Quizás el protagonismo no buscado por la JEC, ha mantenido en segundo plano otras decisiones adoptadas durante la campaña por plataformas como Facebook, Twitter o WhatsApp.
Sus decisiones de los últimos días han puesto en el foco de la actualidad a la Junta Electoral Central, un órgano, que como cualquier buen árbitro suele triunfar cuando consigue pasar desapercibido. En estas elecciones no ha podido evitar salir de las sombras para actuar ante aquellos que se han acostumbrado a moverse en los límites de las reglas del juego, convencidos de que el camino de su éxito pasa por sembrar la desconfianza en el Estado de derecho.
Quizás ese protagonismo no buscado, ha mantenido en segundo plano otras decisiones adoptadas durante la campaña por plataformas como Facebook, Twitter o WhatsApp, que, aunque no han afectado de manera determinante al resultado electoral, sí han alterado el normal desarrollo del proceso.
En el año 2019 es imposible afrontar unas elecciones sin tener en cuenta que el uso innovador de la tecnología permite, al primero en adoptarlas, una posición de ventaja. Prácticas como la de crear perfiles, cada vez más concretos y personalizados, de usuarios de redes sociales a los que adaptar la publicidad y la comunicación es algo de lo que ya hemos oído hablar. Lo hicimos con el caso de Cambridge Analítica la campaña presidencial norteamericana de 2016. En la del referéndum sobre el Brexit supimos cómo personas y grupos de fuera del país podían interferir en el desarrollo de la campaña, tanto comprando publicidad como a través acciones coordinadas en las redes. Lo último que hemos conocido es el uso de WhatsApp que algunos cifran como clave del éxito de la candidatura de Bolsonaro en Brasil.
En todos los casos, el uso de las tecnologías ha ido siempre dos pasos por delante de la legislación. Y los lapsos de tiempo entre los hechos y la respuesta legislativa que se les da, acaba dando espacio a nuevos árbitros que acaban por asentar sus propias reglas.
Así ha sido en el caso de España donde la reciente reforma de la ley electoral, recurrida por el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional, en lugar de dar respuesta a estas prácticas, ha parecido alentarlas, aumentando la incertidumbre que ni siquiera la Agencia Española de Protección de Datos ha podido evitar, en una interpretación que va más allá de la literalidad de la ley, y establece una serie de obligaciones, cuyo valor normativo resulta, cuando menos, cuestionable.
Entre la confusión y la falta de respuesta, las propias plataformas se han lanzado a poner en marcha medidas para responder a estas prácticas que amenazan la democracia. Las elecciones generales del 28 de abril en Españafueron una prueba de lo que vamos a vivir el 26 de mayo en toda Europa. Y la conclusión es que aún hay mucho que mejorar.
La privatización de la justicia electoral
Las plataformas han ido estableciendo distintas reglas del juego electoral de manera unilateral, en virtud del contrato privado que establecen con sus usuarios. Esto es ya de por sí un motivo, al menos, de reflexión, porque supone que la justicia electoral pasar a ser el resultado de una relación entre particulares. Además, no han dudado en aplicar estas normas de manera unilateral y sin previo aviso, amenazando el ejercicio de derechos fundamentales como la participación política y la libertad de expresión.
Facebook al menos trató de informar a los partidos políticos de estas condiciones. Por un lado, la red social avisó de que rastrearían y eliminarían las cuentas falsas, ofreciendo a las formaciones políticas herramientas para denunciar estos perfiles; anunció que iba a luchar contra las noticias falsas, permitiendo a los usuarios calificarlas como falsa y delegando en Newtral y Maldita.es la decisión final. Se establecían también una serie de condiciones para la contratación de publicidad en la plataforma: su identificación como campañas políticas, la debida autenticación por parte del partido de aquellos que quieran contratar campañas de publicidad, la prohibición de comprar publicidad desde fuera de España y la creación de una librería pública (que se almacenaría durante 7 años) donde estarían disponibles todas las campañas de publicidad política, con una información básica de cada una de ellas.
Un archivo similar ha establecido Google, que permite consultar la publicidad contratada por los distintos partidos y candidatos en su plataforma de YouTube. En el caso de Twitter también se anunciaron una serie de medidas dirigidas a eliminar cuentas falsas.
Una vez en campaña se plantearon una serie de incidencias que, ante la falta de respuesta rápida de las Juntas Electorales (que se limitaron a advertir frente al uso de canales institucionales con fines electorales) fueron resueltas de manera expeditiva por las distintas plataformas sociales, sin criterio ni procedimientos claros.
El primero fue la desaparición repentina en Facebook de los anuncios de aquellas fuerzas políticas que no habían efectuado el registro en la fecha establecida, a pesar de que en las instrucciones de la plataforma vinculaban este registro exclusivamente a las elecciones europeas. Todos los anuncios eliminados fueron repuestos una vez realizado el registro.
La plataforma también ha bloqueado distintos anuncios contratados por los partidos, denunciando las «mentira» de otros partidos, sin aclarar porque esta denuncia alteraba sus condiciones de uso, mientras mantenía otros que habían sido denunciados como falsos, como la serie de anuncios de Ciudadanos que se refería a una escasa diferencia de votos en distintas provincias, basada en una encuesta inexistente.
Twitter también actuó según lo anunciado y aprovechó la celebración de los debates, y la actuación de los equipos de campaña en torno a ‘hashtags’ propios, para localizar cuentas supuestamente falsas y eliminarlas sin aviso previo.
Pero lo más preocupante fue la reacción de WhatsApp, que decidió suspender sin ningún tipo de aviso previo el canal de Podemos por un supuesto mal uso de la plataforma a cinco días de la votación. Dos días después, y tras reiteradas propuestas del partido de Iglesias que denunció esta suspensión como un ataque a la libertad ideológica (denuncia archivada por la Junta Electoral Central), la plataforma propiedad de Facebook decidió suspender, también sin previo aviso y por los mismos motivos, los canales de PP, Ciudadanos y PSOE. En este caso, según los partidos involucrados, la compañía tardó en ofrecer respuestas y cuando lo hizo resultaron contradictorias.
Las consecuencias resultan preocupantes. A menos de 72 horas de la celebración de las elecciones, en un momento en el que un alto porcentaje de votantes estaba tomando su decisión, los partidos políticos se vieron privados de uno de sus canales de comunicación directa con los votantes. Lo paradójico es que fue ese el momento en el que más bulos comenzaron a circular por esta misma plataforma, dejando a los partidos indefensos frente a estos ataques, que según distintas organizaciones de verificación, se intensificaron en esos días.
Ante la actuación, marginal en estos temas de la Junta Electoral, y la ineficacia de la circular de la AEPD que no generó ninguna respuesta oficial de los partidos, la única normativa aplicable resultó la propia de las plataformas sociales y la única autoridad la de estos mismos organismos que adoptaron sin aviso ni procedimiento alguno decisiones de especial transcendencia que tuvieron consecuencias directas en el derecho de los ciudadanos a recibir información durante el proceso electoral. Nuevos árbitros electorales sin otra legitimidad que su papel predominante en el mercado.
A pesar de ser elegido mediante un procedimiento distinto, el Senado suele ser un reflejo de aquellos partidos que han obtenido la mayoría de los votos en cada provincia.
Siempre que se celebran elecciones generales en España, como las del domingo 28 de abril, nos centramos en el reparto de escaños en el Congreso de los Diputados, y su influencia en la formación de gobierno. A pesar de ser elegido mediante un procedimiento distinto, el Senado suele ser un reflejo de aquellos partidos que han obtenido la mayoría de los votos en cada provincia (3 de los cuatro senadores para el primero y el cuarto, para el segundo). Y quizá por esto, pasa desapercibido y no es objetivo un análisis sosegado.
El histórico nos dice que esta lógica mayoritaria del reparto de senadores se ha ido cumpliendo con regularidad desde las elecciones de 1979. En las 12 elecciones celebradas en España hasta el año 2016, 4 veces ha sido así en todas las circunscripciones (1989, 1996, 2000 y 2011), 5 veces hubo una sola excepción (1986, 1993, 2008, 2015 y 2016), 2 veces hubo dos excepciones (2004, 1982) y solo una vez, en 1979, el número de circunscripciones en las que no se cumplió la regla general fue de 7. De esta forma se confirma la sensación de que, a pesar del sistema de votación de lista abierta en la que se puede elegir hasta tres candidatos (independientemente de los partidos), los votos al Senado son, en cada circunscripción, una reproducción más o menos fiel de la votación a las listas cerradas del Congreso de los Diputados.
Pero las elecciones de 2019 han sido diferentes. Lo han sido en muchos aspectos, algunos de los cuales quizá ni siquiera alcancemos a calibrar ahora. Y lo han sido, también, en el Senado. De todos los senadores elegidos, ocho no lo han sido según la norma no escrita de las mayorías, producto no tanto del sistema electoral como de la forma con que los votantes se ponen frente a la papeleta anaranjada. Nueve excepciones que, quizá precisamente por eso, nos dicen mucho del votante.
La primera de ellas no se trata propiamente de una anomalía, sino la de los que conociendo la fórmula habitual de voto, optaron por la presentación de una lista conjunta en Navarra, donde UPN, PP y Ciudadanos fueron capaces de alcanzar un acuerdo que logró que sus 3 candidatos fueran los más votados en la provincia. Y de esto, podemos obtener la primera nota diferencial de estas elecciones: de haberse repetido el acuerdo navarro a nivel nacional, y bajo la advertencia de que la unión en una lista pudiera tener efectos secundarios, la suma de los votos obtenidos por cada senador en cada provincia nos dice que si Vox o Ciudadanos hubieran presentado listas conjuntas junto al PP, el resultado hubiera cambiado radicalmente. En ambos casos (PP+Vox o PP+Ciudadanos) la conjunción de fuerzas hubiera obtenido 134 escaños, frente a los 51 que hubiera logrado el PSOE.
Entre el 1+1+1 y el voto de consolación
Pero esto es lo que pudo haber sido de haber sido de otra forma. Un trabalenguas político de ‘posterioris’ que cae dentro de los ejercicios inútiles y vanas melancolías. Lo anómalo realmente lo encontramos en 7 circunscripciones en las que el reparto de senadores ha seguido una lógica contraria a la lógica asentada en las elecciones anteriores. En primer lugar, el caso de Segovia, Murcia, Zamora, Palencia y Soria (donde el PP fue segundo en intención de voto y en lugar de 1 ha conseguido 2 senadores) y, a continuación, los casos de Málaga y Madrid (donde la tercera fuerza más votada, en este caso el PP, logró un senador «arrebatándoselo» a Ciudadanos en el primer caso y al PSOE en el segundo en un reparto 2-1-1). En total, 8 escaños que no respondieron a esa norma no escrita.
Tratar de buscar una explicación a tanta anomalía ofrece algunas pistas sobre la importancia de cada voto, ya que es posible que la causa sea la mezcla entre la campaña del 1+1+1 y el voto de consolación al PACMA, una mezcla que se da en la mayoría de las provincias. Los mensajes que promovían el voto al primero de la lista del PP, Ciudadanos y Vox, el 1+1+1, se convirtieron en uno de los virales de la campaña. Es difícil encontrar un español con WhatsApp que no haya recibido un mensaje vinculado a este mecanismo de voto táctico, más o menos específico, a favor o en contra. Más allá de explicaciones interesadas o simplemente falsas que se intercambiaron ‘a priori’ con la mera intención de orientar el voto en uno u otro sentido, la única crítica razonable era la de la dificultad de coordinar ese tipo de voto, y sus daños colaterales, en caso de incumplimiento por parte de votantes de una opción política. El votante de una de las tres opciones políticas, al hacerlo, confiaba en que los votantes de los otros dos partidos adoptarían un comportamiento similar, lo que no fue siempre así.
Cuando se observa el resultado se puede decir que en la inmensa mayoría de las provincias hubo un buen número de electores que asumieron el riesgo. Mientras el voto al primer senador del PSOE coincide prácticamente en todas las circunscripciones con el número de votos obtenidos por su partido en el Congreso, el del PP obtiene, con respecto a la lista al Congreso, un número de votos superior; un incremento que se corresponde mayoritariamente con la diferencia de votos entre el primero y el segundo de las listas de Ciudadanos y Vox al Senado. Sin embargo, y aunque en todas las provincias parece que esta forma de votar ha superado el 10% de los votos, solo en algunas, que ya hemos señalado, ha tenido consecuencias.
De estas observaciones podemos apuntar que los votantes de Vox, y en mucha menor medida los de Ciudadanos, son los que más han elegido esta fórmula, mientras que los del PP han votado a los tres candidatos de su lista mayoritariamente. Se podría decir que la mayor generosidad de votantes de Vox y Ciudadanos, con ese tipo de voto cruzado, ha permitido en varias provincias la entrada de un senador más del PP de los que le «corresponderían» con la regla tradicional, mientras que el esfuerzo realizado por el PP para negar la utilidad del voto logró que sus votantes rechazarán de plano ni siquiera intentarlo.
El esfuerzo realizado por el PP para negar la utilidad del voto logró que sus votantes rechazaran de plano ni siquiera intentarlo
La segunda explicación complementaria, y que se puede observar en un buen número de provincias, sería cómo este efecto de cruzar voto debilita en el Senado el voto en bloque al PSOE y favorece al PACMA, cuyo primer candidato en muchas provincias duplica en votos al segundo y al tercero de la lista. En Zamora, por ejemplo, su primer candidato al Senado obtuvo casi el triple de votos que su par para el Congreso; un reparto sin resultados efectivos para los animalistas pero que dejó fuera a un senador socialista y a pocos votos de dejar sin escaño al segundo del PSOE. Otro tanto sucede en Segovia, en donde a pesar de conseguir más votos en el Congreso, estuvo a punto de dejar fuera al segundo senador del PSOE por una veintena de votos y dejó fuera al tercero de la lista, mientras que el PACMA roza los 1.500 (casi mil más que su homólogo al Congreso, que obtuvo 607 votos). Igualmente en Palencia, donde al tercer senador del PSOE le faltaron 500 votos para obtener escaño, mientras el PACMA obtuvo 700 votos más al Senado que al Congreso. Murcia y Soria, por su parte, son otro ejemplo: el tercero del PSOE al Senado se quedó fuera por 7.000 votos, mientras el PACMA obtuvo más de 12.000 votos.
La suma de ambos fenómenos, 1+1+1 y el 2+1 con PACMA, explicaría también el caso de Madrid, donde el senador del PP fue el segundo más votado de los cuatro. Y donde, a pesar de eso, el primer senador de Ciudadanos logró arrebatarle su sitio al 3 de la lista del PSOE, en este caso de nuevo porque el candidato del PACMA duplica el voto del candidato de su partido al Congreso (110.000/50.000) y deja fuera al tercer senador del PSOE por solo 2.000 votos. También en Madrid donde el número 1 del PP en el Senado obtuvo 216.000 votos más que el candidato al Congreso, la diferencia entre el 1 y el 2 de Ciudadanos y Vox supera, en ambos casos, los 300.000 votos.
¿Y si…?
Una visión general muestra cómo, más allá de las excepciones señaladas, más habituales de lo normal, para que el 1+1+1 hubiera sido un éxito y hubiera permitido mayoría de PP+Vox+Ciudadanos hubiera sido necesario que en un gran número de las provincias el porcentaje de votantes del PP y Ciudadanos que hubieran asumido esa fórmula superara una horquilla entre el 40 y el 60% del número total de sus votantes. Algo que, a la luz del porcentaje de votantes que finalmente eligieron la opción, incluso entre partidos como Vox que han promovido activamente este voto, resultaría casi imposible.
En tiempos donde la acción colectiva tiene menos barreras que nunca, y la iniciativa particular puede protagonizar con éxito actuaciones políticas coordinadas sin contar con el apoyo de las organizaciones políticas, estoy seguro de que en próximas elecciones veremos más experiencias de ese tipo, mientras nos conformaremos lamentándonos por lo que pudo ser y no pasó.
El intercambio de opiniones y las preguntas de los periodistas ofrecen más oportunidades para que una palabra, un gesto, un silencio, un lapsus den al traste con una imagen laboriosamente construida.
Como las torrijas en Semana Santa el debate sobre los debates forma parte de toda campaña electoral. En tiempos en los que la política parece guionizada, y que aquel que encabeza las encuestas reduce al máximo su exposición, lejos de la caravana de prensa y cuidando al milímetro cada una de sus apariciones, los debates se convierten en una pequeña ventana a través de la que ver a los políticos sin red.
El intercambio de opiniones y las preguntas de los periodistas y del público (cuando estas están permitidas) ofrecen más oportunidades para que una palabra, un gesto, un silencio, un lapsus den al traste con una imagen laboriosamente construida. Por eso todos los candidatos tratan de extremar las medidas de seguridad, en forma de guion y una buena carpeta de fichas y gráficos, para evitar que tanta espontaneidad acabe generando un estropicio. Aun así, si tenemos en cuenta que más de la mitad de los españoles tienen la televisión como su principal canal de información electoral, los peligros de participar en un debate son más reducidos que los riesgos que pueden suponer el no hacerlo.
Desde 1993, la celebración de estos debates se ha incorporado a nuestra tradición democrática. A lo largo de la historia electoral española se realizaron dos debates en 1993, entre González y Aznar, que se saldaron con resultado diferente. Dos debates se celebraron también en 2008, entre Rodríguez Zapatero y Rajoy. Al debate único entre Rubalcaba y Rajoy en 2011 siguieron otros dos en 2015. En este caso uno enfrentó a los líderes de gobierno y oposición, Rajoy y Sánchez, y otro a los líderes de los cuatro partidos con mejor pronóstico en las encuestas, aunque en este caso a Rajoy le sustituiría Sáenz de Santamaría. El último se celebró en 2016, donde de nuevo estarían representados los cuatro partidos con mayor representación parlamentaria, esta vez con la participación de Rajoy.
A la luz de los datos, no resulta anómalo la celebración de dos debates en plena campaña electoral. Más anómalo resulta que ambos debates se realicen de forma sucesiva y bajo el mismo formato, evitando un debate de última hora o la celebración de un cara a cara entre los representantes de los partidos con mayor representación parlamentaria. El desgaste del bipartidismo ha acentuado el equilibrio inestable entre la representatividad y la audiencia, que suele ser inversamente proporcional al número de candidatos presentes.
El desgaste del bipartidismo ha acentuado el equilibrio inestable entre la representatividad y la audiencia
Su importancia dependerá, en gran medida, de la volatilidad electoral, el número de indecisos y la variedad de la oferta electoral. Y en estas elecciones los tres aspectos han alcanzado cotas históricas. Un 42% de “indecisos”, un porcentaje elevado de personas dispuestas a cambiar su voto en la última semana y cinco partidos con encuestas superiores al 10%, hacen que el debate pueda ser decisivo. Si bien es cierto que el número de personas que pueden cambiar de opinión tras un debate no es muy elevado, resulta transcendental en un escenario en el que cambios de un 1% o 2% de los votospuede variar la adjudicación de más de 20 escaños.
Estos efectos no dependerán tanto de quién es el ganador sino de quién es capaz de aprovechar la elevada audiencia para convencer a un grupo amplio de votantes indecisos, y eso, más que del intercambio de “zascas”, dependerá de la impresión general que ofrezca el candidato a su parroquia. Además, la victoria no se logra sólo en el estudio de televisión, sino que se decanta en favor de uno o de otro en el predebate, donde han pesado las rectificaciones interesadas y las clamorosas contradicciones, y en el postdebate, que se dirimirá fundamentalmente en los medios de comunicación, a través de crónicas, columnas y tertulias, y en las redes sociales. En el fondo, estas citas de la campaña acaban creando una auténtica realidad paralela en la que el peso del resultado depende más de la preparación previa que realicen los equipos y de la lectura posterior que hagan los medios que del debate en sí mismo y el comportamiento de los candidatos.
A la luz de lo anterior no es de extrañar que algunos pretendan añadir este “test de realidad” a la ley electoral como una ceremonia obligatoria de toda campaña electoral. Su celebración contribuye a reforzar la legitimidad del sistema político, y puede facilitar el ejercicio del voto informado (un ideal de la democracia representativa). Además, su regulación no se limitaría a establecer la obligatoriedad de celebrarlos, sino que buscaría evitar que en cada campaña electoral renazca el debate sobre el debate, en el que las estrategias electorales tratan de disfrazarse de intereses democráticos, en un equilibrio imposible que sólo perjudica a la democracia.
En España hoy ya existen normas aplicables a la celebración de estos debates que exigen “respetar los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa”, con el objetivo de asegurar el principio de igualdad en la contienda electoral. Un principio que trata de evitar que cualquier partido pueda participar en las elecciones con la ventaja que otorga, por ejemplo, formar parte del gobierno, gozar de una financiación desproporcionada o contar con el apoyo ilimitado de uno o varios medios de comunicación. Estas limitaciones, que buscan garantizar la neutralidad, se verían comprometidas tanto si, como hemos visto estos días, quien decide la celebración o no de un debate es el gobierno como si son los gestores de los medios de comunicación los que tienen la última palabra sobre quién participa y quién no en los debates.
Esta regulación trata de favorecer un intercambio de razones, señal de buena salud democrática, pero no tiene la fórmula mágica. Una vez más veremos cómo, en un escenario que concibe la política como espectáculo, su contenido se centrará en el intercambio de golpes, más emocionales que racionales, y como lo anecdótico, y su eco deformado en forma de memes, volverá a convertirse en el gran protagonista de los debates. Y los electores descubriremos una vez más que, más allá de nuestros deseos, lo mejor para la campaña electoral no es siempre lo mejor para la democracia.
Rafa Rubio es uno de los más exprimentados consultores políticos de España. En una entrevista con LPO analiza el escenario a días de las elecciones presidenciales.
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. Dar tu consentimiento para el uso de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o identificadores únicos en este sitio. No dar tu consentimiento o retirarlo puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.
Funcionales
Siempre activo
El almacenamiento o acceso técnico es estrictamente necesario con el fin legítimo de permitir el uso de un servicio específico solicitado explícitamente por el abonado o usuario, o con el único propósito de llevar a cabo la transmisión de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Estadísticas
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes.El almacenamiento o acceso técnico que se utiliza exclusivamente con fines estadísticos anónimos. Sin una citación judicial, el cumplimiento voluntario por parte de tu proveedor de servicios de Internet o los registros adicionales de un tercero, la información almacenada o recuperada únicamente con este fin no se puede utilizar normalmente para identificarte.
Marketing
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para crear perfiles de usuario para enviar publicidad, o para rastrear al usuario en una web o en varias con fines de marketing similares.
