Un camino insospechado hacia la democracia iliberal

Un camino insospechado hacia la democracia iliberal

Dic 15, 2019 | Artículos

No hay democracia sin constitución, sin una norma fundamental nacida de un pacto amplio en la que se marcan las bases del sistema y protegen la actuación de los actores políticos

Hace unas semanas, un día antes de la celebración de las elecciones generales, José Antonio Zarzalejos lanzaba desde estas páginas una advertencia: «En el caso de que tuvieran que celebrarse unas terceras elecciones serían de tipo constituyente, y significaría que el régimen y la Constitución de 1978 han fracasado«. Desde entonces la idea sobrevuela las negociaciones de gobierno, en las que participan partidos que cuestionan elementos esenciales de nuestra Constitución.

De la constatación de problemas políticos actuales como la falta de respuesta adecuada ante graves desafíos sociales e institucionales o la incapacidad de acuerdo de los principales líderes políticos, se pasa, sin solución de continuidad, a denunciar el supuesto fracaso del régimen del 78, ya sea por sus pecados de origen o por su rigidez, que le habría impedido adaptarse a los profundos cambios sociales de los últimos 40 años.

La idea sobrevuela las negociaciones de gobierno, en las que participan partidos que cuestionan elementos esenciales de nuestra Constitución

De ahí que a la advertencia inicial de Zarzalejos, ante la que se ofrecen distintas soluciones, se hayan comenzado a sumar voces que la asumen, no con miedo sino con esperanza, y reclaman el inicio de un periodo constituyente.

Una crisis global

El debate sobre las causas y las posibles soluciones se plantea en clave estrictamente local, como un problema español, pero es difícil contemplarlo como un escenario exclusivo de España. Por el contrario, la situación de nuestro país coincide en el tiempo con crisis profundas en otros países como Francia, Chile, Colombia, Ecuador, o Puerto Rico y amenazan con seguir extendiéndose por el mundo.

En los últimos tiempos todos ellos, aunque de maneras distintas, han sufrido crisis políticas de importancia y en todos los casos estas crisis han provocado movilizaciones ciudadanas eficaces, capaces de hacer que los gobiernos cedieran de algún modo a las demandas de la sociedad movilizada. La diferencia de esta situación con otras anteriores, además del alto porcentaje de éxito, es que en prácticamente todas ellas las reivindicaciones concretas han derivado hacia un cuestionamiento más amplio del funcionamiento del sistema político en general.

De las causas, medios y mechas…

En el apartado de las causas de estas crisis en todas podemos encontrar una común: la falta de funcionalidad del Estado para dar respuesta a las necesidades de la sociedad, con el consiguiente alejamiento entre élites y ciudadanos. Se trataría de una suerte de percepción generalizada de ruptura del pacto social, que se sufre en silencio hasta que, en lugares y momentos determinados, explota la contestación de una sociedad que es cada día más compleja y plural, más exigente, y en la que tienen mayor visibilidad tanto los errores como las alternativas, lo que vuelve aún más patente esta distancia entre gobernantes y gobernados.

Este cuestionamiento de fondo implicaría la existencia de una élite refractaria de la realidad e ignorante de las necesidades de los ciudadanos, centrada en maximizar su propio interés con el mantenimiento incólume de este sistema. Ante esta «ceguera», a la ruptura del pacto social seguiría la del pacto político. La sociedad movilizada prescindiría de las instituciones y de sus procedimientos, de cuya eficacia y equidad desconfían, para lograr por otros medios el objetivo buscado. Lo informal se impone a lo formal y se disputa en la calle lo que no se puede defender en las instituciones.

Entre las causas de estas crisis en todas podemos encontrar una común: la falta del Estado para dar respuesta a las necesidades de la sociedad

Por su parte, los medios también han cambiado. La tecnología ofrece posibilidades de organización inimaginables, reduce barreras, costes y tiempos, y permite no solo organizar en tiempo récord redes de protestas espontaneas sino, además consolidarlas y mantenerlas en el tiempo, aumentando su visibilidad (especialmente la internacional), y favoreciendo su crecimiento e impacto social.

En contextos así, en los que se produce una ruptura entre la política y la sociedad y en los que las tecnologías ofrecen un vehículo que materializa esa ruptura, la mecha que provoca la explosión social es casi lo de menos. Y aunque siempre hay grados, porque no son equiparables una subida de la tarifa del metro, con una reforma tributaria o un fraude electoral, que todas ellas hayan desembocado en movimientos similares nos da idea de lo accesorias que son estas mechas, siempre que se prendan en el lugar y el momento justo.

… a las consecuencias

Estas movilizaciones sociales reivindican no solo su tradicional capacidad de control político, sino su capacidad de decisión directa sobre asuntos específicos o tan generales como la reconfiguración del sistema. Se trata de un trayecto con tres paradas: la falta de funcionalidad del Estado, la ruptura del pacto social, recala en el cuestionamiento de la constitución nacional vigente, como un pacto político erróneo o inadecuado en un lugar y en un momento determinado, y acaba cuestionando las reglas básicas de convivencia democrática, el constitucionalismo sobre el que se ha venido construyendo la democracia moderna. Es la propia idea de Constitución la que se cuestiona, como si fuera contra la propia naturaleza de la moderna ciudadanía, la que se ejerce en la sociedad de la información y, en definitiva, contra el signo de los tiempos.

En nombre del principio mayoritario se plantea un nuevo modelo de democracia, «iliberal», en el que se ponen en cuestión principios básicos como que el principio democrático y el principio liberal deben ir siempre de la mano; que no puede existir democracia sin que exista una norma superior al resto de normas que haga real la separación de poderes; que la democracia no es posible cuando la sociedad puede decidirlo todo y sobre todo en cualquier momento; que no existe la democracia si el procedimiento para la toma de decisiones no reviste tanta o más importancia que la decisión misma; y que determinados cambios en las reglas de juego suponen un cambio del propio juego que requieren un consenso amplísimo. Estos principios básicos del constitucionalismo son los que se debilitan ante la tiranía de la mayoría que no entiende de límites, ni temas, ni procedimientos.

Nuestra Constitución fue fruto de una determinación colectiva de millones de ciudadanos que querían progreso, mirar a Europa y pensar en el futuro. Por eso, debemos defenderla contra viento y marea

El problema es que cuando se cuestionan estos principios básicos lo que en ocasiones se plantea no es tanto una reforma constitucional, ni siquiera el inicio de un proceso constituyente, sino que a veces se pretende ir más allá con el establecimiento de un sistema permanentemente en situación constituyente, un «Estado en construcción» en el que el propio concepto de Constitución, básicamente, perdería su sentido a manos del poder ciudadano, con el consiguiente debilitamiento progresivo de la democracia. Países como Cuba, Venezuela o Nicaragua ya han transitado este camino pero la democracia iliberal no es patrimonio de la izquierda bolivariana y hay otros gobiernos con ideologías contrapuestas que ya han comenzado su andadura por esta senda.

No hay democracia sin constitución, sin una norma fundamental nacida de un pacto amplio en la que se marcan las bases del sistema y los límites que hacen posible y protegen a todos los actores políticos en su actuación. Porque la democracia iliberal no es otra forma de democracia sino su final.

Publicado en El Confidencial

Libertad educativa: una enmienda al consenso constitucional

Libertad educativa: una enmienda al consenso constitucional

Nov 17, 2019 | Artículos

Hay que medir las palabras, o decir claramente que lo que se pretende es construir un nuevo consenso constitucional en materia de educación

“Los socialistas solo nos levantamos una vez de la mesa durante la discusión constitucional, y fue en el artículo 27”. Con estas palabras, pronunciadas meses antes de su muerte, Alfredo Pérez Rubalcaba, exministro de educación, recordaba los debates que dieron lugar a la configuración constitucional del derecho a la educación en España. Por eso, remachaba, “el 27 es de todos. Este es el consenso educativo”.

El consenso al que hacía referencia el político socialista se ha mantenido más o menos a salvo durante todos estos años. Sin embargo ahora que se ha puesto de moda cuestionar a las distintas opciones políticas por sus afinidades constitucionales unas declaraciones de la ministra de Educación lo ha puesto en riesgo al desvincular la libertad de enseñanza reconocida por la Constitución del derecho de los padres a elegir centro educativo y la educación religiosa que consideren oportuna para sus hijos. De un plumazo la ministra pone en cuestión el consenso constitucional que con tanto esfuerzo se mantenía desde 1978.

Como se puede comprobar en los diarios de sesiones este debate, que responde a una pregunta de fondo sobre ¿a quién le corresponde las decisiones principales en la labor compartida de educar: al Estado o a los padres?, pone de manifiesto hasta que punto la redacción final del artículo 27, el más largo y el más complejo de entre los que se refieren a derechos fundamentales en nuestra Carta Magna, fue el fruto del consenso, de las renuncias y cesiones de todos.

Un no-debate jurídico

De esta manera el derecho a la educación queda configurado, en palabras de Carlos Vidal, como “un derecho y una libertad fundamentales: el derecho a ser educado y la libertad de educar y de elegir la educación que se desea”. Un derecho de libertad con contenido prestacional, en el que, en opinión del que fuera vicepresidente del Tribunal Constitucional y Presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente “el derecho a la educación aparece más como un derecho de libertad que de prestación”.

De un plumazo la ministra pone en cuestión el consenso constitucional que con tanto esfuerzo se mantenía desde 1978

Así queda reflejado en la Constitución, en la que como es bien sabido, el art 27 además de proclamar el derecho de todos a la educación y reconocer la libertad de enseñanza, detalla sus manifestaciones concretas, que en lo que nos ocupa serían: el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (27.3), la libertad de creación de centros con ideario propio (27.6), la libertad de cátedra de los docentes (20.1.c) y el mandato a los poderes públicos para ayudar a los centros docentes que reúnan los requisitos establecidos por la ley (27.9).

Así lo viene recordando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 74/2018, STC 10/2014 o STC 133/2010) que coinciden en señalar como «la libertad de enseñanza (art. 27.1 CE) comprende a su vez la doble facultad de los padres de elegir el centro docente de sus hijos, que podrá ser de titularidad pública o privada, y de elegir la formación religiosa o moral que se ajuste a sus propias convicciones». De hecho el mismo Tribunal establece una conexicón directa entre la libertad de creación de centros educativos con ideario o carácter propio (sinónimos para el TC) y el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos y de ese derecho con el de las familias a la elección de escuela.

Responde a una pregunta de fondo. ¿A quién le corresponde las decisiones principales en la labor compartida de educar: al Estado o a los padres?

Así lo establecen también distintos mecanismos internacionales como el artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación para sus hijos. O el artículo 2 del protocolo adicional número 1 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950 que señala como “El Estado, (…), respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas”. O el artículo el art. 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el que los Estados parte, como España, “se comprometen a respetar la libertad de los padres (…) de escoger para sus hijos o pupilos de escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas”.

Pero es que incluso lo reconocen así las propias leyes socialistas de educación aprobadas desde 1978 que, o bien reconocen esta elección como un derecho de los padres (art. 4.b. LODE), o establecen la obligación de las administraciones públicas de garantizar la libertad de elección de centro por padres o tutores (art. 84.1 LOE) que la misma ley considera «como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la libertad de enseñanza». Todas las leyes educativas han garantizado y respetado, con más o menos fuerza, la posibilidad de que los centros docentes no estatales tuviesen ideario (art. 15 LOECE) o carácter propio (art. 22 LODE, art. 73 LOCE, art. 115 LOE), dentro del “proyecto educativo” de cada centro.

Un debate político

Si el debate constitucional ofrece pocas dudas, más dudas plantea el debate político en torno al modelo educativo. Un modelo que debe considerar aspectos como el coste que para las arcas públicas supone un centro público y uno de iniciativa social y los efectos directos e indirectos de la convivencia de ambos modelos en la calidad educativa. El gran debate gira en torno a la desigualdad que para algunos provocaría un modelo en el que coexistan con la educación pública, la educación privada y la concertada.

En este sentido se cuestiona la financiación pública de la enseñanza de iniciativa social, considerando este como un modelo subsidiario que se debería limitar a los casos en los que resulta imposible ofrecer educación pública. Para hacerlo se vincula la ayuda a la educación de iniciativa social a una oferta insuficiente de educación pública, convirtiendo la red pública en prioritaria, algo que por la vía de los hechos y dado el declive demográfico, pondría en peligro la existencia de la educación concertada en un breve periodo de años.

Si el debate constitucional ofrece pocas dudas, más dudas plantea el debate político en torno al modelo educativo

Por el contrario los defensores de un modelo de convivencia entre las tres modalidades de enseñanza propugnan, como hace la LOMCE, que a la valoración de la oferta existente se le añada la demanda social. Curiosamente este punto controvertido de hacer depender la financiación de la escuela concertada de la demanda social no fue objeto del recurso de inconstitucional que presentó el PSOE tras la aprobación de la ley -que fue desestimado en su totalidad por el Tribunal Constitucional.

Este debate de políticas públicas es clave para el futuro del país pero debe desarrollarse siempre dentro de los límites establecidos por la Constitución. Cuando el debate gira exclusivamente en torno a la igualdad, se obvia una parte importante del sentido constitucional que tiene la libertad de enseñanza. Como en el caso de la libertad de información, el derecho a la educación exige pluralidad de centros y el respaldo público a esta pluralidad. Así lo ha señalado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al destacar que el objeto de la libertad de elección es «proteger la posibilidad de un pluralismo educativo, esencial en la preservación de la “sociedad democrática”, tal como la concibe el Convenio».

Cuando el debate gira exclusivamente en torno a la igualdad, se obvia una parte importante del sentido constitucional que tiene la libertad de enseñanza

O por decirlo de manera más sencilla: la igualdad no puede esgrimirse como un límite a las libertades educativas, sino que es la libertad la que garantiza el pluralismo como principio constitucional imprescindible en cualquier sociedad democrática. De hecho, la propia sentencia del Tribunal Constitucional que la ministra ha mencionado esta semana (STC 5/1981, fundamento jurídico 7), recuerda que la libertad de creación de centros está limitada por el respeto debido a principios constitucionales como la igualdad, pero que estos, por sí solos, “no consagran derechos fundamentales”, igual que tampoco “cumplen una función meramente limitativa, sino de inspiración positiva”.

Y es que, cuando se habla de derechos fundamentales, hay que medir las palabras, o decir claramente que lo que se pretende es construir un nuevo consenso constitucional en materia de educación, una aspiración sin duda legítima, pero que quizás no llega en su mejor momento.

Publicado en El Confidencial

¿La culpa es de los gurús?

¿La culpa es de los gurús?

Oct 20, 2019 | Artículos

Cuando política y políticas se convierten en un mero instrumento de comunicación (y no al revés), la política se convierte en cuestión de forma

La reciente repetición de las elecciones y el papel asumido por los distintos partidos políticos ante la sentencia del Tribunal Supremo, ha desatado la busca y captura de culpables. Al preguntarnos cómo hemos llegado a esta situación, destaca una respuesta que plantea ambas circunstancias como el fruto de decisiones tacticistas que solo buscan el poder por el poder, centradas en las elecciones y no en las futuras generaciones, la lógica de Estado vencida por la lógica táctica que se personaliza en el consultor político. Y tanto se ha elevado el nivel de acusación que a menudo se les hace responsables de los males de la democracia.

Más allá del cruce de reproches despertado, la acusación no es una acusación gratuita y afecta de lleno a la propia naturaleza de la política contemporánea.

El gobierno del siglo XXI podría esquematizarse en la forma de un triángulo. En uno de sus ángulos se situaría la labor administrativa, el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas (policies); en otro, la articulación de intereses y la búsqueda de consensos (politics) y en el tercero, la comunicación, la capacidad de conocer y transmitir a los ciudadanos las labores realizadas para hacerles partícipes de esas políticas y lograr su apoyo. O lo que es lo mismo: la política entendida como taburete que se apoya en las políticas, la búsqueda de acuerdos y consensos para poder sacarlas adelante y la comunicación para hacerlas accesibles a la ciudadanía. Por eso, decir que se puede gobernar bien y comunicar mal, o viceversa, es una contradictio in terminis.

El gobierno del siglo XXI podría esquematizarse en la forma de un triángulo: en sus vértices están el diseño de políticas, la búsqueda de consensos y la comunicación.

Cuando la política es entendida solamente como comunicación y la comunicación entendida como la totalidad de la política, el taburete del gobierno se queda cojo e inestable. Se confunde tomar decisiones (algo que tiene una indudable proyección en la opinión pública) con plantearse cómo afectan estas a la ciudadanía. Y el consultor de comunicación se convierte en decisor, al que se pregunta qué hacer y no cómo hacerlo.

Quizás el problema tiene más que ver con el exceso de protagonismo de la comunicación. Cuando política y políticas se convierten en un mero instrumento de comunicación (y no al revés), la política se convierte en cuestión de forma. Así, no nos puede extrañar que el político sea sustituido por el consultor y que este, a su vez, se acostumbre a diseñar políticas y construir política como si no hubiera otro objetivo que el de obtener una opinión pública favorable. Sin embargo, cuando el asesor, olvidando un principio básico de la profesión, comete la irresponsabilidad de extralimitarse y acaba por sustituir al líder, el problema no está en el sustituto sino en el sustituido.

¿Maquiavelos o gurús?

No es de extrañar que hoy los asesores políticos se identifiquen fundamentalmente con los consultores de comunicación, dejando a un lado otros papeles que antaño tuvieron un papel político relevante como el de los intelectuales cercanos a los partidos (Jorge Semprún o Manuel Vázquez Montalbán) o los técnicos, que también cumplen una labor de asesoría política. No solo se han sustituido a estos asesores por comunicadores, sino que se han confundido también sus papeles (ambos imprescindibles y complementarios). Una buena muestra es ver cuantos consultores de comunicación asumen roles claramente políticos, como diputado, senador, consejero o jefe de gabinete, y sustituyen las lógicas de decisión dentro de los partidos (que en sus procedimientos internos siguen respondiendo a la lógica de la intermediación).

Las causas de esta confusión las analiza con acierto el que probablemente sea el mayor experto español en la figura y el trabajo de los consultores políticos, Toni Aira, en el último número de la revista de ACOP.

Por un lado, la identificación de la política con las elecciones, en torno al concepto de campaña permanente. Por otro, la necesidad de simplificar la realidad y dibujar la estrategia política como algo negativo, nacida del cálculo y la falsedad, con la que se pretende modificar los comportamientos de la ciudadanía. El consultor sería aquí el muñidor, el corruptor que quiere embaucar con su persuasión a la sociedad sin tener refrendo democrático alguno. Y por último, la competencia en el sector. España, además de tener un seleccionador nacional en cada español, tiene también un consultor político capaz de solucionar en dos tardes los problemas políticos más complicados.

Con el consultor elevado al papel de protagonista por encima del líder, puede atacar ese liderazgo atacando al consultor sin enfrentamientos abiertos

Este análisis arroja, sobre todo, una nueva deriva de la confrontación política. Con el consultor elevado al papel de protagonista por encima del líder, puede atacar ese liderazgo atacando al consultor sin enfrentamientos abiertos. Se extiende la fama de oscurantismo, el cálculo permanente con el que se los dibuja y se recalca el hecho de que nadie los ha votado, y se consigue erosionar el líder y a su liderazgo.

Más Veep que El ala oeste de la Casa Blanca

A esto hay que añadir la mística de la consultoría política que se viene construyendo en los últimos tiempos, fomentando el misterio de una profesión que se desarrolla en las bambalinas del poder. Cuando los consultores convierten su trabajo en escaparate para contratos futuros, se regodean en el poder que se les atribuye y alimentan la fama de magos, haciendo sus tácticas y trucos demasiado explícitos, “se hace visible aquello que debería ser invisible al servicio de una representación óptima del cliente”, muchas veces perpetrado reiteradamente por periodistas de cabecera a los que se les concede acceso y una versión en primera persona, obviamente interesada, de los acontecimientos.

También contribuyen a esta mística las numerosas series de televisión que ofrecen una visión de la política como un mundo autónomo y todopoderoso, en el que no existiera la casualidad, ni la improvisación, que suelen ser parte esencial de la historia.

El ala oeste de la Casa Blanca, en la que siempre con un café en la mano y de pasillo en pasillo, se resolvían crisis internacionales con dos llamadas, y el asesor siempre tenía todo previsto en una estrategia perfecta, ha ensombrecido la realidad de la política. La mística de la consultoría política muestra, siempre a posteriori, una profesión donde todos los escenarios están previstos, y donde hasta las casualidades más evidentes son fruto de ocultas maquinaciones. Como señala Aira, los consultores son, en el fondo, constructores de historias y no pueden resistirse a la tentación de escribir la suya propia, convirtiendo, la casualidad en causalidad. Quizá, la comedia Veep, en la que una desastrosa vicepresidenta de los Estados Unidos se ve envuelta en una permanente improvisación, se acerca más a la realidad.

Además, es necesario entender que, frente al aparente monopolio de los consultores, en política intervienen, además de los representantes electos y los partidos, infinitud de ‘stakeholders’ como patronales, sindicatos, organizaciones no gubernamentales… El comportamiento de cada uno de ellos, no solo el del consultor, y el hecho de que algunos de ellos hayan dejado en ocasiones de cumplir con su función original afecta al día a día de la política. No se puede atribuir toda la culpa, ni siquiera la mayor parte de la culpa a los consultores, hay que mirar también a los políticos que en ocasiones hacen suya la interpretación literal de Machado cuando dice que “en política solo triunfa quien pone la vela donde sopla el aire”, y asumen la realidad que les presentan los análisis como algo a lo que adaptarse y no sobre lo que intervenir.

Cuando los medios dibujan un terreno delimitado por la dictadura del click, el titular y el mensaje encapsulado, obligan a consultores y políticos a tratar de adaptarse

Igualmente, los periodistas, que con su trabajo dibujan el terreno en el que opera y se mueve la política, tienen su papel. Cuando los medios dibujan un terreno delimitado por la dictadura del click, el titular y el mensaje encapsulado, obligan a consultores y políticos a tratar de adaptarse para entrar en el terreno dibujado, o buscar terrenos de juego alternativos. Poner la información política al servicio de la anécdota, de la creación de mitos, de la exhibición de lo espectacular, en vez de en priorizar el contenido informativo y el análisis, obliga a todos los actores a adaptarse. Si los medios priorizaran la calidad informativa, el resto de actores políticos, incluidos los consultores, no tendría más remedio que adaptarse, pero no siempre lo hacen, aunque sigan reivindicando el monopolio de la influencia política.

Todos debemos hacer un esfuerzo por quitarnos importancia y devolver a la política lo que es suyo. Convertir al consultor en protagonista solo genera que los que no conocen el día a día de la política terminen pensando que, efectivamente son los consultores los que tienen el poder y nada más lejos de la realidad. La culpa es de los gurús, de todo tipo. Dejemos al consultor que asesore, al político que decida y al periodista que informe, y mejorará la política.

Publicado en El Confidencial

No es el relato, estúpido: España se mueve

No es el relato, estúpido: España se mueve

Oct 6, 2019 | Artículos

Los estrategas de campaña han empezado ya a mostrar sus cartas. Un primer vistazo indica que casi todos los partidos han apostado por España y el desbloqueo en sus campañas

Aunque a veces parezca lo contrario, en política no todo es «relato». A pesar de las noches de gloria que esta teoría ha dado a tertulianos y columnistas patrios, existen otras aproximaciones a la comunicación que tratan de explicar cómo y por qué la gente centra su atención en determinados aspectos de la realidad y no en otros, como la de la agenda ‘setting’, la triangulación o el ‘framing’. El uso conjunto de estas teorías, popularizadas por teóricos como McCombs y Shaw, consultores como Dick Morris o profesores de lingüística como George Lakoff nos ayudan a entender de una forma más completa las estrategias electorales de los partidos de cara a las próximas elecciones y a concluir que aquel partido que, a través de la selección de temas y el uso del lenguaje sea capaz de asentar su «marco» de referencias e introducirlo en la agenda de la campaña, será capaz de obtener un resultado electoral mejor.

Hay ejemplos como el de las elecciones que en 1992 llevaron a Bill Clinton a la Presidencia de los Estados Unidos, imponiéndose a un presidente Bush que, tras sus éxitos en la I Guerra del Golfo, parecía destinado a la revalidar su cargo. En esta elección, el consultor James Carville pintó en la pizarra del War Room una frase a la que se achaca el éxito: «Es la economía, estúpido», y así fue. O el de la victoria de George W. Bush en 2004, que logró convertirse en el padre protector de la seguridad de los norteamericanos. Economía, Clinton. Seguridad, Bush hijo. Ambos lograron poner sus temas en la agenda, y alineando temas y marco, ganar la batalla a sus contrincantes.

El consultor James Carville pintó en la pizarra del War Room una frase a la que se achaca el éxito: «Es la economía, estúpido», y así fue

En nuestro país vivimos algo parecido durante las últimas elecciones. La disputa estaba entre la ruptura de España, que denunciaba el centro derecha y la involución democrática, sobre la que alertaba la izquierda. La foto de Colón y el pacto de gobierno de Andalucía inclinaron la balanza hacia esta segunda opción, provocando una movilización altísima (77%), muy similar a la de 1996 (78%) y 2004 (77%) y solo superada por la participación de 1982 (80%). Si en Estados Unidos en el 92 fue la economía y en el 2004 la seguridad, en España, en 2019, fue el «trifachito», que según estimaciones de Andrés Medina a la luz del poselectoral del CIS, habría movilizado tres veces más votantes que el tema «Cataluña«.

Elegir el tema no basta, es necesario que los votantes perciban su importancia en el momento actual y, sobre todo, que el tema elegido refuerce el marco más favorable, lograr que la conversación política en los días de campaña se alinee con los principios y valores que el votante asocia con cada opción política. Existe el peligro que un tema de interés no logre convertirse en el centro del debate público o que, aun consiguiéndolo, no se sitúe en el marco de valores asociados con el partido y resulte increíble la asociación de ambos.

España se mueve para el PSOE y Ciudadanos

Los estrategas de campaña han empezado ya a mostrar sus cartas. Un primer vistazo a lo sucedido esta semana parece indicar que ante la inminencia de la sentencia del Tribunal Supremo y la imposibilidad de formar gobierno, casi todos los partidos hayan apostado por España y el desbloqueo como temas de campaña.

El PSOE se lo juega todo a la estabilidad en tiempo de crisis. Su primer mensaje, que cuelga de la fachada de Ferraz, habla de «Ahora Gobierno, ahora España» que, unido a las intervenciones públicas de su candidato, parece dibujar ya un marco en el que el concepto clave sea el de la estabilidad. El partido del presidente del Gobierno se lanza así, en un «plagio» evidente a la estrategia del PP en 2016, a crear ese marco de estabilidad, de serenidad y continuidad que ofrece siempre el partido que está en el poder, pero lo hace poniendo el acento en lo territorial. La utilización de palabras como ‘España’, ‘Gobierno’ y ‘Ahora’ priorizan, dentro de ese mismo marco conceptual, los grandes temas de la campaña: la formación de gobierno y la estabilidad territorial frente a otros tipos de estabilidad, como la posible crisis económica que algunos analistas ya dicen que se nos avecina.

O dicho de otro modo: los estrategas socialistas creen que esta vez sí, y no como en las anteriores, Cataluña, por la sentencia del ‘procés’ y las reacciones que despierte, marcará la agenda electoral y Sánchez en un ejercicio de triangulación de manual es, de entre todos los candidatos, el único que tiene a su disposición las herramientas y los símbolos para personificar el Gobierno. Que haya sido un presidente en acercamiento permanente a los separatistas no les preocupa ni a los estrategas ni al propio candidato. El presidente confía en la mala memoria de la sociedad y, sumergido en un presente continuo, proclama el Ahora como si no hubiera ni ayer ni mañana.

Es un «plagio» evidente a la estrategia del PP en 2016, a crear un marco de estabilidad y serenidad que ofrece siempre el partido que está en el poder

Está por ver si la elección de un tema que no se asocia de manera natural con el «marco socialista» produce efectos y si la apuesta por la gobernabilidad logra superar la percepción de la opinión pública, que culpa mayoritariamente al PSOE de la repetición de las elecciones. Además, las posibilidades de formar gobierno que señala el liderazgo en las encuestas tampoco son tan claras y la dificultad de sentar en la misma mesa a Pablo Iglesias e Iñigo Errejón, algo que sería imprescindible a la luz de estas mismas encuestas, enturbian la visualización del soñado gobierno progresista.

A diferencia del PSOE, o del PP, que cuentan de inicio con una base del electorado considerable, Ciudadanos tiene que salir a cada elección a ganar de nuevo a su electorado, como si nunca le hubieran votado. Ahora, parece que esta tendencia se recrudece porque, tras todo lo vivido en estos meses, todas las encuestas indican que es el partido más castigado por la repetición electoral. Los estrategas naranjas parecen asumir que la presencia de Cataluña en la agenda y ofrecerse como la pieza clave para el desbloqueo, «España en marcha», junto a la habilidad de su líder en los debates, pueden ser elementos suficientes para intentar la remontada. En este caso también marco y tema irían de la mano, al menos en el caso de Cataluña, pero los reiterados cambios de posición en su política de alianzas pueden tener un límite y afectar a la credibilidad de Rivera, quizás de forma definitiva.

Entre el Gobierno y España

En el plano de los que apuestan solo por uno de estos dos pilares estarían Vox, Unidas Podemos y Más País.

Vox también se suma a la tendencia de introducir España en su eslogan de campaña con su España Siempre. Aunque la alineación entre tema y marco es indudable, corre el peligro de los que se dejan llevar por las circunstancias y no son capaces de dejar pasar la oportunidad de un «zasca», confiando en que la bandera siga siendo un motivo suficiente para mantener la mayor parte de su electorado de abril.

Por Unidas Podemos parece no haber pasado el tiempo, ni la negociación, y dejando un lado el eje de España se presenta como la única garantía de un gobierno progresista, apostando porque los suyos no quieren tanto formar parte de un gobierno, como que este se sitúe en la izquierda, sin dependencias de partidos como Ciudadanos o el PP. Desbloqueo por la izquierda y con muchas condiciones, que tras el anuncio de Rivera se introducirá con fuerza en la agenda pero que puede resultar poco creíble tras lo sucedido estos últimos meses en la negociación, y la entrada de Errejón en el escenario, que para muchos aleja, más que acercar, las posibilidades de un pacto.

Más País también ha hecho del desbloqueo su palanca de voto. El partido de Errejón, que ha hecho del gobierno progresista su razón de ser, además trata de aprovechar el descontento para hacer de la forma, propuesta y ofertar una forma diferente de hacer las cosas (sin hacer excesivo énfasis en una agenda de políticas públicas en las que resultaría difícil encontrar diferencias con Unidas Podemos y el PSOE).

El PP va por libre

El PP, por su parte, que no ha hecho público su lema de campaña, de momento es el partido más alejado de los temas mencionados de Cataluña y desbloqueo. El partido de Casado parece querer disputar también el concepto de estabilidad, aunque en su caso sea estabilidad económica. Y tras una primera etapa llamando a la unión de los partidos de la derecha, opone al PSOE y a las ventajas que le ofrece estar en el gobierno, su experiencia de gestión y su historial de éxitos económicos, reconocidos de forma general por la sociedad española. En este caso, marco y tema van de la mano. La dificultad está en que logren imponerse en la agenda de la campaña, y la sombra de la crisis vaya a ser capaz de imponerse al ruido que sin duda provocará la sentencia del 1-O.

La agenda de los ciudadanos

En resumen, podemos apreciar una apuesta generalizada por las ideas de España y el movimiento. El problema está en que ninguno de los dos depende totalmente de los que han elegido estos temas como claves y ambos dependen fundamentalmente de la reacción de terceros. Además, y esto es lo más importante, los partidos por mucho que se esfuercen no siempre logran imponer su marco, y en ocasiones la realidad se impone en forma de acontecimiento imprevisto o de clamor popular. Y esta vez el sentir de los ciudadanos, a la luz de los últimos barómetros del CIS publicados, oscila entre el hartazgo y el que se vayan todos, y este estado de ánimo suele deparar enormes sorpresas.

Publicado en El Confidencial

Honestidad brutal

Honestidad brutal

Sep 22, 2019 | Artículos, Transparencia y Gobierno Abierto

La verdadera transparencia no trata de ocultar el contenido de las negociaciones, sino de evitar que con motivo de su exposición, acabe por alterar este contenido

La democracia se sostiene en la creencia de que el diálogo es la mejor forma de adoptar decisiones, y que cuando estas son fruto de la negociación se acercan más al interés general que cuando se adoptan de manera unilateral y se imponen a los demás por cualquier vía. No es de extrañar que, en consecuencia, la falsedad sea el enemigo público número uno de la democracia, sobre todo cuando, en determinados ambientes, no hay nada más eficaz que un “sinceramente” para activar todos los detectores de mentiras.

En este contexto, desde hace un tiempo se viene asumiendo que no hay nada mejor que exponer al público las actuaciones de nuestros líderes políticos, para garantizar que sus acciones se orienten siempre al interés público. De esta manera se abre paso una concepción cuantitativa de la transparencia, una transparencia radical, que vincula proporcionalmente su calidad con el volumen de información ofrecida. A esto hay que añadir el tiempo; un segundo elemento que a la necesidad de exponer públicamente sus acciones añade la de hacerlo en directo, en tiempo real y sin retraso de ningún tipo.

En la mayoría de los casos este nuevo ‘reality’ político solo tuvo el capítulo piloto, sin ir a más

En 2015, la tendencia alcanzó su cenit cuando, en una mezcla de buenismo e ingenuidad, se empezó a anunciar que las negociaciones para la formación de gobiernos se realizarían frente a las cámaras y en rigurosísimo directo. Podemos y el PSOE en Extremadura, Zaragoza en Común, Somos Alcalá o Sí se puede Valladolid aseguraron que, para que quedará constancia, grabarían todas sus reuniones con los grupos políticos y las subirían a internet. En la mayoría de los casos este nuevo ‘reality’ político solo tuvo un capítulo, capítulo piloto, sin ir a más. Sólo cuando se cerraron las puertas y continuaron las reuniones, se lograron pactos, un final feliz para los partidos. Es sintomático que de aquellas reuniones grabadas hoy no quede ni rastro y que en este 2019, cuando ha habido que sentarse de nuevo en torno a una mesa para negociar nuevos gobiernos, se haya hecho sin rastro del streaming.

Sin embargo no han cesado las coberturas en tiempo real, con minuto y resultado, que al pretender convertir lo anecdótico en categoría terminan ofreciendo un contenido que no difiere mucho del ofrecido en la cobertura de «la boda del siglo» de cada año: qué llevaban puesto los invitados, por dónde accedieron al local, la hora exacta o el menú degustado, o temas con mucho más interés político como si usan Telegram o Whatsapp, quiénes son los negociadores en la sombra, o si la comisión es o no paritaria. La información queda sepultada entre millones de datos y anécdotas. Hay sitio para la distracción, para el misterio, la intriga, la sorpresa… Mientras que las preguntas verdaderamente importantes quedan sin responder. Sobra transparencia y falta política.

El selfie contra la política

La transparencia en tiempo real se convierte en postureo. Un selfie permanente en el escenario político, donde el objetivo buscado queda en un segundo plano, superado por la prioridad de que conste en acta. La negociación deja de ser un medio y se convierte en un fin en sí mismo. Y en consecuencia, se adoptan posiciones para la foto, independientemente de que puedan alejar o acercar el acuerdo. Hacen como aquellos que prefieren ir cambiando el decorado en lugar de viajar, convencidos de que así pueden viajar sin salir de casa. El problema es que, como estos turistas de cartón piedra, entre selfie y selfie nuestros líderes dejan de lado el fin de la política.

Llega hasta tal punto la distancia entre la negociación y su representación que las instituciones dejan de ser el lugar donde se adoptan las decisiones políticas para convertirse en el escenario donde esa decisión se hace pública. No en vano algunos órganos, a los que la ley ha sometido a esta transparencia radical haciendo obligatoria la publicidad de las deliberaciones entre sus miembros, han adoptado la costumbre de reunirse previamente a la sesión pública para adoptar su decisión, que luego escenifican ante las cámaras.

La transparencia en tiempo real se convierte en postureo. Un selfie permanente donde el objetivo buscado queda en un segundo plano

La negociación se vuelve puro espectáculo. Se convierte el diálogo, que debería ser un ejercicio fundamentalmente racional, en una actividad puramente emocional, en una especie de pulso narrativo en el que se buscan giros; una reacción destemplada o una decisión a destiempo que consiga debilitar la posición del adversario frente al público. Así no es de extrañar que en esta sucesión de monólogos las ofertas se hagan cara a la galería, antes de llegar siquiera al otro lado de la mesa, poniendo de manifiesto quién es el auténtico destinatario, y cuál el verdadero objetivo.

La negociación se vuelve pura táctica, más de zasca que de acuerdos, y la competencia se impone a la cooperación. Se sustituye la colaboración por la batalla, y en lugar de buscar objetivos compartidos, la negociación busca debilitar la posición del otro para poder imponer la posición propia. Se cumple indefectible la fórmula mágica por la que, a mayor cantidad de ruido, menor posibilidad de acuerdo.

Las redes sociales se convierten en el escenario ideal para este espectáculo. En ellas se puede reaccionar en tiempo real, exponer impresiones, llamar la atención a la vista de todos, para disfrute del estimado público. No es de extrañar que alguno de los líderes políticos de antaño haya advertido que si hubiera existido twitter no habría salido adelante nunca la Transición.

La negociación se vuelve pura táctica, más de zasca que de acuerdos, y la competencia se impone a la cooperación

La verdadera transparencia, la que puede ayudar a consolidar la democracia, no trata de ocultar el contenido de las conversaciones, sino de evitar que con motivo de su exposición, acabe por alterar este contenido. Para lograrlo, lo imprescindible es hacer público el acuerdo, una vez adoptado, para que los ciudadanos puedan conocer todos sus extremos y evaluar su cumplimiento.

No se trata de demonizar la transparencia pero tampoco de convertir una concepción radical de la misma, que no es compartida por todos, en el criterio más importante para valorar el estado de nuestra democracia. Si bien es cierto que “la luz del sol es el mejor desinfectante” estamos descubriendo que el panóptico de Bentham en el que todo está a la vista es el camino más directo a la parálisis política. Y en último término y como advertía Byun-Chul Han, «el final de los secretos sería el final de la política«.

Publicado en El Confidencial