El buen funcionamiento de cualquier democracia parlamentaria depende del flujo eficiente y multidireccional de la información.
Sin la información, la democracia en cualquiera de sus formas no podría existir. Pero si hay una institución democrática vinculada directamente a la comunicación es el Parlamento, “continuación y mera expresión institucional de la opinión pública” (De Vega, 1980). La información está en el ADN de las instituciones parlamentarias: los ciudadanos necesitan tener información antes de tomar la decisión sobre quién los representará; los representantes necesitan información para adoptar sus decisiones, información documental y, sobre todo, información real. Ciudadanos y grupos organizados pueden convertirse en una de sus fuentes principales.
Desde sus inicios, el Parlamento viene vinculado con el principio de publicidad. Su ejercicio permite romper la separación entre representados y representantes, mejorar la educación política de los ciudadanos y facilitar el control social frente a la arbitrariedad y la corrupción. La pregunta principal, por tanto, es cómo el Parlamento puede realizar hoy el principio de publicidad, esencial para el ejercicio de sus funciones.
Los parlamentos son cada día más sensibles a la importancia de la comunicación con los ciudadanos como soporte de su legitimidad. Nacidos como reflejo de la opinión pública, su adaptación a la evolución de ésta no forma parte sólo de un deseo loable de modernización sino que resulta absolutamente necesaria para conservar su papel clave en el sistema democrático, especialmente cuando las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han multiplicado exponencialmente la circulación de información y la capacidad de comunicación en tiempo real, suponiendo una verdadera revolución de las relaciones humanas.
De ahí que la apertura del Parlamento a las modificaciones que se producen en la comunicación, y cómo estas afectan a la forma de configurarse la opinión pública, se desarrollen no sólo en el ámbito de la introducción de nuevas herramientas sino que requieran una reflexión más amplia sobre el papel que el Parlamento está llamado a desempeñar en la sociedad red.
Los sitios web y las redes sociales se han convertido en los canales más utilizados por los ciudadanos para acceder al conocimiento, tanto inmediato como profundo, de la labor parlamentaria. Además, se están convirtiendo en el canal por antonomasia a través del cual los parlamentarios pueden comunicarse directamente con los ciudadanos y mejorar la comprensión del público acerca de la función y las responsabilidades del Parlamento.
En este sentido, las TIC ofrecen una serie de elementos que permiten que el Parlamento siga desarrollando con eficacia las funciones que le corresponden dentro del sistema democrático. De una forma u otra, éstas afectan al contenido de su comunicación y sus posibilidades de personalización, el peso del diálogo, las posibilidades de escucha, etc., de su gestión depende, en gran medida, que el Parlamento siga siendo espejo de la opinión pública, y no una isla, cada vez más alejada de la realidad.
Contenido
Para mantener una relación estable con los ciudadanos, el Parlamento necesita dar a conocer su labor. En esta labor de difusión, no basta con el anuncio y la reproducción integra de lo que ocurre en las Cámaras, labor que desarrolla desde hace siglos el diario de sesiones. Frente a lo que pudiera parecer, esta visión limita mucho la labor comunicativa de las cámaras, que se reduciría a ser fuente para los medios de comunicación o grupos de interesados y archivo para los que en el futuro quieran consultar. Esta labor podría servir a efectos de cumplir con el fin de control social, pero difícilmente permite cumplir con otros fines, igual de esenciales, como el acercamiento representantes-representados y la educación ciudadana.
Paradójicamente, a pesar de que las webs parlamentarias han puesto a disposición de la sociedad más información que nunca (lo que para algunos debería solucionar el problema), la preocupación por la política aumenta y la educación política de la gente sigue siendo escasa. Ni una cosa ni la otra se consiguen por la acumulación de información. Asomarse a las webs parlamentarias garantiza encontrarse con gran cantidad de información sobre los procedimientos (especialmente los legislativos), información amontonada, contradictoria, pero con escaso atractivo y de la que resulta muy difícil obtener una idea precisa de la situación.
De ahí que sea necesario añadir a la labor de acumulación y ordenación de la información otra, mucho más compleja y necesaria, de filtro, selección y edición de la misma. Esto supone convertir los temas en el eje, sabiendo que los ciudadanos piensan en clave de temas y no de procedimientos parlamentarios, y en función de los mismos -habitualmente concretados en palabras claves- orientan sus búsquedas, sus suscripciones informativas, etc.
Además de comunicar en torno a los temas, las Cámaras deberían ser capaces de priorizar en función, no de la fecha de entrada en el registro o de su defensa en el pleno, sino del interés de la materia para la ciudadanía. Esto requiere, muchas veces, reelaborar la información, interpretarla, contextualizarla, editarla utilizando un vocabulario más cercano, o preparar, por ejemplo, resúmenes institucionales de las intervenciones o de lo más destacado de los temas.
En la misma línea de articular la comunicación en torno a los temas y no a los procedimientos ni a las instituciones, sería conveniente articular mecanismos de comunicación interinstitucional donde las TIC juegan un papel insustituible. La mentalidad de los ciudadanos, cuando de relacionarse con la política se trata, no responde a la estructura de la separación de poderes y tiende a ver las instituciones democráticas como un todo. De ahí la importancia del trabajo conjunto y la necesidad de retroalimentarse para que los ciudadanos puedan tener referentes únicos o al menos coherentes. Por eso debe existir una conexión directa entre la información de las webs del gobierno y las del Parlamento, al igual que entre el Congreso y el Senado, ya que para los ciudadanos no es fácil distinguir entre una y otra, y la web puede ser una buena forma de ofrecer información conjunta. Para lograrlo, aspectos como la interoperabilidad de los datos, el uso de herramientas comunes, o la coordinación de información (formato, terminología…) serían de gran utilidad.
Los tiempos son esenciales a la hora de generar contenidos capaces de atraer la atención de los ciudadanos. En el ecosistema informativo de Internet, el tiempo de respuesta ya no lo marca el periódico del día siguiente ni la próxima emisión del telediario; los tiempos en los que los ciudadanos demandan la información son prácticamente inmediatos. Salir un minuto antes o después puede ser determinante para el recorrido y el eco de la información. Ese manejo de los tiempos determina, junto al valor del contenido, la capacidad de la institución de ser considerada como referente informativo. A esto hay que añadir otro elemento, que aunque lo parezca, no resulta contradictorio, la permanencia en el tiempo. Internet permite mantener un sistema de archivo de información, fácilmente accesible en cualquier momento para todos, aunque haya pasado mucho tiempo, y que aporta valor a las funciones parlamentarias.
La página web se ha convertido en la memoria de la institución, de ahí que no tenga sentido que el tiempo de algunos contenidos de las webs parlamentarias vengan marcados por los cambios de legislatura, algo que no entra ni en el enfoque temático ni en el enfoque institucional del que venimos hablando. El control debe extenderse más allá de la legislatura, ofreciendo un contexto más amplio que, en un mundo de información fragmentada y poca memoria, en ocasiones, es lo único que permite acercarse a la realidad de las cosas.
Personalización
Uno de los elementos que caracterizan la nueva comunicación es su posibilidad de personalización. Las TIC permiten ofrecer información bajo demanda y ajustada a las necesidades de públicos distintos, algo que resulta valiosísimo en casos como el de los parlamentos, que cuentan con público heterogéneo.
Hasta el momento, los parlamentos han ofrecido información interesante para aquellos que ya estaban interesados pero no han acertado al tratar de llegar a los que no lo están. De ahí que resulte imprescindible determinar bien los públicos potenciales y ofrecer a cada uno de ellos servicios de valor que respondan a sus intereses y necesidades. Más allá de experiencias puntuales como las páginas infantiles, los parlamentos deben distinguir de manera clara su oferta para el personal de la cámara (funcionarios, parlamentarios y staff de los grupos), aquella para los que trabajan alrededor del Parlamento y están familiarizados con la institución, sus miembros y procedimientos (periodistas, lobistas, académicos…), y su oferta para los ciudadanos.
Es en estos últimos donde hay más trabajo por hacer. Las webs parlamentarias siguen siendo webs de y para expertos, dejando de lado a los que deberían ser sus protagonistas, los ciudadanos. Ciudadanos de clase media (tecnológicamente hablando) para los que la tecnología pasa desapercibida, valorando sólo si puede encontrar de manera sencilla aquello que están buscando. Ciudadanos que quieren involucrarse en política, con las reglas con las que se involucran en otras actividades, sin solemnidades ni tiempos especiales para ello, pero que no se sienten atraídos por las páginas de los partidos, más cercanas a la propaganda que a la información, y buscan referencias institucionales comprensibles y atractivas.
En este objetivo, la inclusión de formatos diversos, que vayan más allá del texto, como audios, infografías, videos…, y la integración de estos formatos multimedia, a través de trascripciones o conversión en sonido de los textos (y viceversa), están ayudando a ampliar la llegada y el efecto de la información parlamentaria. La facilidad de personalizar la suscripción a contenidos, la adaptación del lenguaje técnico y la generación de contenidos acordes a los intereses de grupos concretos también servirán a este objetivo. Descentralizar la gestión de determinados espacios dentro de las webs parlamentarias y facilitar la redistribución de información (a través de formatos fácilmente reutilizables) mejoraría también la personalización de la información.
Escucha y diálogo
En un momento en el que la propia naturaleza de la comunicación pasa por la conversación, el diálogo se convierte en una obligación tanto para los parlamentos como para sus miembros. Como señalaba de Vega (85), “la representación burguesa no sería otra cosa que la traducción a nivel político y parlamentario de la opinión pública burguesa concebida como producto de la discusión entre particulares en el seno de la sociedad”.
De ahí que la escucha y el diálogo no sólo sean imprescindibles para comunicar eficazmente y llegar a un público amplio sino que forman parte natural de la esencia parlamentaria. El Parlamento redescubre así otra de sus funciones, al poder convertirse en un espacio público en el que puede producirse verdadero diálogo, lejos del ruido constante propio de los debates entre políticos y su reflejo en los medios de comunicación.
Es preciso participar en la conversación, tanto en la que se produce en las plataformas institucionales (web, blogs o perfiles sociales) en las que es necesario ir más allá de la actualización del perfil institucional, como en espacios públicos en el que se desarrollan conversaciones que afectan a la institución. Para esto no basta con estar, o proporcionar la plataforma técnica para el espacio público de debate, y esperar que la gente participe a su buen entender.
Promover el diálogo pasa por adoptar un papel activo, iniciar conversaciones sobre temas específicos (vinculados con la agenda parlamentaria), alimentar cada uno de esos espacios con información específica y relevante; invitar a personas que puedan ofrecer información de interés, tanto parlamentarios como asesores y técnicos; velar por que se respete el tema de la conversación y protegerlo frente a intervenciones más propagandísticas que se unen al coro repitiendo argumentos como el eco que retumba, imposibilitando el verdadero diálogo.
Esta conducta, fruto de la voluntad de los partidos políticos de tomar cualquier espacio social existente, genera auténticas batallas campales online entre soldados virtuales, con frecuencia anónimos o incluso falsos, verdaderos zombies online. Esto aumenta los peligros de polarización, que afecta de forma clara a la orientación de los contenidos y las reacciones que estas pueden generar, ignorando que la información en democracia es material altamente sensible y las consecuencias de su manipulación pueden ser demoledoras (Sunstein, 2003). De ahí que los Parlamentos tengan que desarrollar una serie de labores para mantener el carácter constructivo, al menos en los espacios de diálogo. No es tarea fácil. Requiere protocolos claros (al modo de las guías de redes sociales que empiezan a utilizarse en las administraciones públicas), perfiles propios y preparación específica del personal, una preparación que vaya más allá de lo tecnológico.
Gracias al diálogo, las TIC pueden utilizarse también para mejorar procesos de elaboración compartida de políticas públicas. Junto al acceso a la información las nuevas tecnologías facilitan la apertura de canales de participación ciudadana a través de los que el ciudadano puede ser parte “activa en la toma de las decisiones que se tomen por y para su gobierno” (Ramírez Nardiz, 2011). No se trata de generar apariencia de participación, ni de prometer a los ciudadanos un papel decisorio que no les corresponde en el diseño actual de la democracia, se trata de implementar procedimientos útiles, que permitan a los ciudadanos la participación efectiva, ofreciendo espacios de deliberación democrática de carácter público, abiertos, donde la identificación individual y personal se convierta en requisito indispensable, y dónde los ciudadanos puedan llevar a cabo discusiones razonadas, en condiciones de igualdad, que serán trasladadas a la sede parlamentaria (Cebrián, 2012).
Las TIC ofrecen nuevas oportunidades y plantean nuevos retos a la comunicación parlamentaria. Gracias a las mismas es posible contar con un canal de comunicación interactiva y multidireccional entre representados y representantes que puede aumentar la capacidad de información y comunicación en ambos sentidos, facilitando sus posibilidades de intervenir en el diseño y la implementación de las políticas públicas. De esta manera, los parlamentos tienen la oportunidad de reivindicar su contribución determinante a la legitimación del sistema democrático. Esto requiere garantizar la calidad de la información que proporciona el Parlamento en sus distintos canales que deberá ser actualizada, relevante, adaptada a los distintos usuarios (en lenguaje, canal, formato y contenido), accesible y organizada.
Referencias
Cebrián Zazurca, E. (2012) Deliberación en Internet. Fundación Manuel Giménez Abad, Zaragoza.
Ramírez Nardiz, A. (2011) Democracia participativa. Tirant lo Blanch, Valencia.
Sunstein, C. (2003) República.com. Internet, democracia y libertad. Paidós, Barcelona.
Vega García, P. de. (1980), en Aparicio, M. Á. (coord.), Parlamento y sociedad civil. Universidad de Barcelona, Barcelona.
Vega García, P. De. (1985) “El principio de publicidad parlamentaria y su proyección constitucional”, en Revista de Estudios Políticos, núm. 43, pp. 45-65
Desde tiempo inmemorial los hombres han participado en la vida política. Los ciudadanos han buscado siempre la manera de defender sus intereses ante el poder y esto hace que la profesión de lobista compita con otras como una de las profesiones más antigua del mundo.
Según el Oxford English Dictionary habría que esperar hasta 1640 para que esta antigua profesión recibiera su nombre y se empezara a hablar de los ‘lobbies’ para referirse a los pasillos de la Casa de los Comunes, donde los ciudadanos podían ir para hablar con sus representantes. A comienzos del siglo XIX se empezó a oír hablar, en Estados Unidos, de ‘lobistas’ en el sentido actual de la palabra: fue tras la guerra civil norteamericana cuando se produjo su profesionalización y su crecimiento progresivo, pasando desde entonces a formar parte de la vida política norteamericana.
Al principio su actuación iba ligada a los intereses de las grandes multinacionales y poderosas organizaciones empresariales, como las Cámaras de Comercio, compañías de ferrocarriles a finales del siglo XIX, agricultores, tabaqueras… las únicas con medios suficientes para sostener actividades de este tipo.
Su forma de influencia, en defensa de intereses propios o ajenos, pasaba, según testimonios de la época por “cenas, fiestas y veladas”, invitaciones a casinos, propiedad de los propios lobistas, regalos a las esposas de los congresistas o incluso favores sexuales.
Los lobbies en el presente
La opinión pública y los distintos intentos de regulación han ido refinando este tipo de comportamientos. Con el paso del tiempo la labor de los lobbies se ha ido profesionalizando, convirtiéndose en una actividad basada en la gestión de información a través de acciones como el contacto personal y el asesoramiento técnico, la comunicación con la opinión pública y, en su caso, la movilización social. Los actores se han ido ampliando y diversificando más allá del mundo empresarial con la adopción, por parte de grupos de ciudadanos, de estas técnicas en defensa de sus intereses relacionados con los derechos civiles, la protección del consumidor o el medio ambiente.
Hoy el número de personas que ejercen la profesión de lobista de manera oficial supera los 10.000 registrados en Washington DC y los 5.000 registrados en Bruselas (probablemente las dos capitales en las que su presencia se encuentra más institucionalizada) y sus actividades mueven más de 3.500 millones de dólares anuales sólo en Estados Unidos.
Aunque se tiende a ver el lobby como un fenómeno anglosajón, y el término en su versión inglesa se ha incorporado al Diccionario de la Real Academia, esta práctica no es ajena a las realidades políticas de España y Latinoamérica, e incluso en castellano existe un término para definir este tipo de actividades: «cabildeo».
En España se ha producido una profesionalización creciente. Si por el año 2000 la búsqueda en internet de las palabras ‘lobby’ y ‘España’ ofrecían sólo dos resultados (José Luis Sanchís y Hazteoir, que se definía como un lobby ciudadano), hoy en día son muchas las empresas que cuentan con un departamento de lobby, muchas las que ofrecen este tipo de servicios, tanto de manera exclusiva (Political Intelligence, Vinces…), como dentro de una oferta de servicios más amplia, especialmente despachos de abogados y empresas de comunicación.
Esta profesionalización se ha reflejado en la creación de una asociación profesional (APRI, presidida por María Rosa Rotondo) centrada en impulsar la profesionalización del sector y la defensa de sus intereses, así como una oferta formativa amplia para los que quieren dedicarse a esta profesión (IE, ICADE, así como formación específica sobre la materia en muchos otros Masters: Universidad de Navarra, Fundación Ortega y Gasset, o Unidad Editorial).
La promesa de Rajoy
El anuncio de regular el ejercicio del lobby, realizado por el presidente Rajoy durante el debate sobre el estado de la nación de 2013, respondería a esta realidad. Aunque la noticia ha pillado a muchos por sorpresa, recoge un asunto abierto en la regulación española desde los debates constituyentes, en los que Manuel Fraga propuso nada menos que su constitucionalización en los artículos 77,3 y 77.4, que serían finalmente rechazados. Desde entonces la necesidad de legislación ha sobrevolado cíclicamente el Congreso, convirtiendo a los lobbies en sospechosos habituales de cualquier escándalo de corrupción que afectara a la política española.
Durante un tiempo, y no sin cierta ironía, se ha señalado cómo, para comprobar la eficacia de los grupos de presión, basta con analizar las dificultades con las que suele encontrarse cualquier intento de legislar la actuación de estos grupos. Pero esta vez en su anuncio Rajoy reconocía expresamente la presión del lobby de los lobbies (APRI), que desde su fundación ha convertido la regulación del sector en su objetivo principal.
La decisión sigue el rumbo de otros países que, tras la regulación norteamericana de 1996, han comenzado a regular la cuestión (Francia, Austria, Hungría, el Reino Unido, Polonia, México, Perú o Chile), y donde destaca especialmente la creación del registro de lobbies unificado de la Unión Europea.
La regulación pendiente
Habrá que esperar para ver cómo evoluciona el anuncio. No es la primera vez que en el Congreso se plantea esta cuestión: en 1990 y 1993 se aprobaron sendas proposiciones no de ley instando al Gobierno a regular la materia y, finalmente, estas iniciativas quedaron en nada. Si sigue adelante, la regulación deberá responder una serie de preguntas, que ya se han planteado previamente en otras regulaciones de la profesión.
La primera es cómo llevarla a cabo. Desde 1996 la tendencia de regulación de los lobbies se concentran en establecer un registro, obligatorio o voluntario, en el que deben inscribirse los grupos. A este registro se le añadiría la presentación periódica, por parte de cada grupo, de un informe exhaustivo de sus actividades, su financiación, sus gastos, las decisiones en las que han participado y los legisladores con los que han tenido relación.
Esta fórmula, que garantiza la transparencia, requiere la capacidad del registro para gestionar un gran volumen de información, para lo que habría que dotar a las Cámaras de recursos suficientes y facilitar su labor con medidas como la obligatoriedad de entregar los informes en formatos abiertos.
Además, la información, fruto del registro y los informes, debería hacerse pública en un formato que permitiera su reutilización por parte de los ciudadanos. A este registro, que debería ser común para el Congreso y el Senado, y los consiguientes informes, habría que añadir otras medidas como la modificación del “Estatuto del Parlamentario” en temas como los relacionadas con la “puerta giratoria” (el paso de la vida pública a la empresa privada, en sectores relacionados con el cargo desempeñado) que, aunque en nuestro país ya existen, deberían ser objeto de revisión.
La opción del registro nos lleva automáticamente a la segunda pregunta: ¿quién debería registrarse? Esta pregunta, que suscitó una gran polémica durante la aprobación de los registros comunitarios, resulta clave para la eficacia de la regulación.
Más allá de los despachos profesionales (los únicos que reciben con propiedad el nombre de lobbies), las organizaciones que, legítimamente, tratan de influir en los procesos legislativos es amplísimo: organizaciones profesionales, confesiones religiosas, ONGs, despachos de abogados, agencias de comunicación, sindicatos…
¿Deberían todas ellas apuntarse al registro? ¿Y deberían hacerlo de manera voluntaria u obligatoria? ¿Y qué deberían hacer los grupos de ciudadanos que, sin formar parte de ninguna organización, pretenden participar activamente en la elaboración de políticas públicas?
Por último se plantea la cuestión de dónde regularlo. El anuncio del presidente del Gobierno apuntaba a los respectivos reglamentos de las cámaras como el lugar dónde se regularía el lobby. Esta ubicación normativa, defendida por APRI y que es práctica habitual, podría dejar fuera de la normativa la práctica de estos grupos de presión sobre el poder ejecutivo que, dada la importancia que el Consejo de Ministros tiene en nuestro país tiene en las iniciativas legislativas, dejaría fuera una buena parte del trabajo de los lobbies.
El primer paso está dado, pero aún queda mucho camino por delante. Del acierto en la manera de regular dependerá su eficacia y, en buena medida, la credibilidad de las reformas de regeneración democrática.
Benedicto XVI no ha sido un Papa de transición, su Pontificado pasará a la historia por decisiones de enorme calado.
Benedicto XVI ha anunciado por sorpresa su dimisión como Romano Pontífice de la Iglesia Católica. Se trata de una decisión poco habitual, que cuenta con escasos precedentes y que llama especialmente la atención, cuando se considera que a su papel de líder espiritual los católicos de todo el mundo añadimos el de Vicario de Cristo en la Tierra (Catecismo de la Iglesia Católica, 882). El contraste con su predecesor, Juan Pablo II, que a pesar del terrible sufrimiento, sin perder nunca su fuerza intelectual, decidió seguir en sus responsabilidades hasta la muerte, hace que su decisión sorprenda todavía más.
Quizás hoy no es el día para hacer balance de su Pontificado, aunque revisar todo lo que se escribió sobre Benedicto XVI cuando fue elegido Papa en 2005 y ver hasta qué punto se han cumplido las previsiones provoca una sonrisa. El intransigente soldado de hierro se ha revelado como un personaje entrañable, tremendamente humano, y muchos que no dudaron en poner el grito en el cielo cuando fue elegido tampoco han dudado ahora en acusarle de haber cambiado durante su Pontificado, negándose así a reconocer lo errado de su juicio inicial.
Benedicto XVI ha roto con muchos tópicos o ideas preestablecidas. Consciente del eco que produciría, su decisión de renunciar habría que leerla también dentro de esta característica de su Pontificado. Benedicto XVI nunca ocultó sus pocos deseos de ser elegido Papa, y sólo su voluntad de servicio a la Iglesia le han llevado a entregarse hasta la extenuación durante estos casi ocho años; pero difícilmente podríamos encontrar en estos deseos la motivación de su decisión, que va mucho más allá de la de alguien agotado. Crea un precedente que, sin duda, marcará las decisiones de los que le sucederán en la Silla de San Pedro. Poniendo el acento en las funciones que se esperan de la Cabeza de la Iglesia: enseñar, santificar y gobernar (Catecismo de la Iglesia Católica, 888-896).
A la enseñanza y a la santificación se ha dedicado Benedicto XVI con humildad y dedicación, dejándonos un magisterio denso que, centrada la vista en Dios, lo presenta como esperanza, garantía de la libertad y la felicidad del hombre. Benedicto XVI no ha sido un Papa de transición, su Pontificado pasará a la historia por decisiones de enorme calado. La fuerza que le otorgaba unir la dignidad moral de su cargo con su autoridad intelectual indiscutida le ha permitido plantear con firmeza asuntos que muchos consideraban intocables. Su acercamiento a los representantes de otras religiones y su diálogo abierto con personas no creyentes son algunos de los ejemplos que, sin duda, dejarán huella.
Pero el Romano Pontífice no es sólo la voz autorizada de Dios en la Tierra, voz que durante estos ochos años se ha escuchado con contundencia, sino que ejerce también como responsable, el CEO de una institución tremendamente compleja que, según el Anuario Pontificio de 2012, cuenta con 5.104 Obispos, 412.236 sacerdotes, más de 750.000 religiosos y 1.196 millones de fieles. En este campo, tan ajeno a su trayectoria profesional, Benedicto XVI se ha encontrado con problemas terribles, que le han hecho sufrir. Los ha afrontado con determinación, por el camino de la persuasión, pero muchos de ellos siguen abiertos y requieren para su resolución energía y fuerza, algo que, a pesar de la ayuda de Dios, no abunda cuando se rondan los 86 años. Así, aunque parezca paradójico, con su dimisión Benedicto XVI pone, una vez más, su misión por encima de su propia voluntad.
Entre los candidatos que se presentan a las elecciones legislativas italianas los próximos 24 y 25 de febrero nos encontramos con un movimiento cívico, el movimiento Cinque Stelle, liderado por el cómico Beppe Grillo que con un mensaje centrado en la regeneración de la política italiana, se ha convertido en uno de los principales protagonistas de estas elecciones. El movimiento ha conseguido ya resultados electorales destacables pero, sobre todo, ha logrado generar una comunidad de ciudadanos activos, los ‘grillini’, que nos ofrecen novedades interesantes en el campo de la movilización política.
De dónde este movimiento social y cómo ha adquirido la fuerza electoral que hoy ostenta. La respuesta, ésta vez, no está en el viento sino en la red. El movimiento Cinque Stelle comenzó a trabajar hace más de cinco años y apostó desde el inicio por el uso de internet como herramienta política. Desde sus inicios su apuesta fue más allá de la propaganda y la información y se centro en aprovechar la red como plataforma de organización ciudadana y de creación de la agenda de los medios, renunciando expresamente a la televisión. Su impulsor Beppe Grillo entendió desde el principio que internet no era un lugar dónde ocurrían cosas sino una herramienta que permitía hacerlas en el mundo real y ha convertido internet en la estructura sobre la que se mantiene todo su movimiento ciudadano.
Por eso, aunque su actividad ‘online’ es muy destacable, un año antes del período electoral su blog recibía ya 200.000 visitas diarias, y más de 1.000 comentarios por cada ‘post’, a años luz de cualquier otro partido político, lo que supone un cambio radical en la forma en que los partidos políticos usan internet en nuestro entorno es el impacto de la herramienta en las actividades ‘offline’. Como ocurriera con Howard Dean el uso de una herramienta como Meetup ha permitido a más de 70.000 ciudadanos formar parte de alrededor de 600 grupos de “Grillos” que desarrollan distintas actividades políticas repartidos por 535 ciudades.
Como fruto de estos grupos de actuación, el movimiento se estructura en organizaciones locales que cuentan con sus propias herramientas ‘online’ (página web propia, perfiles en redes sociales… ) orientadas a la deliberación y a la acción política. Por encima de todos ellos, y sostenida también en una página web, la página web de Grillo, se encuentra el equipo que permite la coordinación del movimiento a nivel nacional ofreciendo la visión política del movimiento (habitualmente como fruto de la agregación de los movimientos locales) y espacios donde elevar al espacio nacional los debates locales.
Iniciativas con éxito
Internet no se entiende sólo como una plataforma de comunicación, y se utiliza para la creación de una auténtica comunidad, un ecosistema cívico compuesto por las organizaciones locales y sus actividades, que conforman una estructura que podríamos denominar “meta-organización” (Ahrne y Brunsson 2005, 2008), distintas de las estructuras de red más convencionales.
El movimiento está formado por la unión de grupos que gozan de gran independencia, pero gira en torno a un elemento central que sirve de agregador de experiencias, ordena y comparte la actividad desarrollada por los distintos grupos locales, les otorga mayor visibilidad e impacto, garantiza la cohesión nacional, ofrece una identidad y otorga cierta coherencia a un movimiento tan heterogéneo. Ese es el papel que desempeña Beppe Grillo, con la ayuda de sus herramientas ‘online’.
La comunidad se conforma y consolida en torno a las acciones de participación cívica, miles desde su creación, tanto en iniciativas locales independientes como en campañas nacionales. Desde que el 8 de septiembre de 2007, en el denominado Vaffanculo-Day, se presentara públicamente el movimiento Cinque Stelle, éste no ha dejado de proponer actividades concretas y diversas como «via dall’Iraq!» (un ‘mailing’ masivo dirigido al presidente de la República para que retirara las tropas italianas de Irak); «parlamento pulito» (en el que en un día lograron en la calle más de 300.000 firmas para limpiar el parlamento de políticos condenados y llegó incluso a lograr la financiación de un anuncio a página completa en el ‘International Herald Tribune’ para dar a conocer este tema en la opinión pública internacional); una campaña para ayudar a los pequeños inversores que habían perdido dinero en bonos argentinos o la iniciativa realizada en abril de 2008, en la que lograron 1.350.000 firmas para modificar tres leyes que permitieran reformar el estado de los medios de comunicación italianos.
Actividades
El papel del movimiento en estas actividades ha ido evolucionando con el tiempo. Para lograr la formación y consolidación de esta comunidad el movimiento ha ido evolucionando desde un papel promotor a un papel facilitador. Los grupos locales han desarrollado distintas alianzas con asociaciones y organizaciones con las que comparten objetivos concretos realizando acciones conjuntas e incluso compartiendo estructuras organizativas.
Pero sobre todo los grupos han sabido involucrar directamente a los ciudadanos ofreciéndoles espacios concretos de participación real. Las herramientas tecnológicas son el punto de unión con estos ciudadanos, convertidos en nodos informativos y de acción en torno a una oferta continua de actividades.
De esta manera, hasta la fecha en torno al movimiento se han promovido o apoyado miles de actividades distribuidas entre actividades de información (desde repartir boletines a elaborar contenidos para las distintas plataformas ‘online’) y actividades relacionadas con la defensa del medio ambiente (la oposición a la construcción de una incineradora, prácticas de reciclaje o la promoción de prácticas de movilidad sostenible).
Otro grupo de actividades que destaca entre los miembros del movimiento son practicas de intercambio de bienes y servicios, consumo crítico, economía alternativa, reutilización de productos, créditos locales y otras relacionadas con la política que afectan al estilo de vida (‘lifestyle politics’).
Lecciones a tener en cuenta
Si consolidar un grupo de estas características puede parecer complicado, más difícil se presentaba todavía la conversión de esta acción cívica en propuesta electoral. Tras diversos intentos regionales y locales, en los que los resultados han ido incrementándose progresivamente (llegando a gobernar la ciudad de Parma o a ser la lista más votada en la región de Sicilia), el movimiento se presenta por vez primera a una elecciones nacionales.
Fieles a su espíritu inicial han elaborado las listas a través de la celebración de elecciones primarias ‘online’, han construido su programa de manera deliberativa, en formato ‘wiki’ y, tras renunciar a la financiación pública, han buscado la financiación de los ciudadanos (con un objetivo de un millón de euros de los que hasta el momento han logrado recaudar 425.000 euros de 9.300 donantes). A expensas de lo que pueda ocurrir los próximos días 24 y 25 de febrero (los sondeos le otorgan una intención de voto de entre un 15 y un 20%) todo parece indicar que estamos ante un ejemplo, para aquellos, partidos políticos y movimientos ciudadanos que tratan de consolidarse como actores relevantes en el panorama político.
La evolución del movimiento Cinque Stelle deja una serie de lecciones que merece la pena destacar:
La web no es sólo Twitter, o la herramienta de moda, es una estructura bien pensada, que responda a las necesidades del movimiento y en la que cada herramienta desempeña una función para la que resulta más eficaz que el resto.
Construir un movimiento ciudadano, con o sin presencia electoral, requiere tiempo, mucho tiempo, más de cinco años en el caso de Grillo y sus seguidores.
Es imprescindible mantenerlo vivo a través de actividades continuas, con objetivos claros y concretos y en el que un número amplio de ciudadanos tenga protagonismo real, desempeñando funciones definidas.
Este tipo de estructuras se benefician de la existencia de un líder que, además de ofrecer visibilidad, ofrezca una identidad, que no aplaste la necesaria heterogeneidad, y articule una estructura organizativa, gracias a las herramientas tecnológicas.
Por extrema que sea la posición, incluso para ir contra el sistema es mejor no abandonarlo, promoviendo su reforma, desde dentro, con debates y acciones concretas y determinadas.
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