«Con las leyes pasa como con las salchichas: es mejor no ver cómo se hacen», solía decir el político alemán Otto von Bismarck. ¿Hasta qué punto en España somos conscientes de cómo se hacen las leyes? Un ejemplo: ¿cuánto peso está teniendo el ‘lobby’ inmobiliario en la futura ley de la vivienda? O más concretamente, cuánto de ‘lobby’ hay en que un ministro rechace controlar los precios del alquiler, alegando que la vivienda «es un derecho, pero también un bien de mercado». No hay una respuesta clara, lo único que hay es un agujero legal que lleva 30 años engendrando opacidad. Entre tanto, el ‘lobby’ «nuevo» se ha ido profesionalizando, diferenciándose del ‘lobby’ de «amiguísimo», exigiendo una regulación y dejando atrás el intrusismo y la mala imagen que le persigue. La situación es tal que el propio Gobierno ha anunciado que priorizará la tramitación de la ley que regulará a este colectivo. A España se le presenta una oportunidad: ¿estamos ante el fin del ‘lobby’ a las sombras?, ¿o será otro intento fallido?

Los ejemplos estadounidense y europeo demuestran que la regulación del ‘lobby’ no es el bálsamo de Fierabrás, pero es un paso muy importante. Sin ir más lejos, este mes el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, informó que iba a agilizar la norma que regulará a este colectivo. Un compromiso que se recoge en el IV Plan de Gobierno Abierto y que persigue crear un registro obligatorio de grupos de interés que hagan ‘lobby’ con la Administración del Estado.

Actualmente los servicios de consultoría de ‘lobbing’ mueven en España unos 100 millones de euros al año, si se cuentan los contratos de empresas españolas en el extranjero. Al poner el foco en la Unión Europa, que tiene su propio registro donde aparecen los datos de quienes ejercen esta actividad, allí compañías españolas como Telefónica invierten casi 2 millones de euros al año en hacer ‘lobby’, gastando más que Indra, Repsol, BBVA o Iberdrola. De hecho, la compañía de telecomunicaciones es la que más veces se ha reunido en Bruselas, de todas las empresas españolas, para ejercer presión.

A escala europea, según el Registro de Transparencia existen 12.320 entidades ‘lobbistas’ de todo tipo; las más mayoritarias son los organismos empresariales y asociaciones con intereses comerciales, que son 6.570. De todas estas entidades, empresas como Google, Microsoft, Facebook y Huawei se sitúan entre las diez compañías que más gastan y más reuniones mantienen para intentar influir en las políticas de la Unión Europea.

Los gigantes tecnológicos, a la toma de Bruselas

Belén Balanyá, cofundadora del Observatorio Europeo de Corporaciones, plantea que más que la nacionalidad de las empresas la clave es la temática. «Los gigantes tecnológicos, que hace una década no estaban tan presentes, han tomado Bruselas. Su presencia y despliegue son enormes, como se puede ver por la cantidad de dinero que gastan y el número de reuniones con la Comisión».

La experta contextualiza que la UE ha regulado en la última década temas que son clave para el interés de este sector y en el que las empresas han empleado sumas millonarias en campañas para intentar moldear esas regulaciones. «Desde la reforma en 2013 de las leyes de la UE sobre protección de datos han entrado a fondo. Por ejemplo, han empleado muchos recursos en debilitar las propuestas sobre protección de datos. Pero también para evitar multas por evasión de impuestos y comportamientos monopolísticos. El mercado digital único y el ‘copyright’ son otros temas claves«.

Estas cifras, a pesar de estar muy poco detalladas, simbolizan que hay un sector en auge en el que las entidades españolas también están participando y que el desinterés político está entorpeciendo una actividad democrática que necesita ser regulada. La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) es la entidad que está capitalizando las principales sinergias de la regulación del sector. María Rosa Rotondo, fundadora y presidenta de la asociación ‘lobbista’, no considera que se deba diferenciar entre ‘lobby’ bueno y malo, porque todo lo que está mal hecho está penado por ley.

«Todo lo que no debe saberse no debe hacerse»

«La regulación va a traer profesionalización, pero no va a erradicar las malas prácticas de la misma manera que la existencia del Código Penal no erradica los crímenes y los asesinatos», plantea que lo que realmente sucederá es que se dará encuadre a una profesión. Señala que esto es algo que en Europa ya no es debate. «Como dijo un coronel, ‘todo lo que no debe saberse no debe hacerse’«, apostilla.

«Creo que las instituciones europeas son muy sólidas en la defensa de los intereses europeos. Muchas veces la defensa de nuestros intereses supone tomar decisiones tan contraintuitivas como por ejemplo darle poder a Huawei«. A pesar de eso, la ‘lobbista’ piensa que Bruselas está más que preparada para hacer frente a las contraofensivas norteamericanas y chinas. «Si estas contraofensivas existen es porque Europa legisla a lo bestia».

«Por razones geopolíticas, Bruselas es el centro de la regulación del mundo, por eso todas las empresas tienen sus ojos puestos en Europa»

«Por cuestiones geopolíticas, la Unión Europea se ha convertido en el centro de la regulación del mundo». Rotondo indica que desde hace unos siete años, Europa legisla sobre una enorme cantidad de materias muy complejas, como por ejemplo el Reglamento General de Protección de Datos. «Y estos son normas que afectan a empresas chinas y americanas, por eso todas las empresas tienen que tener sus ojos puestos en Bruselas«.

¿En qué se gasta el dinero el ‘lobby’?

Sin duda, Europa se ha convertido en un gran campo de batalla para el ‘lobby’, el mejor ejemplo se ve en la cantidad de millones que invierten las compañías, asociaciones y gobiernos para influenciar en la política. Los datos europeos muestran una horquilla aproximada de cuánto dinero se gastan las entidades en esto, pero no incluyen un desglose o información que sirva para conocer con más precisión en qué se gasta ese dinero.

«El coste es muy difícil de imputar. Si me voy a Bruselas ¿qué imputo?, ¿el sándwich del aeropuerto? Nadie lo sabe, porque no nos lo han dicho. No hay normas claras que indiquen cómo imputar estos costes», precisa la experta. A pesar de eso, matiza que el dinero no es clave en este asunto; «Ada Colau, antes de ser alcaldesa, cambió la ley hipotecaria sin un duro. No está relacionado el gasto con el éxito».

Según el estudio ‘La Visión Empresarial de los Public Affairs en España‘ realizado por APRI, cuando preguntaron a más de 70 directivos y profesionales del ‘lobby’ si querían ser regulados, el 90% de ellos estaban de acuerdo en que sí.

Este amplio consenso esconde un detalle clave: a diferencia de la Unión Europea o Estados Unidos, donde sí hay incentivos por cumplir con la ley, en España no los hay, por lo que ¿qué es lo que motiva tanto a los ‘lobbistas’ españoles que quieran ser regulados? Literalmente, la mala fama y la mala reputación, «por la falta de transparencia que existe en el sistema. Es algo que llevamos defendiendo desde hace 13 años; si se conoce lo que hacemos, no habrá sospechas sobre nuestra actividad y seremos un colectivo más».

Rotondo reconoce que hay algunos grupos que consideran que el hecho de que se conozca su actividad es malo para ellos y se oponen. «Y es normal que a nadie le guste el escrutinio, pero es un peaje muy poco costoso para los enormes beneficios que conseguiríamos, y esta es la vía y la tendencia europea».

Solo hay que pararse y mirar las cifras que manejan las compañías españolas en Europa para entender que hay un sector en auge y que el desinterés político está entorpeciendo una actividad democrática que necesita ser regulada. En España ya ha habido varios intentos, el más importante lo protagonizó Manuel Fraga, que intentó incluir la práctica ‘lobby’ en el artículo 77 de la Constitución española, sin éxito.

El caso Juan Guerra prende la mecha

¿Por qué, tras 30 años, los grupos de influencia todavía no están regulados? «La ausencia de una ley se debe a la dificultad de regularla y a la falta de voluntad. Los impulsos fuertes de regular a los grupos de presión en España se miden por casos de corrupción. Se aprobó la primera PNL cuando estalló el caso Juan Guerra. Cada vez que hay un escándalo vinculado a los favores se impulsa la regulación del ‘lobby’, pero una vez que el escándalo pasa el entusiasmo termina«, critica Rafa Rubio, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense.

«Los impulsos fuertes de regular el ‘lobby’ en España se miden por casos de corrupción»

El experto en Derecho Constitucional piensa que la principal dificultad es la de definir la propia ley y quién hace ‘lobby’. Ante este limbo legal, algunas comunidades autónomas y ayuntamientos han elaborado sus propios reglamentos. Rubio plantea que todas van por el buen camino, pero que en especial destaca la del Ayuntamiento de Madrid porque entiende al ‘lobby’ desde una concepción de participación política y desde ahí afronta una regulación integral.

Un error ‘made in USA’

La tendencia global de la regulación del ‘lobby’ se centra en el sujeto y no en el verbo. Este error lo cometió EEUU en 1945 con su regulación y tuvo que anularla el Tribunal Supremo porque discriminaba entre unos y otros actores que trataban de influenciar en la vida política.

«Esto es un problema permanente, porque en el fondo todos somos un poco ‘lobbistas’. Son muchas las personas, organizaciones y empresas que en algún momento de su vida se han interrelacionado con la Administración pública tratando de defender sus intereses. Desde este punto el problema no es definir quién es ‘lobbista’ sino centrarse en quién hace ‘lobby’«.

«En el año 2000 buscabas ‘lobbistas’ en España y te salían dos, José Luis Sanchís y Hazte Oír»

Más allá del ámbito legislativo, Rubio destaca que en España ha habido un cambio exponencial en los últimos años. «En el año 2000 buscabas ‘lobbistas’ en España y te salían dos, José Luis Sanchís y Hazte Oír. Ahora buscas servicio de ‘lobby’ y te salen casi 300 resultados. Ha habido una explosión brutal desde el punto de vista del sector, cada vez hay más gente que se dedica a esto y además hay más gente que lo dice«, sentencia Rubio.

Este cambio de paradigma se ha hecho más notable no solo en las oenegés, que fueron las primeras en entender la situación, sino también en las grandes agencias y consultoras de comunicación en España, que en los últimos siete años han creado un departamento de asuntos públicos y que cada vez contribuyen más a la facturación de esas empresas.

Daniel Ureña, director general de la consultora de comunicación y asuntos públicos Mas Consulting, cuenta a este medio que fueron la primera consultora que se dio de alta en 2009 en el registro de grupos de interés de la Unión Europea. «Y eso que nuestra actividad en Bruselas no era muy alta». Ureña cree que todo forma parte de un proceso y que tarde o temprano las compañías llegarán a la conclusión de que es beneficioso aparecer en este tipo de registros y abandonar la opacidad.

«El ‘lobby de trabuco’ ha perdido mucha fuerza»

El experto en comunicación afirma que el ‘lobby de trabuco’ (el que está basado en el tráfico de influencias) ha perdido mucha fuerza. «Hicimos un estudio en las penúltimas elecciones generales, vimos que el 60% de los diputados del Congreso eran recién llegados. Esto quiere decir que si tu aval como profesional es conocer a los diputados, pues has perdido mucha fuerza».

Si tirar de agenda ya no es tan efectivo, ¿cómo se convence ahora a un político? Ureña es claro, dando información para que el gobernante tenga una visión más amplia y generando un clima de opinión a través de la comunicación. El experto sostiene que el mercado ha cambiado radicalmente en las últimas décadas, debido al impulso del sector económico, que ha sido clave. Además, pone el ejemplo del caso de Greta Thunberg, como un personaje muy carismático que se ha convertido en una gran ‘lobbista’ que hace campaña en defensa del medioambiente.

Cultura clientelar y desigualdad

Elisa de la Nuez, abogada del Estado en excedencia y coeditora de ‘Hay Derecho‘, sostiene que la experiencia europea es muy burocrática pero iguala las reglas del juego. «Por lo menos, sirve para que todo el mundo pueda tener acceso a los europarlamentarios y quede registrado. Es burocrático y es pesado, pero tiende más a igualar«.

«Hay grandes empresas en España que no tienen necesidad de pasar por ventanilla como todas, eso forma parte de una cultura clientelar»

De la Nuez va más allá, cree que no basta con la regulación, también hay que cambiar de mentalidad. «Hay grandes empresas en España que no tienen necesidad de pasar por ventanilla como todas las demás, eso forma parte de una cultura clientelar. La prueba son las puertas giratorias, es una fuente de desigualdad. Las empresas no pagarían a expolíticos si no fuera difícil acceder», y añade que las empresas que sean pilladas ‘in fraganti’ tienen que tener algún tipo de coste reputacional.