El Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta semana una propuesta para regular la actividad de los lobbies. Los expertos en el sector aplauden a medias este avance, ya que se limita al poder legislativo y no se define con exactitud la labor de estos grupos de influencia.
Por Íñigo Zulet
Los lobbies lo pedían a gritos. Y Bruselas también lo exigía: España debía regular la actividad de los grupos de influencia. Y ahora parece que el partido del Gobierno, después de muchas promesas, ha reaccionado y comienza a abordar la normalización de los lobbies: el Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha presentado esta semana una propuesta para regular la labor en el Congreso de estos grupos de presión. La medida ha sido aplaudida, pero sólo a medias: se considera un avance, aunque se ha tildado de insuficiente, tanto por la oposición como por los expertos en el sector.
Con el objetivo de “dotar de plena publicidad y transparencia a los encuentros de los diputados con los denominados grupos de interés”, al actual Reglamento de la Cámara Baja, que data de 1982, el PP quiere añadir una disposición para crear, en el plazo de seis meses, un “registro público de carácter obligatorio donde deban inscribirse” los lobbies.
La propuesta gira en torno a tres ejes: registro público obligatorio para los lobbies, una agenda de reuniones y garantizar un código de conducta
La propuesta del GPP se construye en torno a tres grandes ejes: el registro público ya mencionado, una agenda en la que se deje constancia de las reuniones entre diputados y lobbies y, por último, la aprobación de un código de conducta para comprometer a estos grupos de presión “a no obtener ni información o decisiones de forma deshonesta o mediante un comportamiento inadecuado”.
La crítica principal que se le achaca a esta propuesta es que se limite únicamente al poder legislativo. “Lo óptimo sería ampliar los controles al Ejecutivo nacional, entendido como la Administración General del Estado pero también las administraciones autonómicas”, reclama María Rosa Rotondo, presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI). “La regulación nace ya muy parcial, ya que el 80% de la actividad de los lobbies se desarrolla frente al poder ejecutivo”, comenta Rafael Rubio, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid e investigador del fenómeno de los lobbies.
“Es una medida de mínimos”, indica Cristina Moreno, de la Fundación Civio, y añade: “Se deja fuera una parte importante de las actividades que estos grupos pueden hacer a nivel del Gobierno y ministerios”. “Cuando se regula tarde es una buena oportunidad para ser innovadores, y aquí no lo estamos siendo”, lamenta Rafael Rubio.
Para extender la medida al control del Gobierno y los distintos ministerios, la regulación de los lobbies debería haberse incluido dentro de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, pero el PP lo rechazó porque entendía que eran los propios partidos políticos y no los grupos de presión quienes actúan de “enlace legítimo” entre la sociedad y los poderes públicos. En este sentido, desde APRI esperan ahora que el Gobierno ceda y establezca un registro de lobbistas en el Ejecutivo a partir del proyecto de ley de altos cargos presentado dentro de la batería de medidas anticorrupción anunciadas por Rajoy este jueves.
El principal problema es que la medida se limita sólo al poder legislativo, sin tener en cuenta las reuniones con el Gobierno y los ministerios
“Incluir la regulación en la ley es importante en un país como España, donde la toma de decisión y los anteproyectos de ley vienen prácticamente cerrados desde el Ejecutivo”, señala Cristina Moreno.
La agenda de reuniones «no aporta demasiado»
Aunque la incorporación de un cuaderno de reuniones, en palabras de Rubio, “permite ver con quién se reúnen los legisladores para obtener así un mapa de los agentes de influencia”, su existencia no deja de ser “redundante”. ¿El motivo? En esa agenda sólo aparecerán los lobbies inscritos previamente en el registro, lo que “sólo serviría para ver cuáles están más activos”. Para convertirla en un instrumento más útil, este experto propone incluir todas las reuniones de trabajo de los parlamentarios para que esa agenda “sirva de elemento de mayor transparencia”.
El problema que surge con los lobbies no es sólo normativo, sino también cultural y de concepto. El PP, en su propuesta, habla del estos grupos como “personas físicas o jurídicas que lleven a cabo de manera organizada acciones para influir en el poder legislativo en defensa de los intereses comunes de sus miembros”. La definición no gusta a la oposición porque se considera «demasiado genérica y un pelín abstracta”, según Rafael Rubio. Tanto la Izquierda Plural como el PSOE piden mayor claridad y que se explique qué se considera lobby y si las ONGs o los colectivos sociales entran en este concepto.
El problema que surge con los lobbies no es sólo normativo, sino también cultural y de concepto
“Una parte del problema cultural tiene que ver con la regulación. Al no haberla, se tendía a relacionar el mundo de los lobbies con prácticas oscuras, lo que acrecentaba su mala fama”, explica Rubio.
Problemas de definición, una agenda poco útil y la opacidad en las reuniones con cargos o funcionarios públicos que no sean diputados empobrecen el intento de los ‘populares’ de mostrarse transparentes ante la ciudadanía. Y la propuesta tiene más taras: para Civio, el PP no ha tenido en cuenta “otras formas de comunicación que no implican reuniones en persona, como llamadas telefónicas o correos electrónicos”. Asimismo, tampoco se establece un régimen sancionador para los parlamentarios que no estén en la lista previa. “¿Qué pasará si un diputado se reúne con un lobbista no registrado?”, se preguntan.
Los promotores de estas iniciativas sin duda actúan movidos por el interés de defender públicamente su posición y tratar de influir activamente en un proceso político con importantes consecuencias.
No es la primera vez hace unos meses también surgieron distintos manifiestos en torno a la regeneración democrática. Una sencilla búsqueda en google nos devuelve una lista interminable de ellos:
A la vista de tanto manifiesto y sus escasos resultados me planteo si esa es la mejor opción, o, dicho con otras palabras, ¿responden los manifiestos a la forma de incidir en política en el siglo XXI?
Yo, que he sido promotor y abajofirmante de algunos de ellos, creo que a los manifiestos se les ha pasado el arroz, al menos entendidos como un fin en si mismo:
Son una herramienta de las élites en una época dónde la legitimidad es cada vez más distribuida.
Son un mecanismo de impacto, fundamentalmente mediático, en una época en la que la eficacia de la movilización se sustancia en la recurrencia.
Son un concepto excesivamente racional en una época donde la movilización social tiene un alto componente emocional.
Son una foto estática en blanco y negro, detrás de una mesa, frente a iniciativas llenas de color y movimiento.
Son, aunque pueda parecer paradójico, lo más parecido al activismo de salón, que tanto se critica en el ciberactivismo.
De ahí que considere que los manifiestos pueden ser útiles como bandera de enganche, como medio no como fin. Una herramienta, como el manifiesto de Podemos para dar visibilidad y motivación a una plataforma social que se vaya construyendo con el tiempo, que una sensibilidades distintas y proponga una serie de acciones que mantengan el tema en la agenda y vayan logrando pequeños “éxitos” de movilización social hasta configurarse como un verdadero grupo de acción política y social.
Este es mi nomanifiesto, admito firmas y desfirmas, de intelectuales y no intelectuales.
Las conclusiones principales, según la propia consultora, serían las siguientes:
quienes asumen la tendencia y toman la iniciativa de participar activamente en este nuevo entorno de comunicación sacan ventaja del resto en términos de notoriedad y notabilidad en Internet.
– Peña Nieto es el presidente del que más se habla en la red
– Correa es el mandatario que cuenta con una mejor valoración por parte de los usuarios.
– Dilma Rousseff destaca por su buen posicionamiento en Twitter donde es la líder con un mayor número de menciones y una mejor valoración.
No hay duda que se trata de conclusiones valiosas pero que no dejan de caer en los defectos tradicionales en este tipo de trabajos, también presentes en el informe de Burson-Masteller, que sacan la herramienta de monitorización a pasear y publican los resultados. Hacer un análisis sobre el uso de las redes sociales, implica ir más allá de la mera observación del número de seguidores, likes, menciones y RT de los mensajes que se producen desde una determinada cuenta. Muchas veces estos informes, obvian elementos tan necesarios como el país de procedencia, el tamaño de su población respecto al número de seguidores, la penetración de internet en ese territorio e incluso la realidad política que lo acompaña.
1) A pesar del tiempo pasado y el incremento del uso de las redes en Latinoamérica, ningún otro mandatario latinoamericano ha logrado superar la influencia política, comunicacional y social que ha tenido la cuenta del fallecido presidente Hugo Chavez. Marcó tendencia en la forma de usar la herramienta, de dirigirse y en la cantidad de veces al día que lo hacía. De hecho, ninguno ha logrado todavía superar los más de cuatro millones de seguidores que llego a tener esta cuenta. No es de extrañar que el que fuera su opositor, el político venezolano Henrique Capriles Radonski sea el político latinoamericano (sin ser presidente) con más seguidores en twitter con 4.36 millones de seguidores, y que el siguiente en la clasificación, la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández les siga a mucha distancia con 2.65 millones de seguidores.
Este liderazgo tiene mucho que ver con la extensión del uso de twitter en Venezuela, que durante mucho tiempo fue el primer país latinoamericano en el uso de este red social, y con la apuesta estratégica que el fallecido Chávez puso en marcha en mayo de 2010, poco después de abrir su perfil en esta red social, contratando a 200 personas para administrar su presencia en la red.
2) Expresidentes que superan a sus sucesores. En países como Colombia y México, a pesar del tiempo que ha pasado desde que se celebraron las elecciones, los ex presidentes superan a sus sucesores, actualmente en el cargo. En Colombia Álvaro Uribe Veléz mantiene el liderazgo en su país con 2,806,690 seguidores mientras que su sucesor Juan Manuel Santos tiene 2,390,267
Algo similar ocurre en México donde el ex Presidente Felipe Calderón con 2.76 millones de seguidores lidera ligeramente a su sucesor Enrique Peña Nieto que cuenta con 2.57 millones de seguidores.
3) Resulta interesante ver como también las primeras damas han encontrado un espacio en Twitter para darse a conocer e interactuar con sus seguidores. Entre las más activas se encuentran la primera dama de la República Dominicana: Candida Montilla y la de Panamá: Martha de Martinelli. Extrañamente, a pesar de la fuerte imagen que goza la primera dama de México Angela Riviera, está no cuenta con una cuenta en esta red social.
4) Cuentas falsas que gozan de gran predicamento:
Otro de los temas digno de mención es la popularidad de cuentas falsas (fajes) parodiando a presidentes latinoamericanos.
Entre estos destacan @MaduroOficial, que aunque se presenta como oficial se burla de todos los anuncios presidenciales. En Ecuador también han existido intentos parodiar al presidente Correa, que llegó a denunciar el 24 de febrero del 2014 que las cuentas de twitter @MashiRafaelEC y @RafaelCorreaEC no le pertenecían, tras la denuncia ambas fueron suspendidas, todavía se mantiene @MashiCorrea, con 8.475 seguidores y más de 400 tweets publicados, pero no ha vuelto a publicar desde el 5 de octubre de 2013.
Todavía más llamativa, es la cuenta faje de Dilma Russef, especialmente @Dilmabr, Dilma Bolada (cuyo usuario es igual al de su cuenta oficial @Dilmabr, sólo cambia la l que se sustituye por una I mayúscula algo difícil de percibir). El tono de esta cuenta es mordaz desde su propia bio, donde se presenta como «la Reina de la Nación, de la diva del Pueblo, el Soberano de las Américas … que soy hermosa, soy diva, soy el presidente».
Como puede verse, y a pesar de informes como el de Burson que no discriminan entre unos y otros, lo habitual es que los Presidentes utilicen sus cuentas en las redes sociales como forma de comunicación con sus ciudadanos, eso no quita para que, de vez en cuando puedan ser utilizados como herramienta de política exterior, pero eso es otra historia, de la que hablaremos muy pronto. ¿algún otro ejemplo?
En la vida de toda persona hay decisiones de las que uno puede arrepentirse. Algunas llegan a la mañana siguiente de una noche de fiesta, mientras otras pueden suponer una larga condena de años en prisión. Pero hay arrepentimientos inevitables, como el de las elecciones: cada cuatro años como mucho vas a tener que entregar tu voto a alguien, aun con la posibilidad de que acabes maldiciendo tu decisión cuando ese candidato sonriente se convierta en un altivo dirigente que olvida todas y cada una de sus promesas.
¿Qué hacer? Hay países que son noticia cada dos por tres, como Suiza, porque convoca con cierta frecuencia referéndums para que los ciudadanos tomen partido por las cuestiones más espinosas o delicadas, en lo que algunos ven un modelo de participación ciudadana ideal. El problema es que Suiza no es España: aquí el descontento con los políticos crece, la participación política se desploma y las críticas a los partidos arrecian por culpa de la falta de soluciones ante la crisis, la ausencia de candidatos que enganchen y escándalos diversos. Una de las grandes críticas al sistema de una parte creciente de la sociedad es lo oxidada que se ha quedado nuestra democracia, pero ¿cómo mejorarla?
En los últimos años muchos han estado dándole vueltas al desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan mejorar la integración de la ciudadanía en la vida pública. Expresiones como «transparencia», «rendición de cuentas», «gobierno abierto», «participación ciudadana» o «democracia directa» han ido ganando presencia e importancia. No faltan iniciativas, muchas veces vinculadas al periodismo de datos y de investigación, que buscan ofrecer información pública sensible a los ciudadanos de una forma manejable y entendible. Porque ese es parte del problema: que hay mucha información pública que en teoría debería estar abierta a la gente, pero que no lo está. Avances como la publicación de las cuentas de los diputados o solicitudes en marcha como la publicación de sus agendas y reuniones, sus viajes y sus votaciones son el primer paso de todo el proceso: dar a los ciudadanos un conocimiento real, rápido y directo de qué hacen con su voto.
En ese resquicio, el de implicar más a los ciudadanos y ofrecerles más información sí ha mejorado mucho el panorama. Iniciativas diversas como las de Civio —con proyectos como Quién Manda, Tu derecho a saber o el Indultómetro—, redes sociales y plataformas de participación como Agora Voting, Democracia OS, Loomio o Kuorum, y apps como Congreso 2.0 o AppGree son algunos ejemplos en este sentido. Pero vayamos al principio: ¿qué es la democracia? Votar y elegir. ¿A quién? Depende. En un país con listas abiertas, a personas; en un país con listas cerradas, a partidos: la diferencia es grande ¿Y para qué? Para que decidan por ti. Se supone que en base a una especie de contrato no vinculante por el que esos electos tienen unas ideas y un proyecto concreto que seguirán si consiguen aunar el apoyo de gente suficiente. ¿Y qué pasaría si, una vez el ciudadano tiene un mayor y mejor acceso a lo que se cuece en la vida política, eligiera directamente en lugar de tener que plegarse a lo que decidan por él? Porque, seguramente, ni todos los militantes del PP están de acuerdo con la reforma de la Ley del aborto ni todos los militantes del PSOE querrían revisar los acuerdos con el Vaticano.
El primer problema que plantea este debate es el de los medios. Si montar unas elecciones es carísimo y requiere la paralización de la vida política, ¿cómo sería posible habilitar formas en que la gente pudiera expresar su opinión de forma confidencial, no manipulable, continua, universal y barata? La tecnología es la respuesta. Pero claro, este era el primer problema, pero no el único, y seguramente no el más importante Carlos Guadián, investigador experto en innovación en el sector público y gobierno abierto, alerta de que eliminar un sistema representativo «por una hipotética ágora virtual no solucionaría los problemas». En su opinión, «la ciudadanía, en el momento en el que nos encontramos, es proclive a participar en política cuando el tema le afecta directamente», por lo que parece inviable un sistema de democracia directa, aunque iniciativas en este sentido sí podrían contribuir a mejorar el sistema actual. «Sí que tendría sentido tener un sistema consultivo a la ciudadanía más flexible y ágil, es decir, preguntar sobre temas que sean críticos o de interés general».
En una línea similar se manifiesta Rafael Rubio, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense y consultor: «Utilizar la tecnología para la adopción de decisiones públicas por parte de los ciudadanos es quizás el aspecto menos esencial de todos los que la tecnología puede aportar a la democracia. Antes es mucho más necesario usar la tecnología como forma de mejorar la información que tienen los representantes para adoptar decisiones», asegura.
¿Por qué esas reservas? En opinión de Rubio, «ahora que es posible técnicamente la participación directa es necesario defender la democracia representativa como el modelo que mejor responde a los objetivos de la democracia» porque, explica,« la democracia nace vinculada a dos principios: el primero es el democrático, que garantiza el gobierno de las mayorías; y el segundo, el liberal, que garantiza el respeto a las minorías marcándose los límites de lo que ni siquiera las mayorías pueden imponer al resto».
Según su análisis, la gestión política, ya sea de un país entero o de una ciudad, es tan compleja que requeriría «una participación permanente de la ciudadanía en la política, y, como eso es imposible, acabaría premiando a un nuevo tipo de ciudadano, el votante profesional, el ciudadano políticamente comprometido, cuyas decisiones no son necesariamente más democráticas que las del ciudadano que no tiene esa dedicación o incluso ese compromiso con la política». Por entendernos, se silenciaría a esa minoría que sí puede ir a votar cada cuatro años, pero que no tendría tiempo, conocimientos o interés por votar cada día.
«El problema», según Guadián, «es la ‘oclocracia’ y el ‘me apunto’ a una determinada acción sin haber reflexionado ni consultado cuánto de cierto hay tras ella. La manipulación y la demagogia pueden causar más daño que beneficio. Pero lo que sí es cierto es que las demandas ciudadanas de más y mejores formas de participación política deben satisfacerse por la buena salud de la democracia».
Porque en la necesidad de esa intermediación de candidatos electos e instituciones también coincide Guadián: «Alguien tiene que tomar las decisiones, de ahí que el sistema representativo es la mejor solución», considera. «Ahora bien, tiene que ser un sistema mucho más abierto. Primero, en cuanto a la elección de los representantes, lo que significa que haya listas abiertas y elección desde el primer cargo al último, además de que la rendición de cuentas se haga directamente al ciudadano y no a los partidos», matiza.
Es decir, que, aunque tecnológicamente sea posible establecer una democracia directa, puede ser contraproducente según los investigadores porque sobrerrepresentaría a grupos hiperactivos o ruidosos. Y eso sin entrar en las meras limitaciones técnicas ya que, aunque la penetración digital en España ha crecido muchísimo en los últimos años, sigue lejos de ser universal.
Además, como aseguran los detractores de este tipo de participación directa, la Constitución ya prevé que se sometan a referéndum —vinculante o no— las decisiones más importantes. El problema es decidir cuáles son esas determinaciones «más importantes» que se refieren únicamente a las que sostienen el funcionamiento del país, lo que ha hecho que se haya podido modificar la Constitución dos veces sin que los ciudadanos hayan votado: bastó con que los dos grandes partidos se pusieran de acuerdo.
Pero dejando de lado la posibilidad de la democracia directa para decisiones cotidianas, nueve partidos han decidido ya implementar la participación directa en su elección de candidatos.Según un artículo de Aitor Riveiro y Belén Picazo en elDiario.es, los resultados han sido claramente desiguales, siendo los mejores los de Izquierda Abierta, una facción de IU, donde votaron el 74% de los que podían hacerlo, y Compromís, donde lo realizaron el 65%. En el resto, la participación fue minoritaria (UPyD, un 32%; ICV, un 27%; Ciudadanos, un 23%; Equo, el 15%; y PSC, 9%). Por último, dos plataformas que no tenían un censo concreto como Podemos y el Partido X registraron la participación de 33.156 y 2.704 personas, respectivamente.
¿Y qué opinan quienes ya han usado estos sistemas? Independientemente de sus diferencias ideológicas, apuestan por ahondar más en su desarrollo y describen sus bondades, pero también alertan de sus riesgos Reyes Montiel, que disputó por su candidatura en Equo para las elecciones europeas, dice que en su formación consideran que se debe «aprovechar todas las oportunidades que nos ofrece la tecnología para abrir una democracia». Sin embargo, describe un debate anterior: «Creo que independientemente de la herramienta, debemos reflexionar sobre la democracia que queremos. Nosotros hemos experimentado con ellas y yo creo que aún no hemos pasado de la fase de ‘laboratorio’ porque no es cuestión solo de querer usarla». «Debemos discutir sobre qué queremos decidir, cómo lo queremos dilucidar y con qué alcance, y después pensar qué herramienta es la más adecuada», resume.
Beatriz Becerra, número cuatro en la lista electoral de UPyD en las europeas, también comparte esa visión de que el debate es más de fondo. «La participación de los ciudadanos en una democracia representativa moderna y su intervención en la toma de decisiones que afectan al interés general no se circunscriben solo a los procesos electorales. Se basa en una exigencia activa de transparencia, responsabilidad, compromiso y servicio público. Las posibilidades que ha abierto internet para el ejercicio de esa exigencia activa son innumerables, desde la interacción con los cargos públicos hasta la presentación de propuestas cívicas a quienes los representan», asegura, aunque con un matiz: «El modelo de democracia representativa no puede convertirse en un sistema asambleario o de encuestas acríticas para cualquier cuestión».
Por su parte Alberto Sotillos, militante socialista muy crítico con la cúpula de su partido, entre otras cosas por la forma cerrada en la que toma decisiones, considera que «se deben ir dando los pasos hacia una democracia lo más participativa posible, pero sin que eso genere una democracia de dos velocidades entre quienes tienen acceso y quienes no lo tienen a herramientas de participación constante». Aunque sí aboga por un futuro «donde el ciudadano tenga que tomar partido y ser responsable de decidir colectivamente». Advierte que este modelo de participación es imposible hoy en día porque, en su opinión, «la participación democrática controlada» y solo la iniciativa de los partidos que controlan el sistema podría cambiar eso. «Los partidos deben regenerarse o refundarse para ser completamente abiertos y participativos».
Tenemos los medios tecnológicos, pero no están al alcance de todos. Tenemos ganas de cambiar las cosas, pero somos conscientes del riesgo que conllevaría que no todos participaran con igual entusiasmo. Tenemos iniciativas, plataformas y aplicaciones para acercarnos más a lo que de verdad hacen los políticos, pero cada vez nos interesa menos. Tenemos partidos que ya experimentan con la elección directa, pero con métodos y resultados distintos. La pregunta que cabría hacerse entonces es: ¿tenemos la democracia que queremos o la que podemos tener?
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