Rafa Rubio es Doctor en Derecho Constitucional y profesor en la Universidad Complutense de Madrid. También ha sido investigador visitante en las Universidades de Georgetown, Harvard, George Washington University y la Scuola Superiore Sant´Anna. Es miembro del grupo de expertos del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que colaboró en la elaboración de la Ley de Transparencia en España. Además, ha asesorado en comunicación digital y movilización social a Amnistía Internacional y Cooperación Internacional. Sus temas de investigación son la transparencia, la participación política, la comunicación y las campañas electorales
¿Por qué crees que realizar el curso es una opción para los profesionales de lobby?
El lobby es una profesión compleja que conjuga política, comunicación, derecho y conocimiento del sector en el que se trabaja, y es difícil encontrar profesionales formados en las cuatro disciplinas y con una visión integral de la profesión. Además, la profesión en nuestro país está un en proceso de modernización en el que toda puesta al día es poca.
¿Qué aportará este curso de posgrado a aquellos que se dedican al lobby?
Una visión integral del sector, formación en nuevas tendencias y el contacto con otros profesionales que suelen encontrar dificultades similares en su trabajo diario.
¿Cuáles crees que van a ser las tendencias del lobby que van a predominar los próximos años?
Creo que las dos grandes tendencias son la legitimación social, el aumento de los actores a los que se dirigen las acciones de lobby y la integración del lobby con otras áreas relacionadas con los intangibles de la empresa.
¿Crees que la actividad de lobby es imprescindible para cualquier compañía y organización?
Las decisiones del Estado influyen directamente en los resultados de las compañías y las organizaciones, de ahí que tratar de trabajar como si el Estado no existiera, o como si fuera imposible influir en sus decisiones sea un error estratégico y de gestión.
¿Consideras la actividad de lobby como canal de comunicación entre el sector privado, tercer sector, la sociedad civil, Administración Pública y políticos?
La materia prima del lobby es la comunicación, y sus actores fundamentales el sector privado, tercer sector, la sociedad civil, Administración Pública y políticos, de ahí que podamos definir la actividad de lobby propiamente como las actividades de comunicación entre estos actores.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta semana una propuesta para regular la actividad de los lobbies. Los expertos en el sector aplauden a medias este avance, ya que se limita al poder legislativo y no se define con exactitud la labor de estos grupos de influencia.
Por Íñigo Zulet
Los lobbies lo pedían a gritos. Y Bruselas también lo exigía: España debía regular la actividad de los grupos de influencia. Y ahora parece que el partido del Gobierno, después de muchas promesas, ha reaccionado y comienza a abordar la normalización de los lobbies: el Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha presentado esta semana una propuesta para regular la labor en el Congreso de estos grupos de presión. La medida ha sido aplaudida, pero sólo a medias: se considera un avance, aunque se ha tildado de insuficiente, tanto por la oposición como por los expertos en el sector.
Con el objetivo de “dotar de plena publicidad y transparencia a los encuentros de los diputados con los denominados grupos de interés”, al actual Reglamento de la Cámara Baja, que data de 1982, el PP quiere añadir una disposición para crear, en el plazo de seis meses, un “registro público de carácter obligatorio donde deban inscribirse” los lobbies.
La propuesta gira en torno a tres ejes: registro público obligatorio para los lobbies, una agenda de reuniones y garantizar un código de conducta
La propuesta del GPP se construye en torno a tres grandes ejes: el registro público ya mencionado, una agenda en la que se deje constancia de las reuniones entre diputados y lobbies y, por último, la aprobación de un código de conducta para comprometer a estos grupos de presión “a no obtener ni información o decisiones de forma deshonesta o mediante un comportamiento inadecuado”.
La crítica principal que se le achaca a esta propuesta es que se limite únicamente al poder legislativo. “Lo óptimo sería ampliar los controles al Ejecutivo nacional, entendido como la Administración General del Estado pero también las administraciones autonómicas”, reclama María Rosa Rotondo, presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI). “La regulación nace ya muy parcial, ya que el 80% de la actividad de los lobbies se desarrolla frente al poder ejecutivo”, comenta Rafael Rubio, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid e investigador del fenómeno de los lobbies.
“Es una medida de mínimos”, indica Cristina Moreno, de la Fundación Civio, y añade: “Se deja fuera una parte importante de las actividades que estos grupos pueden hacer a nivel del Gobierno y ministerios”. “Cuando se regula tarde es una buena oportunidad para ser innovadores, y aquí no lo estamos siendo”, lamenta Rafael Rubio.
Para extender la medida al control del Gobierno y los distintos ministerios, la regulación de los lobbies debería haberse incluido dentro de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, pero el PP lo rechazó porque entendía que eran los propios partidos políticos y no los grupos de presión quienes actúan de “enlace legítimo” entre la sociedad y los poderes públicos. En este sentido, desde APRI esperan ahora que el Gobierno ceda y establezca un registro de lobbistas en el Ejecutivo a partir del proyecto de ley de altos cargos presentado dentro de la batería de medidas anticorrupción anunciadas por Rajoy este jueves.
El principal problema es que la medida se limita sólo al poder legislativo, sin tener en cuenta las reuniones con el Gobierno y los ministerios
“Incluir la regulación en la ley es importante en un país como España, donde la toma de decisión y los anteproyectos de ley vienen prácticamente cerrados desde el Ejecutivo”, señala Cristina Moreno.
La agenda de reuniones «no aporta demasiado»
Aunque la incorporación de un cuaderno de reuniones, en palabras de Rubio, “permite ver con quién se reúnen los legisladores para obtener así un mapa de los agentes de influencia”, su existencia no deja de ser “redundante”. ¿El motivo? En esa agenda sólo aparecerán los lobbies inscritos previamente en el registro, lo que “sólo serviría para ver cuáles están más activos”. Para convertirla en un instrumento más útil, este experto propone incluir todas las reuniones de trabajo de los parlamentarios para que esa agenda “sirva de elemento de mayor transparencia”.
El problema que surge con los lobbies no es sólo normativo, sino también cultural y de concepto. El PP, en su propuesta, habla del estos grupos como “personas físicas o jurídicas que lleven a cabo de manera organizada acciones para influir en el poder legislativo en defensa de los intereses comunes de sus miembros”. La definición no gusta a la oposición porque se considera «demasiado genérica y un pelín abstracta”, según Rafael Rubio. Tanto la Izquierda Plural como el PSOE piden mayor claridad y que se explique qué se considera lobby y si las ONGs o los colectivos sociales entran en este concepto.
El problema que surge con los lobbies no es sólo normativo, sino también cultural y de concepto
“Una parte del problema cultural tiene que ver con la regulación. Al no haberla, se tendía a relacionar el mundo de los lobbies con prácticas oscuras, lo que acrecentaba su mala fama”, explica Rubio.
Problemas de definición, una agenda poco útil y la opacidad en las reuniones con cargos o funcionarios públicos que no sean diputados empobrecen el intento de los ‘populares’ de mostrarse transparentes ante la ciudadanía. Y la propuesta tiene más taras: para Civio, el PP no ha tenido en cuenta “otras formas de comunicación que no implican reuniones en persona, como llamadas telefónicas o correos electrónicos”. Asimismo, tampoco se establece un régimen sancionador para los parlamentarios que no estén en la lista previa. “¿Qué pasará si un diputado se reúne con un lobbista no registrado?”, se preguntan.
Los promotores de estas iniciativas sin duda actúan movidos por el interés de defender públicamente su posición y tratar de influir activamente en un proceso político con importantes consecuencias.
No es la primera vez hace unos meses también surgieron distintos manifiestos en torno a la regeneración democrática. Una sencilla búsqueda en google nos devuelve una lista interminable de ellos:
A la vista de tanto manifiesto y sus escasos resultados me planteo si esa es la mejor opción, o, dicho con otras palabras, ¿responden los manifiestos a la forma de incidir en política en el siglo XXI?
Yo, que he sido promotor y abajofirmante de algunos de ellos, creo que a los manifiestos se les ha pasado el arroz, al menos entendidos como un fin en si mismo:
Son una herramienta de las élites en una época dónde la legitimidad es cada vez más distribuida.
Son un mecanismo de impacto, fundamentalmente mediático, en una época en la que la eficacia de la movilización se sustancia en la recurrencia.
Son un concepto excesivamente racional en una época donde la movilización social tiene un alto componente emocional.
Son una foto estática en blanco y negro, detrás de una mesa, frente a iniciativas llenas de color y movimiento.
Son, aunque pueda parecer paradójico, lo más parecido al activismo de salón, que tanto se critica en el ciberactivismo.
De ahí que considere que los manifiestos pueden ser útiles como bandera de enganche, como medio no como fin. Una herramienta, como el manifiesto de Podemos para dar visibilidad y motivación a una plataforma social que se vaya construyendo con el tiempo, que una sensibilidades distintas y proponga una serie de acciones que mantengan el tema en la agenda y vayan logrando pequeños “éxitos” de movilización social hasta configurarse como un verdadero grupo de acción política y social.
Este es mi nomanifiesto, admito firmas y desfirmas, de intelectuales y no intelectuales.
Un programa orientado a potenciar la influencia de los directivos españoles en las negociaciones internacionales, cuenta entre sus ponentes con Bruce Goslin, ex director de la Agencia Central de Inteligencia y consultor de riesgos empresariales con amplia experiencia en empresas de “Fortune 500”. También participarán, entre otros expertos, Antonio de Oyarzábal, ex embajador de España en Washington y Tokio; Rafael Calduch, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y Rafael Rubio, experto en comunicación política y colaborador en la campaña presidencial de John McCain en 2008.
La diplomacia corporativa y el lobby empresarial
Los distintos ámbitos de poder, la diplomacia corporativa, el lobby empresarial y la acción exterior de los Estados serán abordados durante el curso. Los ejecutivos y empresas españolas no valoran ni utilizan los servicios de ‘inteligencia económica’ que, en otros países, se aplican con óptimos resultados. El ex director de la CIA, Bruce Goslin, ex oficial de inteligencia en el extranjero durante 14 años, adquirió una amplia experiencia en la gestión de operaciones de inteligencia sensibles y complejos asuntos políticos con altos funcionarios de gobiernos extranjeros. Goslin representa ahora en España a los fundadores de Kroll&Asociados.
La agencia fundada por los hermanos Jeremy y Jules Kroll, dedicada a la investigación sobre personas, la recuperación de bancos de datos y sistemas informáticos dañados y a la gestión de empresas en crisis, se hizo en 2005 con un cliente problemático: la eléctrica Enron. La empresa de California ocultó miles de millones de dólares en deudas, lo que casi le hizo desaparecer. En España se dio a conocer por elaborar informes confidenciales sobre el ex banquero Mario Conde.
El programa analizará en ‘Las distintas caras del poder’, entre otros aspectos, las democracias participativas ante el mundo digital y la organización tradicional del Estado versus nuevos ámbitos del poder; en ‘Intereses públicos y privados’, se tratará la relación comunicación y poder. El valor de la influencia y la diplomacia corporativa abordará el compromiso de una institución con sus stakeholders, la organización de una empresa influyente o cómo realizar un correcto análisis del riesgo político país. Se trabajará en cómo poner en marcha un programa de lobby empresarial, el impacto de las redes sociales y las nuevas tecnologías, además de detenerse en las claves del lobby en la Unión Europea. También se analizará el lobismo del “Tercer Sector”, llevado a cabo por ONG’s, asociaciones civiles o think tank.
Según informa Fernando Garea, el Gobierno ha empezado a trabajar sobre la anunciada regulación del lobby. El mero anuncio no deja de resultar paradójico, porque la adopción de medidas que afectan al Congreso presentan la particularidad de tener que ser establecidas por las mismas cámaras, normalmente en sus respectivos reglamentos, en virtud de su autonomía normativa (garantía última de la división de poderes).
No deja de resultar paradójico que sea el gobierno el que está haciendo el trabajo a las cámaras para que, más adelante, sean ellas las que lo ratifiquen, entiendo que a través de una reforma de los reglamentos. Aún así, en este punto conviene recordar el peso legislativo que el ejecutivo tiene en el sistema español y la necesidad de trabajar en un registro integrado que vaya más allá de las actividades de presión desarrolladas en el Parlamento.
El documento al que ha tenido acceso El País, y que entrecomilla oportunamente, merece un comentario. Siempre hemos insistido en la dificultad de regular el lobby en función de los sujetos que lo desarrollan, hasta llegar a decir, a modo de provocación, que «los lobbies no existen». De ahí mi convicción de la necesidad de centrarse, a la hora de legislar, en las actividades de presión, sea cual sea el sujeto que las desarrolla.
Por eso, puestos a establecer un registro, no nos parece mal definirlo no sólo por los fines («las organizaciones sociales y representativas de intereses entre cuyos fines se encuentre influir, directa o indirectamente, en la actividad legislativa de las Cortes Generales») sino también por las actividades, entendidas de una manera amplia, como los «contactos, reuniones o comunicaciones directas con miembros de las Cámaras o con asesores al servicio de los Grupos Parlamentarios; la preparación, difusión o comunicación pública de estudios, documentos e informes orientados al debate político o a contribuir a la fijación de posiciones políticas sobre iniciativas legislativas, modificaciones en las mismas o, en general, sobre cualquier decisión política que deba adoptarse por las Cámaras o por sus órganos internos; la participación en procesos de consulta pública sobre iniciativas legislativas o mediante la comparecencia de sus representantes ante las Comisiones de las Cámaras y la organización regular de eventos, encuentros, actividades promocionales, actividades académicas o actos sociales con participación de miembros de las Cámaras o asesores de los Grupos».
Con una enumeración tan amplia, que trata de abarcar cualquier tipo de relación formal o informal entre el «lobista» y los parlamentarios, la reforma cubriría el espectro más amplio de sujetos que pueden estar sometidos a este tipo de normas: «Organizaciones empresariales, sindicatos, ONG, empresas de consultoría y relaciones institucionales y despachos de abogados, entre otras». Entendemos que la conjunción de fines y actividades dejaría fuera a fundaciones de partidos, o sin un objetivo de influencia concreto, universidades o estudiosos (la palabra experto está demasiado devaluada) cuya actividad no está destinada necesariamente a influir en la legislación, aunque lo haga de forma indirecta, hasta el punto de que su participación resulta muchas veces determinante para garantizar la eficacia de las leyes.
El asunto se complicaría al estudiar los efectos de este registro obligatorio, que, según lo publicado, supondría una suerte de llave de acceso indispensable para «participar en los procesos de consulta pública y comparecencias». Resulta difícil defender una decisión de este tipo que, interpretada literalmente, estaría dejando fuera del proceso a actores imprescindibles en el proceso legislativo como universidades y estudiosos, restringiendo en cierto modo la libertad de actuación de los propios grupos parlamentarios. Así lo reconoce la Comisión Europea, que permite las comparecencias de cualquier actor de interés para el proceso, esté o no inscrito. Otra cosa sería afrontar el registro de manera positiva, otorgando a los registrados cierta facilidad para participar en estos procesos de los que habla el texto desvelado, como también hace la Unión Europea.
Queda pendiente conocer las obligaciones que supone el registro, especialmente su contenido (especialmente en lo que se refiere a lo que la Unión Europea denomina información financiera, es decir, el dinero que se utiliza para estas actividades y la publicidad que se dará a esta información, en caso de ser requerida) y la exigencia o no de adherirse a algún tipo de Código de Conducta. También está por ver la frecuencia de actualización del registro o la obligación de entregar informes periódicos de actividad y su contenido (actividades, temas, diputados con los que se han realizado estas actividades o incluso el dinero gastado en estas actividades), y las sanciones establecidas para aquellos que no cumplan con esta obligación. Quizás ante la dificultad de gestión que esto supondría, y la necesidad de emplear recursos, la única obligación sea el registro y el único incentivo para el registro esa amenaza de quedar fuera de los procedimientos formales. Si esto es así de poco servirá la anunciada obligatoriedad del registro. Estaremos pendientes.
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