Libertad educativa: una enmienda al consenso constitucional

Libertad educativa: una enmienda al consenso constitucional

Nov 17, 2019 | Artículos

Hay que medir las palabras, o decir claramente que lo que se pretende es construir un nuevo consenso constitucional en materia de educación

“Los socialistas solo nos levantamos una vez de la mesa durante la discusión constitucional, y fue en el artículo 27”. Con estas palabras, pronunciadas meses antes de su muerte, Alfredo Pérez Rubalcaba, exministro de educación, recordaba los debates que dieron lugar a la configuración constitucional del derecho a la educación en España. Por eso, remachaba, “el 27 es de todos. Este es el consenso educativo”.

El consenso al que hacía referencia el político socialista se ha mantenido más o menos a salvo durante todos estos años. Sin embargo ahora que se ha puesto de moda cuestionar a las distintas opciones políticas por sus afinidades constitucionales unas declaraciones de la ministra de Educación lo ha puesto en riesgo al desvincular la libertad de enseñanza reconocida por la Constitución del derecho de los padres a elegir centro educativo y la educación religiosa que consideren oportuna para sus hijos. De un plumazo la ministra pone en cuestión el consenso constitucional que con tanto esfuerzo se mantenía desde 1978.

Como se puede comprobar en los diarios de sesiones este debate, que responde a una pregunta de fondo sobre ¿a quién le corresponde las decisiones principales en la labor compartida de educar: al Estado o a los padres?, pone de manifiesto hasta que punto la redacción final del artículo 27, el más largo y el más complejo de entre los que se refieren a derechos fundamentales en nuestra Carta Magna, fue el fruto del consenso, de las renuncias y cesiones de todos.

Un no-debate jurídico

De esta manera el derecho a la educación queda configurado, en palabras de Carlos Vidal, como “un derecho y una libertad fundamentales: el derecho a ser educado y la libertad de educar y de elegir la educación que se desea”. Un derecho de libertad con contenido prestacional, en el que, en opinión del que fuera vicepresidente del Tribunal Constitucional y Presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente “el derecho a la educación aparece más como un derecho de libertad que de prestación”.

De un plumazo la ministra pone en cuestión el consenso constitucional que con tanto esfuerzo se mantenía desde 1978

Así queda reflejado en la Constitución, en la que como es bien sabido, el art 27 además de proclamar el derecho de todos a la educación y reconocer la libertad de enseñanza, detalla sus manifestaciones concretas, que en lo que nos ocupa serían: el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (27.3), la libertad de creación de centros con ideario propio (27.6), la libertad de cátedra de los docentes (20.1.c) y el mandato a los poderes públicos para ayudar a los centros docentes que reúnan los requisitos establecidos por la ley (27.9).

Así lo viene recordando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 74/2018, STC 10/2014 o STC 133/2010) que coinciden en señalar como «la libertad de enseñanza (art. 27.1 CE) comprende a su vez la doble facultad de los padres de elegir el centro docente de sus hijos, que podrá ser de titularidad pública o privada, y de elegir la formación religiosa o moral que se ajuste a sus propias convicciones». De hecho el mismo Tribunal establece una conexicón directa entre la libertad de creación de centros educativos con ideario o carácter propio (sinónimos para el TC) y el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos y de ese derecho con el de las familias a la elección de escuela.

Responde a una pregunta de fondo. ¿A quién le corresponde las decisiones principales en la labor compartida de educar: al Estado o a los padres?

Así lo establecen también distintos mecanismos internacionales como el artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación para sus hijos. O el artículo 2 del protocolo adicional número 1 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950 que señala como “El Estado, (…), respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas”. O el artículo el art. 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el que los Estados parte, como España, “se comprometen a respetar la libertad de los padres (…) de escoger para sus hijos o pupilos de escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas”.

Pero es que incluso lo reconocen así las propias leyes socialistas de educación aprobadas desde 1978 que, o bien reconocen esta elección como un derecho de los padres (art. 4.b. LODE), o establecen la obligación de las administraciones públicas de garantizar la libertad de elección de centro por padres o tutores (art. 84.1 LOE) que la misma ley considera «como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la libertad de enseñanza». Todas las leyes educativas han garantizado y respetado, con más o menos fuerza, la posibilidad de que los centros docentes no estatales tuviesen ideario (art. 15 LOECE) o carácter propio (art. 22 LODE, art. 73 LOCE, art. 115 LOE), dentro del “proyecto educativo” de cada centro.

Un debate político

Si el debate constitucional ofrece pocas dudas, más dudas plantea el debate político en torno al modelo educativo. Un modelo que debe considerar aspectos como el coste que para las arcas públicas supone un centro público y uno de iniciativa social y los efectos directos e indirectos de la convivencia de ambos modelos en la calidad educativa. El gran debate gira en torno a la desigualdad que para algunos provocaría un modelo en el que coexistan con la educación pública, la educación privada y la concertada.

En este sentido se cuestiona la financiación pública de la enseñanza de iniciativa social, considerando este como un modelo subsidiario que se debería limitar a los casos en los que resulta imposible ofrecer educación pública. Para hacerlo se vincula la ayuda a la educación de iniciativa social a una oferta insuficiente de educación pública, convirtiendo la red pública en prioritaria, algo que por la vía de los hechos y dado el declive demográfico, pondría en peligro la existencia de la educación concertada en un breve periodo de años.

Si el debate constitucional ofrece pocas dudas, más dudas plantea el debate político en torno al modelo educativo

Por el contrario los defensores de un modelo de convivencia entre las tres modalidades de enseñanza propugnan, como hace la LOMCE, que a la valoración de la oferta existente se le añada la demanda social. Curiosamente este punto controvertido de hacer depender la financiación de la escuela concertada de la demanda social no fue objeto del recurso de inconstitucional que presentó el PSOE tras la aprobación de la ley -que fue desestimado en su totalidad por el Tribunal Constitucional.

Este debate de políticas públicas es clave para el futuro del país pero debe desarrollarse siempre dentro de los límites establecidos por la Constitución. Cuando el debate gira exclusivamente en torno a la igualdad, se obvia una parte importante del sentido constitucional que tiene la libertad de enseñanza. Como en el caso de la libertad de información, el derecho a la educación exige pluralidad de centros y el respaldo público a esta pluralidad. Así lo ha señalado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al destacar que el objeto de la libertad de elección es «proteger la posibilidad de un pluralismo educativo, esencial en la preservación de la “sociedad democrática”, tal como la concibe el Convenio».

Cuando el debate gira exclusivamente en torno a la igualdad, se obvia una parte importante del sentido constitucional que tiene la libertad de enseñanza

O por decirlo de manera más sencilla: la igualdad no puede esgrimirse como un límite a las libertades educativas, sino que es la libertad la que garantiza el pluralismo como principio constitucional imprescindible en cualquier sociedad democrática. De hecho, la propia sentencia del Tribunal Constitucional que la ministra ha mencionado esta semana (STC 5/1981, fundamento jurídico 7), recuerda que la libertad de creación de centros está limitada por el respeto debido a principios constitucionales como la igualdad, pero que estos, por sí solos, “no consagran derechos fundamentales”, igual que tampoco “cumplen una función meramente limitativa, sino de inspiración positiva”.

Y es que, cuando se habla de derechos fundamentales, hay que medir las palabras, o decir claramente que lo que se pretende es construir un nuevo consenso constitucional en materia de educación, una aspiración sin duda legítima, pero que quizás no llega en su mejor momento.

Publicado en El Confidencial

¿La culpa es de los gurús?

¿La culpa es de los gurús?

Oct 20, 2019 | Artículos

Cuando política y políticas se convierten en un mero instrumento de comunicación (y no al revés), la política se convierte en cuestión de forma

La reciente repetición de las elecciones y el papel asumido por los distintos partidos políticos ante la sentencia del Tribunal Supremo, ha desatado la busca y captura de culpables. Al preguntarnos cómo hemos llegado a esta situación, destaca una respuesta que plantea ambas circunstancias como el fruto de decisiones tacticistas que solo buscan el poder por el poder, centradas en las elecciones y no en las futuras generaciones, la lógica de Estado vencida por la lógica táctica que se personaliza en el consultor político. Y tanto se ha elevado el nivel de acusación que a menudo se les hace responsables de los males de la democracia.

Más allá del cruce de reproches despertado, la acusación no es una acusación gratuita y afecta de lleno a la propia naturaleza de la política contemporánea.

El gobierno del siglo XXI podría esquematizarse en la forma de un triángulo. En uno de sus ángulos se situaría la labor administrativa, el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas (policies); en otro, la articulación de intereses y la búsqueda de consensos (politics) y en el tercero, la comunicación, la capacidad de conocer y transmitir a los ciudadanos las labores realizadas para hacerles partícipes de esas políticas y lograr su apoyo. O lo que es lo mismo: la política entendida como taburete que se apoya en las políticas, la búsqueda de acuerdos y consensos para poder sacarlas adelante y la comunicación para hacerlas accesibles a la ciudadanía. Por eso, decir que se puede gobernar bien y comunicar mal, o viceversa, es una contradictio in terminis.

El gobierno del siglo XXI podría esquematizarse en la forma de un triángulo: en sus vértices están el diseño de políticas, la búsqueda de consensos y la comunicación.

Cuando la política es entendida solamente como comunicación y la comunicación entendida como la totalidad de la política, el taburete del gobierno se queda cojo e inestable. Se confunde tomar decisiones (algo que tiene una indudable proyección en la opinión pública) con plantearse cómo afectan estas a la ciudadanía. Y el consultor de comunicación se convierte en decisor, al que se pregunta qué hacer y no cómo hacerlo.

Quizás el problema tiene más que ver con el exceso de protagonismo de la comunicación. Cuando política y políticas se convierten en un mero instrumento de comunicación (y no al revés), la política se convierte en cuestión de forma. Así, no nos puede extrañar que el político sea sustituido por el consultor y que este, a su vez, se acostumbre a diseñar políticas y construir política como si no hubiera otro objetivo que el de obtener una opinión pública favorable. Sin embargo, cuando el asesor, olvidando un principio básico de la profesión, comete la irresponsabilidad de extralimitarse y acaba por sustituir al líder, el problema no está en el sustituto sino en el sustituido.

¿Maquiavelos o gurús?

No es de extrañar que hoy los asesores políticos se identifiquen fundamentalmente con los consultores de comunicación, dejando a un lado otros papeles que antaño tuvieron un papel político relevante como el de los intelectuales cercanos a los partidos (Jorge Semprún o Manuel Vázquez Montalbán) o los técnicos, que también cumplen una labor de asesoría política. No solo se han sustituido a estos asesores por comunicadores, sino que se han confundido también sus papeles (ambos imprescindibles y complementarios). Una buena muestra es ver cuantos consultores de comunicación asumen roles claramente políticos, como diputado, senador, consejero o jefe de gabinete, y sustituyen las lógicas de decisión dentro de los partidos (que en sus procedimientos internos siguen respondiendo a la lógica de la intermediación).

Las causas de esta confusión las analiza con acierto el que probablemente sea el mayor experto español en la figura y el trabajo de los consultores políticos, Toni Aira, en el último número de la revista de ACOP.

Por un lado, la identificación de la política con las elecciones, en torno al concepto de campaña permanente. Por otro, la necesidad de simplificar la realidad y dibujar la estrategia política como algo negativo, nacida del cálculo y la falsedad, con la que se pretende modificar los comportamientos de la ciudadanía. El consultor sería aquí el muñidor, el corruptor que quiere embaucar con su persuasión a la sociedad sin tener refrendo democrático alguno. Y por último, la competencia en el sector. España, además de tener un seleccionador nacional en cada español, tiene también un consultor político capaz de solucionar en dos tardes los problemas políticos más complicados.

Con el consultor elevado al papel de protagonista por encima del líder, puede atacar ese liderazgo atacando al consultor sin enfrentamientos abiertos

Este análisis arroja, sobre todo, una nueva deriva de la confrontación política. Con el consultor elevado al papel de protagonista por encima del líder, puede atacar ese liderazgo atacando al consultor sin enfrentamientos abiertos. Se extiende la fama de oscurantismo, el cálculo permanente con el que se los dibuja y se recalca el hecho de que nadie los ha votado, y se consigue erosionar el líder y a su liderazgo.

Más Veep que El ala oeste de la Casa Blanca

A esto hay que añadir la mística de la consultoría política que se viene construyendo en los últimos tiempos, fomentando el misterio de una profesión que se desarrolla en las bambalinas del poder. Cuando los consultores convierten su trabajo en escaparate para contratos futuros, se regodean en el poder que se les atribuye y alimentan la fama de magos, haciendo sus tácticas y trucos demasiado explícitos, “se hace visible aquello que debería ser invisible al servicio de una representación óptima del cliente”, muchas veces perpetrado reiteradamente por periodistas de cabecera a los que se les concede acceso y una versión en primera persona, obviamente interesada, de los acontecimientos.

También contribuyen a esta mística las numerosas series de televisión que ofrecen una visión de la política como un mundo autónomo y todopoderoso, en el que no existiera la casualidad, ni la improvisación, que suelen ser parte esencial de la historia.

El ala oeste de la Casa Blanca, en la que siempre con un café en la mano y de pasillo en pasillo, se resolvían crisis internacionales con dos llamadas, y el asesor siempre tenía todo previsto en una estrategia perfecta, ha ensombrecido la realidad de la política. La mística de la consultoría política muestra, siempre a posteriori, una profesión donde todos los escenarios están previstos, y donde hasta las casualidades más evidentes son fruto de ocultas maquinaciones. Como señala Aira, los consultores son, en el fondo, constructores de historias y no pueden resistirse a la tentación de escribir la suya propia, convirtiendo, la casualidad en causalidad. Quizá, la comedia Veep, en la que una desastrosa vicepresidenta de los Estados Unidos se ve envuelta en una permanente improvisación, se acerca más a la realidad.

Además, es necesario entender que, frente al aparente monopolio de los consultores, en política intervienen, además de los representantes electos y los partidos, infinitud de ‘stakeholders’ como patronales, sindicatos, organizaciones no gubernamentales… El comportamiento de cada uno de ellos, no solo el del consultor, y el hecho de que algunos de ellos hayan dejado en ocasiones de cumplir con su función original afecta al día a día de la política. No se puede atribuir toda la culpa, ni siquiera la mayor parte de la culpa a los consultores, hay que mirar también a los políticos que en ocasiones hacen suya la interpretación literal de Machado cuando dice que “en política solo triunfa quien pone la vela donde sopla el aire”, y asumen la realidad que les presentan los análisis como algo a lo que adaptarse y no sobre lo que intervenir.

Cuando los medios dibujan un terreno delimitado por la dictadura del click, el titular y el mensaje encapsulado, obligan a consultores y políticos a tratar de adaptarse

Igualmente, los periodistas, que con su trabajo dibujan el terreno en el que opera y se mueve la política, tienen su papel. Cuando los medios dibujan un terreno delimitado por la dictadura del click, el titular y el mensaje encapsulado, obligan a consultores y políticos a tratar de adaptarse para entrar en el terreno dibujado, o buscar terrenos de juego alternativos. Poner la información política al servicio de la anécdota, de la creación de mitos, de la exhibición de lo espectacular, en vez de en priorizar el contenido informativo y el análisis, obliga a todos los actores a adaptarse. Si los medios priorizaran la calidad informativa, el resto de actores políticos, incluidos los consultores, no tendría más remedio que adaptarse, pero no siempre lo hacen, aunque sigan reivindicando el monopolio de la influencia política.

Todos debemos hacer un esfuerzo por quitarnos importancia y devolver a la política lo que es suyo. Convertir al consultor en protagonista solo genera que los que no conocen el día a día de la política terminen pensando que, efectivamente son los consultores los que tienen el poder y nada más lejos de la realidad. La culpa es de los gurús, de todo tipo. Dejemos al consultor que asesore, al político que decida y al periodista que informe, y mejorará la política.

Publicado en El Confidencial

La ‘España vaciada’ y el 10N: un escenario para la vuelta del bipartidismo

La ‘España vaciada’ y el 10N: un escenario para la vuelta del bipartidismo

Oct 12, 2019 | Prensa, Presencia en medios

Por Ángel A. Giménez

La España vaciada se llena de expectación en época electoral. Un total de 26 provincias con dos, tres, cuatro y cinco escaños en juego pueden convertirse el próximo 10 de noviembre en el escenario más propicio para el regreso del bipartidismo de PSOE y PP gracias a la probable caída de Cs.

Es comprensible que socialistas y populares pretendan llevarse el caudal de votos que perderá la formación de Albert Rivera, a tenor de las encuestas publicadas hasta la fecha. Si se analizan promedios y porcentajes, el 10N puede propinar a Ciudadanos un duro golpe.

La España vaciada representa un tercio de los escaños del Congreso, 350 en total. Los 101 diputados en liza provienen de los dos que da Soria, los tres que dan Ávila, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Palencia, Segovia, Teruel y Zamora; y los cuatro que proceden de Albacete, Álava, Burgos, Cáceres, León, Lleida, Lugo, Ourense, La Rioja y Salamanca.

A estas circunscripciones cabe sumar las que reparten cinco escaños: Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Huelva, Jaén, Navarra y Valladolid.

Un vistazo geográfico se centra, por tanto, en la España interior y despoblada y en zonas costeras con un interior también vaciado. Es un vasto fragmento de país al que ya aluden todos los programas electorales de los partidos.

Las elecciones del 28 de abril supusieron, aquí, un incontestable triunfo del PSOE, pues logró 42 escaños, muy lejos de los 26 del PP, los 19 de Cs (en ambos casos sin contar la coalición de Navarra Suma) o los 4 de Unidas Podemos. La formación de Pablo Iglesias prácticamente desapareció de la España vaciada y Vox apenas arañó un par de diputados.

Sorprendió la irrupción del partido de Albert Rivera: consiguió un escaño en Albacete, Ávila, Burgos, Guadalajara, Huesca, León, Cáceres, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Teruel y Zamora; y además en Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Huelva, Jaén y Valladolid.

En muchas de estas provincias el porcentaje de votos que necesitó para llevarse un escaño fue bajo, teniendo en cuenta los promedios que han exigido dichas circunscripciones: un 17 por ciento en Cáceres o cerca de un 16 en Palencia, por citar dos ejemplos. Consecuencias de la fragmentación, en este caso del espacio del centroderecha.

Como recuerda a Efe el profesor de la Universidad Complutense y experto electoral, Rafael Rubio, en los comicios de abril bajaron las medias tradicionales para arrastrar el último diputado de los que estuvieran en juego.

Por esta razón, entre otras, el analista de la empresa demoscópica 40dB Pablo Arnaldos, tras fijarse en las dinámicas de las encuestas publicadas, vaticina un varapalo a Cs el 10 de noviembre, ya que, si se sigue moviendo en un porcentaje de votos a escala nacional del 12 por ciento, podría perder en la España vaciada una quincena de los diputados amarrados.

El trasvase llegaría casi por completo al PP, gran beneficiado de la deriva de la formación «naranja».

Ahora bien, puntualiza Arnaldos, si Rivera y su partido comienzan a recuperarse estas semanas y elevan la expectativa al 14 por ciento de los sufragios, la caída se suavizaría considerablemente.

El presidente de Gad3, Narciso Michavila, certifica a Efe la relevancia que en el 10N puede alcanzar la España vaciada, donde, apunta, residen «la mayoría de los escaños en juego».

Si bien percibe que los cambios se producen «dentro de los mismos bloques ideológicos» (de Cs a PP, por ejemplo), el experto augura que el PSOE, en esta España despoblada, será el ganador, aunque con «una significativa recuperación» de los populares.

Conclusión: «El retorno al bipartidismo es mayor en las provincias con menos escaños», afirma.

Rafael Rubio rememora el precedente de la repetición electoral de junio de 2016, cuando «el voto se concentró, en general, en términos ideológicos y no en el eje viejo-nuevo», describe.

Hace tres años, respecto de las elecciones de diciembre de 2015, recalca que el PP mejoró en 14 escaños en las provincias menos pobladas, en tanto que el PSOE perdió 5. El diferencial del bipartidismo (+9) se superpuso al bloque de los «nuevos partidos», Cs y Podemos, (diferencial de -5).

Este experto ha contabilizado las provincias en las que hubo cambios de asignación de voto entre diciembre de 2015 y junio de 2016. En las 14 en las que se registraron movimientos, sólo Jaén, Lleida, Ourense, Salamanca y Guadalajara eran de las de cinco o menos escaños a repartir. En tres, Ourense, Salamanca y Lleida, el bipartidismo salió favorecido.

Su veredicto: «Las provincias de la España vaciada proporcionalmente cambian menos la distribución de escaños que las provincias más pobladas, pero cuando esto ocurre son más propicias a que el escaño pase de las nuevas fuerzas al bipartidismo».

Publicado en EFE