo duro del movimiento, este es ante todo una escuela, un grupo de estudio constante. A eso han dedicado años, tanto en Meetup.com como a través de encuentros presenciales, estudiando documentos y procedimientos, trabajando para los miembros del movimiento elegidos en instituciones locales o regionales.
Muchos activistas han usado, durante este tiempo, la metáfora de los “vasos comunicantes”: aquel que es elegido pasa las llaves de la información institucional a la base del movimiento, para que esta base social constituya grupos de estudio y garantice un feedback constante a estos representantes. Lo que ha caracterizado al movimiento no es el compromiso que se limita al periodo electoral, el tipo de participación online más utilizada entre los partidos políticos, sino el compromiso constante y duradero a través del estudio constante, la información crítica, actuando como un verdadero moviento cuya materia prima principal es la información.
En este sentido, ha sido el uso de la tecnología lo que les ha permitido plantear críticas del proceso político, en ocasiones acompañadas de propuestas de reforma. Se trata de una crítica que va más allá de la propuesta puntual y ha sido construida durante años con propuestas o acciones más o menos provocativas, que forman una línea más o menos coherente: críticas del perfil de los elegidos como empleados, al rechazo de la financiación pública de las campañas electorales, la crítica a los medios de comunicación italianos (y al proceso de mediación en general, en ocasiones de manera demasiado simplista), a favor de la reducción del coste de la política y de la introducción creciente de instituciones de democracia directa.
Democracia monitorizada
La crítica ha venido acompañada de una vigilancia constante, desarrollada inicialmente a nivel local, y que ha conseguido atraer la atención de los ciudadanos hacia el movimiento: la monitorización del proceso político de los ayuntamientos (denominado operación ‘respiración en la nuca’) o los mapas de poder local elaborados por el grupo de Florencia. Los seguidores de Grillo se convirtieron en proveedores voluntarios de servicios a la ciudadanía (en Brescia, por ejemplo, el grupo ha creado un blog para informar a los ciudadanos sobre los candidatos a las elecciones locales, recogiendo preguntas y planteándoselas a los propios candidatos) ganándose así el respeto de una parte de la ciudadanía. Protagonistas de lo que John Keane denomina la «democracia monitorizada», que en España Antoni Gutíerrez-Rubi ha bautizado como «democracia vigilada».
De ahí que podamos concluir que más que un «uso innovador de la tecnología», lo que caracteriza al movimiento es su capacidad de combinar la red y la plaza; la capacidad de separar la tradicional unidad del proceso político en un conjunto de acciones de intercambio y estudio y, por otra parte, de obtención y enriquecimiento online de los contenidos de la plaza. Ha mostrado una gran atención a los procesos claves en la sociedad actual: la monitorización, el compromiso, la mediación y la organización de los tiempos y los recursos.
Como se ha demostrado durante las últimas semanas, esta combinación es todavía insuficente para adoptar decisiones políticas, que no pueden ser simplemente el fruto de un trabajo de agregación de propuestas. En este punto se echa en falta una verdadera plataforma deliberativa, que permita realizar esta labor que a partir de ahora resultará imprescindible, y que servirá para garantizar la democracia interna (elemento que les distinguiría del resto de fuerzas políticas).
Algunos se han apresurado a criticar sus primeros movimientos legislativos. Para otros, el protagonismo de Grillo, que hasta ahora ha resultado imprescindible, puede empezar a estorbar al propio movimiento. De todas formas, la entidad del movimiento merece seguir atentos al desarrollo de un experimento que sigue en fase beta, a la capacidad de seguir aprendiendo de sus errores para construir un nuevo modelo de creación de políticas públicas que consiga involucrar a un número creciente de ciudadanos en el ideal del ciudadano vigilante e informado de Michael Schudson. De su acierto depende su futuro y, quizás, el de la democracia tal como hoy la conocemos.
En las dos últimas semanas se han publicado una decena de artículos sobre el, su líder Beppe Grillo y las posibilidades de que en España se produzca algo similar. Entre ellos destacaría algunos como el de Xavier Peytibi, Manuel Castells o, en estas mismas páginas, el de Angela P. Martin.
Entre lo publicado fuera de España me resulta especialmente interesante el análisis de Damien Lanfrey, que viene siguiendo el fenómeno desde el año 2005 (cuando se llamaban Amigos de Beppe Grillo). Durante este periodo ha podido hablar con activistas de más de 40 grupos locales, investigar los debates internos desarrollados en internet, … de ahí que haya decidido convertir este artículo en una glosa de su texto.
Mientras que los análisis publicados inciden en el personaje de Grillo, en la historia del movimiento y coinciden en adjudicar gran parte del éxito a la fragmentación de la clase política italiana y el abismo que les separa de la sociedad italiana, Damien Lanfrey va mucho más allá y nos aporta información muy valiosa para posible intentos de réplica.
Como señala, “no son pocos los movimientos que, a pesar de la fragmentación de las élites, no han logrado hacerse un hueco en la agenda política”. De ahí la importancia de buscar en otro sitio el “secreto de su éxito” y las diferencias con otros movimientos del momento, con raíces similares, como podrían ser los indignados.
Señala la existencia de un voto estable del partido, en algunos casos decidido hace años y luego mantenido en el tiempo. Se trata del voto de los miles de activistas que son la columna vertebral del movimiento y que Lanfrey conoce bien, por llevar años en contacto estrecho con ellos.
Un apoyo creíble, duradero y a menudo estratégico
Lo primero que destaca es la vinculación con la ciudadanía. Una vinculación “prolongada, continuada”, la única que logra eficazmente hacer que la gente se involucre en la acción colectiva. Son ocho años de contacto constante, con la presencia habitual, y colorida, en las plazas de las ciudadades, construyendo lazos, sobre el terreno, con el mundo del asociacionismo, con grupos de activistas, relacionados habitualmente con la izquierda y que “han encontrado en el movimiento un apoyo creíble, duradero y a menudo estratégico”.
Este apoyo consistía en la cesión de sus canales de comunicación online, amplificando los mensajes de protesta y cambio; la difusión, y en ocasiones la traducción de estos mensajes al lenguaje ciudadano; la organización de eventos, siempre de manera transparente, dando la cara, como corresponde a un movimiento propio de la sociedad de la información. Esto lo han hecho con grupos como el NoTav, el Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua Pubblica o el Movimento delle Agende Rosse, hasta llegar a colaborar con una cantidad enorme de asociaciones mucho menos conocidas como Arcipelago SCEC y la red de grupos de compras cooperativas como ReteGAS sul fronte economia sostenible.
Internet es un contenedor vacío sin los contenidos que proporcionan los territorios y estos se conquistan, realmente, con el trabajo en la calle. Como escribía recientemente Mozorov, las redes sociales pueden ser perjudiciales para los movimientos sociales. Grupos como el Partido Pirata serían el ejemplo de lo contrario, incapaces de generar verdadera implicación de la gente, a pesar de contar con una estupenda plataforma de e-participación como LiquidFeedback. Como señala Lanfrey, “No hay web sin plaza”.
El buen funcionamiento de cualquier democracia parlamentaria depende del flujo eficiente y multidireccional de la información.
Sin la información, la democracia en cualquiera de sus formas no podría existir. Pero si hay una institución democrática vinculada directamente a la comunicación es el Parlamento, “continuación y mera expresión institucional de la opinión pública” (De Vega, 1980). La información está en el ADN de las instituciones parlamentarias: los ciudadanos necesitan tener información antes de tomar la decisión sobre quién los representará; los representantes necesitan información para adoptar sus decisiones, información documental y, sobre todo, información real. Ciudadanos y grupos organizados pueden convertirse en una de sus fuentes principales.
Desde sus inicios, el Parlamento viene vinculado con el principio de publicidad. Su ejercicio permite romper la separación entre representados y representantes, mejorar la educación política de los ciudadanos y facilitar el control social frente a la arbitrariedad y la corrupción. La pregunta principal, por tanto, es cómo el Parlamento puede realizar hoy el principio de publicidad, esencial para el ejercicio de sus funciones.
Los parlamentos son cada día más sensibles a la importancia de la comunicación con los ciudadanos como soporte de su legitimidad. Nacidos como reflejo de la opinión pública, su adaptación a la evolución de ésta no forma parte sólo de un deseo loable de modernización sino que resulta absolutamente necesaria para conservar su papel clave en el sistema democrático, especialmente cuando las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han multiplicado exponencialmente la circulación de información y la capacidad de comunicación en tiempo real, suponiendo una verdadera revolución de las relaciones humanas.
De ahí que la apertura del Parlamento a las modificaciones que se producen en la comunicación, y cómo estas afectan a la forma de configurarse la opinión pública, se desarrollen no sólo en el ámbito de la introducción de nuevas herramientas sino que requieran una reflexión más amplia sobre el papel que el Parlamento está llamado a desempeñar en la sociedad red.
Los sitios web y las redes sociales se han convertido en los canales más utilizados por los ciudadanos para acceder al conocimiento, tanto inmediato como profundo, de la labor parlamentaria. Además, se están convirtiendo en el canal por antonomasia a través del cual los parlamentarios pueden comunicarse directamente con los ciudadanos y mejorar la comprensión del público acerca de la función y las responsabilidades del Parlamento.
En este sentido, las TIC ofrecen una serie de elementos que permiten que el Parlamento siga desarrollando con eficacia las funciones que le corresponden dentro del sistema democrático. De una forma u otra, éstas afectan al contenido de su comunicación y sus posibilidades de personalización, el peso del diálogo, las posibilidades de escucha, etc., de su gestión depende, en gran medida, que el Parlamento siga siendo espejo de la opinión pública, y no una isla, cada vez más alejada de la realidad.
Contenido
Para mantener una relación estable con los ciudadanos, el Parlamento necesita dar a conocer su labor. En esta labor de difusión, no basta con el anuncio y la reproducción integra de lo que ocurre en las Cámaras, labor que desarrolla desde hace siglos el diario de sesiones. Frente a lo que pudiera parecer, esta visión limita mucho la labor comunicativa de las cámaras, que se reduciría a ser fuente para los medios de comunicación o grupos de interesados y archivo para los que en el futuro quieran consultar. Esta labor podría servir a efectos de cumplir con el fin de control social, pero difícilmente permite cumplir con otros fines, igual de esenciales, como el acercamiento representantes-representados y la educación ciudadana.
Paradójicamente, a pesar de que las webs parlamentarias han puesto a disposición de la sociedad más información que nunca (lo que para algunos debería solucionar el problema), la preocupación por la política aumenta y la educación política de la gente sigue siendo escasa. Ni una cosa ni la otra se consiguen por la acumulación de información. Asomarse a las webs parlamentarias garantiza encontrarse con gran cantidad de información sobre los procedimientos (especialmente los legislativos), información amontonada, contradictoria, pero con escaso atractivo y de la que resulta muy difícil obtener una idea precisa de la situación.
De ahí que sea necesario añadir a la labor de acumulación y ordenación de la información otra, mucho más compleja y necesaria, de filtro, selección y edición de la misma. Esto supone convertir los temas en el eje, sabiendo que los ciudadanos piensan en clave de temas y no de procedimientos parlamentarios, y en función de los mismos -habitualmente concretados en palabras claves- orientan sus búsquedas, sus suscripciones informativas, etc.
Además de comunicar en torno a los temas, las Cámaras deberían ser capaces de priorizar en función, no de la fecha de entrada en el registro o de su defensa en el pleno, sino del interés de la materia para la ciudadanía. Esto requiere, muchas veces, reelaborar la información, interpretarla, contextualizarla, editarla utilizando un vocabulario más cercano, o preparar, por ejemplo, resúmenes institucionales de las intervenciones o de lo más destacado de los temas.
En la misma línea de articular la comunicación en torno a los temas y no a los procedimientos ni a las instituciones, sería conveniente articular mecanismos de comunicación interinstitucional donde las TIC juegan un papel insustituible. La mentalidad de los ciudadanos, cuando de relacionarse con la política se trata, no responde a la estructura de la separación de poderes y tiende a ver las instituciones democráticas como un todo. De ahí la importancia del trabajo conjunto y la necesidad de retroalimentarse para que los ciudadanos puedan tener referentes únicos o al menos coherentes. Por eso debe existir una conexión directa entre la información de las webs del gobierno y las del Parlamento, al igual que entre el Congreso y el Senado, ya que para los ciudadanos no es fácil distinguir entre una y otra, y la web puede ser una buena forma de ofrecer información conjunta. Para lograrlo, aspectos como la interoperabilidad de los datos, el uso de herramientas comunes, o la coordinación de información (formato, terminología…) serían de gran utilidad.
Los tiempos son esenciales a la hora de generar contenidos capaces de atraer la atención de los ciudadanos. En el ecosistema informativo de Internet, el tiempo de respuesta ya no lo marca el periódico del día siguiente ni la próxima emisión del telediario; los tiempos en los que los ciudadanos demandan la información son prácticamente inmediatos. Salir un minuto antes o después puede ser determinante para el recorrido y el eco de la información. Ese manejo de los tiempos determina, junto al valor del contenido, la capacidad de la institución de ser considerada como referente informativo. A esto hay que añadir otro elemento, que aunque lo parezca, no resulta contradictorio, la permanencia en el tiempo. Internet permite mantener un sistema de archivo de información, fácilmente accesible en cualquier momento para todos, aunque haya pasado mucho tiempo, y que aporta valor a las funciones parlamentarias.
La página web se ha convertido en la memoria de la institución, de ahí que no tenga sentido que el tiempo de algunos contenidos de las webs parlamentarias vengan marcados por los cambios de legislatura, algo que no entra ni en el enfoque temático ni en el enfoque institucional del que venimos hablando. El control debe extenderse más allá de la legislatura, ofreciendo un contexto más amplio que, en un mundo de información fragmentada y poca memoria, en ocasiones, es lo único que permite acercarse a la realidad de las cosas.
Personalización
Uno de los elementos que caracterizan la nueva comunicación es su posibilidad de personalización. Las TIC permiten ofrecer información bajo demanda y ajustada a las necesidades de públicos distintos, algo que resulta valiosísimo en casos como el de los parlamentos, que cuentan con público heterogéneo.
Hasta el momento, los parlamentos han ofrecido información interesante para aquellos que ya estaban interesados pero no han acertado al tratar de llegar a los que no lo están. De ahí que resulte imprescindible determinar bien los públicos potenciales y ofrecer a cada uno de ellos servicios de valor que respondan a sus intereses y necesidades. Más allá de experiencias puntuales como las páginas infantiles, los parlamentos deben distinguir de manera clara su oferta para el personal de la cámara (funcionarios, parlamentarios y staff de los grupos), aquella para los que trabajan alrededor del Parlamento y están familiarizados con la institución, sus miembros y procedimientos (periodistas, lobistas, académicos…), y su oferta para los ciudadanos.
Es en estos últimos donde hay más trabajo por hacer. Las webs parlamentarias siguen siendo webs de y para expertos, dejando de lado a los que deberían ser sus protagonistas, los ciudadanos. Ciudadanos de clase media (tecnológicamente hablando) para los que la tecnología pasa desapercibida, valorando sólo si puede encontrar de manera sencilla aquello que están buscando. Ciudadanos que quieren involucrarse en política, con las reglas con las que se involucran en otras actividades, sin solemnidades ni tiempos especiales para ello, pero que no se sienten atraídos por las páginas de los partidos, más cercanas a la propaganda que a la información, y buscan referencias institucionales comprensibles y atractivas.
En este objetivo, la inclusión de formatos diversos, que vayan más allá del texto, como audios, infografías, videos…, y la integración de estos formatos multimedia, a través de trascripciones o conversión en sonido de los textos (y viceversa), están ayudando a ampliar la llegada y el efecto de la información parlamentaria. La facilidad de personalizar la suscripción a contenidos, la adaptación del lenguaje técnico y la generación de contenidos acordes a los intereses de grupos concretos también servirán a este objetivo. Descentralizar la gestión de determinados espacios dentro de las webs parlamentarias y facilitar la redistribución de información (a través de formatos fácilmente reutilizables) mejoraría también la personalización de la información.
Escucha y diálogo
En un momento en el que la propia naturaleza de la comunicación pasa por la conversación, el diálogo se convierte en una obligación tanto para los parlamentos como para sus miembros. Como señalaba de Vega (85), “la representación burguesa no sería otra cosa que la traducción a nivel político y parlamentario de la opinión pública burguesa concebida como producto de la discusión entre particulares en el seno de la sociedad”.
De ahí que la escucha y el diálogo no sólo sean imprescindibles para comunicar eficazmente y llegar a un público amplio sino que forman parte natural de la esencia parlamentaria. El Parlamento redescubre así otra de sus funciones, al poder convertirse en un espacio público en el que puede producirse verdadero diálogo, lejos del ruido constante propio de los debates entre políticos y su reflejo en los medios de comunicación.
Es preciso participar en la conversación, tanto en la que se produce en las plataformas institucionales (web, blogs o perfiles sociales) en las que es necesario ir más allá de la actualización del perfil institucional, como en espacios públicos en el que se desarrollan conversaciones que afectan a la institución. Para esto no basta con estar, o proporcionar la plataforma técnica para el espacio público de debate, y esperar que la gente participe a su buen entender.
Promover el diálogo pasa por adoptar un papel activo, iniciar conversaciones sobre temas específicos (vinculados con la agenda parlamentaria), alimentar cada uno de esos espacios con información específica y relevante; invitar a personas que puedan ofrecer información de interés, tanto parlamentarios como asesores y técnicos; velar por que se respete el tema de la conversación y protegerlo frente a intervenciones más propagandísticas que se unen al coro repitiendo argumentos como el eco que retumba, imposibilitando el verdadero diálogo.
Esta conducta, fruto de la voluntad de los partidos políticos de tomar cualquier espacio social existente, genera auténticas batallas campales online entre soldados virtuales, con frecuencia anónimos o incluso falsos, verdaderos zombies online. Esto aumenta los peligros de polarización, que afecta de forma clara a la orientación de los contenidos y las reacciones que estas pueden generar, ignorando que la información en democracia es material altamente sensible y las consecuencias de su manipulación pueden ser demoledoras (Sunstein, 2003). De ahí que los Parlamentos tengan que desarrollar una serie de labores para mantener el carácter constructivo, al menos en los espacios de diálogo. No es tarea fácil. Requiere protocolos claros (al modo de las guías de redes sociales que empiezan a utilizarse en las administraciones públicas), perfiles propios y preparación específica del personal, una preparación que vaya más allá de lo tecnológico.
Gracias al diálogo, las TIC pueden utilizarse también para mejorar procesos de elaboración compartida de políticas públicas. Junto al acceso a la información las nuevas tecnologías facilitan la apertura de canales de participación ciudadana a través de los que el ciudadano puede ser parte “activa en la toma de las decisiones que se tomen por y para su gobierno” (Ramírez Nardiz, 2011). No se trata de generar apariencia de participación, ni de prometer a los ciudadanos un papel decisorio que no les corresponde en el diseño actual de la democracia, se trata de implementar procedimientos útiles, que permitan a los ciudadanos la participación efectiva, ofreciendo espacios de deliberación democrática de carácter público, abiertos, donde la identificación individual y personal se convierta en requisito indispensable, y dónde los ciudadanos puedan llevar a cabo discusiones razonadas, en condiciones de igualdad, que serán trasladadas a la sede parlamentaria (Cebrián, 2012).
Las TIC ofrecen nuevas oportunidades y plantean nuevos retos a la comunicación parlamentaria. Gracias a las mismas es posible contar con un canal de comunicación interactiva y multidireccional entre representados y representantes que puede aumentar la capacidad de información y comunicación en ambos sentidos, facilitando sus posibilidades de intervenir en el diseño y la implementación de las políticas públicas. De esta manera, los parlamentos tienen la oportunidad de reivindicar su contribución determinante a la legitimación del sistema democrático. Esto requiere garantizar la calidad de la información que proporciona el Parlamento en sus distintos canales que deberá ser actualizada, relevante, adaptada a los distintos usuarios (en lenguaje, canal, formato y contenido), accesible y organizada.
Referencias
Cebrián Zazurca, E. (2012) Deliberación en Internet. Fundación Manuel Giménez Abad, Zaragoza.
Ramírez Nardiz, A. (2011) Democracia participativa. Tirant lo Blanch, Valencia.
Sunstein, C. (2003) República.com. Internet, democracia y libertad. Paidós, Barcelona.
Vega García, P. de. (1980), en Aparicio, M. Á. (coord.), Parlamento y sociedad civil. Universidad de Barcelona, Barcelona.
Vega García, P. De. (1985) “El principio de publicidad parlamentaria y su proyección constitucional”, en Revista de Estudios Políticos, núm. 43, pp. 45-65
Desde tiempo inmemorial los hombres han participado en la vida política. Los ciudadanos han buscado siempre la manera de defender sus intereses ante el poder y esto hace que la profesión de lobista compita con otras como una de las profesiones más antigua del mundo.
Según el Oxford English Dictionary habría que esperar hasta 1640 para que esta antigua profesión recibiera su nombre y se empezara a hablar de los ‘lobbies’ para referirse a los pasillos de la Casa de los Comunes, donde los ciudadanos podían ir para hablar con sus representantes. A comienzos del siglo XIX se empezó a oír hablar, en Estados Unidos, de ‘lobistas’ en el sentido actual de la palabra: fue tras la guerra civil norteamericana cuando se produjo su profesionalización y su crecimiento progresivo, pasando desde entonces a formar parte de la vida política norteamericana.
Al principio su actuación iba ligada a los intereses de las grandes multinacionales y poderosas organizaciones empresariales, como las Cámaras de Comercio, compañías de ferrocarriles a finales del siglo XIX, agricultores, tabaqueras… las únicas con medios suficientes para sostener actividades de este tipo.
Su forma de influencia, en defensa de intereses propios o ajenos, pasaba, según testimonios de la época por “cenas, fiestas y veladas”, invitaciones a casinos, propiedad de los propios lobistas, regalos a las esposas de los congresistas o incluso favores sexuales.
Los lobbies en el presente
La opinión pública y los distintos intentos de regulación han ido refinando este tipo de comportamientos. Con el paso del tiempo la labor de los lobbies se ha ido profesionalizando, convirtiéndose en una actividad basada en la gestión de información a través de acciones como el contacto personal y el asesoramiento técnico, la comunicación con la opinión pública y, en su caso, la movilización social. Los actores se han ido ampliando y diversificando más allá del mundo empresarial con la adopción, por parte de grupos de ciudadanos, de estas técnicas en defensa de sus intereses relacionados con los derechos civiles, la protección del consumidor o el medio ambiente.
Hoy el número de personas que ejercen la profesión de lobista de manera oficial supera los 10.000 registrados en Washington DC y los 5.000 registrados en Bruselas (probablemente las dos capitales en las que su presencia se encuentra más institucionalizada) y sus actividades mueven más de 3.500 millones de dólares anuales sólo en Estados Unidos.
Aunque se tiende a ver el lobby como un fenómeno anglosajón, y el término en su versión inglesa se ha incorporado al Diccionario de la Real Academia, esta práctica no es ajena a las realidades políticas de España y Latinoamérica, e incluso en castellano existe un término para definir este tipo de actividades: «cabildeo».
En España se ha producido una profesionalización creciente. Si por el año 2000 la búsqueda en internet de las palabras ‘lobby’ y ‘España’ ofrecían sólo dos resultados (José Luis Sanchís y Hazteoir, que se definía como un lobby ciudadano), hoy en día son muchas las empresas que cuentan con un departamento de lobby, muchas las que ofrecen este tipo de servicios, tanto de manera exclusiva (Political Intelligence, Vinces…), como dentro de una oferta de servicios más amplia, especialmente despachos de abogados y empresas de comunicación.
Esta profesionalización se ha reflejado en la creación de una asociación profesional (APRI, presidida por María Rosa Rotondo) centrada en impulsar la profesionalización del sector y la defensa de sus intereses, así como una oferta formativa amplia para los que quieren dedicarse a esta profesión (IE, ICADE, así como formación específica sobre la materia en muchos otros Masters: Universidad de Navarra, Fundación Ortega y Gasset, o Unidad Editorial).
La promesa de Rajoy
El anuncio de regular el ejercicio del lobby, realizado por el presidente Rajoy durante el debate sobre el estado de la nación de 2013, respondería a esta realidad. Aunque la noticia ha pillado a muchos por sorpresa, recoge un asunto abierto en la regulación española desde los debates constituyentes, en los que Manuel Fraga propuso nada menos que su constitucionalización en los artículos 77,3 y 77.4, que serían finalmente rechazados. Desde entonces la necesidad de legislación ha sobrevolado cíclicamente el Congreso, convirtiendo a los lobbies en sospechosos habituales de cualquier escándalo de corrupción que afectara a la política española.
Durante un tiempo, y no sin cierta ironía, se ha señalado cómo, para comprobar la eficacia de los grupos de presión, basta con analizar las dificultades con las que suele encontrarse cualquier intento de legislar la actuación de estos grupos. Pero esta vez en su anuncio Rajoy reconocía expresamente la presión del lobby de los lobbies (APRI), que desde su fundación ha convertido la regulación del sector en su objetivo principal.
La decisión sigue el rumbo de otros países que, tras la regulación norteamericana de 1996, han comenzado a regular la cuestión (Francia, Austria, Hungría, el Reino Unido, Polonia, México, Perú o Chile), y donde destaca especialmente la creación del registro de lobbies unificado de la Unión Europea.
La regulación pendiente
Habrá que esperar para ver cómo evoluciona el anuncio. No es la primera vez que en el Congreso se plantea esta cuestión: en 1990 y 1993 se aprobaron sendas proposiciones no de ley instando al Gobierno a regular la materia y, finalmente, estas iniciativas quedaron en nada. Si sigue adelante, la regulación deberá responder una serie de preguntas, que ya se han planteado previamente en otras regulaciones de la profesión.
La primera es cómo llevarla a cabo. Desde 1996 la tendencia de regulación de los lobbies se concentran en establecer un registro, obligatorio o voluntario, en el que deben inscribirse los grupos. A este registro se le añadiría la presentación periódica, por parte de cada grupo, de un informe exhaustivo de sus actividades, su financiación, sus gastos, las decisiones en las que han participado y los legisladores con los que han tenido relación.
Esta fórmula, que garantiza la transparencia, requiere la capacidad del registro para gestionar un gran volumen de información, para lo que habría que dotar a las Cámaras de recursos suficientes y facilitar su labor con medidas como la obligatoriedad de entregar los informes en formatos abiertos.
Además, la información, fruto del registro y los informes, debería hacerse pública en un formato que permitiera su reutilización por parte de los ciudadanos. A este registro, que debería ser común para el Congreso y el Senado, y los consiguientes informes, habría que añadir otras medidas como la modificación del “Estatuto del Parlamentario” en temas como los relacionadas con la “puerta giratoria” (el paso de la vida pública a la empresa privada, en sectores relacionados con el cargo desempeñado) que, aunque en nuestro país ya existen, deberían ser objeto de revisión.
La opción del registro nos lleva automáticamente a la segunda pregunta: ¿quién debería registrarse? Esta pregunta, que suscitó una gran polémica durante la aprobación de los registros comunitarios, resulta clave para la eficacia de la regulación.
Más allá de los despachos profesionales (los únicos que reciben con propiedad el nombre de lobbies), las organizaciones que, legítimamente, tratan de influir en los procesos legislativos es amplísimo: organizaciones profesionales, confesiones religiosas, ONGs, despachos de abogados, agencias de comunicación, sindicatos…
¿Deberían todas ellas apuntarse al registro? ¿Y deberían hacerlo de manera voluntaria u obligatoria? ¿Y qué deberían hacer los grupos de ciudadanos que, sin formar parte de ninguna organización, pretenden participar activamente en la elaboración de políticas públicas?
Por último se plantea la cuestión de dónde regularlo. El anuncio del presidente del Gobierno apuntaba a los respectivos reglamentos de las cámaras como el lugar dónde se regularía el lobby. Esta ubicación normativa, defendida por APRI y que es práctica habitual, podría dejar fuera de la normativa la práctica de estos grupos de presión sobre el poder ejecutivo que, dada la importancia que el Consejo de Ministros tiene en nuestro país tiene en las iniciativas legislativas, dejaría fuera una buena parte del trabajo de los lobbies.
El primer paso está dado, pero aún queda mucho camino por delante. Del acierto en la manera de regular dependerá su eficacia y, en buena medida, la credibilidad de las reformas de regeneración democrática.
Benedicto XVI no ha sido un Papa de transición, su Pontificado pasará a la historia por decisiones de enorme calado.
Benedicto XVI ha anunciado por sorpresa su dimisión como Romano Pontífice de la Iglesia Católica. Se trata de una decisión poco habitual, que cuenta con escasos precedentes y que llama especialmente la atención, cuando se considera que a su papel de líder espiritual los católicos de todo el mundo añadimos el de Vicario de Cristo en la Tierra (Catecismo de la Iglesia Católica, 882). El contraste con su predecesor, Juan Pablo II, que a pesar del terrible sufrimiento, sin perder nunca su fuerza intelectual, decidió seguir en sus responsabilidades hasta la muerte, hace que su decisión sorprenda todavía más.
Quizás hoy no es el día para hacer balance de su Pontificado, aunque revisar todo lo que se escribió sobre Benedicto XVI cuando fue elegido Papa en 2005 y ver hasta qué punto se han cumplido las previsiones provoca una sonrisa. El intransigente soldado de hierro se ha revelado como un personaje entrañable, tremendamente humano, y muchos que no dudaron en poner el grito en el cielo cuando fue elegido tampoco han dudado ahora en acusarle de haber cambiado durante su Pontificado, negándose así a reconocer lo errado de su juicio inicial.
Benedicto XVI ha roto con muchos tópicos o ideas preestablecidas. Consciente del eco que produciría, su decisión de renunciar habría que leerla también dentro de esta característica de su Pontificado. Benedicto XVI nunca ocultó sus pocos deseos de ser elegido Papa, y sólo su voluntad de servicio a la Iglesia le han llevado a entregarse hasta la extenuación durante estos casi ocho años; pero difícilmente podríamos encontrar en estos deseos la motivación de su decisión, que va mucho más allá de la de alguien agotado. Crea un precedente que, sin duda, marcará las decisiones de los que le sucederán en la Silla de San Pedro. Poniendo el acento en las funciones que se esperan de la Cabeza de la Iglesia: enseñar, santificar y gobernar (Catecismo de la Iglesia Católica, 888-896).
A la enseñanza y a la santificación se ha dedicado Benedicto XVI con humildad y dedicación, dejándonos un magisterio denso que, centrada la vista en Dios, lo presenta como esperanza, garantía de la libertad y la felicidad del hombre. Benedicto XVI no ha sido un Papa de transición, su Pontificado pasará a la historia por decisiones de enorme calado. La fuerza que le otorgaba unir la dignidad moral de su cargo con su autoridad intelectual indiscutida le ha permitido plantear con firmeza asuntos que muchos consideraban intocables. Su acercamiento a los representantes de otras religiones y su diálogo abierto con personas no creyentes son algunos de los ejemplos que, sin duda, dejarán huella.
Pero el Romano Pontífice no es sólo la voz autorizada de Dios en la Tierra, voz que durante estos ochos años se ha escuchado con contundencia, sino que ejerce también como responsable, el CEO de una institución tremendamente compleja que, según el Anuario Pontificio de 2012, cuenta con 5.104 Obispos, 412.236 sacerdotes, más de 750.000 religiosos y 1.196 millones de fieles. En este campo, tan ajeno a su trayectoria profesional, Benedicto XVI se ha encontrado con problemas terribles, que le han hecho sufrir. Los ha afrontado con determinación, por el camino de la persuasión, pero muchos de ellos siguen abiertos y requieren para su resolución energía y fuerza, algo que, a pesar de la ayuda de Dios, no abunda cuando se rondan los 86 años. Así, aunque parezca paradójico, con su dimisión Benedicto XVI pone, una vez más, su misión por encima de su propia voluntad.
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