Tras nuevas revelaciones de cómo la red social fue utilizada en el año 2016 para influir en las elecciones, hoy Mark Zuckerberg ha anunciado las nuevas medidas que la compañía ha adoptado de cara a las elecciones presidenciales norteamericanas de 2020.
Las medidas se suman a las ya existentes para las elecciones en general (reforzadas durante las elecciones al Parlamento Europeo) y a las específicas anunciadas en octubre de 2019, que buscaban evitar bots, proteger las cuentas de los implicados frente a posibles hackeos, aumentar la transparencia de las páginas (mostrando el nombre de su propietario), etiquetar los medios públicos de comunicación (en las páginas y en la contratación de publicidad), y facilitando las consultas sobre el gasto en publicidad de los candidatos. Añadir etiquetas de fact-checking y prohibir publicidad que promueva la abstención.
Además de reforzar algunas de estas políticas como el refuerzo de las cuentas de los implicados, o la identificación y eliminación de grupos o perfiles falsos o que promuevan la violencia, entre las nuevas medidas anunciadas la más destacada es sin duda la prohibición de contratar nueva publicidad durante la última semana de campaña. No se trata de una jornada de reflexión ampliada, ya que «Los anunciantes podrán seguir publicando anuncios que comenzaron a publicar antes de la última semana y ajustar la segmentación de esos anuncios» si no de un margen de tiempo que, según la compañía, permita al resto plantear reclamaciones frente a falsedades o ataques injustificados y permita también que a través de la información que ofrece ya la biblioteca de anuncios » cualquiera, incluidos los verificadores de datos y periodistas, pueda escrutarlos.»
Otras incluyen la colaboración con las autoridades electorales estatales (ya que en Estados Unidos la legislación electoral depende de cada Estado) para «identificar y eliminar» las publicaciones o la publicidad que incluyan «falsas reclamaciones sobre las condiciones de votación».
La limitación para facebook messenger de reenvíos de mensajes que ya habían establecido para whatssapp, limitando «el número de chats a los que puedes enviar un mensaje al mismo tiempo».
Además, se compromete a reforzar medidas frente a la abstención, evitando información falsa que desincentive el voto, tanto respecto a los mecanismos de votación como a las amenazas que utilicen el Covid para desincentivar la participación.
Por último, incluye un conjunto de medidas relacionadas con el recuento, para evitar publicaciones que aprovechen las dificultades del mismo para deslegitimar el resultado, o el sistema electoral. En esta linea utilizarán la información oficial para ayudar «a la gente a entender que no hay nada ilegítimo en no tener resultados en la noche de las elecciones.», etiquetando como no oficial aquellas publicaciones que declaren la victoria antes de ser oficial y redireccionando hacia la información oficial. En esta línea etiquetarán también aquellas publicaciones que persigan » deslegitimar el resultado de la elección o debatir la legitimidad de los métodos de voto», y ofrecerá información oficial sobre la legitimidad de los mismos.
Se trata de un conjunto de medidas ambiciosas, que plantean una serie de dudas. La primera y la más evidente es la de la legitimidad de una compañía privada para establecer limitaciones que afectan de manera clara a la libertad de expresión y a la participación política (vinculada estrechamente a la libertad de expresión, especialmente en campaña electoral). Como ocurría ya con otras medidas ya en vigor el afán por proteger la legitimidad democrática puede silenciar el intercambio de información esencial para una campaña electoral y acallar denuncias legítimas, y amparadas en estos derechos fundamentales. Como señalaba Alex Howard con ironía: «El Chairman de la Comisión Electoral de Facebook anuncia nuevas reglas para la elección (…) y avisa que espera un resultado ajustado».
La medida de impedir la contratación de anuncios durante la última semana resulta innovadora y es una solución (quizás un poco amplia en el tiempo) para evitar uno de los problemas más difíciles de resolver: la capacidad de reacción eficaz en un canal de comunicación que necesita minutos (a veces segundos) para extender un mensaje, sin dejar tiempo para reaccionar. El problema que se plantea es qué ocurrirá en esa semana con las publicaciones (no pagadas) a través de las que se puede lograr una difusión similar, recogiendo, por ejemplo, spots televisivos o creando piezas publicitarias para difundir de manera orgánica. Esta decisión no resuelve otros problemas de la publicidad política (de ahí que twitter prohibiera este tipo de publicidad) como el uso del microtargeting político (algo que Google está tratando de limitar) que para muchos es la verdadera amenaza.
PS. Una anécdota, en la traducción «oficial» (ofrecida por Facebook) del post de su fundador hay dos erratas que llaman la atención: «Estamos ampliando nuestras políticas de represión de votantes», al referirse a su política de suprimir información falsa que desincentive el voto. Y «proporcionará información autoritaria básica sobre la integridad de los métodos electorales y de votación.» donde debería decir información autorizada.
España es uno de los países fundadores de la Comisión de Venecia, que hoy lucha contra el populismo y el neoautoritarismo.
Cuando en 1989 cayó el Muro de Berlín los Estados que llevaban décadas al otro lado necesitaban instrumentos que cubrieran el vacío institucional que seguía al derrumbe de los regímenes comunistas. Una de las necesidades más urgentes e importantes era establecer ordenamientos jurídicos sólidos para sostener sus transiciones a la democracia, sobre los valores democráticos y constitucionales. Comenzaba así su andadura, en el seno del Consejo de Europa y de la mano del jurista italiano Antonio La Pergola, la Comisión para la Democracia a través del Derecho.
La Comisión de Venecia ha contribuido a la creación de un sistema de reglas y principios jurídicos transnacionales en países que aspiran a compartir un patrimonio constitucional común
La conocida como Comisión de Venecia fue protagonista de la tercera ola del constitucionalismo europeo, que venía a asumir el legado de las dos anteriores (finales los años cuarenta: Italia y Alemania; y años setenta: Grecia, Portugal y España): constituciones normativas y rígidas, el Estado de Derecho, la soberanía popular y la democracia representativa, el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales, el pluralismo político y la libertad religiosa, la separación de poderes, la independencia judicial, la instauración de Tribunales Constitucionales y cláusulas de apertura e integración en organizaciones supranacionales, particularmente la Unión Europea.
Pronto se revelaría como un instrumento clave para la creación de estándares internacionales para la tutela y promoción de los derechos humanos, la democracia constitucional, la separación de poderes y la justicia constitucional. La Comisión de Venecia ha contribuido a la creación de un sistema de reglas y principios jurídicos transnacionales en países que aspiran a compartir un patrimonio constitucional común.
Hoy goza de prestigio internacional como institución comprometida con la promoción de los valores y principios democráticos, que brinda su apoyo a instituciones nacionales e internacionales que lo requieran. Su labor se extiende mucho más allá de las realidades políticas que propiciaron su origen y responde a nuevas amenazas que, lejos de desaparecer, encuentran a día de hoy, en contextos populistas y neoautoritarios, nuevas manifestaciones.
Sus opiniones e informes, que no son vinculantes, se han hecho un hueco en la consideración y aprecio por parte de instituciones políticas y jurídicas, y de este modo se han convertido en referencia imprescindible ante reformas constitucionales y legislativas, así como apoyo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y otros tribunales estatales.
Sus opiniones e informes, que no son vinculantes, se han hecho un hueco en la consideración y aprecio por parte de instituciones políticas y jurídicas, y de este modo se han convertido en referencia imprescindible ante reformas constitucionales y legislativas, así como apoyo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y otros tribunales estatales.
Sus opiniones e informes, no vinculantes, se han convertido en referencia imprescindible ante reformas constitucionales y legislativas, así como apoyo al TEDH
Su labor se concentra en asesorar la elaboración de constituciones, reformas constitucionales o la tarea legislativa de los países miembros, en la actualidad sesenta y dos, que incluye también a Estados de Norte e Iberoamérica, África del Norte y Asia Central y del Este, así como de otros países que solicitan asistencia. Para hacerlo busca el equilibrio entre particularidad y universalidad y también lleva a cabo la sistematización de buenas prácticas de los Estados en relación con sus temas centrales. Así, ha emitido códigos de buenas prácticas en materia electoral o de referéndum, los principios referentes a la institución del Defensor del Pueblo o los criterios de verificación sobre el Estado de Derecho o sobre la oposición parlamentaria en las democracias.
Sus opiniones e informes, que no son vinculantes, se han hecho un hueco en la consideración y aprecio por parte de instituciones políticas y jurídicas, y de este modo se han convertido en referencia imprescindible ante reformas constitucionales y legislativas, así como apoyo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y otros tribunales estatales.
España ha estado presente desde los orígenes de la Comisión ya que fue uno de los dieciocho Estados fundadores y desde entonces ha contribuido ininterrumpidamente, a través de sus miembros, en los trabajos de la misma. Con la expansión de las actividades de la Comisión a Iberoamérica, ha adquirido mayor protagonismo con la participación en las opiniones sobre la Asamblea constituyente en Venezuela o la limitación de mandatos presidenciales y otros cargos electivos. Desde un punto de vista doctrinal, la Comisión de Venecia tiene cada vez mayor influencia entre nosotros. Sus opiniones e informes empiezan a ser de obligada referencia cuando se trata de abordar cuestiones complejas como son los poderes de ejecución del Tribunal Constitucional o los límites que la Constitución impone a la celebración de referéndums.
Se pone así de manifiesto la aportación de la Comisión al patrimonio constitucional común que une a todos los Estados democráticos y que justifica su creciente influencia en instituciones internacionales: las actuaciones de la Comisión Europea para frenar los nuevos populismos en Hungría y Polonia se fundamentan en las opiniones de la Comisión de Venecia sobre los retrocesos del Estado de Derecho en ambos países. Asimismo, más de cien sentencias del TEDH utilizan sus informes.
La Comisión de Venecia tiene por delante seguir afianzando y expandiendo los valores que están en el corazón del Consejo de Europa: la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales, como viene haciendo desde su fundación en 1990 hasta el día de hoy, bajo la presidencia de Gianni Buquicchio. En esta tarea seguirá teniendo a España, miembro activo del Consejo de Europa y de la comunidad iberoamericana, como partícipe dispuesto y leal.
Josep María Castellà, Paloma Biglino y Rafael Rubio son miembros por España de la Comisión de Venecia
Para la oposición, demonizar a Pablo Iglesias y los suyos es la principal estrategia para devaluar al Gobierno de coalición ante el votante moderado
El proceso judicial del caso Calvente sigue su curso en el tiempo, pero la guerra política tiene su propia agenda y las hostilidades se han abierto con gran agresividad
José Miguel Contreras | Eva Baroja
A Podemos le esperan unas semanas infernales. Están acostumbrados. Una vez más, se ha convertido en la diana de los ataques del frente político mediático de la derecha española. Tienen ante sí un proceso judicial que seguirá su curso durante las próximas semanas. Sin embargo, el combate político, centrado en el territorio de la comunicación, vive ya una lucha encarnizada. La máxima presión la tiene Pablo Iglesias, que debe estudiar con detalle cada uno de sus movimientos. Lo que van a hacer sus rivales es fácilmente imaginable: irán a tope, con todas sus armas y todos sus recursos en su contra.
Podemos vuelve a estar en el centro de la polémica en los medios de comunicación. La decisión del juez José Manuel Escalonilla de imputar al partido y a alguno de sus dirigentes en la causa por financiación irregular ha desencadenado un intenso temporal político. A medida que se han ido conociendo los detalles de la declaración del exabogado de la formación, José Manuel Calvente, el proceso parece haber perdido solidez jurídica. Hasta el momento, todo se basa en rumores, comentarios o elucubraciones. Pese a todo, la investigación judicial parece que puede alargarse aún varias semanas.
Hasta los hechos son ahora discutibles
Una ley no escrita del funcionamiento de la confrontación política, en los tiempos actuales, especifica en su primer artículo que los hechos confirmados son siempre abiertamente discutibles. La cumbre de este principio la estableció la asesora de Trump, Kellyanne Conway, cuando en enero de 2017 declaró que ellos valoraban no los hechos contrastados por los medios, sino otros “hechos alternativos” que no necesitaban demostración, ni confirmación alguna. Era su realidad. Un segundo apartado de esa ley no escrita declara, por si quedara alguna duda, que en caso de que unos hechos no estén totalmente confirmados, sea cual sea su grado de verosimilitud, son obligatoriamente rebatibles, según los intereses de cada partido.
En los procedimientos judiciales, se parte de la percepción de un magistrado de que hay indicios que animan a investigar unos hechos por si fueran constitutivos de algún delito. La ambigüedad no tiene espacio en la guerra. En cualquier causa, basta una imputación para que los rivales políticos sólo estén dispuestos a discutir sobre la condena que se debe aplicar. Los afectados, lógicamente, suelen refugiarse en la falta de unas pruebas contrastadas y condenables.
En una sociedad plural y democrática, lo lógico es que los medios de comunicación fueran el filtro capaz de distinguir cuándo los indicios de comisión de un delito son abrumadores y cuándo la falta de pruebas concluyentes aconseja la máxima mesura en vaticinar una sentencia condenatoria. En la actualidad, como tantas veces se ha denunciado, muchos de los medios más importantes juegan desde su trinchera un papel frentista que da poca oportunidad a la ecuanimidad.
Los principales dirigentes de Podemos son conscientes de la trascendental importancia que la comunicación juega en el ejercicio de la política y conocen bien sus reglas de funcionamiento. Hace apenas unos días, la Tocata y Fuga del Emérito les había abierto una magnífica posibilidad para abrirse un hueco propio en el debate público. Venían de varias semanas de problemas derivados del caso Dina. Para Podemos, la abierta defensa del republicanismo le permitía colocarse en un espacio libre de competencia respecto a los principales partidos nacionales. Es un debate que les viene bien. Sin embargo, el juez Escalonilla ha cambiado la agenda de la noche a la mañana.
¿Dar la cara o esconderse?
En términos de comunicación política, las imputaciones judiciales son siempre incómodas de manejar. Suele existir una doble tendencia natural contrapuesta. Por un lado, parece aconsejable salir con firmeza a dar la cara ante la opinión pública en defensa de la inocencia. Sin embargo, si esta exposición no se mide bien, puede beneficiar a los contrincantes que tendrán la oportunidad de contraponer sus opiniones y de alargar indefinidamente un debate que se centra en poner en duda la honorabilidad o la culpabilidad de alguien. La otra posible estrategia suele ser la de desaparecer por completo y negarse a servir de leña para que el fuego se reavive. El gran problema de esta jugada es fácilmente interpretable como una huida culpable. La primera reacción de un delincuente es correr antes de que le atrapen. Como ejemplo reciente, cabe señalar la mala impresión que ha dado el exmonarca con su marcha con nocturnidad y alevosía. No ha hecho más que perjudicar su ya deteriorada imagen pública.
La experiencia en este tipo de situaciones aconseja una medida mezcla de ambas estrategias. Resulta indispensable salir públicamente para dar la versión de los hechos. El ideal es que esas explicaciones vayan acompañadas de alguna acción que aporte credibilidad a las palabras. De esta forma, se puede conseguir recuperar la iniciativa política y ayudar a que los medios se centren en las nuevas iniciativas presentadas dejando atrás la fase anterior. Tampoco parece aconsejable prodigarse en exceso. Siempre se corre el riesgo de cometer algún error o de facilitar ataques inesperados.
Desde la perspectiva de la prensa, siempre se tendía a pensar que cuando un acusado o imputado daba la cara públicamente sin barreras ni condiciones, era síntoma de inocencia. Por el contrario, cuando alguien se escondía, el movimiento se interpretaba como claro indicio de culpabilidad. Desde hace años, este juego ha dejado de tener sentido alguno. Muchos culpables han intentado ganarse la confianza pública realizando grandes ejercicios de exposición mediática y, posteriormente, demostrarse que no era más que el último capítulo de su actividad delictiva. En la política actual, nadie se fía ya de nadie.
Acciones de comunicación política de Podemos
En este caso, Podemos ha tomado cinco medidas de manual:
1/ Han movilizado a sus seguidores en defensa de su inocencia. A la vez, significativos portavoces como Rafa Mayoral, Juan Carlos Monedero o Alberto Rodríguez han realizado declaraciones públicas ante los medios.
2/ Han presentado recursos judiciales como prueba de su disconformidad con la evolución del procedimiento.
3/ Han salido en tromba a intentar desmontar los testimonios del principal testigo en su contra hasta ahora, José Manuel Calvente.
4/ Han intentado crear un dique de contención de la crisis que no afecte a su presencia en el Gobierno. Los ministros de Podemos no han comparecido públicamente para evitar contaminar su presencia en el Ejecutivo con los problemas del partido.
5/ Pablo Iglesias se ha mantenido al margen hasta donde ha sido posible. Únicamente, ha dado la cara a través de Twitter con declaraciones muy rotundas, pero se ha negado a comparecer públicamente como vicepresidente del Gobierno.
Así lo ve el profesor de Comunicación Política en la UPF Barcelona School of Management, Toni Aira: “Es un error sacar a los principales líderes porque le daría más fuerza a la polémica, pero sí que están obligados por coherencia a salir. No les quedaba otra porque han sido el martillo de herejes de la corrupción durante años y los primeros en meter el dedo en la llaga a PP, PSOE o CiU”.
La derecha desea que Iglesias aparezca
La oposición política y mediática quería y buscaba otro escenario. Para la derecha, el objetivo clave es conseguir que Pablo Iglesias sea el que cargue con el protagonismo en esta crisis. Van a intentar como sea confrontar con él, retarle a que dé la cara acusándole de esconderse como culpable. Lógicamente, el objetivo es evidente, hacerle salir al escenario mediático para poder concentrar en él todos los ataques.
De forma casi unánime, los portavoces conservadores recurren a criticar la posición victimista de Podemos, recordando que cada vez que se conoce públicamente alguna actuación criticable se refugian en considerar que son “respuestas de las cloacas”. El profesor de la Universidad Complutense Rafa Rubio se muestra crítico con esta recurrente reacción de Podemos: “Este caso les desgasta como partido porque toca al corazón de su mensaje político que siempre ha sido la renovación, la regeneración y el cambio”. Sus mensajes han estado centrados en tres principales ideas: estamos sometidos a un ataque permanente, no tenemos apoyo mediático y la imputación no es más que otra falsedad para desacreditarnos.
La utilidad de este tipo de acción política es, como siempre, discutible. Quizá la idea más extendida es que se trata de una táctica defensiva dirigida fundamentalmente a buscar reforzarse entre los propios seguidores. Para Rafa Rubio, este tipo de movimiento “solo suele funcionar con los propios votantes que son quienes están verdaderamente dispuestos a reforzar sus creencias”. Para Toni Aira, siempre les ha funcionado bien, pero esta vez la estrategia presenta contradicciones: “Fue un buen refugio cuando querían diferenciarse del resto de partidos, porque te singulariza y ayuda a enmarcar la idea del ellos y el nosotros, la casta y el pueblo, pero ahora suena demasiado forzado porque forman parte del Gobierno de España”. Además, en Podemos, según ambos expertos, cada vez se observa una mayor utilización de recursos que les homologan a los partidos clásicos y a sus dinámicas, como intentar desacreditar a la fuente de acusación y “ver a los jueces como una extensión de la derecha”.
PP y Vox necesitan a Podemos en su estrategia
Podemos y Pablo Iglesias son absolutamente indispensables en la actualidad para la estrategia de PP y Vox. En otras épocas, la derecha jugaba a ignorarles para dejarles fuera del juego político. Hoy son la base de su acción. Se trata de identificar al máximo a Podemos y a Pablo Iglesias como la mayor amenaza a la estabilidad democrática del país. El paso siguiente es el de vincular al PSOE y a Pedro Sánchez como copartícipes de ese riesgo. Es el peligro que Cayetana Álvarez de Toledo identificaba este fin de semana como un “Pedro Sánchez podemizado”, en su entrevista con Javier Casqueiro en El País. El fin último es el de atemorizar a los votantes moderados que en la actualidad apoyan al PSOE y desequilibran la balanza electoral hacia la izquierda.
Toni Aira tiene claro que “el PP aprovecha que el Pisuerga de Podemos pasa por Valladolid, que es La Moncloa, porque su objetivo sigue siendo presentarse como la alternativa al PSOE y demostrar que el bipartidismo no ha muerto”. Rafa Rubio aporta otra perspectiva al asunto. A su juicio, los populares deben tener cuidado con centrarse excesivamente en atacar a Pablo Iglesias y los suyos porque considera que no deben olvidar que “de poco sirve desgastar a Podemos si eso hace grande al PSOE, que es su verdadero rival en las urnas”.
Reforzar el voto frente al enemigo
El ataque incesante a Podemos, desde la derecha, tiene una segunda derivada no menos significativa. Además de intentar desgastar al actual Gobierno, sirve para reforzar su propio electorado. El discurso anti-Podemos representa extraordinariamente un elemento motivador y de agitación del voto de la derecha. Según Rafa Rubio, “todo lo que genera Vox en la izquierda, lo genera Podemos en la derecha. Hay una parte de la opinión pública de la derecha que considera a Podemos un enemigo de la democracia y ante ese peligro, la reacción es inmediata”.
Rubio pone como ejemplo las campañas electorales del Partido Popular en 2015 y 2016: “Todas las referencias, mensajes políticos y piezas publicitarias estaban centradas en el miedo a que Podemos llegase al poder”. Para Toni Aira, “esto es fruto de la simplificación de los discursos políticos. Hoy en día, si como partido tienes un antagonista, tienes un tesoro. Si no entusiasmas demasiado a tus votantes, solo con decir que eres lo opuesto a algo que para tu público es lo peor, te ahorras mucho trabajo”.
La curiosa trampa del lenguaje
Esta confrontación directa tiene un curioso terreno de estudio en este caso: el lenguaje. Para el PP, su caída en la moción de censura tras la sentencia de la Gürtel fue un suceso que nunca ha terminado de superar. Ahora, la imputación de Podemos, le ha permitido hacer suyo todo el vocabulario que formó parte de su vía crucis: caja B, financiación irregular, sobresueldos, obras de remodelación de la sede, etc.
Estos días, hemos visto a los portavoces populares Pablo Montesinos y Andrea Levy centrar sus intervenciones en el uso y abuso de esta terminología, como si ambos hechos, la Gürtel y el caso Calvente fueran comparables. Así lo ve Rafa Rubio: “Que el PP diga que Podemos tiene una caja Bse justifica por el efecto de revancha generado por la moción de censura. Quieren asimilar ambos casos y aprovechar la imputación para pedir que se les mida con el mismo rasero”.
En busca de Pedro Sánchez
En todas las comparecencias públicas de los portavoces del PP, han insistido en extender la responsabilidad de la imputación a Pedro Sánchez y pedir que cese inmediatamente a Iglesias. Por su parte, el Gobierno de coalición ha resaltado la desvinculación de PSOE del escándalo. Pedro Sánchez y los líderes socialistas han decidido abstenerse de tomar posiciones en este conflicto.
Seguramente, los dirigentes de Podemos están de acuerdo en que se mantengan al margen de la polémica. Si criticaran a Podemos, se abriría, lógicamente, una crisis en el espíritu solidario de la coalición. Si apoyaran notoriamente a sus socios, no harían más que servir de prueba visible de lo que Álvarez de Toledo defiende: la podemización de Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno sólo se ha visto obligado a pronunciarse sobre el asunto, el pasado jueves, tras el encuentro en Palma de Mallorca con Felipe VI. En la rueda de prensa posterior, eludió comentar la imputación de sus socios y marcó distancias defendiendo la independencia de la justicia: “Máximo respeto hacia la labor de los jueces”. Y ahí se quedó
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