Hace unos días se aprobó la Iniciativa Ciudadana Europea, herramienta destinada a permitir a un millón de europeos presentar propuestas legislativas. La ICE nació en el Tratado de Lisboa como muestra de la apertura democrática de las Instituciones de la Unión. Desde ese momento se presentó como algo propio de la democracia participativa generando todo tipo de expectativas ciudadanas que se han ido quedando por el camino de su aprobación, al ponerse de manifiesto que lejos de dar participación a los ciudadanos en las decisiones de la Unión la ICE no es más que una herramienta de democracia representativa que les permite dar ideas a través de un procedimiento formalizado.
Un grupo de ciudadanos puede presentar una propuesta legislativa europea bien fundada (compatible con los Tratados y sin exceder las competencias de la Unión): una vez presentada tendrán un año para recoger en al menos siete países miembros un millón de firmas de apoyo. Si lograran su objetivo, la propuesta comenzaría su proceso legislativo habitual en las instituciones de la UE (permitiendo a los promotores su defensa en audiencia pública), pudiendo ser aprobada, enmendada o rechazada.
Cualquiera que ha intentado recoger firmas alguna vez sabe que se trata de algo poco eficaz, más allá del impacto mediático, y que puede generar desilusión pero, sobre todo, un proceso complicado, lento y costoso, más propicio para grupos organizados que para ciudadanos comprometidos. Sólo queda una pequeña esperanza: el soporte que proporcionará la Comisión para la recogida electrónica de firmas. Si se acierta en su desarrollo los ciudadanos podrán competir con los grupos organizados, lo complicado puede volverse sencillo, lo lento rapidísimo y lo costoso baratísimo.
Algo tiene el estado de alarma para que casi la mitad de la opinión pública española esté a favor de su renovación y el principal partido de la oposición, que planteó dudas sobre su constitucionalidad, se haya abstenido en la votación en el Congreso. Y eso a pesar de que se incumplieron las causas para su declaración, según el artículo 4.c que rige su aplicación.
En lo referente a su renovación, la Ley Orgánica es cristalina en su artículo primero: la declaración del estado de alarma procede «cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios». Su duración «será en cualquier caso la estrictamente indispensable para asegurar el restablecimiento de la normalidad».
El debate jurídico es un no debate: el jueves la normalidad ya estaba restablecida y renovar el estado de alarma de manera preventiva, aun con amenaza, va en contra de la legislación vigente. ¿Podemos hacer depender el mantenimiento del estado de alarma del final feliz de las negociaciones, y del consiguiente fin de la amenaza?
Es cierto que el estado de alarma ni se nota, ni traspasa a la sociedad, y que incluso en estado de alarma se vive mejor. Pero la falta de respeto a la legislación vigente, aunque sea para alcanzar el bien común, siempre pasa factura.
No es la primera vez que asistimos a un comportamiento así, que va desgastando irremisiblemente a las instituciones: prescindir de informes prescriptivos del Consejo General del Poder Judicial, pasarse al Consejo de Estado por el arco del triunfo, anunciar que se aprobará por medio de leyes lo que ha sido declarado inconstitucional…
No se trata de calcular los daños, ni bromear pensando que mientras el Gobierno duerme tranquilo, resguardado en el artículo 116.5, que impide convocar elecciones, las consecuencias son mucho más graves de lo que pudieran parecer. No hay nada peor para la imagen de España que un Gobierno instalado en el «como sea», que un Estado en el que la seguridad jurídica depende del grado de cabreo de la población.
Los Europarlamentarios parecen emocionados y no han ahorrado en declaraciones de euforia que no responden a la naturaleza de la herramienta, tras haber pasado por los distintos filtros:
Alain Lamassoure (PPE, Francia) «hoy la Unión Europea se abre a la democracia participativa. Los ciudadanos tendrán a partir de ahora el mismo derecho a la iniciativa política que el Parlamento y el Consejo. Ahora son los ciudadanos los que tienen que actuar».
Zita Gurmai (S&D, Hungría) declaró que «la iniciativa ciudadana es una oportunidad única. Por primera vez, los ciudadanos pueden unirse y decirnos si estamos haciendo bien nuestro trabajo».
Desde su salida de la Comisión el Parlamento ha introducido una serie de modificaciones con las que no puedo estar más de acuerdo: – Establece el modelo español por el que la admisibilidad de una iniciativa se decidirá en el momento del registro, no en un momento intermedio, después de que se hayan reunido 300.000 firmas, esto sin duda generará mucho más trabajo a la Comisión pero ahorrará muchas frustraciones a los ciudadanos.
– Se reduce el número de Estados necesario para presentar una iniciativa, requisito que se une al de millón de firmas. Si inicialmente la propuesta exigía un tercio de países (actualmente nueve), el Reglamento aprobado baja el umbral hasta una cuarta parte.
– Se incluye además otra de nuestras propuestas, garantizando la defensa de la iniciativa en audiencia pública a todas las que alcancen la cifra mágica. Algo que la legislación española no permite, y que en una sociedad mediática como la que vivimos, reduce aún más la eficacia de esta herramienta.
– Por último los europarlamentarios han logrado un mayor compromiso de la Comisión, que inicialmente pretendía delegar todo el trabajo administrativo en los países miembros, y que ahora ofrecerá a los ciudadanos «una guía completa de fácil utilización, un punto de contacto y un soporte gratuito para la recogida de firmas de forma electrónica». Habrá que ver la extensión del punto de contacto, que debería incluir asesoramiento jurídico, imprescindible para asegurar la admisibilidad de las propuestas, pero el soporte gratuito para la recogida de firmas, que defendimos en nuestra propuesta, es un gran logro que puede marcar la diferencia, entre una herramientas costosa y casi imposible, a una herramienta que se incorpore de manera natural en el día a día de las instituciones europeas. Habrá que estar atentos.
Acusar de buenrollismo a la guía de redes sociales de GenCat no es quizás el mejor comienzo para trata de establecer una discusión académica sobre la materia, pero lo voy a intentar.
Jordi Graells, decano del uso de las redes sociales en la administración española y responsable de la misma, me pide una aclaración/rectificación pública, sobre unas palabras mías en una mesa redonda sobre Participación y gobierno abierto, celebrada el pasado miércoles en Ficod, con la presencia de @SebasMuriel, @mariagv, @Netoraton @RecioManolo @saleiva y @adrianballester.
En algún momento de la mesa redonda me metí en un tema espinoso que ha generado cierta polémica al acusar de buenrollismo al uso que algunas administraciones hacen del 2.0. Por un lado están los que niegan la mayor y afirman que los que lo criticamos lo hacemos por envidia, literalmente porque «llegamos tarde o no lo sabemos hacer». Reconozco que es difícil rebatir esos argumentos y sólo cabe acudir a los datos, que son tozudos en insistir en el mal uso que un buen número de las administraciones públicas en España hacen de las herramientas 2.0. Estos críticos señalan con razón que el buenrollismo es medio y no fin, algo con lo que no puedo estar más de acuerdo, el problema es que el ser no se identifica siempre con el deber ser, y hoy en día son muchas las veces que la administración no pasa del medio, no llega nunca a su fin… lo que no termino de entender es por qué algunos, sin razón, se dieron por aludidos.
Más complicado es el caso de la guía de redes sociales de la GenCat. Se trata de una guía modélica, tanto que muchas veces la hemos usado como ejemplo para las marcas comerciales con las que trabajamos en dogcomunicación, fruto de un trabajo serio y riguroso y, esta es la mejor demostración, que ha provocado el uso más estratégico, profesional e inteligente de las herramientas 2.0 en la administración española. Quizás esta fue la introducción que faltó en mis palabras de FICOD, pero no es algo nuevo, lo he escrito ya en sendos capítulos de dos libros colectivos, uno que está a punto de ver la luz en la Universidad de Valencia, y otro que se encuentra en elaboración y publicará en Washington el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora viene mi discrepancia, más intelectual que práctica, y que se base en un par de Principios de los que la guía recoge en su introducción (págs. 6 y 7):
«…participamos en la conversación de igual a igual. Cuando participemos en las redes sociales, debemos tener presentes que nos encontramos en un terreno propio de la ciudadanía y aquí cada usuario tiene su opinión,… tan sólo compartir, escuchar y conversar con la ciudadanía en su propio espacio».
Se que se trata de un tema complejo, y que no se resuelve con una referencia confusa en una mesa redonda, pero no tengo claro que la administración tenga que conversar con los ciudadanos «de igual a igual», quizás esto sea aplicable a los políticos, pero no a la administración, cuya labor en un gobierno abierto pasa por establecer las estructuras de diálogo y participación, mediar en las mismas, liderar en último término, y eso requiere de una potestas, que sólo tiene la administración. La administración puede mejorar mucho con el diálogo con los ciudadanos, pero teniendo claro qué es lo que puede aportar al mismo, estableciendo los marcos de ese diálogo, proporcionando información real, datos que están en su poder, reivindicando su auctoritas frente a la opinión. Sino los procesos informativos y los participativos pueden convertirse en una inmensa maraña de la que resultará dificil extraer beneficios para mejorar el gobierno.
Lo de que las redes sociales sean el «terreno de la ciudadanía» tampoco me termina de convencer, por lo mismo que he señalado anteriormente. En mi opinión estamos hablando de canales de comunicación neutros que pueden usar por igual ciudadanía y administración, de un punto de encuentro entre ambas, no de un terreno ajeno a la administración. Un lugar donde la administración puede hablar como tal, como administración, sin necesidad de disfrazarse de ciudadano, sólo así podrá dar satisfacción a las necesidades de los ciudadanos que quieren que la administración sea la administración, que hable con autoridad de las materias que le competen, que informe con transparencia y certeza de lo que interesa a cada ciudadano (y aquí las redes sociales ofrecen oportunidades que aun no podemos ni imaginar), que de respuesta personalizada a las preguntas del ciudadano… pero para eso no debe abandonar su condición, ni su apariencia de administración.
Eso me lleva directamente al tema menos relacionado con el buenrrollismo, pero que es realmente el que más dudas me provoca:
«Participación en iniciativas ciudadanas, como si fueran propias, además de fomentar la participación del resto de la ciudadanía».
Por un lado tengo la impresión que este punto se opone en cierta medida a aquel en el que establecía las redes sociales como espacio propio de la ciudadanía y recomendaba prudencia a la administración. Si más arriba manifesté mi desacuerdo con este punto, considero las redes sociales como lugar de encuentro en el que unos y otros pueden desempeñar su labor, en el campo de las iniciativas ciudadanas no podría estar más en desacuerdo. Considero el espacio social, no las redes sociales, como el lugar donde la sociedad se desarrolla al margen de la administración, y en nuestro país hemos visto como el excesivo apoyo de la administración acaba provocando el agostamiento de la sociedad, o la conversión de la sociedad en el brazo armado de la administración. De ahí que considere las iniciativas ciudadanas como un espacio propio de la sociedad, del que la administración debería pertenecer al margen. En la práctica además esto generaría un problema de gestión de imposible solución, cuando la administración se viera obligado a tomar posición entre iniciativas opuestas de origen ciudadano.
Espero haber respondido a la solicitud de Jordi Graells, creo que descontextualice una realidad compleja, dando lugar a un malentendido por el que pido perdón y que he tratado de aclarar. Creo también que discrepamos en algún punto, mínimo, sobre cual debe ser el lugar que las administraciones deben ocupar en las redes sociales, pero creo que la discrepancia es requisitio indispensable para el mutuo enriquecimiento intelectual y me encantaría seguir hablando sobre el tema.
Tengo mi Firefox a punto de estallar. Llevo meses dejando temas para el blog entre sus pestañas y raro es el día que no proteste, con paros temporales, interrupciones inoportunas y la amenaza continua de cerrarse para no abrirse más.
Voy a intentar solucionarlo, poco a poco, durante este mes, y para empezar me gustaría compartir esta entrevista con Tim O’Reilly (@TimOreilly) en CBS donde explica de manera clara que es el gobierno 2.0.
En la misma línea este interesante artículo aparecido en El Pais y que consigue resumir de manera clara y precisa qué es el open data y, sobre todo, cuales son sus aplicaciones para la gente de la calle. Me hubiera gustado que profundizará un poco más en el tema de hasta qué punto puede considerarse un derecho pero probablemente no era el sitio.
Pero, más allá, de las explicaciones, la semana pasada asistimos a una situación que pone de manifiesto la necesidad de ir más allá del discurso teórico y la «evangelización» para ir definiendo el modelo. Es habitual en las conferencias norteamericanas sobre el tema oír hablar de que la transparencia se encuentra en fase experimental. Como señala esta nota:
The flood of documents on Wikileaks highlighted transparency’s limits: the fact that, despite all the talk about government openness, there are some things that the government absolutely doesn’t want the general public to be able to access, and which if leaked have been considered verboten by traditional journalistic outlets out of national security concerns.
No son sólo problemas de privacidad, frente a los que el open data debería empezar a ofrecer respuestas que vayan más allá de la inmolación de los derechos individuales en el altar del bien común. El fenómeno wikileaks, que ha desvelado una cantidad ingente de información secreta sobre la guerra de Afganistan poniendo de manifiesto que para ser una misión de paz está resultando bastante violenta y que los «daños colaterales» no son patrimonio exclusivo de las guerras de Bush, pone sobre la mesa el debate sobre los límites del open data, o hasta que punto un gobierno abierto, para servir mejor a sus ciudadanos, tiene que ser 100% transparente.
La Presidencia española ha hecho todo lo posible por sacarla adelante en tiempo record, y me consta que no ha reparado en los esfuerzos con tal de lograr su aprobación antes del 1 de julio pero no ha sido posible… Finalmente el Grupo de trabajo y el COREPER han cerrado un acuerdo que pasará al Parlamento, donde mucho me temo que se volverá a abrir el debate, casi desde los inicios (es lo que tiene la política)… Quizás el escollo final para llegar a un acuerdo ha sido el doble filtro, de registro y admisibilidad. Finalmente se ha llegado a un acuerdo por el que tras la entrega de 100.000 firmas la Comisión tendrá que declarar sobre la competencia y me temo que también sobre la conveniencia para la Unión para regular sobre la iniciativa.
Creo que las reticencias de los países van en la línea de los costes económicos y administrativos que les va a suponer la iniciativa, especialmente en la labor de verificar las firmas y evitar dobles firmas. Como ya hemos comentado en otros post, esto sólo podría arreglarse con un sistema centralizado en la Comisión, que facilitara las traducciones, asesoramiento técnico a los promotores, y centralizara las firmas a través de una solución tecnológica común, absolutamente posible con los medios actuales, pero la Comisión no parece muy dispuesta y ofrece apoyo informal a Estados y promotores…
Los Estados Miembros se han mostrado por lo general favorables aunque por el desarrollo de las negociaciones creo que el Reino Unido y la República Checa podrían dar problemas si las cosas siguen como están,pero ellos no serán el principal escollo. A la Presidencia Belga, que no estará en su mejor momento, le va a tocar una intensa negociación con el Parlamento, esperemos que consigan llevarla a buen puerto.
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