Jul 16, 2013 | Cursos, Otros
Durante los próximos días este blog se convertirá en un lugar de seguimiento del Curso de Verano Complutense sobre Diplomacia Pública y Marca España. Hemos repartido los post entre los asistentes al curso. Aquí va el primero:
Día 1, Sesión 2
Elvira Marco – El discreto encanto de la cultura (Pablo Sánchez López)
La 2ª charla del día inaugural de estas jornadas dedicadas a la Diplomacia Pública y Marca España, ha tenido como protagonista a Elvira Marco, Directora General de Acción Cultural Española. Teniendo en cuenta la variedad y heterogeneidad en cuanto a los estudios e inquietudes de los asistentes, la ponente ha comenzado su charla con una breve explicación sobre qué queremos decir cuando nos referimos al concepto Diplomacia Pública, incluyendo la conocida referencia al concepto “Soft Power”, desarrollado en diversos escritos por Joseph Nye. Desde aquí engarzamos con otro concepto, más orientado al objetivo de la charla, la Diplomacia Cultural. Para explicar la importancia de este fenómeno en la actualidad, la Sta. Marco ha explicado las relaciones culturales que mantiene la República Islámica de Irán con muchos países, como es el caso de Reino Unido a través del British Council, cuando se da la circunstancia de unas relaciones diplomáticas no completamente normalizadas. Otro ejemplo en el que se ha detenido, ha sido el vídeo realizado con motivo de la ceremonia de inauguración de los pasados Juegos Olímpicos en Londres, en el que aparecen tanto la Reina de Inglaterra como la última encarnación en el cine del conocido personaje James Bond. Este vídeo es una muestra de cómo aprovechar un evento de categoría mundial para proyectar una imagen moderna de un país concreto, en este caso, Reino Unido.
Centrándonos en España, la invitada ha relacionado los distintos tópicos por los cuales es conocido nuestro país, que van desde la playa hasta el flamenco, pasando por la paella o los toros. Lo que se intenta, desde su organización, es aprovecharlos y utilizarlos para generar una imagen más moderna y actual. Sería necesario anteponer a estos viejos (pero que se mantienen en muchos países extranjeros) clichés, otra nueva serie de “imágenes de referencia” que podrían incluir los éxitos deportivos, los aspectos positivos de la forma de vida española y también el desarrollo de infraestructuras tanto de transporte (T4) como de contenedores culturales (Guggenheim). Enlaza esta idea con algunas conocidas campañas de promoción turística de nuestro país, como aquella que se presentaba apoyándose en un logotipo diseñado por Joan Miró. Por último, destaca que algunas de las imágenes más potentes que se transmiten al exterior, proceden de la cultura, ya sea en su vertiente cinematográfica, museística o gastronómica.
Tras enumerar los actores que tienen capacidad de crear imagen de marca-país, desde los Estados hasta las ONGs, ha afirmado que el modelo tradicional para la creación y proyección de estas marca-país, principalmente apoyado en medios escritos como la prensa, ya no funciona. Ahora, el canal que marca el camino es Internet y es ahí donde debemos estar. Pero además de Internet, hay otros fenómenos a los que debemos adaptarnos como son los intercambios culturales, el modo en que un turista puede acabar convirtiéndose en un prescriptor de un determinado país que acaba de visitar, y, por último, los grandes eventos internacionales. Estos eventos, principalmente Juegos Olímpicos y Exposiciones tantos Universales como Internacionales, son una plataforma de proyección exterior muy poderosa que está siendo utilizada desde hace relativamente poco tiempo, especialmente por los países que englobamos en el acrónimo BRIC (Brasil, Rusia, India y China). Dentro de los BRIC, la ponente se ha dedicado más atentamente al caso chino. Además de estos acontecimientos, ha reseñado la estrategia de desarrollo de una imagen “amable”, la expansión de los centros Confucio por gran cantidad de países así como acciones particulares en nuestro país dentro de nuestras relaciones bilaterales con el país asiático como fue el año de España en China.
A continuación, nos ha familiarizado con la institución que ella dirige, Acción Cultural Española, explicando qué es, a qué se dedica y cuáles son sus acciones más visibles, siendo éstas probablemente el encargo para la construcción de los pabellones que representan a España en las “Expos” así como la celebración de Conmemoraciones tales como el V Centenario del descubrimiento del Océano Pacífico o los 100 años de la Generación Literaria del 14. Por otra parte, ha explicado que, al no tener su organización oficinas propias en el extranjero, se ven obligados a colaborar con autoridades locales, lo que les permite desarrollar una clase de relaciones muy particulares pero también muy duraderas. Para finalizar, ha mencionado brevemente el Programa PICE de apoyo a artistas y producciones artísticas que funciona para atraer a profesionales visitantes extranjeros y también para mandar a los nuestros fuera de España.
Tras la charla, ha tenido lugar una breve tanda de preguntas en la cual la invitada ha explicado la labor de proyección internacional del Museo del Prado, y, por otra parte, lo difícil que es llegar a los países del 3er mundo debido a que apenas existen contrapartes en los países de destino con los que poder colaborar. Esta es otra de las razones por las cuales, la AECID hace también labor de Diplomacia Cultural en esta serie de países.
Presentación Elvira El Escorial 14 julio 2013 (1)
Jun 13, 2013 | Artículos, Transparencia y Gobierno Abierto
Desde que el 15-M llamará a tomar las plazas, e instalarse en ellas (tomalaplaza.net), han ido proliferando acciones como escraches, flashmobs, pintadas manuales o digitales y el renacer de la promoción masiva del envío de correos electrónicos personales, más o menos personalizados, a distintos cargos públicos o instituciones (hazteoir.org, change.org).
Nadie puede negar que esta explosion de iniciativas, a pesar de desenvolverse en el ámbito de lo informal, son una vía más, quizás la más notoria, de participación política. Lo que puede sorprender es saber que, a pesar de que muchos consideran esta proliferación como una consecuencia directa del agotamiento de instituciones formales de participación política, como las manifestación o la iniciativa legislativa popular (ILP), su uso no ha hecho más que crecer en los últimos años.
Las manifestaciones
Analizando las manifestaciones, ejercicio del derecho fundamental recogido en el artículo 21 de la Constitución Española y desarrollado en la ley orgánica 9/83, vemos cómo en España en octubre de 2010 el gobierno informaba de la celebración de 36.400 en los 10 primeros meses del año, más de 100 diarias.
Aunque desconocemos la cifra exacta de las celebradas en 2011, para poder conocer la progresión, sí sabemos que en esa fecha en Madrid se habían celebrado 3.419, un 74% más que durante todo el año 2010 en la misma ciudad. La progresión es todavía superior en 2013, en marzo de este año se habían celebrado ya en Madrid 1.628, multiplicando por dos las que se habían celebrado en Madrid en el mismo periodo de tiempo de 2012.
Las ILP
Algo similar ocurre en el campo de las iniciativas legislativas populares (ILP), establecidas en el artículo 87.3 de la Constitución y que, en lo nacional, fueron desarrolladas por la ley orgánica 3/84 (modificada en 2006). Un interesante trabajo publicado por Aitor Martínez Giménez para la Fundación Ideas pone de manifiesto cómo, prácticamente desde su aprobación, desde la tercera legislatura (86-89) en la que se presentaron 2, el número de ilps presentadas ha ido subiendo progresivamente, 6 (en la cuarta y la quinta), 9 (en la sexta y la séptima), 10 (en la octava), hasta llegar a las 21 presentadas en la última, la novena legislatura.
Algo similar ocurre por lo general en las distintas Comunidades Autónomas donde casos como Andalucía (donde en la última legislatura se ha duplicado el número) o Cataluña, muestran un incremento notable del uso de esta institución jurídica.
El análisis de esta información nos ofrece además otro tipo de datos valiosos que nos pueden ayudar a entender más a fondo el por qué se utilizan, o no, este tipo de canales formales de participación política. Podemos decir que existe una correlación directa entre la facilidad para presentar una ILP y defenderla y su utilización por parte de los ciudadanos.
En aquellos lugares en los que el porcentaje de firmas requerido es más bajo (en España es un elevado 1,45% que en numerosas Comunidades Autónomas oscila entre el 5% de Extremadura y el 0,95% de Cataluña); los plazos de recogida de firmas más amplios (entre los 9 meses de la ilp nacional y los 90 días habituales en las legislaciones autonómicas); y el protagonismo y la visibilidad de la Comisión Promotora más fuerte (con la posibilidad de defender la propuesta en las Cámaras en distintas fases del procedimiento legislativo), se produce un uso mucho más amplio de este canal de participación institucionalizado.
Sin entrar a analizar su éxito, que daría para otro artículo, podemos ver cómo las reformas destinadas a facilitar la participación ciudadana a través de esta figura, tanto de la ley nacional, realizada en 2006, como de aquellas legislaciones autonómicas que se han modificado en los últimos años, ha provocado un incremento de su uso, como se puede ver en casos como Canarias, donde se han presentado 31, Galicia (27) o Cataluña (26).
El modelo catalán
Es precisamente el modelo catalán, modificado en 2006, el que nos puede indicar el camino que debería seguir la reforma de esta institución para que siga respondiendo a su función canalizadora de la participación ciudadana: un porcentaje reducido de firmas (50.000 firmas, que representa en torno al 0,95%, pudiendo firmar cualquier persona mayor de 16 años empadronado en Cataluña), el uso de medios electrónicos para lograrlas, un plazo amplio (4 meses prorrogables hasta 6), la toma en consideración automática y la participación de la Comisión Promotora durante todo el procedimiento legislativo….
No hay otro camino. Para avanzar en la regeneración política sin dar la espalda a las instituciones necesitamos vías formales de participación, que serán las únicas ante las que el Estado, no sólo la política, podrá dar respuesta reglada y, desde esa perspectiva, las únicas que nos pueden garantizar una reforma profunda, pero reforma al fin y al cabo, de nuestro sistema democrático.
Jun 5, 2013 | Artículos, Transparencia y Gobierno Abierto
Según informa Fernando Garea, el Gobierno ha empezado a trabajar sobre la anunciada regulación del lobby. El mero anuncio no deja de resultar paradójico, porque la adopción de medidas que afectan al Congreso presentan la particularidad de tener que ser establecidas por las mismas cámaras, normalmente en sus respectivos reglamentos, en virtud de su autonomía normativa (garantía última de la división de poderes).
No deja de resultar paradójico que sea el gobierno el que está haciendo el trabajo a las cámaras para que, más adelante, sean ellas las que lo ratifiquen, entiendo que a través de una reforma de los reglamentos. Aún así, en este punto conviene recordar el peso legislativo que el ejecutivo tiene en el sistema español y la necesidad de trabajar en un registro integrado que vaya más allá de las actividades de presión desarrolladas en el Parlamento.
El documento al que ha tenido acceso El País, y que entrecomilla oportunamente, merece un comentario. Siempre hemos insistido en la dificultad de regular el lobby en función de los sujetos que lo desarrollan, hasta llegar a decir, a modo de provocación, que «los lobbies no existen». De ahí mi convicción de la necesidad de centrarse, a la hora de legislar, en las actividades de presión, sea cual sea el sujeto que las desarrolla.
Por eso, puestos a establecer un registro, no nos parece mal definirlo no sólo por los fines («las organizaciones sociales y representativas de intereses entre cuyos fines se encuentre influir, directa o indirectamente, en la actividad legislativa de las Cortes Generales») sino también por las actividades, entendidas de una manera amplia, como los «contactos, reuniones o comunicaciones directas con miembros de las Cámaras o con asesores al servicio de los Grupos Parlamentarios; la preparación, difusión o comunicación pública de estudios, documentos e informes orientados al debate político o a contribuir a la fijación de posiciones políticas sobre iniciativas legislativas, modificaciones en las mismas o, en general, sobre cualquier decisión política que deba adoptarse por las Cámaras o por sus órganos internos; la participación en procesos de consulta pública sobre iniciativas legislativas o mediante la comparecencia de sus representantes ante las Comisiones de las Cámaras y la organización regular de eventos, encuentros, actividades promocionales, actividades académicas o actos sociales con participación de miembros de las Cámaras o asesores de los Grupos».
Con una enumeración tan amplia, que trata de abarcar cualquier tipo de relación formal o informal entre el «lobista» y los parlamentarios, la reforma cubriría el espectro más amplio de sujetos que pueden estar sometidos a este tipo de normas: «Organizaciones empresariales, sindicatos, ONG, empresas de consultoría y relaciones institucionales y despachos de abogados, entre otras». Entendemos que la conjunción de fines y actividades dejaría fuera a fundaciones de partidos, o sin un objetivo de influencia concreto, universidades o estudiosos (la palabra experto está demasiado devaluada) cuya actividad no está destinada necesariamente a influir en la legislación, aunque lo haga de forma indirecta, hasta el punto de que su participación resulta muchas veces determinante para garantizar la eficacia de las leyes.
El asunto se complicaría al estudiar los efectos de este registro obligatorio, que, según lo publicado, supondría una suerte de llave de acceso indispensable para «participar en los procesos de consulta pública y comparecencias». Resulta difícil defender una decisión de este tipo que, interpretada literalmente, estaría dejando fuera del proceso a actores imprescindibles en el proceso legislativo como universidades y estudiosos, restringiendo en cierto modo la libertad de actuación de los propios grupos parlamentarios. Así lo reconoce la Comisión Europea, que permite las comparecencias de cualquier actor de interés para el proceso, esté o no inscrito. Otra cosa sería afrontar el registro de manera positiva, otorgando a los registrados cierta facilidad para participar en estos procesos de los que habla el texto desvelado, como también hace la Unión Europea.
Queda pendiente conocer las obligaciones que supone el registro, especialmente su contenido (especialmente en lo que se refiere a lo que la Unión Europea denomina información financiera, es decir, el dinero que se utiliza para estas actividades y la publicidad que se dará a esta información, en caso de ser requerida) y la exigencia o no de adherirse a algún tipo de Código de Conducta. También está por ver la frecuencia de actualización del registro o la obligación de entregar informes periódicos de actividad y su contenido (actividades, temas, diputados con los que se han realizado estas actividades o incluso el dinero gastado en estas actividades), y las sanciones establecidas para aquellos que no cumplan con esta obligación. Quizás ante la dificultad de gestión que esto supondría, y la necesidad de emplear recursos, la única obligación sea el registro y el único incentivo para el registro esa amenaza de quedar fuera de los procedimientos formales. Si esto es así de poco servirá la anunciada obligatoriedad del registro. Estaremos pendientes.
May 16, 2013 | Artículos, Transparencia y Gobierno Abierto
Durante el último año hemos asistido a un goteo de noticias en medios internacionales que critican duramente a España. Buena parte de las noticias publicadas en medios de referencia como el New York Times, y, especialmente, en los medios financieros, no dejan a al Gobierno y otras administraciones españolas en el mejor lugar.
No han sido pocos los que achacan la cobertura mediática negativa a los intereses de los omnipresentes mercados, que estarían detrás de los medios de comunicación, haciendo inútil cualquier esfuerzo de comunicación por parte del Gobierno de España y sus distintos ministerios. Otros no dudan en culpar a la ineficacia de nuestra comunicación institucional. Sea cual sea el motivo de esta situación, vamos a centrarnos en la forma en que España desarrolla la acción de comunicación internacional.
Frente a la costumbre habitual de otros países donde el peso del día a día de la comunicación internacional recae sobre el Ministerio de Asuntos Exteriores, en España la comunicación internacional del Gobierno es una responsabilidad directa de la Secretaría de Estado de Comunicación, a cargo de Carmen Martínez de Castro, dependiente de la Presidencia del Gobierno.
Nada más llegar la nueva secretaria de Estado decidió suprimir la Dirección de Información Internacional que dirigía Juan Cierco y la sustituyó por una subdirección general a cargo de Ana Belén Vázquez, algo que podría considerarse toda una declaración de intenciones. Más allá de lo que dice el BOE, y como señalaba hace unos días en Twitter Cristina Manzano, hoy como entonces se echa de menos una estrategia definida de comunicación internacional.
A pesar de los viajes internacionales del presidente del Gobierno, no es fácil encontrar noticias sobre acciones concretas desarrolladas en este sentido, más allá de las visitas de alto nivel a lugares estratégicos como Londres, donde según el Embajador, citado por Borja Bergareche en ABC, en el último año han visitado ocho ministros y altos cargos; o la ciudad de New York, donde el Rey Juan Carlos se reunió con el Consejo Editorial del The New York Times. Este tipo de acciones continúan con la actividad desarrollada por el Gobierno socialista al final de la legislatura, en el que el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, tuvo un protagonismo especial.
Otro tipo de actuaciones sería la organización de visitas a nuestro país de periodistas internacionales. Si hacemos caso a las noticias, parece que en los últimos meses (y con motivo de visitas oficiales de sus resperctivos jefes de gobierno) se han organizado visitas de periodistas alemanes e ingleses, ofreciéndoles acceso a los actores más relevantes, como los ministros Montoro y De Guindos, o el jefe de la oficina económica de Moncloa, Alvaro Nadal. Este tipo de visitas, ‘off the record’, incluían también, según contaba Borja Bergareche, encuentros con ejecutivos de FCC, Iberdrola y Telefónica y el Instituto de Empresa.
La tercera vía para trabajar la comunicación internacional pasa, sin duda, por los corresponsales de los medios internacionales en nuestro país, que se han quejado en reiteradas ocasiones de falta de atención y de la dificultad de acceder a distintas fuentes de información.
Tampoco podemos dejar de considerar la importancia de las 21 oficinas de información dependientes de la Secretaría de Estado de Comunicación. Estas oficinas sufrieron algunos cambios de titular en abril de 2012 y desde entonces están vacantes puestos relevantes como el de Washington, Venezuela, Turquía, La Haya, Varsovia (según el BOE, en la Resolución de 11 de mayo de 2012, resuelta, y Resolución de 11 de julio de 2012 y el 2 de agosto).
El Ministerio de Asuntos Exteriores podría colaborar en esta labor e incluso, quizás, debería asumir esa responsabilidad, garantizando así la «unidad de acción» de nuestra política exterior e involucrando en esta labor a una buena parte del cuerpo diplomático. Aunque hoy eso es difícil, al estar las habilidades y estudios de comunicación fuera de la formación y de la práctica de los diplomáticos españoles.
Con ese fin se creó la Dirección General de medios y Diplomacia Pública y, más adelante, el Alto Comisionado de la Marca España, pero ambos departamentos están escasamente dotados de profesionales de la comunicación, más allá de la directora María Claver, y cuentan con muy pocos recursos para realizar una labor efectiva. Invertir en formación, de emergencia y permanente, con la introducción en el programa de la Escuela Diplomática de un grupo de asignaturas enfocadas con la comunicación podría ayudar a realizar ese traspaso.
No se trata de establecer un briefing diario con los medios internacionales, ni de tener una plantilla de más de mil personas dedicadas a estos menesteres, como el Departamento de Estado norteamericano, pero hay una serie de puntos en los que se podría trabajar para mejorar la imagen de España fuera de nuestras fronteras.
Además de fortalecer los equipos y mejorar procedimientos y rutinas de comunicación, caben nuevas acciones como una comunicación en redes dirigida específicamente a la opinión pública internacional (que de momento brilla por su ausencia); mejorar la comunicación directa con las embajadas situadas en España, que frecuentemente son una referencia obligada tanto para los medios como para la opinión pública de los países a los que representan, y que con frecuencia se quejan de falta de atención.
También ayudaría, en la línea del convenio firmado entre TVE y el ACME, renegociar los derechos de la programación de TVE, en gran medida inaccesible desde fuera de nuestras fronteras, para, al menos, convertir la magnífica web del ente público en una herramienta eficaz de defensa de nuestra imagen. Las posibilidades son enormes, sólo queda hacerlas realidad.
