Siempre que leo en la prensa sobre un tema que conozco ligeramente me doy cuenta de lo poco que sé del resto de los temas. Es tan habitual encontrar una serie de lagunas y, sobre todo, una falta de enfoque que siempre me pregunto, cómo será en los casos que ignoro. No deja de ser paradójico que esto ocurra en un momento en el que la seriedad y la profundidad a la hora de abordar los temas, el análisis cualitativo, parece ser la única tabla de salvación de la prensa en papel. Quizás por eso algunos, da igual de dónde vengan, se han pasado a la “prensa comprometida” y entienden que la ideologización y la llamada a las barricadas producen más rédito.
El comentario viene a cuento tras leer un editorial del diario El Pais que declara solemnemente “El Tea Party existe”. No se si será la costumbre de repartir certificados, demócratas y antidemócratas, inocentes, culpables y presuntos, pero el titular me ha recordado aquella frase de Nietzsche, en su Así hablo Zarathustra, “Dios ha muerto”, como si fuera su percepción y no los hechos los que pudieran conformar la realidad….
Los Tea Party llevan funcionando en Estados Unidos más de un año, su articulación y su vitalidad recuerdan a aquellos grupos, herederos de Howard Dean que, articulados en torno al No a la Guerra, se convirtieron en la base imprescindible sobre la que Obama levantó el ejercito ciudadano con el que se enfrentó a la maquinaria del Partido Demócrata. Desde allí, y gracias a su estructura en red y el uso de las nuevas tecnologías el movimiento fue creciendo y ampliando sus objetivos para terminar diluyéndose en una plataforma electoral, ha tenido que pasar un año para que algunos de ellos manifiesten su decepción (no era eso, no era eso) y vuelvan al activismo.
Desde hace unos meses El País parecía empeñado en hablar de unos grupos radicales, cavernícolas a la extremaderecha del Partido Republicano, que acusan de comunista al Presidente Obama (hasta el punto de querer matarle), han convertido a Sarah Palin en su diosa y a Russ Limbaugh en su vocero oficial. E incluso, de propina, dejaba entrever los paralelismos con ciertos medios de comunicación nacionales. Hace un par de días los creyentes del Diario de Prisa descubrieron una realidad bien distinta:
Hoy, este airado conglomerado de activistas de derecha, de bases inequívocamente populares, representa la fuerza más dinámica de la política estadounidense, aunque se mueva en la periferia del establishment y carezca de líder o programa claro.
Lo fundamental de este ideario por el momento es jibarizar el papel del Estado y su intromisión en la vida de los ciudadanos y exigir a ultranza responsabilidad fiscal a los administradores públicos.
sería un craso error convertir en mero folclor el papel de un movimiento cuyo credo comparte de manera más o menos explícita una buena parte del electorado estadounidense. Como lo es asimilar el Tea Party a una mera excrecencia del Partido Republicano,
Una reciente encuesta de The New York Times sobre sus simpatizantes informa, además, de que su educación es superior a la media, no tienen dificultades económicas y son profundamente pesimistas sobre la dirección del país.
y, por eso, a pesar de la grandilocuencia del titular, que pretendiendo ocultarlo evidencia aun más la ignorancia del pasado, es bueno felicitar al editorialista del diario independiente de la mañana.
Por cierto, si alguno se anima a replicar el fenómeno en España, aquí tiene algunas pistas para hacerlo bien.
El gobierno de Euskadi crea nuevos espacios y empieza a andar su proyecto de Open Data que habia hecho el 29 de diciembre del 2009. El gobierno vasco lo ha logrado y ya ha puesto en marcha el nuevo portal de OpenData Euskadi. Esta es una iniciativa que le otorga a los ciudadanos lo datos públicos para que estos mismo los puedan usar en su beneficio.
Este es uno de los pasos dados para fomentar la transparencia de las Administraciones Vascas dentro de lo que ya había prometido el gobierno de Patxi el 29 de diciembre del 2009.
El ciudadano puede acceder a esta pagina ofrecida en castellano y en euskera para obtener información de un catalogo de datos. Entre las opciones , se puede acceder a información acerca de temas estadísticos, geográficos, meteorológicos, turísticos, ayudas y subvenciones, contrataciones administrativas. Estos datos pueden ser utilizados no solo por otras administraciones. Los autónomos los pueden utilizar para explotar mejor su negocio, la misma pagina ofrece ejemplos. Uno de ellos es el mapa de recursos turísticos que permite consultar de forma geolocalizada los recursos de Euskadi como alojamientos, restaurantes, aeropuertos, estaciones y aparcamientos, oficinas de turismo, museos y monumentos, acuarios, empresas de turismo, turismo de negocios entre otros.
Open Euskadi ya tiene miles de conjuntos de datos publico y el gobierno se ha comprometido de añadir mas datos para mejorar la transparencia del gobierno. Una de las innovaciones es que los datos que se iran añadiendo serán los que vaya demandando la ciudadanía, así los datos a lo cuales demanden mas los usuarios serán los que se trabajaran mas.
El proyecto es un proyecto vivo y permite que , así como los datos que se iran añadiendo son los que mas demanda la ciudadanía, los usuarios propongan , creen proyectos que estén relacionados con el Open Data y optimizarlos para el uso de los ciudadanos.
Esta es una de las primeras herramientas de IREKA que es el proyecto de Open Government del gobierno vasco. Creando así en una zona de gran conflicto político, nuevos espacios de debate oficial y de transparencia institucional.
Hace un par de días leía que los gurus son aquellos que son capaces de explicar sencillamente la sabiduría de toda la vida y casi me alegro de constatar como mi incapacidad para explicar cosas evidentes demuestra que, a pesar de mis buenos amigos, no tengo madera de guru. Hoy me he encontrado uno para añadir a la lista de gurus del marketing político online, en la que de momento tenía a Trippi, Mele, Sifry, Rasej y Rospards. Se trata de Ben Self, socio de Rospards en Blue State Digital, y explicaré el porque.
Llevo ya un par de años intentando explicar a los políticos por qué es interesante utilizar las nuevas tecnologías en las campañas electorales. El problema no suele ser la contratación de los servicios de dogcomunicación, todo el mundo quiere tener presencia en la red, sino una apuesta verdadera por las nuevas herramientas. Lo he intentado de muchas maneras, pero ante la falta de tradición en España y Latinoamerica de las donaciones particulares y los voluntarios en campaña (dos de los grupos en los que la utilidad de la red es más evidente) y la falta de penetración en algunos países, solía centrarme en las ventajas para la comunicación interna y la coordinación de los equipos de campaña y en volcar la campaña en dispositivos móviles. Pero he de confesar que estos motivos de momento no estaban siendo suficientemente persuasivos para cambiar la cultura tradicional de la campaña electoral y lograr que el equipo online ocupe el sitio que le corresponde en la campaña.
Quizás por eso me ha gustado tanto la sencilla explicación de Ben Self, que explicaba en El Espectador de Colombia la utilidad de las campañas online para aquellos que dicen que todavía la red no tiene suficiente penetración:
“No se trata de usar Internet para llegar al mayor número de votantes y persuadirlos […]. Tradicionalmente, las campañas les hablan a los medios de comunicación y a los votantes indecisos. Cuando nosotros usamos Internet, pensamos en un tercer grupo: los seguidores, para que hablen con los demás. Así que no necesitas tener una amplia penetración, sino la suficiente entre tus seguidores, para que vayan y convenzan al resto del país”
Elocuente en su brevedad, como dice uno de mis gurus particulares, Nick Naylor. ¿Entendeis porque Self entra en la lista?
Según adelantan algunos periódicos el pacto para la reforma electoral está bastante avanzado. La semana que viene terminan los trabajos de la subcomisión y se espera una reforma de la ley electoral antes de que termine la legislatura.
Una vez más se obvia el tema más importante al que se refirió extensamente el Consejo de Estado en su informe, el de la circunscripción electoral, el mínimo de dos escaños obligatorio por circunscripción y el número total de escaños (las dos últimas exigirían modificar la Constitución), verdaderos causantes de la falta de representación de partidos de ámbito nacional como IU y UPyd que, como era de esperar, consideran la reforma una noreforma.
Se tocan otros aspectos, quizás menores… en la línea de lo sugerido por el Consejo de Estado en su completo informe. Algunos de los más importantes:
1. Se suprime el derecho a voto para los no residentes en España en las elecciones municipales, autonómicas y al Congreso. Algo coherente con las últimas tendencias que unen el ejercicio del voto con el lugar de residencia, que está provocando la ampliación del derecho al voto, aunque sea poco a poco, a los extranjeros residentes en España (aunque nada se dice de reformar la Constitución para ampliar a los residentes en España su derecho a voto más allá de las elecciones municipales). Además se crea una circunscripción especial en el Senado, para representar los intereses de los españoles no residentes (o residentes ausentes). 2. Se buscan medidas para frenar el transfugismo, asumiendo la imposibilidad de reclamar el acta de concejal. Enquistado el debate sobre la necesidad de que gobierne la lista más votada, lo que eliminaría el problema de raíz pero que no es bien visto por los socialistas, se propone impedirle el voto en una eventual moción de censura (algo bastante discutible desde el punto de vista constitucional) o el cambio en el sistema de mayorías necesarias para sustituir al gobierno municipal (más viable). 3. Se establecen nuevas barreras para concurrir a las elecciones, principalmente un número de firmas, similar al de las agrupaciones electorales o una fianza, para evitar fraudes como el de obtener el censo para fines publicitarios. 4. Se regula la celebración de debates. Sin embargo en los temas que habitualmente tratamos en este blog, de momento, no hay muchos avances:
6. Ni rastro de la regulación de campañas online, al menos en la información que proporcionan los periódicos, y lo único relacionado, la publicación de encuestas en los días previos, parece que se cambia para que siga igual reduciendo de 7 a 5 los días en los que no es posible publicar resultados, algo sobre lo que el Consejo de Estado se manifesto con claridad y cuyo cumplimiento, hoy en día, es imposible de exigir (a ejemplos como el del Periòdic d’Andorra me remito). 7. Quizás lo único reseñable es la posibilidad de que al hilo de las vacantes de los parlamentarios que estén de baja, enfermos o impedidos temporalmente, se está planteando introducir para casos justificados el voto telemático, algo que ya se ha instaurado en alguna autonomía como la Comunidad Valenciana, y que no supone una novedad relevante.
Algunos me responderán que la mejor regulación, cuando a internet se refiere, es la falta de regulación, pero, en lo que a la reforma electoral se refiere, no estoy de acuerdo. No hay nada peor que una norma que no responde a la realidad, que no se adapta a las nuevas formas de hacer campaña, que desaprovecha las oportunidades que las nuevas tecnologías ofrecen para todo el proceso… y cuando esto ocurre, la norma muere por irreal, o hay que cambiarla.
De momento se están cumpliendo los plazos y, aunque no salen los números, es tal el empeño de la Presidencia Española por sacar esto adelante antes del 30 de junio, que pronto podríamos estar hablando de su aprobación definitiva. La Comisión, mas cauta, habla de lograr un acuerdo antes de final de año y empezar a recibir iniciativas en 2011.
La web de la Presidencia Española aún no dice nada de las propuestas de la Comisión, pero el Secretario de Estado se ha apresurado a reivindicar la apuesta española por esta iniciativa, aunque esta ya aparece recogida en el art. 11(4) del Tratado de Lisboa y es fruto de una campaña ciudadana que se remonta a marzo de 2002.
Tras un libro verde sobre el tema, y una audiencia en la que tuve la suerte de participar el pasado 22 de febrero, la Comisión ha hecho públicas sus propuestas, que se pueden resumir diciendo que la presentación de propuestas legislativas ante la Comisión la podrán realizar un mínimo de un millón de ciudadanos de al menos un tercio de los Estados miembros. Hay una serie de novedades interesantes, desde la perspectiva española, que suponen una opción determinada por garantizar que este instrumento no se convierta en un algo vacío desde el principio. La más importante es el establecimiento de dos filtros previos sobre el fondo, algo que no existe en la legislación española, el primero tras el registro en la que se comprueba si la iniciativa atenta contra los valores fundamentales de la UE; el segundo, tras la recogida de 300.000 firmas en al menos 3 Estados, en ese momento la Comisión examinará si la iniciativa es admisible, siempre que se adecue a sus competencias y afecte a un ámbito sobre el que es posible legislar. Aunque se insiste en la posibilidad de recoger firmas online, delegando en cada gobierno el control, se establece un plazo de un año para recoger firmas.(En ambos casos la decisión de la Comisión será recurrible ante el TJUE o el Defensor del Pueblo Europeo).
En segundo lugar la no obligatoriedad de presentar un texto articulado.
En tercer lugar la falta de financiación pública.
Además se establece la necesidad de que la Comisión dé una respuesta a la iniciativa, en un plazo de cuatro meses pudiendo: articular una propuesta legislativa al respecto, realizar un seguimiento, por ejemplo, mediante un informe, o no tomar ninguna medida, algo que tendrá que hacer de manera razonada en un documento accesible al público.
Otros aspectos serían: – la edad para poder firmar, la misma que para las elecciones al Parlamento Europeo (18 en todos los países menos en Austria dónde la edad es 16). – El registro online de la iniciativa. – La obligación de un mínimo de firmas en cada uno de los Estados miembros para incluir a estos dentro del tercio mínimo exigido. La cantidad de firmas mínima será el resultado de multiplicar el número de miembros del Parlamento Europeo de ese país por 750 (en España serían 40.500), si no se alcanzará este mínimo el número de firmas se tendrían en cuenta pero no el país no contaría para alcanzar el mínimo de un tercio de países exigido. – La financiación correrá a cargo de los promotores (que pueden ser individuos u organizaciones) que deberán ofrecer información sobre el origen del dinero empleado.
Esto puede cambiar durante el procedimiento legislativo y tendremos que estar atentos al Consejo y al Parlamento, aunque parece que el número mínimo de países será lo más problemático.
Mi opinión es que la Comisión ha delegado demasiado en los Estados miembros, sin establecer bien sus límites, y pese a establecer genericamente que la gestión de la ECI no puede suponer una carga para estos Estados, delega en los mismos no sólo la seguridad de la recogida de firmas online (algo poco práctico) sino la comprobación de las firmas recogidas en papel (sin establecer en que condiciones se debe producir esa recogida). Esto y la falta de financiación pública puede generar un auténtico caos en el recuento de firmas. ¿qué tal una colección de servilletas con los datos requeridos? ¿o unos folios escritos a mano? O, y es lo más probable, reducirá las iniciativas con garantías de éxito a aquellas que realizen la recogida de firmas online. Además generará un efecto sorprendente, obligando a los Estados miembros a autenticar online firmas de sus ciudadanos, algo que la gran mayoría de ellos no tienen previsto en su orden interno, vamos a ver cómo lo resuelven algunos, pero sin quererlo la Comisión puede estar empujando a los Estados a dar un paso de gigante en el open government, y estas cosas tan forzadas no suelen funcionar.
Por eso creo que se ha perdido una oportunidad de oro de poner una plataforma online al servicio de los ciudadanos, simplificando infinitamente la gestión de los Estados miembros y facilitando la recogida de firmas a aquellos ciudadanos que cuentan con menos recursos económicos.
Por último nada se dice de la posibilidad de defender la propuesta, una vez conseguidas las firmas, ante las autoridades competentes, algo que reforzaría el papel ciudadano otorgandole mayor relevancia pública.
En definitiva un paso adelante, que en la práctica convertirá todas las iniciativas ciudadanas en iniciativas online. Actualización: Me señalan con acierto algunas otras carencias de la propuesta como la generalidad del registro inicial de la iniciativa donde no se establece la obligación de dedicar cada propuesta a un tema específico y bien definido, algo que puede generar confusión si se registra una misma propuesta con temas distintos. Tampoco se establece en esta fase la conveniente oficialización de las traducciones del texto registrado por parte de la Comisión, lo que, unido a la ausencia de financiación pública, puede dar lugar a anecdotas divertidas y, sobre todo, generar conflictos a posteriori.
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Siempre que leo en la prensa sobre un tema que conozco ligeramente me doy cuenta de lo poco que sé del resto de los temas. Es tan habitual encontrar una serie de lagunas y, sobre todo, una falta de enfoque que siempre me pregunto, cómo será en los casos que ignoro. No deja de ser paradójico que esto ocurra en un momento en el que la seriedad y la profundidad a la hora de abordar los temas, el análisis cualitativo, parece ser la única tabla de salvación de la prensa en papel. Quizás por eso algunos, da igual de dónde vengan, se han pasado a la “prensa comprometida” y entienden que la ideologización y la llamada a las barricadas producen más rédito.