La hora de la 1
La comunicación política «es como el maquillaje», indican los expertos
«Trata de ocultar aquello que no queremos que se note y destacar lo que más nos favorece», explican los consultores
Por J.M. Requena
La comunicación política «es como el maquillaje», ya que «trata de ocultar aquello de lo que no queremos que se hable y destacar lo que más nos favorece». Así lo explicó ayer Rafael Rubio, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y consultor político en una charla, dentro de los Encuentros de la Juventud de Cabueñes, con Fátima Micheo, exsubsecretaria de Comunicación de Presidencia del Gobierno de la República Argentina. «Es un juego permanente para tratar de destacar lo bueno y hacer pasar desapercibido lo malo, eso es crear agenda política: que se hable de los temas que más nos favorecen, en los que estamos más a gusto, con los que más nos identificamos y nos puedan hacer ganar más votos», incidió Rubio en el coloquio, moderado por el redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA Eduardo Lagar. Cuando no se puede lograr, los gabinetes de comunicación tratan de lanzar «cortinas de humo» con temas que perjudiquen menos al político y que puedan desviar la atención.
Rubio se mostró «dispuesto a trabajar con cualquiera, me caiga bien o mal, siempre que, de salir bien la estrategia, no fuera un perjuicio para la sociedad». Y remarcó que «el único que audita es el mercado, pero a veces premia la falta de honestidad». Para Micheo, «la comunicación política busca el consenso, explicar las medidas del gobierno y generar entendimiento, aceptación y no enfrentamiento», con lo que «debemos trabajar para que se entienda por qué hacemos lo que hacemos».
No obstante, indicó que «se están acelerando tanto los tiempos en la toma de decisiones que se complican mucho el diseño de las políticas y su comunicación». «El denominador común de las políticas de comunicación es el caos: tenemos estrategias de comunicación, sabemos qué tenemos que transmitir, pero después no es tan fácil porque hay pocas ventanas de oportunidad para comunicar lo que queremos», indicó. «Los dirigentes acostumbran a gastar más tiempo respondiendo a los ataques que les llegan», remató.
Publicado por La Nueva España
La Junta de Castilla y León deja fuera de la ley de Transparencia la regulación de los lobbies
Transparencia está trabajando en un proyecto de huella legislativa para publicar en cada norma todos los documentos del expediente.
La Junta de Castilla y León deja al lobby fuera de la ley de Transparencia que prevé aprobar esta legislatura. Los grupos de presión, que comienzan a estar regulados en autonomías como Asturias, Cataluña o Madrid, no están actualmente regulados en Castilla y León. Ni lo están, ni lo estarán a corto plazo, según las estimaciones del gobierno autonómico, puesto que prevén abordar esta cuestión «de forma integral» en una norma específica.
Así lo explica en su exposición de motivos: «La ley no aborda aspectos vinculados a la participación ciudadana o la regulación del lobby con los que la transparencia presenta una evidente y estrecha relación. La razón no es otra que el propósito de abordar esta materia en una iniciativa específica que contemple de forma integral la participación de la sociedad en la gestión de los asuntos públicos».
En 2013, el gobierno de Mariano Rajoy elaboró la primera ley de Transparencia, a partir de la cual, las autonomías podían ampliar la regulación. En 2015, la Junta de Castilla y León elaboró una norma con «déficits», por lo que la Consejería de Transparencia, de la mano de Francisco Igea (Cs), pretende iniciar «una verdadera política autonómica de transparencia» y un «mejor acceso» a la información.
«En España se ha avanzado en términos de transparencia con la Ley 19/2013 pero es incomprensible que no se haya puesto en marcha una regulación sobre los lobbies. El lobismo informal y opaco manda», lamenta el exdiputado por Esquerra y doctor en Derecho Joan Ridao.
«El anteproyecto de ley de Transparencia de Castilla y León, aunque no la he estudiado en profundidad, es bastante avanzado», valora María Díez, investigadora en Transparencia por la Universidad de Valladolid, que sí considera que se deberían regular estos grupos de presión por transparencia.
Fuentes de la Consejería de Transparencia informan que ya ha terminado el trámite de observaciones de las consejerías, aunque quedan pendientes los informes de los Servicios Jurídicos de la Consejería, la Dirección General de Presupuestos y Estadística y del Consejo Consultivo. Entonces se remitirá el proyecto a las Cortes de Castilla y León.
Por Alba Camazón
La Junta de Castilla y León también está trabajando en un proyecto de huella legislativa para publicar en cada norma todos los documentos del expediente. Aunque todavía no se conoce cómo se aplicará, el objetivo de la huella normativa es analizar cómo ha evolucionado un texto legal a lo largo de todos sus meses de tramitación.
Agendas de altos cargos
De momento, en Castilla y León se mantiene la normativa de 2015, esa en la que el actual gobierno autonómico (PP-Cs) reconoce «déficits». Es decir, la Junta debe someter a la participación ciudadana (individual y colectiva) los anteproyectos de ley, los proyectos de decreto, las estrategias, los planes y los programas. Una vez recibidas las alegaciones, la Junta debe justificar el rechazo total o parcial de las aportaciones.
La actual ley de Castilla y León apenas roza esta cuestión que afecta a la participación de organizaciones, empresas y colectivos de todo tipo. No existe un registro ni se plantea una huella digital que permita saber el resultado de las reuniones. Lo más parecido que tiene Castilla y León es la publicación de las agendas de los altos cargos: reuniones, eventos y encuentros -presenciales y a distancia- que mantengan en el desempeño de sus funciones todos los altos cargos de la Junta así como los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes o asimilados de las empresas públicas o fundaciones públicas.
El problema que presentan muchas veces las agendas de cargos públicos es que se queda en lo «superficial», explica a elDiario.es Antonio Castillo, co-cooordinador de un grupo de investigación nacional sobre el lobby. Este catedrático de la Universidad de Málaga asegura que en estas agendas no se comprueba si finalmente se han reunido o no y de qué asunto se habla realmente.
«Yo puedo decir que me reúno con los cazadores, pero en realidad los términos de la reunión son más complicados», ejemplifica. «Al institucionalizar estos grupos de interés, que ya existen, puedes hacer todo más transparente, porque uno de los reproches que se les hace a los lobbies es que actúan en la sombra», continúa.
Castillo insiste en la importancia de «fiscalizar» las agendas públicas para saber con quién, para qué, qué temas se han abordado, si se ha entregado o recibido documentación y qué propuestas están sobre la mesa».
En esta cuestión hay disparidad de opiniones. «Confundimos tres niveles de información pública: la secreta, la confidencialidad y la transparente. Hay que tener cuidado con pedir transparencia, porque para algunas cosas hay que transmitir confianza. Las negociaciones deben ser secretas, pero la trazabilidad, pública», agrega Juan Luis Manfredi, de la Universidad de Castilla-La Mancha. «Quiero ver la evaluación y ver los resultados que ha producido esa llamada de Telefónica al Ministro, por ejemplo», añade.
Registros de lobbies
«Tiene que haber un registro que la gente pueda consultar, sería un gran paso», apuesta Díez, que cree que «no tiene por qué ser malo» un diálogo entre el interés privado de asociaciones o empresas con el poder público. Para esta doctora, es «relativamente sencillo» publicar las actas de las reuniones «aunque sea de forma resumida» en este mundo digital. «Que no piensen que esto no interesa a la ciudadanía», remarca.
La Comisión Europea sí que tiene un registro de estos grupos de interés (grupos de presión o lobbies), entre las que figuran ocho específicamente de Castilla y León, entre los que se encuentran la compañía AB Azucarera Iberia, la asociación agraria Asaja y la sociedad de investigación y explotación minera de Castilla y León (Siemcalsa). Este registro es obligatorio para que estos grupos puedan reunirse con representantes de la Comisión Europea. En España solo existe un registro, el de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC): se trata de un registro voluntario que agrupa empresas, ongs y corporaciones de derecho público.
Ridao cree que debería imponerse un «registro obligatorio» de estos grupos de interés. «En el nivel institucional de la UE funciona un registro voluntario y ello permite enmascarar el lobismo real. También una regulación en la esfera ejecutiva y legislativa, y en el caso del mundo local bajo los auspicios de la comunidad», plantea.
Sobre esta cuestión tampoco hay un consenso, porque los registros pueden utilizarse para dificultar el acceso de la ciudadanía, en función de los requisitos que soliciten. En algunos casos, solo es necesario un nombre, pero se puede solicitar, por ejemplo, un documento que acredite que se trata de una asociación solvente, cuando se puede tratar de una asociación de padres y madres sin gestión económica. Manfredi sostiene que estos registros «no sirven de nada» si no van acompañados de trazabilidad para saber el efecto que tienen estas reuniones.
La huella legislativa
Estos grupos de interés juegan «un papel importante» en la elaboración de las leyes, defiende Francisco Javier Paniagua, doctor en Ciencias de la Información. Estas organizaciones y empresas, que pueden tener intereses sociales o económicos, «tienen mucho que decir y aportar». Pero la clave está en que todo sea con luz y taquígrafos.
Para eso existe la huella legislativa: la prueba pública de la influencia que los lobbies ejercen en un texto legal. «La idea es ver cómo empieza una ley y cómo y dónde cambia», relata Castillo. Es decir, ver qué efectos tiene una reunión con una asociación o una empresa, como un cambio en el cuerpo del texto una vez esté publicado un anteproyecto. «Aunque yo si fuera un buen lobby, me hubiera reunido antes de que se elaborara el anteproyecto y después también, en comisiones, por ejemplo», agrega.
«La transparencia no significa que los que controlan más o tienen más poder no sigan influyendo, pero al menos que se conozca quién accede a los altos cargos», señala Castillo. «El resultado de las reuniones y la rendición de cuentas tienen que ser transparentes», agrega Manfredi.
«Si después de reunirte cambias el borrador, eso quiero verlo. Eso perite evaluar qué grupos tienen capacidad de influencia», destaca Manfredi, que apuesta por que haya una memoria institucional y evaluación de políticas públicas. Este nivel de transparencia no existe actualmente en España. «Durante las deliberaciones no es bueno que haya transparencia, pero después sí, además de la importancia de la evaluación de las políticas públicas», defiende.
Rafael Rubio, profesor titular Derecho Constitucional Universidad Complutense de Madrid, apuesta por «conocer el iter de cualquier decisión pública desde el principio de su elaboración, así como los distintos cambios que a propuesta de afectados, interesados y expertos se han ido introduciendo, con el fin de dotar de mayor transparencia a todo el proceso y permitir a los ciudadanos saber cómo ha evolucionado una norma y en qué sentido». «Esta huella incorporaría no sólo una relación de los actores que han intervenido, sino el momento en el que lo han hecho y la información proporcionada por cualquier vía durante el proceso» refleja Rubio en su artículo ‘La actividad de los grupos de presión ante el poder Ejecutivo’
Los lobbies y los partidos políticos
«Una de las debilidades que tiene el modelo democrático es que los parlamentario están bastante desnudos frente a los lobbies», explica Manfredi, director del grupo de investigación Comunicación Pública: Poder, Derecho y Mensaje, que propone que las Cortes de Castilla y León -y otras cámaras parlamentarias- tengan unos técnicos que puedan elaborar informes propios. «Tienen muy poca información de los asuntos que va a legislar, no hay un servicio de estudio propio que les pueda ayudar a elaborar las normas», lamenta. Manfredi ejemplifica esta situación: Si se propone privatizar la Sanidad, por ejemplo, tendrán que saber qué impacto tendrá esta decisión, cuánto costará… O si se trata de la nueva ley de la caza o los toros, apuesta por que no sean las asociaciones las que presenten sus propios estudios a los políticos, sino que las Cortes tenga un servicio que elabore estudios independientes.
Publicado en eldiario.es
TRECE al día, 28 de septiembre
Entrevista a Rafa Rubio (min 40)
Pedro Sánchez y Boris Johnson, cuando el virus se llama polarización
Los gobiernos de España y Reino Unido son los más castigados por los ciudadanos en la segunda etapa de la pandemia. Mientras, la Italia de Conte se refuerza y Merkel afianza su liderazgo
El apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez el 12 de marzo, dos días antes de que se decretara el estado de alarma, era del 35%. Ese porcentaje de ciudadanos consideraba que el Gobierno de PSOE y Podemos estaba manejando bien o muy bien la gestión del coronavirus. Era el Ejecutivo europeo que partía con menos apoyo de todos los que YouGov, firma internacional de análisis de datos basada en internet, incluyó en sus encuestas. Solo estaba por detrás México, con un 33% de apoyos.
Seis meses después, cuando España encabeza los datos de contagios en toda Europa, la percepción apenas cambia. Según este mismo banco de datos, el porcentaje de ciudadanos que apoya la gestión del Gobierno de Sánchez es muy similar, del 33%. Ahora solo hay por detrás otro país, Reino Unido, con un 30% de apoyos. Boris Johnson partía de un apoyo mucho mayor, del 55%. Pedro Sánchez llegó a tener en junio, tras terminar la alarma y pasar la gestión a las comunidades, el apoyo del 50% de los ciudadanos. Ambos caen en valoración en mitad de un ambiente de dura crispación, donde la guerra política se suma a la batalla contra la pandemia. En España, la crisis con Madrid termina por dinamitar los puentes entre socialistas y populares. En Reino Unido, la errática gestión de Johnson tiene cada vez más fracturada a la sociedad británica.
Los expertos avisan de que aún es muy pronto para calibrar los efectos de esta segunda ola de la pandemia en términos electorales. Aún el tsunami está sobre nuestras cabezas y es difícil saber si será devastador o remitirá antes de que sea catastrófico. Las señales no son buenas pero queda mucho otoño. Sin embargo, sí que hay elementos comunes en los distintos países que permiten sacar ya algunas conclusiones.
Sin trasvase de votos
«Al final la pandemia es un ‘shock’ que no cambia las cosas en los grandes países sino que acentúa lo que ya estaba pasando. Hay mucha polarización, muchas reformas pendientes que no se han hecho. En Reino Unido pasa igual que en España. A quien no le gustaba la globalización ahora le gusta menos. La gente que estaba enfadada, ahora lo está más. Todo se acentúa. En Alemania no pasa porque no existía ese caldo de cultivo. Para analizar este fenómeno hay que analizar qué es lo que pasaba antes en cada país», señala Luis Cornago, analista en la consultora Teneo.
Desde Londres, Cornago señala las similitudes en la erosión del liderazgo del socialista Sánchez y del conservador Johnson, que ha caído por una gestión llena de bandazos, con mensajes poco claros en asuntos clave como las restricciones o el uso de mascarillas. «En la primera parte de la crisis los gobiernos se beneficiaron del efecto que los politólogos llaman ‘rally around the flag’, el efecto caballo ganador. Los ciudadanos se repliegan, cierran filas, ocurrió en EEUU después de 11-S. Es un clásico. Suben los socialdemócratas en Dinamarca o la CDU en Alemania. En Reino Unido también subió Johnson en los primeros meses. Pero ese es un efecto temporal y aquí se ve muy bien», apunta el consultor de Teneo.
Verónica Fumanal, presidenta de Asociación de Comunicación Política (ACOP), cree que el desgaste de los gobiernos aún no se puede medir. «La mayoría de los gobiernos todavía aprueban por la gestión de la pandemia», anota, «no sufren desgaste porque todavía estamos en medio del tsunami». Los ciudadanos, explica Fumanal, todavía piensan en cómo salir de esta o en qué dimensión alcanzará el desastre pero aún no pasan factura electoral. En España se vio en las elecciones vascas y gallegas, donde sobrevivieron los mismos gobiernos autonómicos. Eso sí, avisa de que se detecta una «radicalización de las posturas», una polarización entre quienes votaron izquierda y derecha, se compactan los bloques.
La subida de Trump y Bolsonaro
Esa polarización se observa sobre todo en Estados Unidos y en España. Según los datos de Pew Research Center, el 77% de estadounidenses cree que su país está más dividido que antes de la pandemia. El 59% de españoles piensa así. Además el 70% de votantes de Donald Trump aprueban su gestión, con una diferencia de 50 puntos frente a quienes la rechazan y no votaron al republicano. España es el segundo país donde esa diferencia es mayor, de 35 puntos, entre la valoración de sus votantes y los que no votaron al PSOE. En Italia la diferencia entre lo que opinaban los votantes de derecha o de izquierda es de 18 puntos.
«Mirar a Estados Unidos o Brasil, con los líderes más populistas, da que pensar porque los datos aseguran que la pandemia ha reforzado a Trump y a Bolsonaro, pese a una errática gestión de la crisis. La polarización les ha venido para mantener o subir su apoyo. En Estados Unidos la proximidad electoral sirve para reforzar el voto natural o activarlo cuando estaba dormido», subraya Rafa Rubio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid.
La diferencia de Conte
El caso de Italia es paradigmático porque la primera ola fue mucho más devastadora en este país que en España y sin embargo el Gobierno de Giusseppe Conte resiste con muy buena puntuación. El 60% de italianos cierra filas con su gestión, según YouGov. «El presidente ha sido mucho más cercano a la oposición y ha contado con un apoyo de Sergio Mattarela, presidente de la República, sólido, que le ha hecho el juego. Se reunió con todos los líderes de la oposición y todo el cuerpo político entró en un modo de negociación, de acuerdo, y eso lo ha promovido de forma muy directa el primer ministro. Ha tomado decisiones visualizando de manera muy clara la profesionalidad, montó el comité de reconstrucción liderado por el exconsejero delegado de Vodafone (Vittorio Colao) que en su momento hizo mucho ruido. Ha ido llegando a consensos y acuerdo de manera visible con muchas partes de la sociedad y con eso ha conseguido involucrar a todos, también con las regiones italianas, que se han sentido copartícipes a pesar de que es un estado mucho más centralizado que España», considera Rubio.
«De momento no observamos grandes sorpresas ni trasvases importantes de votos. El caso italiano es interesante porque hubo elecciones hace pocos días y no se votó en términos de covid. En Corea del Sur también se celebraron elecciones y fueron de continuidad. Hubo muchos artículos al principio de la pandemia que decían que esto era el fin de populismo y la vuelta al centrismo y a los tecnócratas. Tampoco ha pasado eso. Hemos visto que esto no es el fin del populismo ni lo contrario. La marca es de estabilidad en general», señala Cornago.
Salvini cae, ¿cae el populismo?
En Italia el retroceso del partido de Matteo Salvini no puede leerse en términos de castigo al populismo porque en ese espacio de ultraderecha crece otra marca, la de Hermanos de Italia que ha aupado Georgia Meloni. En España, los expertos señalan que aún es pronto para ver qué efecto hay sobre partidos como Vox. «En España está pasando la pandemia pero también otras muchas cosas, la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, la gestión de los fondos europeos, la coalición… De momento, no hay alternativa clara para una moción de censura. Hay que ver qué pasa con Vox. Se está creando un caldo de cultivo que habrá que esperar para ver las consecuencias. España lleva mucho tiempo políticamente jugando con fuego», considera el analista de Teneo.
Manuel Mostaza, politólogo y director de asuntos públicos de Atrevia, cree que hubo cierto desgaste del Gobierno español al final de la primera ola y que al final de la segunda irá a más. Hay ya encuestas, como la publicada por ’20 Minutos’ y el Grupo Heneo, que sí habla ya de desgaste. «Los dos partidos en el Gobierno pierden casi cinco minutos entre los dos respecto a noviembre. El PSOE cae 2,5 puntos y Podemos alrededor de 2,2″, subraya Mostaza. Y eso que «la segunda ola está recién empezada y estamos entrando en ella». «En cuanto acaben los ERTE, qué va a pasar con los ERE, ese es un escenario complicado para cualquier Gobierno», advierte este politólogo.
Las CCAA se salvan, por ahora
El desgaste de momento se centra en el Gobierno de la nación por encima del coste político para las comunidades autónomas. Pero aquí también se abre otra frase. «En las encuestas sobre la Comunidad de Madrid en todas hasta ahora al PP le iba bien. Le iba bien a (Díaz) Ayuso. Qué va a pasar ahora y cuál va a ser el relato que salga de esto. Eso no lo sabemos. Está claro el interés del Gobierno en que las comunidades asuman su parte alícuota de responsabilidad en la gestión, claro, pero está por ver», concluye.
El responsable de Atrevia insiste en que «todo va en función de cómo está afectando la pandemia«. «En Alemania o Suecia, que fue un desastre al principio pero ahora va bien, los gobiernos salen adelante. En Reino Unido o España, con malos datos, hay una erosión importante», destaca Mostaza. «La política mejor valorada en la pandemia ha sido Inés Arrimadas, Pablo iglesias sufre peor valoración que Pablo Casado. Claro que hay un desgaste en el Gobierno. Si exceptúas el CIS, claro», agrega.
«En general todos los gobiernos han salido reforzados de la primera ola. Lo excepcional es desgastarse o quedarse igual», advierte Rubio. «Los países en situaciones sanitarias de crisis, cuando hay un enemigo exterior claro, tienden a unirse y solo cuando avanza el tiempo y se van viendo los resultados en el día a día, cuando se abandona la situación de excepcionalidad, los ciudadanos empiezan a tener un juicio de valor. Mientras, la gestión es tremendamente emocional y suele ser de apoyo al líder», destaca el consultor y profesor de la Complutense.
La crisis económica
Es otra conclusión en la que coinciden todos los expertos. El verdadero coste se verá cuando azote la crisis económica. «El Gobierno va a sufrir de verdad desgaste cuando lo económico empiece a llegar al bolsillo de la gente. Cuando las ayudas que están manteniendo la situación de forma artificial acaben. Habrá un efecto cascada a nivel familiar, empresarial y económico. No solo serán los que se queden en paro, en la calle, sino que habrá mucho más detrás. Además el programa social es el ‘cuore’ de este Gobierno, al menos de su comunicación, no se va a poder cumplir y se van a poner más en evidencia sus contradicciones y sus divisiones internas», señala Rubio.
«El desastre de la segunda ola dependerá de cómo de fuerte sea. En España ya sabemos que es fortísima en relación con otros países. Hay que ver si países como Reino Unido simplemente van un par de semanas por detrás o no llegarán a esos niveles. Dependerá también de las medidas que se adopten. Se descarta un confinamiento como el de marzo pero ya sabemos que habrá restricciones y que la popularidad de estas medidas es cada vez menor. Los ciudadanos están cada vez más cansados. La vuelta al confinamiento es ahora mismo una especie de tema tabú en España. Nadie quiere tomar la responsabilidad y el contexto de polarización y de descentralización de España no ayuda», apunta Luis Cornago. «La estrategia del Gobierno fue esa. Pasar la gestión a las comunidades, porque tenía sentido, era razonable porque las competencias son así pero había también estrategia. (Pedro) Sánchez comparece en Madrid porque reacciona y detecta una demanda de que alguien debe actuar. La gente no sabe bien de quién es competencia cada cosa. El Gobierno central se va a desgastar más también en esta segunda ola aunque es pronto para medir cuánto será ese castigo», apunta este experto.
Fumanal subraya la tabla de valoración de los líderes en septiembre publicada por ACOP. Pedro Sánchez, con datos del CIS está en un 56% de aprobación, lejos del 71% de Merkel, pero también por encima del 41% de Johnson o del 41% de Macron, otro de los líderes europeos que más desgaste esta sufriendo, con elecciones francesas en 2022. «Insisto en que aún los ciudadanos no piensan en modo de recuperación o reconstrucción. Todavía estamos en modo rescate», advierte.
Publicado en El Confidencial por Isabel Morillo
Apertura legislativa: experiencias y desafíos para la próxima década
Organiza NDI Colombia: Este foro regional de Parlamento Abierto (PA) busca resaltar los avances y retos que persisten entre los actores y parlamentos de la región, comprometidos con la apertura legislativa mediante el fortalecimiento de su relación con la ciudadanía, la promoción de transparencia y acceso a la información, participación ciudadana, rendición de cuentas, la ética y probidad.