En una dictadura todo es política. Da igual que sea o no totalitaria, los dictadores, que tienen como fin último mantenerse en el poder, tienden, con acierto, a ver como amenaza cualquier actividad que pueda incorporar un componente de crítica, da igual que sea académica, económica o social. De ahí que un caso como el de Ángel Carromero, relacionado con la muerte de dos disidentes cubanos, entre los que se encontraba Oswaldo Payá, el más conocido y el que contaba con mayor respaldo social, no pueda analizarse como un caso puramente jurídico, sin implicación política alguna.
Por lo que hemos sabido, Carromero se encontraba en Cuba realizando un viaje político. No era más que uno de los cientos de personas que acuden con regularidad a Cuba desde distintos países de todo el mundo, amparados por distintos programas de promoción de la democracia financiadas públicamente por instituciones como el Congreso norteamericano, USAID, o algunos gobiernos de todo el mundo como el sueco o el de la República Checa, para acompañar a la disidencia cubana y llevarles un poco de ayuda.
Ni misión imposible, ni 007, su objetivo no era ‘gran’ cosa: una conversación en la que se trasmite una visión diferente de lo que pasa en el mundo. Por ejemplo, llevar algo de dinero para familias que tienen al cabeza de familia en la cárcel o han visto como, por su posición política, todos sus miembros han sido expulsados del trabajo y carecen de ningún tipo de ingresos. O proporcionar unos libros clásicos y fáciles de encontrar en cualquier biblioteca familiar o material informático como un ordenador portátil o una impresora, que están prohibidos en Cuba, hasta el punto de que su posesión fue utilizada como prueba de cargo contra los disidentes condenados en 2003. O facilitar el movimiento por la isla de algunos de los líderes de estos movimientos democráticos, desplazamientos indispensables para mantener unidos grupos de oposición democrática en un país donde las telecomunicaciones están intervenidas…
El énfasis con que el régimen castrista persigue este tipo de visitas, condenándolas en su Código Penal, denunciándolas públicamente como actos de subversión, amenazando a los visitantes e incluso expulsándolos cuando lo consideran necesario, es lo que daba un componente de incertidumbre a una visita a unos colegas políticos, que, realizada en cualquier otro país del mundo, no merecería ningún tipo de atención de las autoridades ni de los medios de comunicación.
Motivos suficientes
Se puede cuestionar la eficacia de este tipo de ayudas, y es probable que ningún libro las recoja cuando se escriba la historia de la transición a la democracia en Cuba. Es posible que los más beneficiados sean los visitantes, que tienen la oportunidad de conocer de primera mano la crueldad de un régimen anacrónico y a personas que llevan años luchando por la democracia. Quizás por ello y por la defensa que de este tipo peculiar de ‘turismo solidario’ hacen tanto los que reciben las visitas, como aquellos que lo hicieron años atrás en la URSS, Checoslovaquia o Polonia hay motivos más que suficientes para realizarlas.
Estas circunstancias estuvieron muy presentes durante el proceso. Con ese componente político fue presentado el caso en los medios de la isla y así se ha encargado de recordarlo el Gobierno cubano, que no dejó de amenazar con los cargos de violación del status migratorio tipificados en el Código Penal cubano. De ahí que no sea necesario un conocimiento profundo del derecho para intuir que el juicio, al que ni siquiera dejaron pasar a los hijos de una de las víctimas, no cumplió con los principios procedimentales básicos para poder hablar de un juicio justo.
Carromero fue privado durante los primeros días de asistencia letrada y consular (más allá de un breve encuentro con el cónsul durante las primeras 72 horas), fue retenido en prisión durante casi tres meses en espera de juicio, algo impensable en Europa por el tipo de delito que se le imputaba, y fue condenado sin permitir a su defensa el derecho de acceso a las supuestas pruebas que condujeron a la condena, y en base a su autoinculpación realizada en unas condiciones cuestionadas.
Argumentos como la retirada de todos los puntos de su carnet, suministrados a la Justicia cubana por los medios de comunicación españoles, carecen de peso legal desde el momento en que está demostrado que Carromero tenía todavía el carnet en regla, al no ser todavía la retirada de puntos efectiva, por lo que podía conducir legalmente tanto en España como en el extranjero. Por contra se ha preferido dar credibilidad a la versión oficial confirmada letra por letra en un proceso judicial realizado por un régimen al que no suelen dar credibilidad.
Investigación objetiva
Leyendo lo publicado durante estos días quizás sea necesario recordar lo obvio: Cuba no es un estado democrático en el que exista una separación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. De ahí la necesidad de analizar con algo de sentido crítico una sentencia, de un caso que afectaría a la reputación del Gobierno cubano, dictada por una Justicia que ha perpetrado alguno de los disparates jurídicos más esperpénticos del pasado reciente, como el juicio al General Ochoa y Tony de La Guardía, que Jorge Masseti relata de primera mano en ‘El Fulgor y el delirio’, un testimonio tan apasionante como brutal, o las condenas a los 75 detenidos durante la Primavera de Cuba de 2003.
No hay duda de que el Gobierno español decidió optar por el camino más corto para traer a España al político, y su celeridad en actuar, y las reiteradas conversaciones con sus homólogos cubanos, no hacen más que justificar el carácter político del caso. De ahí la aceptación de la sentencia, a pesar de la falta de garantías del proceso, y el empeño en respetar escrupulosamente todos los requisitos legales establecidos para poder acceder a los beneficios penitenciarios establecidos por nuestro ordenamiento.
Ha llegado la hora de cerrar definitivamente el caso Carromero y reabrir el caso Payá-Cepero, eso sí, con todas las garantías. No hay duda que en las circunstancias descritas es difícil saber lo que pasó, pero resulta difícil admitir la versión oficial de un Gobierno que había amenazado reiteradamente a las víctimas. O que desde su salida de La Habana, a las 6 de la mañana puso de manifiesto que Oswaldo Payá salía de viaje lo estuvieran vigilando. O que ha negado a la familia conocer los resultados de la autopsia e incluso asistir al juicio oral, y que se basa sólo en la autoinculpación dictada de Carromero que incluso en su redacción resulta sospechosa.
Resulta tan difícil como extraño el empeño en negar a la familia el derecho a conocer lo sucedido, sea lo que sea, realizando una investigación objetiva, algo que, por las circunstancias expuestas no ha sido garantizado por el proceso judicial celebrado y que correspondería al Gobierno español promover, dada la condición de español de una de las víctimas.
El Colegio de Abogados de Madrid ya tiene nueva decana, la primera mujer de su larga historia. Se trata de Sonia Gumpert una joven abogada madrileña, socia de un pequeño despacho, absolutamente desconocida en el mundo jurídico madrileño hasta la reciente campaña electoral, que en breve será proclamada.
Su elección no ha estado exenta de polémica. Es posible que a los abogados madrileños les cueste olvidar la noche del 18 de diciembre de 2012, pero más allá de la polémica, la victoria de la nueva decana nos ofrece algunas interesantes lecciones desde el punto de vista de la gestión de las campañas electorales.
Alrededor de 65.000 abogados forman parte del Colegio. Más de 40.000, ejercientes, cuenta con un voto de valor doble. La participación electoral nunca había superado el 10%, en ocasiones no había llegado ni al 5%.
Esta baja participación se explica por la lejanía del Colegio hacia sus colegiados, centrado más en su labor representativa que en la de gestión de servicios, pero también se explica como consecuencia de la dificultad de derrotar a decanos anteriores, que siempre habían abandonado el cargo por voluntad propia, por una mezcla de inevitabilidad y de uso de los recursos que el poder suele ofrecer al que ocupa un puesto institucional. Aún así, ilustres juristas como Jiménez de Parga o Stampa Braun lo intentaron sin éxito en anteriores ocasiones.
Quizás fue en 2007 la primera vez que un candidato oficialista Antonio Hernández-Gil, sustituto oficioso de Luis Martí Mingarro, que con más de 25 años en la Junta de Gobierno, veía realmente peligrar su puesto, al vencer con una exigua ventaja, alrededor de 200 votos, a Javier Cremades. Esta vez una de las candidaturas no oficiales, la de Sonia Gumpert, se ha hecho con el triunfo.
La campaña de los candidatos
Cada una de las campañas de los tres candidatos más votados en las urnas han adoptado modelos de campaña esencialmente diferentes, que nos ofrecen algunas pistas sobre el futuro de las campañas electorales.
El decano, Hernández-Gil, ha realizado una campaña tranquila, como de ganador que espera recoger su triunfo. Sin grandes promesas, ni presencia mediática más allá de lo obligado, parecía convencido que su condición de decano y el apoyo de los grandes despachos sería suficiente para revalidar su resultado de 2007.
De ahí que se limitara al apoyo del diario ‘Abc’, a la presencia en los debates de rigor, a una acción mediática diferente, un debate en Twitter que no terminaba de casar con su personalidad, y el envío de una carta y una libretita a todos los abogados de Madrid. Los resultados muestran como no iba tan descaminado, 3.526 votos que corresponden casi exactamente con los obtenidos en 2007 y que, en circunstancias ‘normales’, hubieran sido suficientes.
Javier Cremades salió peor parado. Su posicionamiento era similar al de 2007, el cambio tranquilo más necesario que nunca ante las sonadas ausencias del decano. Para lograr ser elegido planificó una presencia constante en los medios de comunicación. Para ello, realizó destacadas acciones como la presentación de un vídeo con personajes destacados del mundo de la empresa y la cultura, un gran Foro sobre el futuro de la profesión, una carta colectiva de apoyo de destacados juristas. Contó además con el apoyo incondicional de ‘El Mundo’, y un apoyo más moderado de ‘Expansión’ y ‘La Gaceta’.
Cremades ha podido explicar su proyecto en programas de máxima audiencia en Antena 3, Telemadrid, Intereconomía, y publicar tribunas de opinión medios escritos como ‘El País’ o ‘El Mundo’. Sin lugar a dudas ha sido el candidato con más y mejor cobertura en los medios de comunicación nacional. A pesar de semejante campaña, y para sorpresa de muchos que, quizás deslumbrados por los medios, le daban como seguro triunfador, los resultados no le acompañaron y perdió unos mil votos respecto a 2007.
La candidatura triunfadora, que sumó más votos que las de Hernández-Gil y Cremades juntos, planificó la campaña de manera radicalmente distinta. Condicionada por su origen, la Plataforma en defensa de la abogacía madrileña, la campaña se orienta desde el principio por el modelo de las ‘grassroot campaigns’, que busca involucrar activamente a un número grande de partidarios para convertirlos en actores activos de la campaña y poder llegar, a través de ellos, de manera directa a miles de votantes.
Parecieron entender desde el principio que, como demuestran los resultados, en elecciones con porcentajes tan bajos de participación son muy pocos los que se sienten obligados a votar y, en consecuencia, decidir su voto, sino que a la gran mayoría de los votantes lo que les anima a votar es el conocimiento y la relación con alguna candidatura. En este contexto los medios de comunicación se convierten en una herramienta para reafirmar la credibilidad de la campaña, sus posibilidades reales de triunfo. Son el medio de demostrar que el reto es posible y que son muchos los que así lo creen. Sirven, sobre todo, para neutralizar a derrotistas y amigos del voto útil y lograr una percepción general de estar entre los que tienen posibilidades.
El problema de estas campañas es que necesitan mucho tiempo, un mensaje claro, y de un candidato capaz de trasmitir ilusión y romper con la barrera de la inevitabilidad. La apuesta no dejaba de ser arriesgada, asumiendo la fidelidad del voto de un sector tradicional, y el mejor posicionamiento inicial de sus adversarios, la candidatura de Gumpert se jugaba todo a la carta de lograr un incremento importante de la participación. Y lo logró: más de 16.000 votos que suponen un incremento del 50% respecto a la participación de 2007.
El secreto: una plataforma activa de abogados convencidos de que era posible ganar las elecciones, y que no dudaron en involucrar a sus amigos y conocidos de la profesión, en cifras que van desde 30 hasta los 500 contactos personales de algún miembro de la candidatura. La cifra final de personas que habían oído hablar directamente de la candidatura a un amigo, familiar o compañero de despacho se acerca a los 6.000 abogados, de los que más de 3.000 acudieron a las urnas, convirtiendo a Sonia Gumpert en la primera decana de la historia del Colegio de Abogados de Madrid.
Quizás sea exagerado decir que con la campaña del Colegio de Abogados se consolida una nueva forma de hacer campañas. A nadie se le escapa lo reducido del censo, 65.000, y el número discreto de votantes (alrededor de 9.000) para sacar consecuencias generales aplicables a cualquier elección pero es difícil cuestionar que gracias al uso inteligente de la tecnología, las campañas están volviendo aceleradamente a la época de la relación personal, debilitando las estructuras de poder tradicionales, que tenían en su dominio de los recursos de la campaña y los medios de comunicación su garantía de éxito. Eso abre grandes oportunidades a aquellos que se crean sus posibilidades, logren convencer a otros y afronten con tiempo y estrategia estos procesos electorales.
El próximo 18 de diciembre más de 65.000 abogados están llamados a las urnas para elegir la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid. En principio las elecciones a un Colegio Profesional suelen resolverse de puertas adentro, pero el alto número de colegiados, más que muchas capitales de provincia como Soria, Teruel, Huesca, Segovia, Avila o Zamora, y la relevancia pública de muchos de ellos hace del Decanato del Colegio de Abogados de Madrid un puesto estratégico para estar presente en los círculos de influencia madrileños.
Las elecciones se celebran cada 5 años. En 2007, con una participación cercana al 10%, histórica si se tiene en cuenta que en elecciones anteriores había rondado el 3%, se resolvieron de una manera muy ajustada (3.543 – 3.203, menos de 300 votos) entre dos candidatos que salían de la Junta anterior, de Luis Martí Mingarro. Más moderno uno, más clásico el otro, pero garantía de continuidad de lo establecido.
Presencia en redes sociales
Cinco años después, 14 candidaturas compiten por el Decanato del Colegio, un número muy elevado que pone de manifiesto los deseos de cambio en la institución. Los clásicos Antonio Hernández-Gil y Javier Cremades vuelven a repetir y, entre todas las candidaturas, destacan Ignacio Peláez, que busca por la vía electoral reivindicar el desamparo al que le sometió la pasividad del Decano en el caso de las escuchas del exjuez Garzón, y Sonia Gumpert, que en diez meses de trabajo ha pasado de ser una completa desconocida en el mundillo colegial a estar en todas las quinielas como una de las favoritas.
Como toda campaña electoral que se precie, esta tampoco es ajena a las campañas sucias. A los ataques al inmovilismo en la gestión del Colegio dirigidos a Hernández-Gil y, especialmente, a su falta de actuación en el caso de las escuchas, se han unido las acusaciones de malas prácticas a Javier Cremades, al que se acusa de convocar abogados con el cebo de una entrevista de trabajo y aprovechar estos encuentros para promover su candidatura, o las de los que acusan a la candidatura de Sonia Gumpert de estar promovida por una empresa catalana, e incluso por CiU.
También hay hueco para los debates, en televisión o presenciales
Ni siquiera falta la guerra de encuestas, aunque en general resultan poco fiables. La encuesta inicial que daba a Sonia Gumpert como vencedora desató una tormenta de encuestas sorprendentes (especialmente una publicada en la edición digital de El Mundo, que por su inconsistencia fue retirada en cuestión de minutos, y otra publicada en Expansión, que obtiene conclusiones partiendo de una participación del 60%, algo que dados los antecedentes se antoja absolutamente descabellado). Ambas, del mismo grupo de comunicación, daban por vencedor a Javier Cremades.
Los medios de comunicación tampoco son ajenos a esta campaña y van tomando partido. Unidad Editorial (a través de El Mundo y Expansión) e Intereconomía parecen apostar claramente por Cremades. ABC parece inclinarse por Hernández-Gil, colaborador habitual, y otros medios como Telecinco o 13tv dan cobertura a candidatas como Montserrat Suarez, tertuliana habitual. Medios jurídicos especializados como Informativo Jurídico, sin embargo, parecen apostar por Sonia Gumpert.
Ni siquiera la política ha podido resistirse al tirón de esta campaña, y frente al posicionamiento de Hernández-Gil se opone un Cremades más conservador, y una Sonia Gumpert que se autodefine como una candidatura apolítica que se debe sólo a los abogados.
Como puede verse en la opinión pública no hay una gran diferencia con las campañas políticas. Lo que distingue esta campaña es la movilización de base, que algunos candidatos están desarrollando y donde hay tres estilos. mientras Hernández-Gil lucha por forzar el posicionamiento de los grandes despachos y Javier Cremades está más centrado en la organización de Foros Profesionales o encuentros en su despacho, Sonia Gumpert lleva meses visitando los juzgados de la Comunidad Autónoma y presume de haber contactado a más de 5.000 abogados.
No hay nada decidido. Frente a las elecciones políticas, el sistema electoral del Colegio de Abogados es un sistema mayoritario y aquel que gane, aunque sea por un solo voto, logrará el control total del Colegio. De esta manera, el clamor de cambio que se escucha en la campaña electoral más reñida de la historia, puede convertirse, paradójicamente, en el principal aliado del Decano actual. Parece que la pugna se presenta entre un modelo representativo de la abogacía más tradicional (representado por el actual Decano y por Javier Cremades) o un cambio de modelo más centrado en los abogados de calle, que actualmente lidera Sonia Gumpert. No es de extrañar que unos y otros se presenten como el verdadero voto útil. En menos de una semana veremos los resultados.
Carlos Espinosa de los Monteros ha presentado hoy en un desayuno del Foro Nueva Economía un balance de sus 100 primeros días a cargo de la Marca España. Me ha sorprendido el éxito de convocatoria que confirma las expectativas enormes generadas por el proyecto.
Tras definir su trabajo como el mejor de España, en un tono optimista, ha perfilado su labor hasta el momento y sus proyectos a corto y medio plazo.
Lo primero que ha analizado son sus grandes temores previos, confirmados cuando llegó al despacho: la falta de presupuesto y la gran extensión del concepto de Marca España, y como ambos se han ido confirmando a lo largo de estos meses.
Después ha pasado a definir una serie de principios básicos, que resumirían su experiencia, fruto de observar las experiencias de marca país alrededor del mundo que están funcionando:
1) La Marca País siempre un proyecto de todo el país, y debe contar y trabajar con la imagen de nuestro país que tenemos los propios españoles. Una gran dificultad si tenemos en cuenta que la imagen de nuestro país fuera de es mucho mejor que la que tenemos dentro.
2) En segundo lugar se trata siempre de un proyecto a largo plazo, independiente de los vaivenes de la política y la voluntad de los distintos gobiernos.
3) No son una frivolidad, fruto de una idea féliz o que trata de esconder problemas conyunturales, sino un proyecto estratégico. En ese sentido la marca país se conforma alrededor de lo estructural pero también se ve afectada por las noticias coyunturales que, si se repiten, van calando como lluvia fina y se integran en la percepción de nuestro país.
En palabras del Alto Comisionado «Sabemos donde estamos, nuestros puntos débiles y sabemos donde queremos ir» de ahí que, tras explicar lo realizado hasta el momento, haya hablado de los planes de futuro que se verán reflejados en un plan de acción que se presentará en un plazo corto (sin concretar).
Este plan de acción tendrá como objetivo construir la Marca España en torno a cinco ideas fuerza, que definen España:
1) País que combina tradición y modernidad
2) un país sólido y solidario
3) un idioma universal
4) un país fiable política, jurídica y económicamente
5) un país flexible, capaz de competir en un mundo cambiante y veloz.
Para lograr este objetivo el plan se levanta sobre cuatro pilares esenciales:
1) La coordinación con el sector público, especialmente con la decena de organismos que invierten en la promoción de distintos aspectos de nuestro país: de esta manera se ha constituido ya el consejo de la Marca España, donde todas estas instituciones están representadas; por otro lado ha anunciado el lanzamiento de una página web que dará visibilidad conjunta a todas estas acciones que realiza España; en último lugar, ha señalado la posibilidad de realizar una intranet que sirviera para facilitar esta labor de coordinación, y que se realizará si se encuentra presupuesto. Aunque entiendo la necesidad de ofrecer resultados priorizar la web sobre la intranet en mi opinión es un error, mi experiencia dice que si estos organismos no cuentan con instrumentos reales y operativos de coordinación, será imposible que se produzca realmente la necesaria acción conjunta, y que la web, que sin duda mostrará una actividad envidiable, puede ocultar la realidad, condenando el proyecto a ser víctima del oportunismo que el propio Alto Comisionado criticaba.
2) La cooperación con el sector privado.
3) La acción en redes sociales, para lo que se está apoyando en un equipo de voluntarios, que dedican su tiempo a promover la imagen de España en la redes. No me ha quedado claro cómo están realizando esta labor pero tengo la sensación que, de momento, no está teniendo mucho impacto y estoy convencido que, aunque este trabajo puede ser realizado por voluntarios (siempre que estén distribuidos por todo el mundo), necesita de un plan específico y una labor de coordinación, animación y, fundamentalmente, generación de contenidos necesariamente profesional pero sobre todo insertada en la estructura de los organismos que trabajan para la marca España. Quizás en torno a una institución ya consolidada, y con actividad en las redes como TurEspaña se podría empezar a experimentar en esta línea.
4) Por último la diáspora sería el cuarto pilar de este plan de acción. La intranet y el trabajo en las redes sociales se me antojan imprescindibles para que este cuarto pilar sea realmente efectivo.
Carlos Espinosa ha demostrado que ha entendido bien el problema, y ha empezado a trabajar para encauzarlo pero mucho me temo que, a pesar de su enorme voluntad y capacidad, difícilmente podrá salir adelante sin un equipo amplio de colaboradores con formación y experiencia en esta materia (más allá de los diplomáticos que le acompañan), y un mínimo de recursos (o de herramientas jurídicas apropiadas para conseguirlos). Sino, y muy a mi pesar, la mezcla entre las altas expectativas generadas y la lentitud en cumplir los objetivos marcados podrían convertir este imprescindible proyecto en algo así como «la Alianza de Civilizaciones» del Gobierno de Rajoy.
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